Fue un sonido muy fuerte el que se escuchó aquella mañana hace poco más de un año. El reloj marcaba las 7:50 y, como cualquier otro día, los casi 200 empleados del laboratorio Fármaco Uruguayo habían llegado a trabajar a la hora de la salida del sol. Pero entonces se oyó ese estruendo y todos quedaron paralizados: había explotado un reactor utilizado para la fabricación de diálisis, que se ubicaba en la Planta C de la empresa.

En ese momento se desalojó el edificio invadido por el fuego y los vidrios rotos, pero ya era claro que no había víctimas fatales por lamentar. De todas maneras, algunos de los 60 trabajadores de la planta sí resultaron heridos. Durante ese mismo 10 de diciembre las autoridades del laboratorio tuvieron claro que el mayor impacto de la explosión recaería sobre las mutualistas y los hospitales que compraban buena parte de sus medicamentos allí.

Los pormenores de esa parte de la historia vendrán más adelante.

Terminaba 2021 y los responsables de Fármaco Uruguayo brindaron pensando en los 15 millones de dólares en reparaciones que debían invertir y que, en ese momento, volver a producir parecía imposible. Así fue cómo se cerró la producción de sueros e inyectables durante unos 10 meses y las instituciones médicas de todo el país sintieron el impacto de la explosión.

El brindis de esta noche para recibir el 2023 será distinto.

A un año del incidente, la producción se retomó, pero todos los actores de la industria consultados por El País están de acuerdo en que los daños colaterales que sufrieron los usuarios de la salud pública y privada persisten. Hubo falta de medicamentos que van desde anestésicos necesarios para una operación simple hasta fármacos digestivos y remedios para el acné. Y la otra cara de la moneda es una batalla legal que tiene como protagonistas al laboratorio y a dos trabajadores que se encontraban esa mañana en la Planta C de la fábrica. Ellos están acusados de haber tenido un “accionar malicioso” y ser los culpables de “generar” la explosión del reactor.

Ya con un pie puesto en 2023, las autoridades de la salud esperan que Fármaco Uruguayo -que representa en Uruguay a la gigante peruana Medifarma- retome su funcionamiento tal cual lo hacía antes de diciembre de 2021. En medio de la carrera contrarreloj para que la planta que explotó vuelva a producir de la misma forma cuanto antes, no parece estar claro el motivo por el cual la Justicia no avanza en determinar quién es el verdadero culpable del incidente ocurrido hace un año.

La primera faltante grave ocurrió en abril. Se trató de la Neostigmina, un fármaco inyectable que se usa después de recibir anestesia general, con el fin de revertir la relajación muscular total y que el paciente pueda volver a respirar y moverse por sus propios medios. En ese momento desde el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) advirtieron que no faltaba en todas las mutualistas, pero sí “en las más grandes” y que estas habían decidido suspender momentáneamente las cirugías no urgentes. Ya para junio, con la repetición de otras faltantes tanto en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como en las mutualistas, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, entregó un listado detallando el nombre de 97 fármacos faltantes al Ministerio de Salud Pública (MSP). Los laboratorios aseguraron que el faltante no era tal y “corrigieron” esa lista -porque en muchos casos se ponía el nombre comercial de la droga que se podía sustituir por otro que sí estaba disponible en plaza- hasta llegar a un total de 21 medicamentos “insustituibles” por otros en el país.

Entre idas y vueltas, se supo que de esos 21 fármacos señalados por la industria, había 17 que eran producidos exclusivamente por Fármaco Uruguayo, que abastecía al 90% de mercado local en materia de productos inyectables.

Con ese panorama fue que el MSP se decidió a importar los medicamentos faltantes, una decisión que ahora define como “una excepción que contó con todas las garantías”, según dicen fuentes de la cartera. Fármaco Uruguayo fue uno de los tres laboratorios autorizados por el MSP para importar las drogas desde Brasil por tratarse de un mercado calificado como “de alta vigilancia” regulado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). De esa manera, entre julio y noviembre las instituciones de salud recibieron parte de las compras semanales y mensuales de medicamentos desde el exterior. Desde la cartera de salud sostienen, un año después del incidente, que actualmente “hay un abastecimiento normal” de medicamentos en todo el país.

