Esperan oleada de extranjeros

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Maldonado siempre ha sido nuestra pequeña tierra de oportunidades. “La última escala de los desesperados antes de sacar el pasaporte”, se dice. La primera correntada migratoria llegó en 1970 y 1980, persiguiendo el boom de las construcciones. Una década más tarde, la ráfaga de inversiones que el gobierno departamental volcó para modernizar la infraestructura atrajo a una nueva tanda que buscó trabajo en los servicios turísticos. El fenómeno no se detuvo y en los últimos años el perfil de los recién llegados se diversificó.

Hoy, la conformación del polo universitario moviliza a estudiantes y a docentes que se radican en el territorio. La posibilidad cada vez más común de teletrabajar incentiva a que profesionales y parejas jóvenes se muden en busca de un cambio de vida. Turistas extranjeros que tienen en balnearios como Punta del Este su segunda residencia empezaron a elegirlo para transitar su retiro, mientras que los que siguen laboralmente activos están instalando allí a sus familias.

Hay vuelos privados que traen exclusivamente mascotas, o decenas de valijas, o a empresarios que residen en el este pero viajan cada semana para trabajar en los países vecinos. El aeropuerto de Punta del Este registra unos 3.000 aterrizajes privados al año; el 70% llegan desde Argentina, el 15% vuela desde Brasil.

Todas estas dinámicas multiplicaron la población de Maldonado. Si en 1960 tenía unos 60.000 habitantes, hoy ronda los 200.000. Además, se calcula que entre 40.000 y 50.000 pasan allí estadías eventuales. Según el último censo de 2011, es el departamento con mayor crecimiento. El ritmo es tal que los planificadores de políticas sociales estiman que anualmente se suman unos 5.000 nuevos fernandinos, entre recién llegados y nacidos, porque además posee un índice alto de natalidad.

La pandemia le dio un nuevo empujón a esta demografía.
Por la noche, cada vez se ven más ventanas iluminadas en localidades como Punta del Este. Los edificios ya no parecen elefantes dormidos. Sucedió que hubo turistas que, advertidos de que podría replicarse el escenario europeo, se quedaron; y personas que ante la declaratoria de emergencia sanitaria decidieron irse a sus casas de veraneo, o alquilar para pasar la cuarentena en una zona con poca densidad y mucho espacio natural. Otros aprontan su desembarco para cuando se abran las fronteras.

Como muestra, Roberto Chiacchio, director general de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, dice que entre marzo y abril —es decir, los meses más duros del confinamiento— se vendieron más chacras que en todo 2019. Según relatan algunos agentes inmobiliarios, hay familias argentinas que ya agendaron su aterrizaje en vuelos privados para los próximos días y coordinaron un recorrido por distintas propiedades en busca de un nuevo hogar.

Este interés se venía insinuando incluso antes de que se difundiera el decreto que flexibiliza los requisitos para acceder a la residencia fiscal. En el último trimestre, el International College recibió más de 90 consultas por matrículas; el 85% de argentinos, el 15% provenientes de destinos como Perú, México, Emiratos Árabes, Ecuador, Colombia, Isla Mauricio, Italia, España, Estados Unidos; pero también de familias de Montevideo, del interior, y de uruguayos que quieren retornar.

En La Barra, en Ciudad de Maldonado y en el centro de Punta del Este, el comentario es el mismo: pocas veces se había visto tanta gente en tiempos de bajas temperaturas, y se pronostica que la novedad del famoso decreto traerá “un torrente” de nuevos pobladores extranjeros.

Algunos llaman a las radios locales para preguntar cómo es la vida cotidiana.
—Varios argentinos nos han preguntado acerca de colegios, de inmobiliarias, de con quién podrían asesorarse por la residencia. Nos dicen que vendrán apenas termine la cuarentena— cuenta Adriana Expósito, de FM Milenium.

