Megabasurero a orillas del Solís Chico

La Intendencia de Canelones adjudicó la licitación de un "megabasurero" en una zona poco poblada, pero a orillas del arroyo Solís Chico. Los vecinos de los balnearios temen que se contamine y denuncian que se violan las normas. La Dinama será la que defina quién tiene la razón.

La sala está repleta, el audio funciona mal, las sillas no alcanzan para todos y quienes no consiguieron un lugar adentro intentan arrimarse a las puertas y a las ventanas para oír. Desde que se supo que en la naciente del Solís Chico habrá un "megabasurero", el arroyo se convirtió en un mar de dudas. Y allí están, apretados en un pequeño espacio del Yacht Club de Parque del Plata, tal vez el punto donde el arroyo muestra su mayor caudal y perfección, los que tienen miedo.

Se llama Noel y dice que no importa su apellido: desde hace tres meses elige identificarse como "Noel Arroyo Solís Chico". Tres meses hace que ella y otros vecinos se enteraron del lugar donde la Intendencia de Canelones (IMC) planea ubicar la planta de disposición final de residuos de todo el departamento. Desde entonces sus días se han ido en consultas legales, reuniones, pedidos de información a los organismos involucrados, más reuniones, recolección de firmas —llevan casi 19.000 en la plataforma change.org—, solicitud de respuesta a las autoridades, idas al Parlamento, asambleas.

La asamblea que se realiza este sábado 18 es clave para ellos porque participan dos especialistas que los asesoran y los apoyan en sus reclamos. Noel es la que pasa las diapositivas, ordena las intervenciones y habilita los aplausos. A su lado está Celia Wohl-wend, una de las organizadoras. Los presentes son habitantes de la zona rural cercana o residentes de Parque del Plata, Las Vegas y La Floresta. Como invitados de lujo participan Pablo Ligrone y Astrid Sánchez, arquitectos, socios de un estudio y especialistas en ordenamiento territorial.

Ligrone, grado cinco en urbanismo y director académico de la maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano que imparte la Udelar, dice que la intendencia viola con este proyecto el artículo 47 de la Constitución, que protege el agua y el medio ambiente, y vela por los derechos territoriales de las personas.

Dice, también, que una megaplanta de residuos está claramente regida por la ley de ordenamiento territorial (18.308). Y que la ubicación de esta planta, por su envergadura, debería haberse resuelto mediante una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), prevista en esa misma ley desde 2008. Allí se establece que los instrumentos de las intendencias para transformar el territorio son las directrices departamentales. Un basurero, continúa Ligrone, genera una "indiscutible transformación del territorio". Sin embargo, la IMC no hizo nada de esto: no procuró una EAE ni desarrolló una directriz departamental. "Todo el procedimiento se hizo al margen de la ley 18.308", concluye.

Detrás de él, la imagen de un proyector reproduce un mapa con un polígono delimitado al norte de la Ruta 8 y al este de la 11, junto a la pregunta "¿cómo se eligió este predio?". La respuesta es incierta. "Esa área de 14 kilómetros por seis se definió por estudios previos, pero la licitación no dice cuáles ni cómo", denuncia Ligrone. Y agrega: "Cualquiera que sepa de ordenamiento territorial sabe que una zonificación se debe hacer con un instrumento de ordenamiento territorial. Capaz este es el mejor lugar, pero hoy es indemostrable".

Las empresas proponentes debían elegir, dentro del amplio polígono definido, un sitio particular. El llamado establecía algunos criterios de exclusión, entre ellos una distancia mínima de 200 metros respecto a cursos de agua superficiales, y de 5.000 metros respecto a tomas de agua para abastecimiento de poblaciones. El 9 de julio el intendente Yamandú Orsi dio su veredicto en una resolución: la propuesta seleccionada es la de Aborgama, Favelan y Ebital. Y los dos padrones elegidos por el consorcio están prácticamente recostados a orillas del Solís Chico.

