MINISTERIO DE AMBIENTE

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Ministerio de Ambiente es como un niño recién nacido. Lo dice Adrián Peña en su oficina transitoria en la Torre Ejecutiva. Y sostiene que hay que darle suficiente cuidado y atención para que, al alcanzar la madurez, pueda desarrollar al máximo sus capacidades. La proyección del ministro es que de aquí a 20 añosla nueva secretaría de Estado —creada a partir de la ley de urgente consideración promulgada en julio— “esté formada, con músculo y sea una referencia”.

—El objetivo es que la materia de ambiente esté en primer plano, que no sea solo el eslogan —dice Peña, con la Plaza Independencia a sus espaldas—. Como pasa con las personas, creo que la personalidad del ministerio se construye en los primeros años. Por eso para mí los primeros dos años son importantes: van a decir qué tan parado está el ministerio en la toma de decisiones.

Y este sábado se cumplen 100 días desde que el dirigente colorado asumió como ministro de Ambiente, secundado por el subsecretario Gerardo Amarilla, del Partido Nacional. Ambos reciben a El País en el sexto piso del edificio de Presidencia. En estas oficinas que pertenecían a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) funciona, de manera provisoria, la sede del Ministerio de Ambiente.

El exdiputado blanco era el hombre a quien el presidente Luis Lacalle Pou tenía en mente cuando anunció la creación del nuevo organismo. Sin embargo, la renuncia de Ernesto Talvi a la Cancillería a fines de julio desvió los planes del mandatario. Tras ofrecerle la titularidad del Ministerio de Relaciones Exterioresa Francisco Bustillo, Lacalle procuró mantener el equilibrio de la coalición de gobierno en el gabinete y propuso que al frente de Ambiente estuviera el coordinador político del sector Ciudadanos. Cuando Peña dijo que sí, renunció a su banca en el Senado y dio de baja su candidatura a la Intendencia de Canelones.

La dupla pasó los primeros 100 días, que suelen tomarse como un termómetro de lo que será cualquier administración, haciendo las gestiones necesarias para poner en marcha la secretaría de Estado. Calentaron motores.

Peña bromea con que a él le toca la agenda “gris” o aburrida del ministerio, que incluye los “temas duros” del día a día, en los que “sí o sí” tiene que estar. La lista abarca desde los controles ambientales a la segunda planta de celulosa de UPM, con todos los proyectos vinculados al emprendimiento, hasta la administración de los recursos hídricos.

Uno de los puntos más urgentes es encontrar una solución para el problema de abastecimiento de agua potable en Montevideo y la zona metropolitana. Cuando Raúl Montero asumió la presidencia de OSE en abril pasado, había reservas de agua para 42 días. “Es decir que si en ese tiempo no llovía, nos quedábamos sin abastecimiento. Lo ideal es tener reservas de dos meses para adelante, porque si hay seca se puede complicar”, señala Amarilla, con preocupación.

¿Qué podría pasar si no se busca una alternativa? El racionamiento sería cada vez más severo. Los cortes de agua durarían horas, luego días. “Si uno quiere ver la película hasta el final, tiene que recordar lo que pasó en la región metropolitana de San Pablo, en Brasil, que en 2014 llegó al colapso total”, advierte Néstor Mazzeo, doctor en Ciencias y docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República.
Uruguay estuvo cerca de este escenario al término de la sequía de 2008 y 2009. Fue entonces que la idea de construir una represa sobre el arroyo Casupá, en Florida, para reforzar el abastecimiento de Paso Severino, comenzó a tomar fuerza.

Antes, OSE había evaluado elevar la cota de esa represa, mientras que en la década de 1990 había analizado la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, asegura Carlos Colacce, el expresidente de esta empresa pública, exministro de Vivienda y exsecretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Once años después de la sequía, sin embargo, la discusión sigue casi en el primer casillero. En diciembre de 2019, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un crédito para construir la represa a orillas del arroyo Casupá. El entonces presidente Tabaré Vázquez le pidió públicamente a Lacalle Pou, poco después, que incluyera la propuesta en el proyecto de ley de urgente consideración, algo que no pasó. El gobierno todavía no resolvió si tomará el crédito aprobado o no y está analizando otras alternativas.