Pero el asunto de los fármacos que faltan resonó más que nada en la salud pública, con más de una visita de Cipriani al Parlamento y decenas de ruedas de prensa para referirse al tema. Según el presidente de ASSE, la oposición creó un “relato” alrededor del faltante de medicamentos en ASSE porque “lo que faltó también faltaba a nivel nacional por el desabastecimiento que generó un problema de que surgió en la industria”. Cipriani dijo en rueda de prensa en aquel momento: “Si faltó en ASSE, faltó en cualquier prestador”.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por su parte, la directora de Fármaco Uruguayo, Victoria Hernández Sica, recuerda hoy el episodio como algo “totalmente oscuro” por el impacto que tuvo en la asistencia en general y agrega que se volvieron a abrir todas las líneas de producción a partir de diciembre de este año. “En agosto empezamos con los inyectables y pudimos llegar a diciembre con la producción de sueros, entonces ahora oficialmente ya funciona todo. Sabemos que la recuperación será paulatina y seguramente en enero todos los centros de salud tendrán los mismos niveles de compra que antes de la explosión”, dice Hernández Sica.

A pesar de los avances del laboratorio, lo cierto es que hoy “todavía no se normalizó el listado al 100%” de los 21 medicamentos faltantes en ASSE, según indica el encargado de la dirección de Compras de Medicamentos de ASSE, Jorge Moreale. “Sabemos que la normalización es progresiva y todavía tenemos faltas parciales, quizá porque nosotros compramos más cantidad que las mutualistas”, subraya. Moreale dice que hoy en la salud pública sigue habiendo problemas de stock con el suero fisiológico y el licor de Brompton (morfina) principalmente, pero advirtió: “El asunto dejó de tener el nivel de importancia que tenía hace algunos meses”.

“La lista ahora debe ser de 10 más o menos y de esos quizá cuatro o cinco sean sueros. El resto son ampollas y comprimidos que nos están faltando”, explica el jerarca de ASSE. A nivel asistencial, Moreale cree que “lo peor” del problema recayó sobre los pacientes internados y no en el primer nivel de atención porque “lo que más faltó fueron drogas que se administran durante la estadía en un hospital”.

En el enfrentamiento con la oposición, Cipriani aseguró que al inicio de su administración “se gastaban unos 2.900 millones de pesos para compra de medicamentos, pero que este año se compran unos 4.300 millones”. Esta semana el Frente Amplio acusó a la administración de haber reducido la compra de fármacos en el departamento de Florida, según informó Montevideo Portal. El senador Charles Carrera junto al médico Federico Preve, exintegrante de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay, presentó la respuesta a una solicitud de información pública a ASSE, donde explican que las compras de seis de cada 10 medicamentos descendieron durante 2020 y 2021 con respecto a las de 2018 y 2019.

Por su parte, las mutualistas consultadas por El País advierten que hoy prácticamente no hay problemas de stock en sueros e inyectables como ocurrió durante el resto del año, gracias a las importaciones. “Estuvimos casi todo 2022 con un stock al límite. En octubre fue cuando más se sintió porque teníamos reservas que se terminaban, pero ahora en el último tiempo no hemos detectado faltantes importantes”, cuenta el director técnico del Casmu, Nicolás Maseiro. Lo mismo aseguran desde La Española y Médica Uruguaya.

Desde Fármaco Uruguayo cuentan que se vieron en una encrucijada después de obtener la habilitación para importar. “¿Volver a producir en Uruguay o avanzar en la regularización del abastecimiento al mercado nacional importando desde plantas regionales?”, fue el cuestionamiento que se hicieron. La directora del laboratorio dice: “Apostamos a la producción local. Tratamos de cambiar la situación compleja por algo bueno para hacer una obra mejor y estamos terminando el año con un upgrade importante”.