Cada uno tiene su manera de medir el incremento de la población permanente en Maldonado. Loyi, oriunda de Paysandú, instalada desde hace dos años y medio en Punta del Este, lo mide en tortas de cumpleaños. “Tengo encargos para todos los días y los fines de semana, muchos”, dice.

Para las inmobiliarias es difícil determinar el nivel de ocupación en el principal balneario y sus alrededores debido a que las plataformas y los contactos directos con los propietarios abundan, pero reconocen que en los últimos cinco años —y especialmente desde 2019— se incrementaron las solicitudes de alquileres de invierno y anuales.

Loyi cree que tuvo suerte: “Vivo en un apartamento frente a la Playa de Los Ingleses y pago $ 13.000. Es lo mismo que pagaba en Paysandú. Parece un chiste, pero es real”. Otros entrevistados mencionan alquileres en zonas cotizadas por $ 11.000, $ 10.000 y menos también.

Pero no es suerte, es mercado.
Aunque Punta del Este está preparada para alojar de 350.000 a 500.000 visitantes cada temporada, su población permanente ronda los 15.000. “La sobreoferta de inmuebles genera que los alquileres durante el invierno se mantengan por debajo de los precios de Montevideo”, dice Javier Sena, de la Cámara Inmobiliaria Maldonado-Punta del Este.

En caso de compra, también el metro cuadrado usado —ya construido— resulta ser más económico que en la capital del país, mientras que el nuevo vale lo mismo que en los barrios Punta Carretas o Punta Gorda.

Así se dan situaciones como la de Federico, que se mudó junto a su novia y otra pareja a una hermosa casa, con jardín, cuatro habitaciones y cuatro baños, en el cotizado barrio El Tesoro. “Pagamos $ 20.000 por una casa que en verano no baja de $ 100.000”, cuenta.

¿Qué pasa en verano? Si el contrato es anual, el arreglo suele incluir un incremento en la mensualidad de diciembre, enero y febrero. Otras personas, en esos meses, dejan la vida “de la casa de rico” y se mudan a una habitación en una vivienda compartida. Es que los nuevos pobladores de las zonas de lujo no siempre tienen los bolsillos de los turistas.

Es un lluvioso miércoles de fines de junio, pero es tanto el movimiento que hay en La Barra que se hace complicado cruzar la calle. Los comerciantes dicen que los fines de semana la circulación de gente es similar a la de febrero. Los restaurantes que están abiertos promocionan sus precios económicos. Un asado con fritas por $ 360, pizzeta por $ 300; el que tiene más mesas ocupadas, La Pana, ofrece un menú por $ 180. Lorena, empleada de este local, cuenta que por la pandemia le habían reducido el horario a cuatro horas, pero pronto se lo extendieron a siete.

Para conocerse, entre los recién llegados organizan picnics. A Loyi ya la invitaron a uno. También la agregaron a tres grupos de WhatsApp en los que se comparte información acerca de los servicios más convenientes para apalear el sobreprecio que, según estiman los entrevistados, ronda el 30%.

Allí se comunica dónde se consigue leña, qué productor rural vende al público, qué feria vecinal sirve para determinados productos, y se demanda mano de obra para trabajar en bioconstrucciones: una de las pocas salidas laborales del invierno en esta zona.

Pero no todo lo que brilla es oro. En Punta del Este, el reciente incremento de la población todavía no impactó en el nivel de consumo, ni ayudó a combatir el desempleo que trajo la pandemia. Esto le preocupa al alcalde Andrés Jafif. El hotel y casino Enjoy (Conrad) cerró temporalmente y envió a 900 trabajadores al seguro de paro, mientras que son 80 los locales vacíos en Gorlero. Jafif, que tiene inmobiliaria, esta semana recogió la llave de tres, que ya decidieron no abrir en la temporada. “Así se pierden 50 puestos de trabajo”, apunta, y advierte: “Eso es lo que se viene y eso es lo que hay que revertir”.