Sobre la mesa hay cinco iniciativas privadas que el Ministerio de Ambiente ya estudió y derivó a la OPP, al Ministerio de Economía y Finanzas y a OSE. La intención es definir en el primer trimestre de 2021 cuál es la mejor opción. Todas ellas implican la extracción de agua del Río de la Plata, en vez del arroyo Casupá.

Peña es partidario de modificar la localización de la nueva represa porque cree que ubicarla en esa zona de Florida no es una solución de fondo al problema de abastecimiento. “Seguís dependiendo de una sola fuente de agua: cualquier cosa grave que pase en el río Santa Lucía, te quedás sin alternativas”, argumenta. Su vice, Amarilla, agrega a la ecuación los costos de la represa en Florida, que además demoraría entre tres y cuatro años en edificarse.

El control de la calidad del agua es una prioridad de esta administración. Con la llegada del verano a la vuelta de la esquina, reflota uno de los temas que de un tiempo a esta parte se instaló en Uruguay: las cianobacterias y las exigencias impuestas al sector agroindustrial para hacer siembra directa.

Estos microorganismos tóxicos acaparan la agenda cuando llegan a las playas de la costa, pero su producción es cíclica y se origina en los embalses de producción hidroeléctrica gracias a las altas temperaturas, la luz solar abundante y, sobre todo, la concentración de nitrógeno y fósforo proveniente de los fertilizantes arrastrados por la lluvia a los cursos de agua.

Como Uruguay comparte las cuencas con otros países de la región, el control de las prácticas agrícolas para revertir las floraciones se hace aún más difícil.

La hoja de ruta para revertir el daño fue diseñada tiempo atrás. Cuando se trata de reducir la floración de cianobacterias, hay un esquema básico que se ha intentado seguir en Uruguay. Primero, se debe actuar a nivel de la cuenca para controlar los aportes externos de nutrientes: incentivar las buenas prácticas agrícolas y mejorar el saneamiento. Luego, trabajar sobre la fuente para detectar las floraciones con anticipación. Y por último, valerse de técnicas para remover la carga interna de nutrientes.

El Ministerio de Ambiente está definiendo cómo adaptarse a los tres escalones en esta primera administración. Hace 25 días se formó un equipo técnico para ahondar en el estudio del uso de agroquímicos en Uruguay, del que también participa la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería.

En noviembre de 2019, Presidencia había anunciado que el área bajo monitoreo satelital de plaguicidas se cuadruplicaría en 2020, llegando a cubrir 400.000 hectáreas del país.

Peña explicó que la nueva iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre la composición y la aplicación de los agroquímicos, mientras se continúa controlando y midiendo el impacto ambiental. Además, analizará el paquete tecnológico asociado a los eventos transgénicos que se aprueben de aquí en más. “Para poder dar ese permiso, el Ministerio de Ambiente tiene que saber qué trae la nueva semilla, qué plaguicida y qué herbicida se le va a aplicar. Y esa (información) no la tenemos”, señala.

Desde el 1° de diciembre, a su vez, se puede saber en tiempo real si hay floraciones algales en algunas lagunas y embalses, a partir de imágenes satelitales con la tecnología de Google Earth Engine. Es un mapa interactivo de acceso libre en el que técnicos del actual Ministerio de Ambiente están trabajando desde hace más de un año, cuando no se había dado la escisión del Ministerio de Vivienda. La herramienta corresponde al segundo nivel de actuación en el combate a las cianobacterias, que busca prevenir nuevos brotes.

La estrategia se completa con la puesta a prueba de dos tecnologías, como informó El Observador: la ozonización del agua y la colocación de boyas de ultrasonido en ocho puntos del país. Pero ¿cuán efectivas son? Para explicarlo, el doctor en Ciencias Mazzeo recuerda que primero se prueban a nivel de laboratorio, después en ecosistemas artificiales, y finalmente en cuerpos de agua. La evidencia muestra que el uso de agentes oxidantes como el ozono es efectivo para controlar la proliferación de cianobacterias, siempre y cuando se haga una detección temprana del origen de la floración.

