Armamento sin habilitación

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La relación entre los uruguayos y las armas se afianzó con el paso del tiempo, convirtiéndose en una de esas uniones duraderas y, para la mayoría de los involucrados, felices. Hay una cada seis orientales. Las armas llegaron con los primeros inmigrantes, que traían su escopeta desde el otro lado del mundo. Su uso se extendió en la zona rural, como una herramienta de subsistencia (caza), trabajo (“ahuyentar comadrejas y cotorras”) y seguridad. Se volvieron un artículo coleccionable y deportivo, en torno al que se fundaron innumerables clubes de tiro a lo largo del país. Además, esta pasión charrúa por la pólvora comenzó a cotizarse: son objetos sobre los que pesa un valor emocional y también comercial.

Como siempre hubo muchas, en 1943 Uruguay fue el primer país de América Latina en legislar la tenencia, exigiendo una guía de posesión para cada pieza. Esto dio pie a un exhaustivo registro organizado por el Servicio de Material y Armamento del Ejército que, al día de hoy, cuenta con 613.994 armas. Fueron registradas por 343.601 uruguayos.

Durante décadas, esta afinidad por las armas fue un hecho anecdótico de la idiosincrasia local. Pero, en los últimos años, las armas empezaron a asociarse cada vez más con episodios de violencia y criminalidad. Eso, la difusión del centro de investigación Small Arms Survey —cuestionada por varios expertos— según la cual Uruguay integra el podio de los cinco países más armados del mundo  y de que habría otro porcentaje importante de armas circulando en la clandestinidad (cientos de miles, dicen algunos), hicieron eco en las políticas de desarme civil que promovieron en la región los gobiernos de izquierda.

En ese contexto, al igual que Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela, Uruguay quiso tener su ley de armas. Impulsado en 2009 por la entonces ministra del Interior Daisy Tourné, el proyecto fracasó. Tourné había llevado adelante una tenaz campaña con la intensión de poner en la agenda política la tenencia de las armas en manos de civiles como “un problema para la convivencia pacífica del país”.

Si hasta ese momento su control era un asunto de Defensa Nacional, la exministra planteó que debía pasar a la esfera del Interior por entender que se trataba de un tema civil. ¿Por qué? Su argumento se basaba en que el 87% de las muertes violentas ocurría en los hogares y que el 49% de los asesinatos por violencia doméstica se concretaba con un arma. Tal y como ella lo planteaba, la tenencia no debía verse como “un derecho”, sino como “una concesión hacia aquellas personas que cumplan debidamente con ciertos requisitos”. Urgía un estricto control.

“Somos un país relativamente armado, pero esa proliferación de armas durante décadas no se tradujo en violencia”, explica Diego Sanjurjo, especialista en políticas de seguridad y armas, integrante del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Tal vez por eso, o porque el ciudadano empezó a sentirse inseguro y no aceptó desprenderse de su armamento, o debido a la presión de quienes defienden la cultura de las armas como una de las tradiciones uruguayas, “el debate del desarme nunca llegó a instalarse realmente en la agenda”.

Hasta 2014.
Entonces, se constató un incremento de la criminalidad con uso de armas de fuego. Había trepado de 49% en 2011 a 67% en 2015, y siguió subiendo. El Ejecutivo impulsó una nueva ley, pero con otro enfoque. Esta vez sí vio la luz y cambió las reglas sobre la tenencia, porte y comercialización e incorporó el delito de tráfico de armas, municiones y explosivos.

Sin embargo, su decreto reglamentario fue polémico y sus detractores acusaron a la antigua administración de haber maniobrado “un desarme civil encubierto”.

A partir de su entrada en vigencia (2016), los tenedores describen al proceso de regularización como “kafkiano” y algunos lo acusan de haber propiciado un crecimiento del mercado negro. Con el objetivo de “equilibrar” esta reglamentación, el nuevo gobierno derogó ese decreto y modificó las reglas.

Sucede cada tanto, esta vez en Treinta y Tres. La Policía asistió a la vivienda por una denuncia de violencia doméstica y halló que el denunciado, un militar retirado, tenía más de 3.480 municiones de guerra, un rifle, una escopeta y una pistola sin el título de tenencia al día.

¿Cuántas armas son demasiadas? Juan Jiménez, armero desde hace 30 años, dice que es “muy difícil de determinar”. Opina: “Es como que me preguntes si hay demasiadas pelotas de fútbol”. El que gusta de las armas “gusta fundamentalmente por razones lúdicas” y “no tiene una sino varias”: siempre más de las tres que permitía el resistido decreto que fue derogado.

Para entender la caja de Pandora que abrió aquel cambio de reglas, hay que hacer un poco de historia. Durante décadas bastó con presentar la cédula de identidad para adquirir armas. En la década de 1970, para evitar que los guerrilleros accedieran a armamento con facilidad se creó el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata), pero el acceso siguió siendo sencillo durante un largo período posterior.

En esa época, narra Jiménez, en una armería se podían vivir escenas así:

—Vi a una señora que se compró un 22 y le dijo al armero, ‘¿no me carga el arma por favor?’ Y se fue con el arma cargada en la cartera sin nunca en su vida haber pegado un tiro.