Más de 100 vecinos escuchan en estricto silencio la presentación. Afuera el arroyo está calmo y un calor inusual empuja a varios a disfrutar de esa parte del arroyo vigilada por un monumento al sapo Ruperto del locatario Roy Berocay. Adentro, la rabia aumenta a la par de la humedad.

Los organizadores aseguran que los padrones, propiedad de Francisco Platero —exalcalde blanco del municipio E de Montevideo—, están en terreno inundable y por eso temen que en las crecidas la basura se mezcle con el arroyo. También muestran un mapa que revela que no se cumple con los 5.000 metros que deberían distar del punto de toma de agua potable de Soca.

Y exhiben una resolución del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mvotma), que en septiembre de 2013 autorizó a OSE a reservar una parte del Solís Chico. El plan de la empresa estatal era, al menos en ese momento, construir una obra hidráulica de embalse con aguas de ese arroyo "para aseguramiento del agua potable de Ciudad de la Costa".

Hay más: hace poco, la IMC definió al Solís Chico como un "corredor biológico". El arroyo está en una zona considerada por las autoridades canarias como de "protección ambiental". Además, es el arroyo menos contaminado de Canelones.

"El agua está protegida por la Constitución, pero nada dice esta de los basureros", ironiza Ligrone. "Se pasó por encima de los derechos territoriales de las personas, las garantías ambientales y la participación ciudadana".

Entre los asistentes hay una periodista que pide la palabra. Está desconcertada, dice, porque a ella Leonardo Herou, director ambiental de la IMC, le aseguró que se habían hecho los estudios necesarios. Ella esperaba encontrar allí a las autoridades municipales y tener "las dos campanas". Entonces Noel reacciona. Le asegura que hace dos meses que están detrás de Herou. Que lo invitaron a la asamblea, pero la noche anterior mandó un mensaje diciendo que le sería imposible asistir.

Sánchez, la socia de Ligrone, toma el micrófono: "El ministerio debió exigir todo lo que no se cumplió, incluida la evaluación ambiental estratégica. Esa evaluación no existió y lo puedo firmar con mi sangre. La Constitución no se cumplió. La evaluación estratégica no se realizó. El instrumento previo a la licitación no está. Todos esos documentos deben ser públicos. No existen si no son públicos. Aunque me cueste el título, yo eso lo firmo", dice, y recoge un aplauso unánime.

El hombre de la polémica lleva 12 años como director general de gestión ambiental de Canelones. Y la planta de la discordia es el tercer objetivo de un plan que incluía, primero, buenos niveles de limpieza y, segundo, más reciclaje. Herou detalla los logros en los dos primeros para que se entienda el contexto: el tema basura es crucial para él.

En la historia del departamento el asunto ha tenido idas y vueltas, varios proyectos truncos y muchos basureros mal dispuestos en lugares inoportunos. "Fuimos cumpliendo con algo que Dinama (la Dirección Nacional de Medio Ambiente) nos dijo: un único sitio y mejor gestión", reconstruye Herou.

Así fue que se consolidó como único vertedero el de Cañada Grande, cerca de Empalme Olmos. Se mejoró algo la gestión, pero no lo suficiente. Queda espacio pero no hay impermeabilización, tecnología ni garantías ambientales, así que la IMC resolvió generar un nuevo sitio.

Hoy la IMC paga entre US$ 6 y US$ 7 por cada una de las 450 toneladas diarias que llegan a Cañada Grande. En la próxima planta, que esperan esté operativa a fines de 2019, se gastarán US$ 23 por tonelada, casi cuatro veces más. Implica más de US$ 300.000 mensuales. El presupuesto actual no lo prevé, pero como el contrato se extenderá por 22 años, el proyecto se discutió en la Junta Departamental. El 20 de abril de 2017 se aprobó con apoyo de todos los partidos.

