La entrevista publicada en la edición del martes de El País, con la esposa de un médico acusado de abusos en tiempos de la dictadura, pone en cuestión la forma en que se siguen procesando esas causas. La mujer deja en evidencia una cantidad de fragilidades e inconsistencias en la acusación, que en cualquier sistema penal garantista, deberían al menos tener como consecuencia la libertad del acusado durante el proceso. Aquí no pasa eso, y a nadie parece preocuparle.