INVESTIGACIÓN
Mientras Ahielén Casavieja estuvo desaparecida, su madre le reclamó a la Policía que allanara la vivienda del actual imputado, donde finalmente aparecieron dos cuerpos. Pero no lo hicieron, ¿por qué?
El martes pasado, Leticia González convocó a una conferencia de prensa en el restaurante Il mondo della pizza, en el corazón de la avenida 18 de Julio. Varios medios habían confirmado su presencia. La cita era a las 19 horas, pero recién pasadas las 20 llegaría el primer canal de televisión. La crónica roja no tiene respiro y el asesinato de su hija, la adolescente Ahielén Casavieja, ya había pasado a otra etapa desde que la fiscal de delitos sexuales Sandra Boragno logró, el 9 de marzo, la formalización del taximetrista Leonardo Mauricio Docampo por dos homicidios simples en reiteración real. Ahora, la fiscal analiza el móvil del homicidio de Ahielén y el de otra víctima cuyos restos se hallaron en el mismo predio: “Tenemos una línea de investigación que tiene que ver con drogas y otra que tiene que ver con odio o desprecio hacia la mujer”, anunció días atrás.
En la pizzería, sin movimiento periodístico a la vista, el resto de los comensales jamás imaginaría la crudeza de la conversación que ocurría en la mesa que ocupaban Leticia, su pareja Jonathan, una abogada de Mujeres de Negro y un hombre que ayuda a la familia a orientarse en medio del infierno.
Desde la desaparición de Ahielén, en la madrugada del 12 de febrero, y el momento en que apareció su cadáver, en la noche del 3 de marzo, Leticia y su entorno se apoyaron en los medios para comunicar las pistas que reunían, señalar al hombre que la habría visto con vida por última vez —el imputado Docampo—, la casa donde aseguraban que la tenía retenida —que está en el terreno donde fueron hallados ambos cuerpos, descuartizados— y para denunciar que, a su modo de ver, los investigadores policiales no estaban actuando con la celeridad debida.
Durante los 20 días que transcurrieron sin noticias de Ahielén, la Policía no allanó la vivienda de Docampo y por eso la duda de si su hija habrá estado allí con vida mientras ella pedía a diario que entraran al sitio, la carcome.
“Ayer la enterré y no supe qué fecha ponerle en la lápida”, dice. Preguntó cuándo la mataron, pero ni en la Fiscalía ni en la Policía le informaron, asegura. El País hizo la misma pregunta y no obtuvo una respuesta precisa, aunque un investigador policial sugirió que con certeza habría sido asesinada la misma madrugada que desapareció. El único consuelo que le dieron a la familia —dice el padrastro— es que no habría sido violada.
En el fondo del bar, rodeada de plantas artificiales y envuelta en una plácida música ambiental, Leticia aguarda a los medios con el rostro endurecido. Por momentos, se la ve extenuada. Pronto, hace un esfuerzo para volver al pasado y relatar qué pasó a lo largo de esos 20 días de desesperación. Con la mano derecha acaricia su brazo izquierdo, en cuyo antebrazo lleva tatuados los nombres de sus tres hijos. Cada vez que habla de Ahielén, se presiona el abdomen. Desde aquella “maldita noche”, sufre unos calambres que la doblan del dolor. Además de enfrentar el proceso penal, tiene que ocuparse del desalojo de su hogar, que se ejecutará en pocos días. Ella y su marido hacen changas, pero no pudieron trabajar desde que desapareció su hija. Tienen otros dos niños a cargo, de 10 y 8 años.
Esta conferencia de prensa es para eso: para pedir trabajo y para pedir explicaciones sobre lo que sucedió. Quiere que alguien le diga por qué, si desde el primer día ella y los testigos que halló señalaron a Docampo y que este la habría conducido a su domicilio, la Policía no realizó un allanamiento para confirmar que no la tuviera secuestrada, o que hubiera ocultado su cuerpo allí. Está segura de que si el hermano del imputado no hubiera alertado que, revisando la cámara séptica halló las dos piernas de la adolescente, lo que desató que finalmente sí se revolviera el terreno y se encontrara su cuerpo y el de la otra mujer, “seguiríamos sin saber nada de ella”.
