El doctor Pablo Abdala (Montevideo, 1966) recibe a PAULA en su oficina de la calle Mercedes. Allí se desempeña como Subsecretario del Ministerio del Interior desde el pasado 6 de noviembre, pero su trayectoria en la política es de toda la vida. Es más, nació en una casa donde esa actividad era cosa de todos los días. Comenzó su militancia en el Partido Nacional con apenas 16 años, y votó con 18 recién cumplidos, en los comicios de 1984. “Era plena reapertura democrática. En mi caso, el interés en la política creo que fue una suerte de destino manifiesto. En primer lugar, por razones familiares, ya que mi padre (Carlos Abdala, 1930-1976) se dedicó al servicio público y ocupó distintos cargos de responsabilidad. Al mismo tiempo, heredé esa vocación de mi abuelo, siempre vinculados todos ellos al Partido Nacional, y por lo tanto también heredé la tradición partidaria”, detalla.

Casado y padre de tres hijos, Abdala suma a ese legado familiar, componentes indispensables que lo convierten en político por derecho propio. “En esta actividad, como en cualquier otra, para poder ingresar y mantenerse en ella durante mucho tiempo, uno tiene que tener vocación, a uno le tiene que gustar. Así que en ese sentido se combinaron la tradición y la vocación, y por supuesto, la convicción”.

Egresado de la Universidad de la República como Doctor en Derecho, en 2005 asumió su banca en la Cámara de Diputados, cargo para el que resultó reelecto durante los dos siguientes períodos. A partir de abril de 2020 se desempeñó como Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), hasta su renuncia en octubre de 2023.

Pablo Rivara

−¿La política resultó lo que esperaba?
−Creo mucho en el servicio público, y en la actividad política como una herramienta para transformar la realidad y para trabajar por el bienestar común. Me parece ineludible que esto sea así. Postular algo diferente es ir por el camino de la anarquía o de una sociedad sin reglas, donde no impera el orden, y eso es inconcebible. En un concepto aristotélico, la vida misma está asociada a la condición de la política, más allá de cómo la interpretemos, aterricemos, o plasmemos en el ordenamiento jurídico y en la organización que los seres humanos nos demos para convivir en paz. En Uruguay, creo que este tema lo resolvimos de forma singular, lo que nos ha permitido, además, el reconocimiento internacional en cuanto a país apegado al Estado de derecho, que ha practicado la libertad y la tolerancia política, y que ha construido una democracia sólida... imperfecta, pero que en el análisis comparativo, la condición de democracia plena que hoy se nos reconoce, no es caprichosa. Más bien obedece a una construcción colectiva que tiene casi tantos años como de país independiente, que se construye todos los días, que tiene componentes culturales presentes en el ADN de los uruguayos, y que tiene determinados valores o referencias que en este país no se discuten, como el respeto a los derechos individuales, la separación de poderes, la vigencia de la Ley y del sistema de garantías que tenemos en nuestra Constitución. En ese sentido no solo lo tenemos incorporado, sino que tiene bases sólidas, y también se asienta en una legislación de avanzada y garantista.

−Sin embargo, hace poco llamó a reflexionar sobre la creciente violencia en la sociedad. ¿Qué está pasando?
−Uruguay es un país con fortalezas institucionales, pero claramente está inmerso en la región, y en el mundo. Por lo tanto, está expuesto a los desafíos de los tiempos modernos. Creo que vivimos una época marcada por una serie de complejidades que condicionan nuestro presente, y sobre todo, nuestro futuro. Con relación al planteo de esta nota, claramente hay determinadas instituciones o activos que se han debilitado a lo largo de los años, entre ellos, la relación entre la familia y el Estado, y la corresponsabilidad en el cuidado y la atención de nuestros niños. En qué medida eso ha condicionado la educación y formación de los uruguayos, y en qué medida eso ha relativizado el esquema de valores en el cual nuestra sociedad se ha asentado históricamente, allí tenemos desafíos planteados. No quiero decir que sean perentorios, pero sí están muy presentes y hay que encararlos a los efectos de sostener nuestra convivencia y proyectarnos hacia delante como una sociedad integrada.