En el municipio, la mesa y los asientos de la sala de reuniones están cubiertos de ropa donada. Carteras, camperas, capelinas, trajes. Desde que llegó el virus, cada mes se entregaron 700 canastas. “Date cuenta: 700 canastas en un municipio que se supone que es de gente de plata. Acá vienen a pedir comida y ropa pescadores, cuidacoches, personas en situación de calle, y se llevan lo que necesiten”.

Maldonado siempre ha sido una tierra de oportunidades, pero la expansión demográfica cuando es heterogénea y dinámica conlleva todo tipo de dificultades.

Más de la mitad de la población está radicada en Ciudad de Maldonado y Punta del Este. En la peatonal de la capital, los comercios ya están activos. Escudados detrás de tapabocas, sus empleados confirman que el chascarrillo popular es cierto: “En Maldonado es difícil encontrar maldonautas porque todos venimos de otros lugares”, dice Sergio, nacido en Mercedes.

Para el sociólogo Walter Menéndez, oriundo de Colonia, coordinador de la Unidad de Políticas Sociales de la Intendencia, el que llega en busca de trabajo no solo viene atraído, “sino expulsado de su lugar de origen”. Tal y como él lo ve, muchos migrantes deciden quedarse debido a la fama de “mini Estado” que se ganó la comuna a través del tiempo.

Lo explica así: “Acá se encuentran con que hay una red, porque la intendencia se hace cargo de mucho de lo que el gobierno central no cubre. Se corre la voz de esto a lo largo y ancho del país, y se vienen todos para acá”.

Un ejemplo de esta cobertura podría ser la ayuda alimentaria que está brindando con la entrega de 8.000 canastas y 3.000 viandas diarias, o “la fortuna anual” que le cuesta a la intendencia solventar las cuatro policlínicas que hacen la atención primaria del 60% de las consultas de ASSE. Esto implica, entre otras cosas, el sueldo de 150 funcionarios que atienden 190.000 consultas anuales.

Alejando Lussich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, resalta que la de Maldonado es la única intendencia que trabaja de forma integrada con ASSE sin recibir una partida de la administración nacional. “Hace cinco años que se lo venimos reclamando, pero Maldonado siempre está en la cola porque desde Montevideo nos ven con un prejuicio positivo. El mito es: ‘no tienen problemas de plata, que se arreglen ellos’. Y no es así. Siempre hemos sido el gran olvidado”, dice este director.

La llegada de gente sí es buena, “pero siempre que se acompañe de la infraestructura necesaria”, advierte Lussich. “Es cierto que este incremento permitió que durante una crisis como la que estamos viviendo por la pandemia no seamos un páramo y en cambio hay cierto sostén para el mercado interno, pero crecer genera problemas en educación, salud, alimentación y vivienda, entre otros”.

Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) hay 13, pero desde la comuna estiman que se necesitan 25. También falta responder a las inmensas colas que se generan en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) en el período de inscripciones. Y, de acuerdo a Menéndez, “faltaría inaugurar algún liceo más”. El número de funcionarios de la salud debería ajustarse a la población actual, así como las dimensiones del hospital.

Sin embargo, el verdadero termómetro que señala los contrastes de la expansión de la demografía es la demanda de vivienda. En este sentido, las autoridades enfrentan más de un conflicto en simultáneo.

Por un lado están los asentamientos irregulares. Detrás del escritorio de Lussich no hay un cuadro de Artigas: hay un mapa que grafica la extensión de Los Eucaliptus, un campo vacío que en los últimos 15 años se convirtió en un asentamiento con 800 familias.

A este se suman otros de reciente creación, como el Nueva Esperanza o el Mario Benedetti. Lussich plantea que la meta es que “la mancha urbana” pase de la “ilegalidad a la legalidad”, tal como se logró con el realojo de El Placer (200 familias) y se pretende conseguir con el del tradicional asentamiento Kennedy (500 familias), al que muchos vecinos se opusieron al sentirlo un barrio con medio siglo de vida.