En cambio, la técnica de ultrasonido tiene resultados positivos en las dos primeras fases de prueba, pero al ser sometida a un sistema natural de aguas “no muestra efectos claros”. Guillermo Chalar, docente de limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, agrega que la aplicación de ultrasonido tiene un efecto local y no abarca grandes áreas: “Acelera el proceso natural que ocurre en el ambiente; las algas se mueren y vuelven a crecer. Si son tóxicas, la toxina se libera del medio más rápido; ese es el efecto”.

El ministro de Ambiente sabe que la práctica “difícilmente funcione en algunos lagos grandes” pero defiende la posibilidad de que sea efectiva en lagos pequeños donde están las tomas de agua para OSE. Y dice que esto, a su vez, podría contribuir a la estrategia global para disminuir la floración de cianobacterias.

El nuevo ministerio se estrena con un presupuesto acotado: dispondrá de 760.000.000 pesos para cada año de este período de gobierno. Cuando Peña y Amarilla asumieron, cuatro días antes del plazo constitucional para enviar el proyecto de ley de Presupuesto al Parlamento, los números estaban prácticamente cerrados. El lineamiento de austeridad acordado por el equipo económico también había alcanzado al nuevo inciso. El monto asignado al Ministerio de Ambiente es el más modesto dentro del gabinete.

Este punto de partida fue blanco de críticas por parte de algunos referentes de la oposición. “El gobierno cumple su promesa con la creación del nuevo ministerio, pero confirma que es simplemente una señal más de marketing para la tribuna y en los hechos implica un retroceso en el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible”, cuestionó el exdirector nacional de Aguas, Daniel Greif, en una columna que publicó en La Diaria junto con la diputada suplente de Marea Frenteamplista Martina Casás.

El ministro de Ambiente, en cambio, desdramatiza tener que empezar la gestión con los bolsillos flacos:

—Como dice Kesman... “es lo que hay, valor”. Tenemos que manejarnos con este presupuesto. Podemos agudizar el ingenio, ser creativos y entender que no todo pasa por ahí, sino por generar alianzas estratégicas. La gente quiere un Ministerio de Ambiente pero no quiere aumentar el gasto. En ese sentido, tenemos que intentar ser los mejores de la clase, demostrarlo y pedir un aumentito en la próxima Rendición de Cuentas.

Al hablar de “alianzas estratégicas”, Peña se refiere a la necesidad de fundar las bases de una secretaría de Estado “muy transversal”, que sí o sí tenga que articular con el resto del Consejo de Ministros, las empresas públicas y otros organismos.

“Nos vemos generando herramientas que no siempre vamos a aplicar nosotros, sino que las podemos aplicar a través de otros”, sintetiza, y niega que esa afirmación englobe la falta de autonomía de la cartera desde su fundación.

A modo de ejemplo, trae a colación los cambios de criterio que propuso al Ministerio de Ganadería para que a partir de ahora un proyecto forestal pueda obtener la autorización ambiental, que supone mayores exigencias. “Hay una lógica tensión entre la producción y el ambiente” y entonces “hay que gestionarla, dice Peña.

El tiempo dirá qué futuro le depara a este nuevo ministerio y si, dentro de dos décadas, es una referencia como afirma Peña. O si, como tantas cosas en este país, queda por el camino.

Designan al número tres del Ministerio de Ambiente

Asumió Diego Iglesias Sánchez

A 100 días de su asunción, el ministro Adrián Peña cree haber superado uno de los principales obstáculos: la acefalía de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ambiente. Con la designación de Diego Iglesias Sánchez —un dirigente colorado de Canelones— como número tres, se completó la columna vertebral de la cartera que determinará las políticas ambientales por lo que resta de este período de gobierno.

“En los grandes temas tenemos que evitar que el ministro sea el que esté yendo permanentemente al choque. Las grandes líneas tienen que estar definidas por algo superior”, dice el ministro a El País.

Para cumplir con este propósito y que no se dé un desgaste, Peña tiene pensado darle un rol central a la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama) en la discusión de los temas más sensibles. En ese organismo están representados todos los ministerios, la OPP, el Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, cámaras empresariales, trabajadores y organizaciones no gubernamentales. La primera sesión será el 16 de diciembre.

Además, en pocos días el ministerio presentará las bases del Premio Nacional de Ambiente, que reconocerá el trabajo de quienes “avanzan en ambiente y desarrollo sostenible”. La entrega del galardón será el 5 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.