Pablo Rivara

−¿Cómo se resuelve esa crisis?
−Hay componentes culturales que tienen que ver, sin duda, con la educación, con la escolarización temprana de los niños y adolescentes. Creo que la clave está en que el Estado y la sociedad civil trabajen conjuntamente para desarrollar un sistema que incluya. Tal vez, toda esta discusión se reduzca a inclusión versus exclusión. El desafío es lograr una sociedad integrada, una sola nación dentro de un mismo territorio, en lugar de una segmentada. Por lo tanto, aquello tan uruguayo de que todos compartíamos un mismo esquema de valores y determinados criterios básicos, más allá de que fuéramos a la escuela pública o a un colegio privado, de que viviéramos en Montevideo o el interior, o en un barrio u otro; eso ha sufrido embates y amenazas en los últimos tiempos. Para avanzar por el camino de la inclusión tenemos que generar dispositivos y llevar el Estado, la educación, las políticas de primera infancia, y para hilar más fino, los Centros CAIF (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia), y los distintos programas de inclusión en la educación formal, a las zonas y a los compatriotas que más los necesitan. Me parece que ahí está la inversión más importante que el país tiene que encarar, pensando en el mediano y largo plazo. En la actual administración, y con esto no pretendo politizar esta charla, se han dado pasos en ese sentido. La apuesta a la inversión en primera infancia del año 2021, el refuerzo presupuestal, que sí tuvo un componente asistencialista para esa franja perteneciente a los hogares más vulnerables, pero que tuvo también un componente desarrollista, invirtiendo en el Plan CAIF, en los Centros María Espínola de la ANEP, claramente, indica un camino que es indispensable recorrer. La OPP detectó a través de una serie de informes que se hicieron en los últimos años –estos son datos de 2020– que 35 mil niños, en la franja de 0 a 3 años, pertenecientes a contextos críticos, precisamente a los dos quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, no concurren a ningún centro educativo, ni a un Centro CAIF, ni a un jardín de infantes de la ANEP, y mucho menos a un jardín de infantes privado, aun siendo subsidiado por el Estado. El desafío está en revertir esa realidad y en apoyar a las familias en la crianza de los hijos, facilitándoles la escolarización temprana. Aquel concepto de comenzar la educación a los 7 años, luego a los 6, y finalmente, a los 5, fue superado por una visión más moderna según la cual en los primeros mil días de existencia de un ser humano, se definen la condiciones de personalidad, aspectos neurológicos, cognitivos, y emocionales, en función de lo que reciben o no en esa primera etapa tan frágil, pero tan determinante de la vida. Cuando las familias tienen limitaciones en la contención y tienen dificultades en poder proporcionarles a sus hijos el mayor apego, es por esta vía de la asistencia de los Centros CAIF o Centros de Primera Infancia, que tenemos que buscar la salida.

−¿Cómo es el trabajo con las familias?
−Por definición, los CAIF son Centros de Apoyo a la Infancia y a la Familia. Es la atención y el cuidado del niño en esos primeros tres años de vida, haciéndole un seguimiento durante las cuatro u ocho horas que asiste al CAIF y en el ámbito de la familia, a través de la labor de los trabajadores sociales, psicólogos y asistentes sociales. Por eso no hay inversión social ni política de infancia más eficaz ni más desarrollista, que la inversión en el Plan CAIF y en este tipo de dispositivos de primera infancia. Son más de 500 centros en distintas modalidades que el Estado y la sociedad civil han ensayado. Entre otros, los jardines de infantes privados, que son cientos en todo el país; y las Becas de Inclusión Socioeducativa (BIS) que financian entre el MIDES y el INAU la asistencia de los niños a centros privados cuando no hay un Centro CAIF cercano. En eso se puso el foco en estos años. Con el plan que elaboramos en 2021, en función de la georreferenciación del MIDES, que tiene detectados donde están esos 35 mil niños y sus familias, hemos intentado orientar la inversión en la ampliación de cupos y en la apertura de centros donde más se necesitan, que es en todo el país, pero con una prevalencia importante del área metropolitana. Aquí se plantea un desafío cultural adicional, que es hasta una paradoja, y es que las familias que más necesitan esa respuesta, son las que muchas veces tienen menos consciencia de su propia realidad, y por lo tanto, las que menos aprovechan o demandan un cupo.

