¿El Estado debe pagarnos a todos?

En el primer semestre de este año, el Ministerio de Salud Pública ya duplicó lo que gastó en 2017 en juicios por medicamentos caros. La preocupación por una posible desfinanciación motiva distintas interpretaciones sobre lo que debe cubrir el sistema de salud.

En Uruguay la Constitución dice que "el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes". El Fondo Nacional de Recursos (FNR) no cobra copagos, salvo para los tratamientos de fertilización asistida. La situación es polémica y abogados como Juan Ceretta, del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que defiende a pacientes de bajos recursos con indicación médica de acceder a tratamientos no contemplados por el Estado, advierten que lo justo sería que los que pueden pagar algo lo hagan, y que el dinero que se pueda ahorrar se utilice para otros medicamentos.

El presupuesto del FNR es de US$ 260 millones anuales. La decisión sobre cuáles medicamentos se financian está en manos del ministerio. El problema se da cuando alguno de los fármacos habilitados por la cartera es financiado por el FNR, pero no está protocolizado para todos las patologías para las que los médicos lo recetan. O cuando directamente el medicamento que el paciente necesita no está entre los que son entregados por el Estado.

Antes se discutía la evidencia científica de los medicamentos "judicializados", pero ahora se admite que es un asunto esencialmente económico. Y así lo ha reconocido el propio ministro de Salud Pública, Jorge Basso. "Esto es algo que no se puede resolver según las capacidades del bolsillo de cada uno (…) El tema es cómo con los recursos que la sociedad paga, porque vaya que paga, logramos los mejores resultados", señaló el secretario de Estado en un congreso organizado por el Banco Mundial que se celebró semanas atrás en Montevideo, con el objetivo de analizar la problemática a nivel regional.

Ceretta, que participó del congreso, denunció que "en 2015 y 2018 se intentó bloquear el acceso a la Justicia" por parte de los pacientes. Criticó una ordenanza de 2016 mediante la cual la cartera dispuso un mecanismo administrativo dentro del ministerio para evitar juicios. Al principio creyó que podría ser beneficioso, pero luego resultó en más burocracia y demoras para los pacientes. El abogado también sostuvo que el consultorio que él dirige en la Facultad de Derecho presenta una demanda por medicamentos cada 36 horas. Dado que en el Estado no sobran los recursos, a su juicio "se necesita financiar lo que la Constitución dice, y lo que dice es que la obligación está con los que menos tienen". Lucía Delgado, directora del Programa Nacional contra el Cáncer del ministerio, le contestó que es verdad que "la Constitución obliga garantizar el acceso a los indigentes" y no a todos, pero advirtió que "los costos en la salud hoy son tan altos que todos nos hemos transformado en indigentes".

El MSP recibió el año pasado 140 demandas por medicamentos, la mayoría por fármacos oncológicos (80) y hemato-oncológicos (34), según cifras de la cartera brindadas a El País. En total debió desembolsar US$ 4.129.354. En 2018, hasta el 31 de julio, el MSP ya enfrentó 103 juicios (65 por fármacos oncológicos y 22 por hemato-oncológicos), debiendo pagar así una cifra mucho mayor que en todo el año pasado: US$ 10.457.431.

El FNR, en tanto, tuvo 91 juicios en todo 2017 y 69 más hasta julio de 2018. El año pasado fue condenado 81 veces en primera instancia, debiendo desembolsar US$ 763.000.

"El FNR no tiene forma de prever dinero para pagar los amparos. Cada vez que un juez condena al FNR está sacándole dinero a alguna prestación ya presupuestada. El FNR no tiene forma de pedir préstamos o refuerzos al ministerio o al Parlamento. Por tanto, si siguen aumentando las condenas contra el FNR, que es una persona pública no estatal, puede quebrar financieramente. Es muy preocupante", señala Alicia Ferreira, directora del FNR. Y concluye: "No sabemos por qué lo condenan al Fondo, porque el Fondo no es el Estado, no estamos obligados constitucionalmente ni legalmente a brindar prestaciones de salud".

El medicamento que los pacientes más reclaman al fondo es el Rituximab (fueron 25 demandas el año pasado y 12 este).

El FNR entrega el Rituximab para casos de artritis reumatoidea, linfomas y leucemia linfoide crónica, pero hay pacientes con otras patologías que también lo reclaman. Es que hay casos en que el Fondo da medicamentos para ciertas etapas de la enfermedad, muchas veces más avanzadas que la que los pacientes reclamantes tienen. Este año se aprobó un Rituximab biosimilar. La cartera espera que esto pueda servir para bajar los costos del medicamento y se pueda financiar para más pacientes.