“Me decían, se fue con el noviecito. Yo decía, mi hija no hace eso, me había dejado a la bebé y ella estaba pendiente de la beba. Pero dije que tenía problemas de drogas y chau. Y yo pienso en el momento ese. En esa noche que yo fui a buscarla. Llamé a la Policía, pero el hombre no los dejó pasar. ¿Por qué no entraron después? ¿Y si ella todavía estaba viva?”, dice.
Los primeros restos se hallaron en la noche del 3 de marzo. Los análisis forenses se realizaron enseguida, los días 4 y el 5. El País accedió a la pericia forense que indica que, según los elementos analizados, “se debe estimar un tiempo de fallecimiento aproximadamente no menor a tres días y no mayor a siete” desde que se analizó el cadáver. O sea, la adolescente habría estado con vida al menos hasta el 24 de febrero.
El perfil de Ahielén.
Investigar la ausencia de una persona implica hurgar en su pasado para construir un perfil del ausente y de su entorno. “En este caso, sabíamos que el entorno era difícil”, dice Juan Rodríguez, director de Interpol en Uruguay. Hablar del pasado de Ahielén Casavieja es un asunto incómodo para su familia, para las fuentes policiales que participaron de este informe y para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que tenía la custodia de la adolescente y de su hija de cinco meses desde el 30 de noviembre pasado.
Desde el INAU, el presidente Pablo Abdala se limita a confirmar que no les consta que existan antecedentes de explotación sexual vinculados a Ahielén. ¿Por qué había sido ingresada? Su madre dice que fueron tres los factores que determinaron que un juez le quitara la tenencia: la adolescente tenía problemas de consumo de drogas, no estudiaba y durante su embarazo no se había hecho controles médicos.
Según supo El País, Ahielén estaba en un hogar de amparo para madres adolescentes, “para su protección y el cuidado de su bebé”, puesto que la maternidad “suele desbordar” a muchas adolescentes que “no tienen apoyo familiar”.
Sin embargo, algunos informantes de la Policía advierten que habría habido violencia en su casa y que el consumo de drogas englobaba a todo el entorno, no solo a la adolescente. En ese sentido, en más de una ocasión en las conversaciones mantenidas con investigadores, se refirió “a la problemática del contexto”, para matizar los reclamos de la familia.
Como sea, sí hay consenso en que la adolescente había encontrado en el cuidado de su hija, en ese amor, “un lugar bueno para ella”. Volvía “feliz” de los controles con los pediatras. Estaba asistiendo a los grupos de adicciones. “Venía divina. Venía bárbara en el hogar, estaba saliendo adelante”, resume la madre acerca de su rehabilitación. El plan era recuperar la tenencia de su hija y de su nieta a la brevedad. Por eso estaban “en contacto permanente”. Leticia las visitaba seguido y ellas visitaban a Leticia, sin que se documentaran salidas no autorizadas en los registros del INAU.
De hecho, aquel fatídico viernes 11 de febrero, Ahielén había pedido licencia en el hogar para pasar el día junto a su familia. Iban a celebrar su cumpleaños, que había sido el día anterior. Primero fueron a tomar un helado; de regreso, Ahielén pidió permiso para visitar a la abuela y a unas amigas en el barrio Gori (Paso de la Arena). Dejó a la beba bajo el cuidado de su madre y en el rato siguiente se comunicó con ella para asegurarse de que la niña estuviera bien. En la casa, Jonathan, el padrastro, comenzó a preparar un asado. Ahielén debía volver a la una de la madrugada, pero se atrasó y media hora más tarde le avisó a la mamá que salía para ahí. Estaba apenas a cinco minutos de ómnibus de su hogar, en Santiago Vázquez. Jonathan retiró la carne del fuego para esperarla y cenar juntos.
Pero Ahielén no llegaba.