En la audiencia del sábado pasado había, camuflados entre los vecinos, varios políticos canarios. Casi todos de la oposición, casi todos reticentes al proyecto. Sostienen que las condiciones cambiaron. Que si la votación fuera hoy, no darían sus votos.

Es cierto, reconoce Herou: el proyecto inicial tenía otros componentes además del relleno sanitario. Uno era una planta de clasificación para separar materiales reciclables; otro era la captación de gases para la generación de biogás. No es que se hayan descartado, asegura el jerarca. La clasificación se postergó para hacerla en el marco de la ley nacional de residuos (hoy en discusión) y obtener así financiación del gobierno nacional. Y lo del biogás no luce del todo rentable tras el cambio de matriz energética, dice Herou. Para obtenerlo, además, se requiere de un volumen de basura acumulado en tres años.

Los estudios están, asegura Herou. Y esto también es cierto, solo que no son del tipo ni la profundidad que reclaman los vecinos.

Sucede que, para la IMC, la ubicación de una planta de residuos no está explícitamente regulada por la ley de ordenamiento territorial o ninguna otra ley. Lo que hay son "recomendaciones internacionales", adoptadas por Dinama, que indican que este tipo de proyectos se definen por criterios de exclusión y aptitud. "Considerando que no existe un procedimiento establecido en la legislación (...), la Intendencia de Canelones definió su propio proceso", expresa un documento interno facilitado por Herou.

En ese material de siete páginas se condensan los estudios en cuestión. Allí se detalla que al mapa del departamento se le aplicaron esos criterios o "buffers" y se seleccionó una zona de entre los terrenos aptos. Luego se miró que hubiera padrones amplios y con "baja concentración de viviendas de uso permanente". Algunos mapas apoyan esa constatación de que en el terreno vive poca gente. Se señala que es zona de uso principalmente forestal, con "baja intensidad de mano de obra". Un último mapa da cuenta de que las formaciones geológicas del área seleccionada son favorables para la impermeabilización de la planta.

No hay en ese documento, ni en otro que también compartió el jerarca, un análisis de posibles afectaciones al agua en general ni al Solís Chico en particular.

Consultado sobre el miedo de los vecinos, Herou responde: "Es una preocupación sana y válida. Si tuviéramos un indicio de que la planta va a tener impacto en este arroyo u otro, no la haríamos. La tecnología permite mitigar el impacto, y los criterios de exclusión se cumplen. Tenemos la certeza de que no se va a afectar".

Pero, más allá de sus convicciones, lo cierto es que la adjudicación de la licitación está condicionada, primero a un análisis financiero del Tribunal de Cuentas (y es aquí donde está ahora), y luego al aval de la Dinama.

Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, dice que en la etapa previa la intendencia les pidió asesoramiento y se lo dieron, pero que "la exigencia estará en el estudio de impacto ambiental". Para él, la Evaluación Estratégica Ambiental que piden los vecinos "podría haberse hecho", pero "es una herramienta para políticas más amplias".

De todas formas, el análisis de Dinama incluirá evaluar el cumplimiento de la ley de ordenamiento. Se estudiarán series históricas para determinar si el terreno es inundable como dicen los vecinos. "Seremos exigentes en que no se contamine el arroyo", promete Nario. Aclara, también, que se notificará a "todos los organismos involucrados", entre ellos OSE, de modo que si el organismo tuviera algún reparo, podría manifestarlo.

Este viernes, durante una reunión informal que mantuvieron en Atlántida, Herou les ratificó a dos de las vecinas movilizadas que si el estudio de impacto ambiental no obtiene el visto bueno de Dinama, la IMC no seguirá adelante.