Recién a comienzos de los 2000, advertido de que habría un gran número de piezas sin registrar, el gobierno de turno emitió un decreto que definió que el Thata se otorgaría a cambio de un certificado de buena conducta, un comprobante de aptitud psicofísica, constancia laboral y un curso de formación en el manejo de armas. Debía renovarse cada cinco años. Así y todo, cada Thata permitía —aún— tener cuantas armas uno quisiera.

Si la ley de 2014 se aprobó por unanimidad en el Parlamento y se aplaudió que incluyera una serie de normas penales que penalizan a quien incumpla para desalentar a la delincuencia, el decreto que la reglamenta (el de 2016) fue rechazado por los múltiples colectivos que reagrupan a los amantes de las armas.

Cada grupo tenía sus críticas puntuales, pero a grandes rasgos todos coinciden en lo que expresa el senador de Cabildo Abierto y militar retirado Raúl Lozano: “Era un decreto restrictivo que afectaba la tenencia y porte de armas de la personas honradas, fundamentado en un paradigma que creemos equivocado”.

Por un lado, extremó los requisitos de la evaluación médica y psicológica para acceder a la tenencia. Excluía a quienes tuvieran indicios de adicciones y trastornos psiquiátricos, pero también a personas con daltonismo y estrabismo; con problemas auditivos; las que perdieron una falange en el dedo índice o anular; las que hayan sufrido un accidente isquémico, cardíaco o sean diabéticas.

“No sabía la cantidad de daltónicos que había hasta que se aplicó esta restricción. Muchísima gente con armas de golpe se encontró con que le negaban la tenencia y no podían regularizarlas. El decreto era tan exclusivo que no tenía sentido”, opina Luis Tártaro, director de la Primera Escuela Uruguaya de Tiro.

Eso por un lado. Además, el Thata debía asociarse a un arma para ser tramitado por primera vez, lógica equivalente “a tener que comprar un auto para sacar la libreta”, expone Jiménez. Y limitaba la cantidad de piezas por persona a tres, excepcionalmente a cinco. Por fuera de ese número, la única opción era convertirse en coleccionista, lo que requiere medidas de seguridad de altísimo costo. Según cifras del Registro Nacional de Armas, hay registrados 2.778 coleccionistas, al menos 1.000 son nuevas incorporaciones.

A su vez, se habían recrudecido las reglas para los coleccionistas, “volviendo algunas de ellas impracticables”, dice Julio Lestido, quien además de presidir la Cámara Nacional de Comercio y Servicios integra la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones. Y se prohibieron algunos fusiles. Esto tuvo repercusiones en los negocios de las armerías, que vieron sus ventas disminuir 90% en varios casos. Muchas fueron cerrando: quedan 91 registradas.

Para los particulares también fue drástico. “Las armas son caras, algunas de las que habían pasado a estar prohibidas podían costar varios miles y el Estado no ofrecía una compensación. De un momento a otro, cientos de personas quedaron en un limbo con armas adquiridas legalmente, caras, a las cuales estaban muy apegadas porque es un hobby que despierta mucha pasión, y no podían ni tenerlas, ni usarlas, ni venderlas”, plantea Sanjurjo.

A estas prohibiciones se sumó la exigencia de realizarles una pericia balística a cada una de las armas para generar un registro, trámite que debía hacerse únicamente ante Policía Científica, en Montevideo. La fecha límite se prorrogó en dos ocasiones, pero la infraestructura no dio abasto con el volumen de armamento. Un cálculo de las autoridades actuales de Interior indica que, si todos los tenedores hubieran tenido la voluntad de hacer la pericia, al ritmo que se llevaba, habría insumido unos 40 años.

Ante la encrucijada que implicaba la regularización, varios tenedores contrataron los servicios de gestores que se especializaron en estos trámites. Vanessa Martínez se dedica a eso. Tenía unos 10 clientes al mes. “La pericia se convirtió en el cuello de botella. Sin ese documento, el tenedor no podía actualizar ni la Guía de Posesión ni la tenencia. Personas que arrancaban a renovar la tenencia en enero se encontraban con que le daban hora para octubre para hacer la pericia y en esos meses se les vencía la documentación”, dice la gestora.

El armamento usado perdió su valor en el mercado, “ya que nadie quería pasar por el trámite”, explica Lestido. La opción ante la no regularización para evitar multas era entregar el arma, pero apenas 4.798 fueron donadas al Ejército para su destrucción entre 2016 y 2020.

Tras cuatro años de vigencia del decreto, de un total de 613.994 armas registradas, solo 60.000 realizaron la pericia balística. De los 343.601 uruguayos con armas, apenas 29.000 tienen su título de tenencia al día: menos del 10%. Y si hablamos de las guías de posesión —algo así como la libreta de propiedad— 516.394 (del total de 613.994) están vencidas.