El celular daba apagado. La parada está ubicada en una calle solitaria: muchos terrenos y pocas casas. La familia lo sabía, sin embargo cuentan que ella siempre chequeaba el horario en internet, era la que les indicaba dónde y a qué hora debían tomar el coche para no esperar en vano. “No habrá pasado el ómnibus, se habrá quedado sin batería en el teléfono y volvió a lo de su abuela a dormir”, pensó la mamá.
A la mañana siguiente, todavía nada.
Leticia llamó a sus conocidos en el barrio Gori. Ahielén no estaba con la abuela, no estaba con las amigas. Según su relato, en la mañana del 12 de febrero avisó en el hogar del INAU e hizo la denuncia en la seccional 20. Leticia muestra como prueba la constancia de denuncia que indica la fecha: el día 12 de febrero. Pero el funcionario policial omitió poner la hora en que se registró “la novedad”. Seguramente no imaginó lo importante que terminaría siendo este dato para los sucesos que vendrían.
La hora de la denuncia es uno de los argumentos que los investigadores policiales esgrimen ante las recriminaciones de la madre de Ahielén. En el caso trabajaron conjuntamente investigadores de la Zona Operacional IV y de Personas Ausentes, quienes informaban al fiscal de flagrancia Pablo Rivas. El registro de la novedad que exhiben desde Personas Ausentes indica que la mamá presentó la denuncia en la madrugada del 13 de febrero, “unas 30 horas después de la desaparición”. Ese lapso, indican, “fue muy importante” para el desenlace.
“El contexto de Ahielén es la droga, el fugarse, ¿por qué la madre denuncia 30 horas después?. Luego, la familia va y habla con la persona que según los testigos fue el último que la vio con vida, y él les da pistas de un asentamiento que es conocido porque se vende muchísima droga. Y después la familia trae otras pistas distintas; pedíamos cámaras, la buscábamos en cada lugar, y eso lleva horas”, justifica un investigador.
Primeras horas.
Volvamos a la mañana del 12 de febrero. Según Leticia, tras hacer la denuncia en la seccional 20 empezó a buscar a su hija por el barrio. Ella, su hermana y su marido se enteraron de que “unos conocidos” la habían visto esa noche en la parada de Luis Batlle Berres y Camino Paurú, se habían ofrecido a llevarla a casa pero ella se negó, “porque ya llegaba el ómnibus”. Leticia lo relata y se muerde los labios. “Era para ella. Maldita la hora en que estuvo ahí”, dice.
Luego, ubicaron a dos hombres, uno de ellos conocido por la familia, que se convertirían en testigos clave. Ellos contaron que habían visto a Ahielén en la parada y que otro hombre —Docampo, el imputado— se acercó. Les ofreció 500 pesos para que fueran a comprar droga. Unos 15 minutos después volvieron a la parada, pero no estaban. Como Docampo vendía droga, uno de estos testigos conocía su domicilio. Era cerca, fueron hasta ahí. Docampo los habría hecho pasar a un costado del terreno, y les entregó 120 pesos para que se fueran. Ellos le habrían pedido entrar a su casa, pero él se negó. “Hay versiones contradictorias, uno dijo que la vio a la chica y otro dijo que Docampo salió y dijo váyanse que ella quiere quedarse conmigo, que iban a fumar, intimar y les dio dinero para que se vayan”, plantea el fiscal Rivas, quien estuvo a cargo del caso hasta que se halló el cuerpo y se transfirió a la fiscalía de delitos sexuales.