−¿Cómo se atrae a esas familias?
−Se ha trabajado en procesos lentos con las propias organizaciones sociales de los Centros CAIF para salir a buscarlas, sobre todo pensando en que los CAIF trabajan puertas adentro y puertas afuera. Cuando me fui del INAU, (en octubre de 2023) estaban por conformarse duplas técnicas para dedicarse específicamente a ese trabajo en territorio, en vías de captar a las familias y vincularlas, o re-vincularlas con los centros.

−¿Por qué la resistencia?
−Creo que ahí, de lo que se trata, es de dar esa batalla cultural, en el buen sentido del término, para derribar determinadas barreras culturales, y de que todos asumamos en clave de confianza y de credibilidad en el sistema, que hay un solo camino posible en el marco de la corresponsabilidad entre el Estado y las familias. Aquí, el principio sigue siendo el original, el del artículo 41 de la Constitución: la educación es un derecho y un deber de los padres. Son los padres, o quien eventualmente tiene la tenencia del niño, los que tienen la responsabilidad, antes que el Estado, de la educación de sus niños, y eso implica derechos y obligaciones. El Estado tiene que asistirlos, como dice la Constitución, apoyarlos en ese proceso y darles la oportunidad de que ellos tengan los medios y opciones para que esa educación se pueda completar. Es allí donde hay que trabajar con las familias, no sustituirlas, salvo cuando el Estado o el sistema concluye que esa familia no tiene la capacidad de cuidado o contención suficiente, o de que ese niño corre riesgos en el ámbito familiar. Allí sí el Estado debe intervenir. Mientras no lo hace, tiene que acompañar, apuntalar o incluso convencer, por ejemplo, de que inscriban a sus hijos en un Centro CAIF, o en un Club de Niños cuando pasan los seis años, o en un Centro Juvenil cuando son adolescentes, y por supuesto, de que concurran a la educación formal también, porque el único camino posible en la búsqueda de la inclusión, es este.

−¿Dónde está el límite entre el Estado y la familia?
−La patria potestad es muy clara; son los padres los responsables por la educación de sus hijos, y eso implica todo, desde resolver qué educación quieren para sus hijos, pero al mismo tiempo asumir la obligación. Por algo hasta se tipifica como delito la omisión a los deberes de la patria potestad, más allá de que muchas veces sea letra muerta o que no tengamos mayor jurisprudencia en cuanto a hacer valer la responsabilidad de padres o tutores cuando esta no se ejerce. Esto lo vinculo mucho con lo que pasó el otro día en Nuevo Centro Shopping. Ya hay antecedentes en Uruguay; en otros países eso está legislado y los padres deben responder por los actos ilícitos o daños que provoquen sus hijos. En nuestro país, hasta ahora hubo cierta renuencia del sistema, o no se generó jurisprudencia, importante que el país tiene que encarar, pensando en el mediano y largo plazo. En la actual administración, y con esto no pretendo politizar esta charla, se han dado pasos en ese sentido. La apuesta a la inversión en primera infancia del año 2021, el refuerzo presupuestal, que sí tuvo un componente asistencialista para esa franja perteneciente a los hogares más vulnerables, pero que tuvo también un componente desarrollista, invirtiendo en el Plan CAIF, en los Centros María Espínola de la ANEP, claramente, indica un camino que es indispensable recorrer. La OPP detectó a través de una serie de informes que se hicieron en los últimos años –estos son datos de 2020– que 35 mil niños, en la franja de 0 a 3 años, pertenecientes a contextos críticos, precisamente a los dos quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, no concurren a ningún centro educativo, ni a un Centro CAIF, ni a un jardín de infantes de la ANEP, y mucho menos a un jardín de infantes privado, aun siendo subsidiado por el Estado. El desafío está en revertir esa realidad y en apoyar a las familias en la crianza de los hijos, facilitándoles la escolarización temprana. Aquel concepto de comenzar la educación a los 7 años, luego a los 6, y finalmente, a los 5, fue superado por una visión más moderna según la cual en los primeros mil días de existencia de un ser humano, se definen la condiciones de personalidad, aspectos neurológicos, cognitivos, y emocionales, en función de lo que reciben o no en esa primera etapa tan frágil, pero tan determinante de la vida. Cuando las familias tienen limitaciones en la contención y tienen dificultades en poder proporcionarles a sus hijos el mayor apego, es por esta vía de la asistencia de los Centros CAIF o Centros de Primera Infancia, que tenemos que buscar la salida.

