VIOLENCIA

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Agosto cerró con 34 homicidios según las cifras del Ministerio del Interior. El Frente Amplio contabilizó 41. Esos siete números —siete muertes— de diferencia volvieron a poner la estrategia del ministerio en el centro del debate, tal como pasó en mayo, cuando las cifras oficiales registraron 43 homicidios y fue prioridad del gobierno la elaboración de un plan para combatirlos. Un plan que la oposición dice desconocer, y que el oficialismo defiende a capa y espada, salvo Cabildo Abierto.

“Hay que meterle mucha fuerza al plan que diseñó el ministerio”, dijo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en rueda de prensa el 30 del mes pasado, luego de que se constataran 11 asesinatos entre el 23 y el 29 de agosto. Asimismo, en días previos, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó en dos ocasiones que el plan del ministro Luis Alberto Heber está “en práctica” y que no lo modificaría.

Hay un escenario, un tipo de violencia, una circunstancia que desde hace ya varios años —y en estos últimos meses, con bastante frecuencia— se repite.

Por ejemplo: en la noche del jueves, dos jóvenes fueron acribillados a balazos en La Teja. Tenían 18 y 20 años. Uno de ellos recibió más de 20 disparos, informó la Policía. “Ya tenemos una línea de investigación importante para capturar a las personas que hicieron ese hecho”, dijo Heber en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12). El ministro sostuvo que el crimen ocurrió “por disputa territorial en la zona”. De hecho, la vivienda donde se encontraban las víctimas era una boca de venta de drogas, dijeron fuentes policiales a El País.

Otro ejemplo, incluido en los 34 homicidios —o 41 según la oposición—: en la tarde del 24 de agosto el barrio Peñarol volvió a ser el escenario de la peor violencia. Tres cuerpos —dos hombres y una mujer— fueron baleados y arrojados en un cañaveral. Dos tenían antecedentes penales, informó Interior. Ese crimen fue parte de una seguidilla de siete asesinatos en menos de 24 horas: un doble homicidio en Piedras Blancas y un femicidio e infanticidio en Manga, cuyo perpetrador se suicidó tras cometer el crimen.

En cuanto a las causas del aumento del 39,2% de homicidios en el primer semestre de este año (si se lo compara con el mismo periodo del año anterior), el gobierno sigue apuntando a la disputa de territorio de grupos criminales como una de las explicaciones. Eso, sumado a “deudas viejas que, como hay menos plata y menos droga también se están cobrando, lleva a que tengamos 34 homicidios”, dice el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.

Para hablar de los homicidios, González habla primero de varios récords: “En estos 30 meses lo que ha habido es récord de incautación de droga, de pasta base, —pasamos de 100 kilos en 2019 a 620 kilos en 2020 y 1.240 kilos en 2021—; récord de bocas cerradas, con más de 2.400; récord de bocas tapiadas, que llevamos 46; récord de formalizados; récord de condenados”.

Y hay más: “Tenemos récord de incautación de dinero tanto en pesos como en dólares, incautaciones de autos, de propiedades”. Entonces, dice, “cuando uno va contra ellos y tras la plata, se empieza a sentir en el mercado que hay falta de dinero, y hay luchas por bocas que han quedado sin propietarios porque los propietarios fueron presos. Así empiezan a darse las luchas territoriales”. Y la manera más rápida de resolver un conflicto entre bandas es la muerte, dice González.

La naturaleza de estos homicidios hace que, para la Policía, “sean muy difíciles de prevenir” porque “se dan en pocos segundos”. Y ejemplifica: “Pasa una persona en moto por la puerta de una casa, dispara una cantidad de tiros y desaparece”.

Ahora, ¿cuántos mueren por estos conflictos? ¿Cuántos se resuelven? ¿Y cuántos no?

La mitad de los homicidios corresponden a “conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas”. El resto se divide entre altercados espontáneos, violencia familiar y rapiñas, informó Heber en julio, cuando dio a conocer las cifras del primer semestre.

Hay otra cifra que inquieta y que no es nueva: el 50% de los homicidios en Uruguay no se resuelve.

“Conforme al crecimiento de homicidios en los últimos años, la cantidad de hechos esclarecidos empezó a bajar”, dice el sociólogo Rafael Paternain, frenteamplista y exdirector del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, al que renunció en 2010 por diferencias con el entonces ministro Eduardo Bonomi. “Es un porcentaje estremecedor, no solo desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia criminal o de la justicia penal para entenderlos, sino también por la incapacidad para poder desentrañar conexiones, motivos, razones, vínculos más profundos que permitan echar luz” sobre los homicidios, señala.

Edward Holfman, consultor y analista en seguridad, dice que hay “una asociación entre altas tasas de homicidios y los bajos niveles de aclaración y condena de los homicidas”. Esto genera impunidad, explica, “y lo que yo llamo la mercantilización de la muerte, que son el sicariato y los ajustes de cuentas. Es decir, la forma ilícita de arreglar estos conflictos”.