Molestia por tipificación del delito
Los policías relatan el “odio” de Leonardo Docampo hacia las mujeres. “Siempre se sintió el bobito entre los hombres de su entorno y no quería que las mujeres lo trataran así. Reaccionaba con agresividad para que lo trataran como un hombre respetable”, opinó un policía. “Es un psicópata. Si la tuviera a la víctima tirada al lado suyo, igual declaraba como si nada”, menciona otro investigador. Según supo El País, al descubrir el segundo cuerpo en el terreno, la Policía buscó si entre las personas ausentes en el barrio había mujeres con un perfil similar al de las dos víctimas (Ahielén y Karina Sarachu, de 34 años, consumidora de pasta base y también denunciada como ausente tiempo atrás): no se hallaron. Si bien al hallar los cadáveres el caso pasó a la fiscalía de delitos sexuales, que la fiscal Sandra Boragno haya pedido su formalización por homicidios simples en reiteración real y no femicidio —lo que incrementa el tiempo de la eventual condena— molestó a colectivos feministas. La fiscal argumentó que analiza distintas líneas de investigación.
La tía de Ahielén consiguió el teléfono de Docampo y se puso en contacto con él. “El Pelado”, como se le nombra en la investigación, respondió que no la tenía, que la había llevado hasta el asentamiento Cadorna en busca de droga y la dejó ahí. Ante la insistencia de la tía, le ofreció un trato: si la familia “dejaba quieta a la Policía”, él iría por Ahielén a la casa donde la había dejado y esa noche (el 12) la devolvería. Pidió tiempo hasta las 22 horas. “Ustedes cumplen con no llamar a la Policía y yo cumplo con devolvérselas, fueron sus textuales palabras”, indica Jonathan, el padrastro de Ahielén.
Ese día, el 12, mientras acordaban que “la iba a devolver”, Docampo le envío un audio a la tía, al que accedió El País. Le dice: “Después de hacer unas cosas voy a pasar por el cante, que me pasaron un dato ahí. Pero no soy Dios, ni tengo la brújula, ni soy un pae ni nada. Lo hago en una buena, por vos, y ta. Quedate tranquila, no te pongas nerviosa, que viste cómo es, yo pasé por lo mismo también”.
Las horas pasaron, y no hubo noticias.
“A las diez de la noche le caímos a la casa. Él salió muy campante”, cuenta Leticia. Grabó el encuentro. Sucedió esto:
—En el Cadorna, fui hoy... En la esquina la dejé —dice Docampo.
—¿Dónde están las viviendas? —le pregunta la madre.
—Ahí. En la esquina.
—¿Y por qué no me llevaste a mí o a mi hermana antes? No entendí esa parte.
—Porque yo ando dando mis vueltas.
Entonces interviene el padrastro:
—Pero tu prioridad hoy en día es enmendar tus errores, tú le diste la palabra y no estás cumpliendo. Ahí ya estamos errando. Tenemos que venir nosotros. Dijimos vamos a hacerla por las buenas.
—Vamos a buscar un taxi, lo tomamos y vamos —dice Docampo.
—Entonces yo no cumplo mi palabra —dice la tía—. La botija no aparece.
—Vos tenés a una menor. ¿No sabías que era menor? —lo increpa Leticia.
—No sabía.
—¿Y para qué la trajiste para tu casa?
—Porque ella me dijo que estaba empastillada —responde el imputado.
Otro hombre interviene:
—Pelado, a mí nunca me dijiste que la trajiste para tu casa.
—La dejaste acá en tu casa y estaban fumando acá en tu casa supuestamente —dice la madre.
—Nunca me dijiste eso pelado, nunca me dijiste que la trajiste para tu casa —insiste el hombre, con enojo.
—Decime cómo fue porque hay varias versiones acá —lo interrumpe el padrastro de Ahielén.
—La encontramos con el Nico, en la parada.
—¿Quién es el Nico? Vamos a buscar a ese Nico —dice la madre.
—Yo no estoy para dar vueltas.
—Es mi hijita, tú te la trajiste para acá. ¿Me la judiaron a mi hija? No te digo que hayas sido tú. Te estoy pidiendo por favor, por Dios que me digas dónde está mi hija.
—Pero yo fui hasta ahí —dice él.
—Pero acá no hay resultados. Vamos a tener que seguir y vamos a seguir —le grita la tía.
—Mañana a las 10 vamos.
—No, yo quiero ir ahora. Ahora nos vas a llevar hasta el Cadorna —insiste Leticia.