−¿Cómo es el trabajo con las familias?
−Por definición, los CAIF son Centros de Apoyo a la Infancia y a la Familia. Es la atención y el cuidado del niño en esos primeros tres años de vida, haciéndole un seguimiento durante las cuatro u ocho horas que asiste al CAIF y en el ámbito de la familia, a través de la labor de los trabajadores sociales, psicólogos y asistentes sociales. Por eso no hay inversión social ni política de infancia más eficaz ni más desarrollista, que la inversión en el Plan CAIF y en este tipo de dispositivos de primera infancia. Son más de 500 centros en distintas modalidades que el Estado y la sociedad civil han ensayado. Entre otros, los jardines de infantes privados, que son cientos en todo el país; y las Becas de Inclusión Socioeducativa (BIS) que financian entre el MIDES y el INAU la asistencia de los niños a centros privados cuando no hay un Centro CAIF cercano. En eso se puso el foco en estos años. Con el plan que elaboramos en 2021, en función de la georreferenciación del MIDES, que tiene detectados donde están esos 35 mil niños y sus familias, hemos intentado orientar la inversión en la ampliación de cupos y en la apertura de centros donde más se necesitan, que es en todo el país, pero con una prevalencia importante del área metropolitana. Aquí se plantea un desafío cultural adicional, que es hasta una paradoja, y es que las familias que más necesitan esa respuesta, son las que muchas veces tienen menos consciencia de su propia realidad, y por lo tanto, las que menos aprovechan o demandan un cupo.

−¿Cómo se atrae a esas familias?
−Se ha trabajado en procesos lentos con las propias organizaciones sociales de los Centros CAIF para salir a buscarlas, sobre todo pensando en que los CAIF trabajan puertas adentro y puertas afuera. Cuando me fui del INAU, (en octubre de 2023) estaban por conformarse duplas técnicas para dedicarse específicamente a ese trabajo en territorio, en vías de captar a las familias y vincularlas, o re-vincularlas con los centros.

−¿Por qué la resistencia?
−Creo que ahí, de lo que se trata, es de dar esa batalla cultural, en el buen sentido del término, para derribar determinadas barreras culturales, y de que todos asumamos en clave de confianza y de credibilidad en el sistema, que hay un solo camino posible en el marco de la corresponsabilidad entre el Estado y las familias. Aquí, el principio sigue siendo el original, el del artículo 41 de la Constitución: la educación es un derecho y un deber de los padres. Son los padres, o quien eventualmente tiene la tenencia del niño, los que tienen la responsabilidad, antes que el Estado, de la educación de sus niños, y eso implica derechos y obligaciones. El Estado tiene que asistirlos, como dice la Constitución, apoyarlos en ese proceso y darles la oportunidad de que ellos tengan los medios y opciones para que esa educación se pueda completar. Es allí donde hay que trabajar con las familias, no sustituirlas, salvo cuando el Estado o el sistema concluye que esa familia no tiene la capacidad de cuidado o contención suficiente, o de que ese niño corre riesgos en el ámbito familiar. Allí sí el Estado debe intervenir. Mientras no lo hace, tiene que acompañar, apuntalar o incluso convencer, por ejemplo, de que inscriban a sus hijos en un Centro CAIF, o en un Club de Niños cuando pasan los seis años, o en un Centro Juvenil cuando son adolescentes, y por supuesto, de que concurran a la educación formal también, porque el único camino posible en la búsqueda de la inclusión, es este.