Mientras por estas horas están llegando a Uruguay ingenieros alemanes que trabajan para Medifarma y están a cargo de los últimos detalles para la reconstrucción de la planta que explotó, desde el gremio de trabajadores sostienen que “a pesar de que haya mejoras de infraestructura” la relación con los jerarcas de la empresa no es la mejor. “Después de la explosión pedimos que ninguno de los trabajadores fuera desvinculado y es una realidad que eso no se respetó. Hubo unas 30 familias que quedaron en la calle”, dice el secretario general del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), Nicolás Tourón. La explosión ocurrió en diciembre y en marzo la empresa informó que 30 trabajadores pasarían al seguro de desempleo. Desde Fármaco Uruguayo aseguran que la decisión fue “debido a una baja de las ventas superior al 50% a partir de la interrupción forzosa de la producción a raíz del siniestro”. Además, dicen que se resolvió incorporar nueva tecnología “de producción más eficiente que automatiza nuevos procesos” y, por lo tanto, se necesitan menos operarios.

Pero ese no es el frente de batalla más duro que tiene la empresa. La guerra con el sindicato terminó de explotar en mayo, cuando Fármaco Uruguayo presentó una denuncia penal contra dos de sus trabajadores por sabotaje.

MARCOS BRINDICCI - REUTERS - X01/REUTERS

“Tenemos toda la evidencia y es clarísimo que estamos frente a una situación de sabotaje. Había cámaras de vigilancia y también contratamos a una empresa para que hiciera un peritaje, en donde se muestran los datos de la temperatura que tenían los reactores. Allí se ve cómo se produce un cambio drástico en ellos en un momento determinado”, sostiene Hernández Sica. E insiste: “Nosotros no tenemos duda de que esto fue un sabotaje”.

Sumado a la evidencia que dice tener el laboratorio, afirman que otro “indicio llamativo” es que los representantes sindicales se pronunciaron de forma inmediata después del siniestro, cuando los bomberos todavía no habían terminado de trabajar en el lugar. “En ese momento ya habían hecho un diagnóstico de la situación culpando a las autoridades de la empresa y eso nos pareció raro”, indican desde Fármaco Uruguayo.

Los acusados como culpables estan afiliados al sindicato, que a su vez pertenece al SIMA, Tourón dice que el sindicato confía en los trabajadores pero no tomarán acciones hasta que no haya una "resolución de la Justicia”, al mismo tiempo el SIMA los está “acompañando en el proceso de investigación” y está apoyándolos económicamente debido a que perdieron el empleo y no accedieron el seguro de desempleo. Tourón subraya: “La empresa es la que quiso darle prensa a esto, mientras nosotros entendemos que no es correcto por tratarse de un tema tan delicado”.

Lo cierto es que, siete meses después de presentada la denuncia penal, parece no avanzar y los trabajadores acusados por la empresa se declaran inocentes.

Según los abogados de la empresa, se han tomado declaraciones a todos los testigos y se pidió un informe al Ministerio de Salud Pública y otro al Ministerio de Trabajo para validar que Fármaco Uruguayo contara con los permisos pertinentes para funcionar. Pero “el problema” de las demoras en el proceso se agudizó en octubre, cuando la fiscal de flagrancia de segundo turno, Patricia Rodríguez, quien estaba a cargo del caso, entró en licencia médica. “Esta fue una investigación que la llevó muy personalmente la fiscal, por eso ahora no sabemos en qué quedará todo”, dice al respecto el abogado Renato Echevarría, quien defiende a Fármaco Uruguayo. El País se puso en contacto con el equipo de la fiscal y se negaron a dar detalles, pero indicaron que actualmente “existen medidas solicitadas” para el caso, “las cuales son de carácter reservado en esta etapa de la investigación”. Sin embargo, tanto el gremio como la empresa desconocen que haya habido avances en los últimos dos meses.

En medio de la batalla judicial que parece trancada, la empresa que representa a Medifarma en Uruguay busca volver a posicionarse como líder en el mercado local sin perder de vista que un nuevo percance con sus operarios puede complicar otra vez la asistencia en salud. Y nadie quiere eso.