—No sean malos, me están haciendo la guerra. Yo no voy a ningún lado.
—Después no digas que no te avisamos —dice la tía.
Tras esta conversación, desde la puerta de la vivienda, Leticia llamó al 911. Llegaron tres patrulleros. “Una policía lo interrogó bastante. Le hizo muchas preguntas. El hombre sudaba mucho, no me olvido más”, relata Jonathan. Sigue Leticia: “Él estaba todo arañado y yo les decía a los policías, mírenlo cómo está arañado. La policía habló con una vecina que dijo que esa madrugada había escuchado gritos desgarradores de una mujer. El hombre no dejó pasar a los policías a la casa. Y nos fuimos todos”.
Fuentes de la investigación dicen “desconocer” que el hombre estuviera arañado. Y entre los investigadores algunos dicen que no ubicaron a la vecina, pero desde Personas Ausentes apuntan que cuando la interrogaron la mujer señaló que los gritos habían sido a la medianoche, mientras que la mamá dijo que la última comunicación había sido 1.30 de la madrugada.
A su vez otras fuentes contaron que, esa misma noche, el hombre le habría ofrecido a una vecina y un vecino pasar a revisar la casa para demostrarles que no la tenía y estas personas se negaron.
En los días que siguieron, Leticia cortó una calle, le escribió una carta al ministro del Interior Luis Alberto Heber, se reunió con su secretaria; le envió un mail al fiscal Rivas pidiéndole noticias y difundió la imagen de su hija por el barrio y en los portales no oficiales de personas ausentes. En cada uno de los videos se la ve repitiendo que “nadie le informa nada”.
En ese ínterin, le tomaron declaración a ella y en un auto oficial la llevaron hasta el asentamiento en busca de la casa que, según dice un informante, jamás se pudo identificar porque el propio Docampo no indicó cuál era. A la par, Leticia empezó a recibir pistas de desconocidos, que comunicaba a los investigadores de Zona IV que, según algunos agentes, “ocuparon recursos, tiempo para corroborarlos, que se pudieron haber destinado a la hipótesis central, que era buscar elementos probatorios contra Docampo”.
"Queríamos allanar".
Rodríguez, desde Interpol, es tajante cuando dice que desde el principio “se sospechó que se trataba de una ausencia involuntaria”, “la hipótesis de los hechos nos llevaba al sospechoso principal y la seguimos”.
Docampo fue citado para declarar como testigo el 14 de febrero, y luego dos veces más. “Es muy hábil para declarar, un psicópata total. Mentía en los horarios, mentía con quién estaba”, describe un investigador. Las contradicciones se agudizaron y, con ayuda de una semióloga, se constató su tendencia a mentir.
Rivas, el fiscal, indica que ese día 14 también se realizó una inspección ocular de la vivienda, con el permiso de Docampo, y que no se encontró “nada extraño”. “Soy permeable para pedir orden de detención, no ando en la negativa, ni para orden de detención ni para allanamiento. Pero los investigadores, que son los ojos del fiscal, no me lo sugirieron. Pregunté, ¿hay mérito para detenerlo? Me sugirieron que antes de la orden de detención se realizaran determinadas interceptaciones por el sistema del Guardián; lo solicité y el juez lo concedió”.
¿Y el allanamiento? “Los allanamientos hay que fundarlos y acá en función de lo surgido en la inspección ocular no se había advertido nada extraño. No había elementos de lucha o sangre que pudieran presentar los investigadores para un allanamiento, pero si me lo pedían lo solicitaba sin lugar a dudas”, dice Rivas.