−¿Dónde está el límite entre el Estado y la familia?
−La patria potestad es muy clara; son los padres los responsables por la educación de sus hijos, y eso implica todo, desde resolver qué educación quieren para sus hijos, pero al mismo tiempo asumir la obligación. Por algo hasta se tipifica como delito la omisión a los deberes de la patria potestad, más allá de que muchas veces sea letra muerta o que no tengamos mayor jurisprudencia en cuanto a hacer valer la responsabilidad de padres o tutores cuando esta no se ejerce. Esto lo vinculo mucho con lo que pasó el otro día en Nuevo Centro Shopping. Ya hay antecedentes en Uruguay; en otros países eso está legislado y los padres deben responder por los actos ilícitos o daños que provoquen sus hijos. En nuestro país, hasta ahora hubo cierta renuencia del sistema, o no se generó jurisprudencia, sexuales, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a la infancia en Uruguay?
−No podemos eludir una realidad que enfrentamos desde hace mucho tiempo, y que es el alto nivel de pobreza infantil, que se da, según lo explican los analistas y demógrafos, por la composición y estructura de nuestra población, en un contexto de disminución acentuada de los nacimientos. Hace veinte años nacían 50 mil niños por año. Ahora, entre 30 y 35 mil, y estos, mayoritariamente nacen en hogares pobres, razón por la cual, hay más niños pobres. En esto está todo inventado y no hay magia. Nosotros destinamos presupuesto, y en 2020 el INAU tuvo un refuerzo muy importante en términos reales, y a eso se agregaron 50 millones de dólares para la primera infancia, en 2021. Además, estamos invirtiendo mejor. Naciones Unidas, por ejemplo, postula el incremento de las asistencias monetarias como una solución del problema. Sin descartarlas, porque lo primero es comer todos los días, hay que saber que son un paliativo. La solución definitiva termina siendo hacer más y mejor todo lo que hablamos antes. Después de esta experiencia de tres años y medio en el INAU, donde hicimos muchas cosas, intentamos hacer muchas más, y hubiéramos querido hacer muchas otras, creo que se trata de ser más eficientes. Muchas veces, contra estos esfuerzos conspiran los tiempos del Estado, la burocracia, los procesos lentos a la hora de tomar la decisión, licitar, adjudicar y construir un Centro CAIF. Si pudiéramos acortar los tiempos de ejecución, creo que podríamos optimizar y mejorar los resultados. Allí tenemos un problema que ningún partido político o gobierno está en condiciones de endosarle la cuenta a otro. Es un tema estructural, que no responde a la política económica de este gobierno o el anterior. Por supuesto, también intervienen componentes culturales porque hay sectores de la sociedad en los que hay planificación familiar en función más o menos consciente de las actividades laborales de los padres y de la disponibilidad económica del hogar, pero en otros hogares donde la disponibilidad es menor, no la hay, y por lo tanto es donde se produce esta mayor natalidad.

−El embarazo adolescente disminuyó...
−Eso es un proyecto que se ha venido desarrollando con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo y ha habido un proceso muy favorable con una disminución significativa en cuanto a los embarazos adolescentes.

−¿Cómo se sacó a los niños de la calles?
−En ese aspecto el país fue declarado pionero por Naciones Unidas en un proceso que empezó con la democracia. Creo que a la política y al conjunto de los partidos políticos, desde el año 1985 para acá, hay que adjudicarles algunos méritos importantes, entre ellos el Plan CAIF, que celebramos sus 35 años en 2023. Se fundó en 1988 y no paró de crecer. Todos los gobiernos de los tres partidos hemos recorrido el mismo camino en un proceso acumulativo y de perfeccionamiento del sistema. Y el otro mérito fue el Programa de Calle, que también empezó en ese primer período y fue determinante para que se instalara el concepto y la práctica de que un niño no puede permanecer en la calle ni un minuto más después de ser detectado en esa condición, aunque sea de manera circunstancial. Para eso el INAU tiene un programa con dispositivos de calle, algunos de gestión directa del INAU, otros por convenio con organizaciones sociales como Gurises Unidos. Niños durmiendo en la calle, por suerte, hace mucho tiempo que en Uruguay no hay, pero sí hubo durante determinados períodos, niños realizando tareas en la calle, trabajando, colaborando con los adultos que buscan su diaria en la calle. Eso no está permitido ni se debe tolerar. De hecho, no se tolera y cuando se constata una situación, uno de estos equipos interviene inmediatamente para persuadir a los adultos. Cuando niños o pre-adolescentes aparecen deambulando y no hay justificación, interviene un equipo, y o bien son devueltos a sus familias, o quedan institucionalizados, o se convoca a los referentes adultos para encontrar una solución definitiva.