También hace otra observación: “Hay tres cifras que se viven repitiendo. La de los homicidios sin resolver es una. Otro indicador es que el 50% de las víctimas o los victimarios de los homicidios tienen antecedentes penales. Y por último, hay zonas donde los homicidios se concentran; el 45% se da en la zona 3”, que incluye barrios como Punta de Rieles, Casavalle, Villa García y Piedras Blancas.

El experto prefiere analizar otros elementos más allá de la relación del combate al narcotráfico con los homicidios. Por ejemplo, el sistema penitenciario. “La subcultura de la cárcel se trasladó a las calles. A esa subcultura carcelaria se le agrega una subcultura narco más violenta, más letal, donde la muerte es moneda corriente”, opina.

Paternain, por su parte, encuentra problemático el afamado “ajuste de cuentas”. Al fenómeno creciente de los homicidios sin resolver, dice, “se le acomoda la etiqueta ‘ajuste de cuentas’ o ‘conflicto territorial’”. Esto no es de ahora. Tiene, por lo menos, una década. Para el sociólogo, esa “etiqueta” no se ajusta a la realidad de los homicidios que hay en Uruguay.

Paternain explica el problema así: “No necesariamente son homicidios que automáticamente se accionan producto de la lógica del negocio o la lógica de la disputa territorial, sino que se van mezclando con otras cuestiones tal vez menos visibles, pero igualmente importantes. Tienen que ver con vínculos familiares, con clanes familiares, que muchas veces disparan lógicas de venganza o mensajes aleccionadores. A veces esos procesos tienen un efecto dominó vinculado a lógicas de venganza”.

Entonces, dice Paternain, “atribuirlo simplemente al narcotráfico", sin orientarlo a otros elementos de las relaciones sociales "marcados por la precariedad”, hace que la respuesta policial sea “ineficaz”. Y esto, repite, no es nuevo.

En la misma línea se expresa Nilia Viscardi, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y una de las autoras del libro Relatos de muerte: Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos: “Si tomamos el homicidio en sí, si no preguntamos por qué hay otras causas, lo que no vemos es la cadena de vínculos en los cuales estos sicariatos, que responden a venganzas, a violencias en contextos extremadamente vulnerables, se producen en una sociedad desigual”.

Entonces, “si fuera verdad que la mayoría de estos ‘ajustes de cuenta’ se producen entre bandas criminales por cuestiones de disputa de territorios por drogas, la pregunta es cómo llegan las drogas, quién las produce, quién las introduce en el país, qué es el lavado de dinero y, en definitiva, eso también te remitiría a tener que mirar la relación entre estas muertes y los delitos de cuello blanco en los cuales los delincuentes no ponen el cuerpo”, asegura Viscardi.

En torno a 2012 empezó a nombrarse con frecuencia la expresión “ajuste de cuentas”, cuando hubo un salto en los homicidios que parecía coyuntural pero que se estabilizó. La oposición condenaba esa explicación para ciertos homicidios. En 2017 hubo un quiebre y se introdujo otro concepto que intentaría explicar la lógica de esos crímenes. Fue cuando Bonomi dijo: “El ajuste de cuentas es que usted no pagó y le toman represalias. Ahora (los delincuentes) están en una guerra por territorio, por mercado, y eso produce un alto porcentaje de homicidios”.

Ahora, diez años después, “ajuste de cuentas” y “disputa por territorio” son las causas más nombradas por el gobierno como resultado del combate al narcotráfico. Y esas mismas explicaciones, que también fueron las de Bonomi, son las que rechaza hoy el Frente Amplio.

La ola de homicidios, vinculados o no al narcotráfico, generan una sensación de inseguridad en la población. Así lo percibe Mariana Pomiés, directora de Cifra. Lo que aumenta es la sensación de que hay “más violencia”, dice. “El discurso de ‘se matan entre ellos”, cuando es un caso puntual, puede generar que la gente se desentienda. Pero cuando eso es constante, la gente dice: ‘es entre bandas pero lo hacen al lado de mi casa, en la esquina’. Eso no genera tranquilidad a la población”, agrega.

Ahora, ¿cuál es el costo político de estas cifras?

Pomiés dice que la prioridad de la gente ha sido históricamente la economía, “el tema de la inseguridad es más coyuntural”. La especialista pone un ejemplo claro: “Las dos veces que el Frente Amplio volvió a ganar, la percepción de inseguridad era alta y el reclamo de mejorar era alto. Lo que pasaba es que la economía estaba bien evaluada”, señala.

Entonces: ¿quiere decir que la inseguridad no importa? “No. Quiere decir que la gente prioriza la estabilidad económica, que, de alguna forma, también es seguridad”.