El hallazgo de los dos cuerpos y la breve fuga de Docampo
Leonardo Mauricio Docampo (46) fue policía, y en la década de 1990 integró una de las polibandas, lo que le valió su primera estadía en prisión. Luego volvió por venta de droga, receptación y recientemente había cumplido una condena por golpear a su expareja. El 3 de marzo pasado, su hermano Jorge, que vive en otra vivienda dentro del mismo terreno, notó que los caños sépticos de la casa estaban tapados. Intentó destapar las cañerías con un hierro, pero como las aguas no corrían levantó la tapa de un viejo aljibe. Vio partes de un cuerpo flotando. Apenas 15 minutos después, la Policía y los Bomberos revisaban la finca; hallaron más restos y un segundo cuerpo. El actual imputado abandonó el taxi y huyó. Estuvo prófugo hasta el 7 de marzo, cuando fue reconocido cuidando coches en el Centro de Montevideo.
Se interceptó su teléfono, se consiguieron imágenes de cámaras para determinar los movimientos que había hecho con el taxi y si estaba solo —“el cuerpo nunca salió de ahí”, dice una fuente—.
“Actuamos desde el primer momento. Siempre se quiso allanar. Pero teníamos que encontrar algo contundente para poder pedir el allanamiento y romper”, dice Miguel Pereira, director de Personas Ausentes.
Otro investigador afirma: “Había que buscar elementos, no alcanza con una convicción o una corazonada, porque a los ojos de la población el hombre era un trabajador, era un taximetrista, y yo no puedo tirarle la puerta abajo cuando nadie la había visto entrar a esa casa”. ¿Cuáles serían las consecuencias? “Perder el cargo, consecuencias judiciales”, dicen.
La familia de Ahielén plantea que Docampo, que había sido policía, ya había estado preso por integrar la “polibanda”, por venta de droga, receptación y últimamente por ejercer violencia doméstica. Investigadores asienten, pero remarcan: “Ni las cámaras la muestran ingresando en la vivienda, ni los testigos la vieron entrar. ¿Y si esos dos hombres lo decían para encubrirse?”. En conclusión, con lo que había, “ningún juez iba a permitir un allanamiento”.
Una de las fuentes confiesa que el mismo día en que el hermano del imputado halló los primeros restos de Ahielén, tendrían una reunión con el fiscal: “Íbamos a pedir la orden de allanamiento para el día siguiente, porque para ese entonces ya percibíamos que algo malo había pasado, que retenida no estaba”. Pero, agrega, “creo que de haber adelantado el allanamiento la suerte de la adolescente hubiera sido la misma. Ya la había matado”.
La conclusión de la pericia forense, en cambio, abre la puerta a la peor duda.
La mitad de las denuncias que recibe Personas Ausentes son del INAU
En los 142 centros del INAU residen 3.000 niños; unos 1.500 son adolescentes. En 2021 se registraron 6.389 salidas no autorizadas. El presidente de INAU, Pablo Abdala, dice que dentro de esa “gran bolsa” conviven las llegadas tarde hasta ausencias de varios días. “No configura falta ni delito, tampoco es una situación que amerite respuesta punitiva o sanción. Muchas veces se concibe de esa forma pero es erróneo, en todo caso puede ser aplicable al INISA”, aclara.
Los adolescentes salen a estudiar, a la plaza, a bailar y, sobre todo, a ver a su familia, solicitando una salida o una licencia, “que se autoriza en función del proceso, evolución y estrategia de egreso de cada uno”, dice Abdala. Ante una ausencia, el protocolo indica que se debe denunciar a la Policía y, si pasan 12 horas, se ingresa en el Sistema de Información para la Infancia. Según datos de Personas Ausentes, en 2021 recibió 1.605 denuncias del INAU; aún siguen ausentes 16 adolescentes, ocho mujeres y ocho varones. En promedio, ingresan 15 denuncias diarias, de las cuales la mitad corresponden a salidas no autorizadas del INAU. Según supo El País, el instituto denuncia en seccionales u online.
Aunque Abdala asegura que cuenta con información para ponderar las denuncias y estas se trasladan a la Policía, investigadores mencionan que “llegan frías”.
Hay casos de chicos con más de 15 denuncias en tres meses; ante la alta demanda y escasos recursos, el departamento debe “priorizar”. Otro asunto a afinar es la actualización de la información: el INAU no siempre informa a la Policía cuando regresan.