El decreto advertía que vencido el plazo —en enero de 2020, y se prorrogó por dos años más—, las armas sin documentación al día serían incautadas y sus dueños pagarían multas que van desde 1.000 a 10.000 Unidades Reajustables (de un millón a unos 12 millones de pesos). Martínez, la gestora, cuenta que ante la desesperación hubo tenedores que las denunciaron como perdidas para desvincularse (Interior recibió 701 denuncias de extravío en 2020) o robadas (1.357 denuncias). En caso de que las hubieran vendido o entregado sin los papeles, podría imputárseles un delito de tráfico cuya pena es de seis meses de prisión a seis años de penitenciaria.

“Había varias ocasiones en que fallecía una persona y el heredero tenía 12 meses para sacar la tenencia, lo que implicaba hacer el curso de tiro, para poder venderla. Era imposible y es probable que varias armas hayan terminado en contenedores o en el mercado negro”, opinan a dos voces Abel Saravia y Ricardo Pereira, de la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego.

Cuando asumieron las nuevas autoridades de los ministerios de Defensa y del Interior, todas estas “complicaciones” se traducían en 14 demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y miles de tenedores con sus armas en un limbo que pronto se convertiría en ilegalidad. Presidencia puso manos en el asunto. El 22 de diciembre pasado, el presidente Luis Lacalle Pou derogó el polémico decreto y lanzó uno nuevo.

El viceministro Guillermo Maciel justifica así el cambio: “La gran preocupación del ministerio son las armas que están en manos de delincuentes y nos preocupaba que se incrementara el mercado negro. Entendemos que el decreto anterior no cumplió con el objetivo de regularizar. Buscamos desburocratizar la gestión de forma tal de tentar al ciudadano a que regularice porque sabemos que hay muchos miles que no están al día. Del otro lado está la espada de Damocles que son las consecuencias penales si no lo hace”.

En tanto, para el senador frenteamplista Charles Carrera, esto significa “un paso atrás”. Descarta que la limitación del mercado negro tenga que ver con esta decisión. “Lo que hubo fue lobby de ciertos grupos. Se sabe que hubo reuniones entre ellos y algunos de sus representantes. Está más vinculado a la cultura de las armas que a otra cosa”, opina.

Para este informe fueron consultados otros legisladores de la oposición y abogados que en el pasado defendieron el desarme civil, pero se excusaron de participar por no conocer el documento nuevo, o no respondieron a la consulta. Por su parte, Gustavo Guidobono, presidente de la Asociacion de Lucha para el Desarme Civil opina que el nuevo decreto le parece "magnífico", "reglamenta, limita, promueve el registro", dice.

“La reglamentación actual es muy razonable y tomó un camino intermedio: no apunta al desarme ni a la liberación absoluta”, opina el abogado Marcelo Marchetti, vinculado a uno de los juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En tanto, el abogado Martín Risso, quien representa a dos grupos que presentaron recursos, advierte: “Mejora la situación, pero deja algunas dudas y hay puntos que no fueron corregidos”. En definitiva, “no soluciona todos los temas de los juicios.”

El senador Carrera cree que la modificación “aumenta la discrecionalidad de los civiles para la adquisición de las armas”, y agrega: “Se sabe que la proliferación descontrolada representa un medio letal en los conflictos interpersonales”.

En efecto, ahora el Thata amplió su vigencia de tres a cinco años y permite la tenencia de hasta ocho armas (ya no de tres). Además, limita el registro balístico únicamente para el nuevo armamento, gestión que deben hacer las armerías. En cuanto a las condiciones psicofísicas para acceder a la tenencia, elimina aquellas restricciones pero agrega otras.

“En algunos aspectos el nuevo decreto es más severo que el anterior”, dice Maciel. De hecho, si antes cualquier persona podía importar las armas habilitadas, ahora solo pueden hacerlo empresas importadoras, “eso genera mejores garantías de trazabilidad”.

Se topeó a 21 la cantidad de cartuchos de 9 milímetros, “porque agarramos a varios delincuentes con cargadores larguísimos para recargar menos veces el arma”, justifica el viceministro. Se agregaron causales para denegar o cancelar el título de tenencia. Se incorporó el consumo de psicofármacos y se excluyó a las personas impedidas por la ley de violencia en los espectáculos deportivos.

También se amplió la lista de lugares donde está prohibido portar armas: los espectáculos públicos, eventos deportivos y centros educativos. Y se permite denunciar el hurto de armamento ante la comisaría más cercana, prescindiendo así de la obligatoriedad de hacer la denuncia en la comisaría próxima al lugar de residencia. “Buscamos un justo equilibrio, hay cosas que no les cayeron simpáticas a los colectivos”, confiesa Maciel.

Ahora el desafío es comunicar a los cientos de miles de tenedores la nueva disposición. Para eso el ministerio negocia con Presidencia la posibilidad de una campaña de bien público.

Es que si bien los gestores y los clubes de tiro aseguran que “hay un entusiasmo por regularizar las armas bajo las nuevas reglas”, y el número de renovaciones de tenencias se incrementó, el 90% tiene el título de tenencia vencida y el 84% las Guías de Posesión vencidas. Hay tiempo hasta el 4 de enero de 2022 para revertirlo. El gobierno tiene nueve meses para poner las armas en orden y evitar caer nuevamente en un peligroso limbo.