Este mes comienza la obra de la escuela de tiempo completo que estará integrada en su territorio, además de un CAIF, policlínica, centro comunal y área deportiva.

El otro fenómeno que preocupa a las autoridades es el crecimiento exponencial de La Capuera, Punta Negra y el balneario Buenos Aires. Se trata de terrenos privados que son ocupados, en la mayoría de los casos, por jóvenes de clase media nacidos en el departamento o llegados desde otros, que buscan alejarse de las ciudades. “Esto es un problema porque nos obliga a correrlos de atrás con los servicios, pero además no hemos tenido en estos años una respuesta por parte de Fiscalía ante las denuncias que presentamos, porque creemos que está atado a un negocio ilícito de venta, por lo menos, de información”.

Para frenar esta expansión, y prevenir la conformación de asentamientos, la comuna diseñó un programa del que está orgullosa y espera que se replique en otros departamentos. Fragmentó un terreno que había adquirido la administración anterior para reubicar a Los Eucaliptus, lo dotó de servicios, y los puso a la venta con precios subvencionados y financiado en numerosas cuotas. Los propietarios podrán construir de acuerdo a la metodología que prefieran.

Pero todavía hay 2.000 familias que viven en asentamientos, 78 personas en situación de calle y 33 que duermen en un refugio. En medio de una atípica campaña electoral por las municipales, algo de efervescencia se levanta cuando se toca este talón de Aquiles.

El jovencísimo edil frenteamplista Joaquín Garlo tiene fama de combativo. Lo es. En medio de su participación en este informe lo llaman de una radio: denuncia la reducción en tiempo y valor económico de las becas para estudiantes terciarios que históricamente ha otorgado la comuna.

Luego, retoma: “El problema es cómo se piensa la urbanización y la construcción de la ciudad. Esto de seguir construyendo en altura concentra la riqueza en Punta del Este. Les da facilidades a los inversionistas y no vuelca beneficios en el departamento ni en las personas vulnerables”.

El asunto es que durante la gestión de Óscar de los Santos (2005-2015) se creó un tributo —retorno de mayor valor inmobiliario— según el cual los desarrollistas inmobiliarios debían pagar un monto extra para conseguir la habilitación para construir edificios con más altura de la permitida por el ordenamiento territorial.

“Ese dinero se destinó a la construcción de vivienda de interés social. Al asumir Enrique Antía se suspendió el cobro, pero se aprobaron más de 60 excepciones, entre ellas la de la obra nueva del hotel San Rafael”, recrimina Garlo.

Según informó El País, la supresión de este tributo fue una de las tres exoneraciones que promovió el gobierno departamental. La renuncia significó US$ 1 millón menos de ingresos por año, “que se destinaban a los más necesitados”.

El argumento para aplicar este beneficio fue que los descuentos generarían más construcciones y esto aseguraría más puestos de trabajo, pero Garlo asegura que tras analizar las cifras del Banco de Previsión Social comprobó que no se incrementó la contratación. Esta, dice, es una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno de Antía.

Así, la respuesta a los problemas generados por el crecimiento de la población se va posicionando como uno de los puntos calientes de las elecciones que se vienen.

Mientras tanto, los fernandinos mantienen altas las expectativas de que una nueva oleada de migrantes se instale en sus tierras. Cada tanto hay algunos que cuando imaginan la posibilidad de que lleguen “en estampida” fruncen el rostro. Temen que a cambio de una eventual reanimación económica se pierda cierta tranquilidad, o que el desembarco genere algún cambio en la identidad de su sociedad.

Pero luego revisan su propia historia y se corrigen. Es que la migración está en las entrañas de Maldonado, y confían en que lo que es bueno para el departamento, a la corta o a la larga, también será bueno para todos sus hijos. Los propios y los que fue adoptando.