Por otro lado, las últimas cifras del Monitor de Opinión Pública de Opción Consultores, dadas a conocer anoche, muestran que un 36% aprueba la gestión en seguridad, dividido entre un 7% que la considera “muy buena” y un 29% que la califica como “buena”. En tanto, un 38% desaprueba la gestión, desglosado entre un 25% que opina que es “mala” y 13% “muy mala”. El informe de Opción dice que “a partir del segundo trimestre de 2022 se produce un quiebre importante en la opinión pública, pasándose de una situación de amplia brecha positiva a una situación de saldo cercano a la neutralidad”.

Este deterioro de la imagen del gobierno en su gestión de la seguridad “coincide con un año notoriamente más desafiante en lo que a control de la criminalidad refiere, constatándose un incremento sensible de los homicidios (especialmente de aquellos asociados al narcotráfico), el indicador más fiable y de mayor comparabilidad internacional para dar seguimiento a los niveles de criminalidad”.

En medio del debate político, el senador frenteamplista Enrique Rubio afirma: “Creer que el incremento de la violencia en Uruguay se reduce el ajuste de cuentas, y que por lo tanto combatiendo el narcotráfico se le está dando en el tronco a la cuestión de seguridad, nos parece muy reduccionista y no creemos que sea así, ni acá ni en otras partes del mundo”.

Dice el senador: “Si no se corta el suministro (el grande), la realidad es que se cierra una boca y se abre otra en la esquina. Entonces el problema está ahí, en el gran narcotráfico. Ahí, el Uruguay, aparentemente por los últimos acontecimientos (la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset), ha mostrado que está atrasado”.

El senador nacionalista Gustavo Penadés considera que al contemplar las cifras de homicidios mes a mes “se las politiza indebidamente”. Especialmente con los vinculados al narcotráfico. “Me parece un error hablar en términos absolutos, como quienes dicen que una política de lucha contra el narcotráfico fracasa o es exitosa según los homicidios de un mes”.

En cuanto a rapiñas, hurto y abigeato, menciona que “la reducción es sostenida y permanente desde que asumió el gobierno”. Según los últimos datos difundidos por la cartera, en el primer semestre de 2022 se registró una baja de 1,7% en las denuncias por rapiñas respecto al año anterior; una baja del 11,6% en abigeato y una suba del 2,4% en hurtos. En comparación con 2019, hubo una baja del 23%, 32,1% y 17,7%.

El senador nacionalista dice que lo que emerge detrás de los homicidios “son los daños colaterales que genera el narcotráfico”. Y que son “una de las consecuencias que quizás tenga la captura de droga en términos y en cantidades que nunca se habían visto en el pasado”.

Penadés plantea lo siguiente: “Usted está logrando requisar droga por todos lados, cerrar bocas de pasta base, combatir el delito del narcotráfico a todo nivel, y usted sabe que eso genera consecuencias. Ahora, el razonamiento le podría llevar a decir: ‘bueno, entonces no afectemos que la droga se venda libremente por Montevideo y por el país, quizá eso hace que las bandas estén todas satisfechas, que no estén a los tiros entre ellas y eso quizá disminuiría la cantidad de homicidios’. O quizás no. Es una hipótesis”.

El diputado colorado Felipe Schipani también dice que las incautaciones de droga en este gobierno dan cuenta de “un combate al narcotráfico y al microtráfico que quizá no era una estrategia del anterior gobierno”. Esa política “más agresiva”, dice Schipani, genera estos “ajustes de cuenta que en muchas oportunidades tienen consecuencias como asesinatos de civiles”, y pone el ejemplo de la mujer que fue asesinada mientras miraba televisión en su casa. “De todos modos, no hay muertos clase A y clase B”, enfatiza.

González, el director de Convivencia, dice lo mismo: no existen las víctimas clase A y clase B. También reconoce que “tristemente” ha habido fallecidos que no eran el blanco de los sicarios. “Hubo dos personas que quedaron en medio de un tiroteo entre dos bandas y fallecieron. Se está investigando. También el caso de la mujer que miraba televisión, que no tenía nada que ver. Fueron tres vidas que se perdieron en esos enfrentamientos entre bandas barriales que hay que combatir, llevarlas la Justicia. Tienen que ir todos presos, porque son gente que está haciendo daño a la sociedad”.

En ese sentido, la Policía tiene que seguir por el camino en el que va, dice González. “Continuar pidiendo órdenes de allanamiento, cerrando bocas, llevando esa gente ante la Justicia, formalizándolos, condenándolos”, asevera. “Es la forma que tenemos de cuidar a los buenos y de sacar a los malos”.

Al cierre de esta edición, ayer viernes, se registró un homicidio en Cerro Norte. La víctima, un hombre de 41 años, fue ultimada a balazos. Mañana habrá quien pida explicaciones y habrá quien las dé, y probablemente, ese círculo se repita.