Pablo Rivara

−¿Si no hay adultos?
−Se da cuenta a la Justicia; siempre se da cuenta a la Justicia de Familia. Interviene un equipo técnico de territorio del INAU, integrado por psicólogos y asistentes sociales, que hace un informe y se pone en conocimiento del juez, que adopta las medidas. Lo que se procura siempre es la re-vinculación familiar. Si fallaran los padres, por ejemplo, o se constata en ese momento que no cumplieron... el factor adicciones y consumo problemático está presente muchísimas veces en los casos de calle o en los casos de maltratos en el ámbito del hogar. Si se constata el incumplimiento de sus obligaciones o que ponen en riesgo la salud y la vida de ese menor, se intenta determinar si hay otro referente adulto -abuelos, tíos, hermanos-, que esté en condiciones y tenga la voluntad de hacerse cargo, y se va por ese camino. Si no lo hay, se institucionaliza al menor, que queda a cargo del INAU de forma transitoria. Este criterio se diferencia con los viejos asilos, por ejemplo. Se entiende que la institucionalización no es una buena noticia. Es una medida de emergencia y desde que el niño es institucionalizado se debe trabajar en una estrategia de egreso que implica, en menores de 18 años, revincularlos familiarmente o buscar una familia de acogida de las que tiene el INAU para que no estén en un Centro de 24 horas. Si no, por supuesto, está la adopción, que es un camino en el que avanzamos mucho. Con los cambios de la LUC se estableció un plazo máximo para la valoración de la familia de 18 meses, que vaya si es prolongado, pero a las familias hay que darles un tiempo pues el propósito es que los niños salgan en una adopción que perdure, porque es para toda la vida. Ese trabajo con las familias permite que el margen de error sea muy acotado y que los casos fallidos sean muy pocos. Los técnicos hacen un gran trabajo porque es lo que hay que prevenir. A un chiquilín, que ya viene lastimado por el desarraigo, porque rompió el vínculo con sus padres, que es algo muy traumático aunque suceda de bebé, el efecto emocional le queda. Si se le agrega un segundo trauma de irse a vivir con una familia en régimen de adopción y eso fracasa, los daños emocionales nunca se superan definitivamente. De lo que se trata es que coincidan dos proyectos: el proyecto de vida del niño con el de los adultos, y que ambos confluyan en un solo proceso adoptivo beneficioso para ambos, sobre todo para el niño, porque es el interés superior del niño lo que debe prevalecer. Por eso, este plazo de 18 meses, que parece mucho, pero que en relación a lo que ocurría antes, no es tanto. Cuando asumimos, ese trabajo con las familias tomaba tres o cuatro años; las adopciones llevaban cuatro o cinco años. Con la LUC eso se corrigió, se acotó y para cumplir con lo que la Ley establece, en el INAU hubo todo un proceso de mejora de gestión y de descentralización porque todo se concentraba en Montevideo, y las familias adoptivas tenían que trasladarse a la capital. Creamos centros y equipos regionales de atención a las familias en Flores, Tacuarembó, Maldonado y Canelones. Eso descongestionó Montevideo, y ganamos mucha eficiencia; incorporamos recursos humanos, obviamente, porque sin técnicos no se hubiera podido hacer. Todo eso desembocó en un proceso virtuoso y muy satisfactorio, con tres años de registro de adopciones que son los más altos de la historia: 125 en 2021, 151 en 2022, y 165 en 2023.

−¿Cómo es la experiencia en las casas de familias de acogidas?
−Hoy, cuando un niño queda bajo el amparo del Estado y la justicia determina su institucionalización en el INAU, hay dos alternativas para su atención: los hogares o los Centros de 24 horas, que también han tenido todo un proceso de modernización, que no empezó con nosotros. Viene de antes y nosotros lo profundizamos. Esos centros han ido transitando hacia la modalidad CAFF (Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar), que implican un abordaje técnico, equipos reforzados desde el punto de vista del trabajo social y técnico: más psicólogos, más asistentes sociales, para trabajar en la revinculación familiar desde el mismo día en que el niño entra, para apartarnos, por tanto, del viejo modelo del asilo. En paralelo a los Centros de 24 horas, hay otra opción siempre preferible. Mientras se define si ese niño vuelve con un referente familiar o se dispone un proceso de adopción, está el sistema de acogimiento con familias amigas, que trabajan con el INAU y reciben a esos niños para que crezcan en un ámbito familiar. Esas familias fueron valoradas, están en un registro y fueron habilitadas porque reúnen las condiciones de cuidado, de atención y de contención necesarias para el niño. Nosotros mejoramos también las asistencias económicas que se les brindan para la manutención del niño, y hay supervisores del INAU que controlan esa realidad. También ahí se hizo un esfuerzo y se incrementaron la cantidad de niños que están con familias de acogida, que ahora son más. Ha sido una experiencia muy positiva, y todo eso lo podemos resumir en la frase: “el derecho a vivir en familia”.