Lejos de tranquilizarse, los vecinos y sus asesores aumentan su desconfianza. "No van a dar marcha atrás", dice Sánchez, porque la compraventa de los padrones ya está en proceso —por unos US$ 2 millones—, y a su entender el consorcio podría entablar un juicio contra la intendencia en caso de hacerle perder el dinero. Y aunque Nario diga que se va a consultar a OSE, ella está convencida de que la empresa estatal resignará sus planes para el arroyo con tal de no obstaculizar el proyecto canario.

Más allá de suspicacias, la historia muestra que Dinama no concede su aval sin hacer objeciones, pero que luego de varios pedidos lo termina otorgando.

La reunión vecinal en la que se coló la política

Anécdotas, lamentos, opiniones y consideraciones políticas: hubo espacio para todo en la asamblea de Parque del Plata. Los vecinos organizadores, unos 30, convocaron a más de 100 interesados para ponerlos al tanto de las novedades. Lo que sigue es un resumen de las intervenciones.

Astrid Sánchez. La arquitecta expresó: "Yo no discuto el proyecto. Pido que me den las garantías, y esas garantías están en las leyes. ¿Por qué no las usamos? Si es tan bueno como dice la intendencia, ¿por qué no transitamos los caminos legales? ¿Qué hay detrás de esto? ¿O estamos subestimando la capacidad de la gente?

Nancy. Así se presentó una vecina de Parque del Plata que integra varias comisiones en defensa del agua. Y expresó: "Tenemos el derecho precautorio de decir ¡ahí no! No por individualismo, sino porque hay un arroyo, corredor biológico a cuidar, dicho por la misma IMC. Y porque es una posible fuente de agua potable, dicho por la propia OSE".

Leonardo González. Se presentó como vecino de Ciudad de la Costa, y dijo: "Hace 54 años me traían a tomar mate al arroyo en la panza de mi mamá. Hemos pescado algo. Hemos crecido aquí. Y voy a citar una frase: Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Este río no habla. Está clamando por nosotros. No quiero andar con gre gre para decir Gregorio. Acá hay un responsable: la IMC".

Fabián Colombo. El edil blanco, del sector de Luis Lacalle Pou, fue el primer político en tomar la palabra. Dijo que había votado en contra del proyecto en la Junta. Agregó que había hecho una exposición ahí mismo días atrás, planteando la preocupación de los vecinos.

César Masina. El abogado, que ya tiene experiencia litigando contra la comuna, se despachó con un discurso apasionado. Dijo que había pedido al TCR la nulidad de la licitación. "Lo dice el Código Civil: lo hecho contra algo prohibido es nulo. La ley dice que el arroyo es un corredor biológico de especial protección y punto, y punto. ¡Es ilegal, es ilegal!", concluyó, a los gritos y con aplausos.

Alfonso Lereté. El director de AFE, dirigente de una agrupación de Lacalle Pou en Canelones, sigue muy atentamente los pasos de la Intendencia en este tema. En la asamblea dijo que vive a una cuadra del Yacht club: "Nadie me va a decir las bondades del arroyo", advirtió. "El proyecto era único, lo votaron casi todos, pero es muy probable que los de la oposición no lo votaran hoy", dijo. Y notando la presencia de varios colegas suyos, agregó: "¿Por qué no se puede hacer retroceder desde el punto de vista político? Esto se volvió un gran dolor de cabeza para la intendencia. Y no se olviden que se aproximan las elecciones".

Adrián Peña. El diputado colorado, adherido a la precandidatura de Ernesto Talvi, dijo que no había querido hablar para no "politizar" el asunto, pero se ofreció como "facilitador". Contó que se había reunido dos horas con los vecinos y que había tenido un intercambio con el intendente. Dijo que Orsi seguirá adelante si Dinama le concede el aval al proyecto.

Pedro Irigoin. Cuando ya estaba terminando la reunión, pidió la palabra el alcalde de Parque del Plata, que es del MPP. Dijo que haría una comisión mixta especial con vecinos y consejeros. "Defendemos las instancias de participación, siempre y cuando manejemos el mismo nivel de información", advirtió.