−¿Qué edades abarca el sistema?
−De 0 a 18.

−Y después de los 18, ¿qué pasa?
−Ese es el otro desafío: el niño y adolescente con el que no tuvimos éxito en su revinculación familiar ni en un proceso de adopción. Después de determinado umbral, la adopción se empieza a complicar. Diría que después de los 5 años, cuando el niño ya es más consciente de su realidad, las familias ya son más reticentes, prefieren chiquitos, recién nacidos. Eso es una debilidad enorme, pero a las familias no se las puede culpar por eso. Hicimos una campaña de sensibilización para estimular la adopción de niños más grandes, pero no es nada sencillo. Cuando van quedando, que son muchos los que quedan, y no tienen a nadie fuera del sistema, crecen en el INAU hasta que cumplen los 18, y ya ahí, el INAU va trabajando en estrategias de egreso. No es a rajatabla lo de irse a los 18; se prorroga la asistencia, pero no se quedan hasta los 40 ni los 30. Ahí se procede con herramientas de trabajo y estudio, con convenios para primeras experiencias laborales, pasantías de un año para que aprendan algún oficio. Hay experiencias muy lindas y muchos de ellos logran sostenerse después con esa beca, y estudiando; están las áreas de Proyectos Educativos y de Áreas Pedagógicas, que tienen un convenio con ANEP para que quienes desertaron puedan terminar el liceo en el INAU. Con esas herramientas, INAU hace lo imposible para poder generarles capacidades...
Hay también planes de vivienda por un año o dos, para darles una casa cuando no tienen nada, y muchos no tienen nada. Es muy complejo, y por supuesto alcanza ver la realidad que vivimos para darse cuenta de que no tenemos éxito en todos los casos. El tema de la droga es muy complejo. A veces pasa que salen del INAU y caen en la droga, o ya estaban mientras estaban internados, o cometen un delito y terminan en el INISA, y salen de ahí, y vuelven al INAU con un perfil muy complejo, porque ya tuvieron una experiencia e ingresaron en el camino el delito. Esto es un problema en los hogares de adolescentes porque conviven perfiles distintos: el que no tiene la culpa pero cayó en el delito, y el otro, que tampoco tiene la culpa, y está en el INAU por una razón de amparo estrictamente porque los padres lo abandonaron pero nunca robó un alfajor. Ahí hay una carencia del sistema. Sí hay adolescentes que son adoptados, pero son los menos. De esos 165 casos de 2023, el 70 u 80 por ciento está en la franja de 0 a 5 años, el resto...

−¿Esa experiencia en el INAU, intenta integrarla a su cargo actual?
−Esto que hablamos tiene muchos puntos de contacto con el Ministerio del Interior, con el componente de la seguridad, naturalmente, pero sobre todo con el enfoque dual que estamos impulsando en política de seguridad. La policía y el Ministerio del Interior deben cumplir su fin primario, que es el de la seguridad ciudadana, y el de la persuasión, prevención y represión del delito. A eso se dedica el Ministerio, y yo creo que cada vez con más eficacia; allí están las estadísticas. Ese es el primer enfoque, pero al mismo tiempo, y de forma complementaria, está el otro enfoque, el social. El enfoque social es el análisis y el trabajo en las causas profundas del delito, en lo que está detrás de la violencia que da lugar al homicidio y a la rapiña. Esas son las causas sociales, y tienen que ver, entre otras cosas, con estos aspectos que afectan a niños y adolescentes en su desarrollo individual y en su crecimiento por un camino virtuoso, como decíamos hoy, y en las familias como ámbito de contención, de protección y de promoción del niño. En ese sentido, asumimos con el Ministro Martinelli el 6 de noviembre del año pasado, y no es que el enfoque dual haya empezado con nosotros. Había empezado antes, porque el enfoque dual también es la presencia del MIDES en la cárcel, que se concretó en este período, y son los proyectos de estudio en el sistema penitenciario, y lo es la Dirección de Convivencia y todo lo que realiza en los barrios de Montevideo, y lo es el programa Pelota al medio a la esperanza. También es enfoque dual el trabajo con la infancia y con la adolescencia. En ese sentido, y sobre todo a raíz de algunos de los recientes episodios de violencia que fueron notorios, generamos un ámbito en el que convocamos al MIDES, a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial, al INAU por supuesto, a la ANEP, a ASSE y también incorporamos al Instituto de Estadística, a los efectos de trabajar juntos en algo muy elemental: intercambiar información y trabajar juntos precisamente por la promoción, cuidado y seguimiento de la familia y de los niños. Esto en una lógica de apoyo y apuntalamiento, no con una mirada policial de pesquisa evidentemente, porque además eso sería ilegal o inconstitucional. El Ministerio del Interior quiere colaborar con los organismos sociales y nosotros vaya si estamos en el territorio; estamos en la calle todo el día, con información útil para el trabajo del INAU y la escolarización de los niños. El otro día hablábamos con Gurises Unidos y con ANEP de la escuela 317 de Malvín Norte, que está en una zona compleja desde el punto de vista policial y de los delitos. Los niños empiezan la escuela, pero a los pocos meses, dejan de ir, y ahí hay CAIF y Clubes de Niños del INAU. Los anotan, van dos días y después abandonan. Conscientes de esa realidad, nosotros también queremos contribuir porque sabemos que en la resolución acertada o desacertada de ese tema, está lo que nos ocurra en el futuro desde el punto de vista social y por lo tanto, de la seguridad. Por supuesto, son procesos de muy largo aliento y los resultados de estos esfuerzos, si los hacemos bien, los vamos a ver dentro de muchos años. Pero hay que empezar, y sobre este tema, que tiene muchas aristas, creo que el país va construyendo un consenso. Cuando hemos ido a hablar de estas cosas al Parlamento, tanto fuera del sistema penitenciario como dentro -que esto también se trabaja dentro del sistema penitenciario no hay dos opiniones diferentes, ni en el gobierno ni en la oposición. Diría que casi unánimemente sabemos que éste es el camino a recorrer, y creo que también este concepto va ganando terreno en la opinión pública, y en la sociedad. En este empeño en las concausas y en las realidades sociales detrás de los delitos, también hay que trabajar con los privados de libertad. Lo que hagamos en cuanto a su rehabilitación y reeducación, será lo que tengamos en el futuro, en materia de seguridad. Porque la violencia que hay dentro de las cárceles se traslada afuera y la población carcelaria, además de ser mayoritariamente masculina, es abrumadoramente joven, y sabemos que más temprano que tarde va a salir. Tenemos niveles de reincidencia muy altos, entonces si no asumimos que hay que trabajar en el origen social del problema, no hemos entendido nada. Eso no es algo que empezó con Martinelli y conmigo en noviembre; el MIDES viene trabajando desde hace mucho tiempo; el traspaso en el año 2020, que se hizo efectivo en 2021 de la DINARI del Ministerio del Interior al MIDES, es una señal muy clara del camino que se quiso recorrer.

−En referencia a ese entendimiento del origen social del delito, ¿qué tan coordinados están los esfuerzos de apoyo de la sociedad civil y de las Iglesias?
−Tengo una enorme confianza, respeto y consideración por las organizaciones sociales y por la sociedad civil. Las organizaciones sociales serias, que trabajan en la formalidad y se dedican desde hace muchos años, por ejemplo, a la infancia, a la adolescencia y al desarrollo social en general, realizan una labor intransferible, que para el Estado resulta absolutamente necesaria. Pensemos en el Plan CAIF; empezó hace 35 años y todos se gestionan por acuerdos entre el INAU y una organización social. Eso se hace con una enorme vocación, por eso hablamos ya no de la corresponsabilidad Estado-familia, sino del triángulo de corresponsabilidad que tenemos entre el Estado, la sociedad civil y la familia, en el cuidado, en la crianza y en la promoción de los derechos de los niños. Cuando hablamos de organización de la sociedad civil, incluimos a las iglesias, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, que trabajan mucho con el Estado, que tienen a su cargo muchos proyectos con el INAU, y hacen una gran labor también en el sistema penitenciario. Todo eso es muy bueno, todo eso es indispensable e imprescindible, y tanto lo es, que de eso necesitaríamos todavía más.