El lunes se abre la investigadora sobre ASSE, y no dejan de aparecer presuntas irregularidades en el manejo de los hospitales. Los blancos pedirán que se indague la contratación de un jefe de comunicación del Pasteur, que fue observada por el TCR, y que está vinculado al MPP.

La historia es más o menos así: Zeus, dios de dioses, quería vengarse de Prometeo, titán amigo de los mortales, por haberle robado el fuego. Para hacerlo le presentó al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con quien se terminó casando. Zeus, entonces, le dio a ella como regalo de bodas un pithos —que vendría a ser una vasija, aunque popularmente se dice que lo que le obsequió fue una caja—, y cuando lo abrió salieron de él todos los males del universo. Un objeto de similares características es el que se abrirá en el Parlamento el próximo lunes, cuando comience a funcionar la comisión investigadora que le hincará el diente a una serie de irregularidades dentro de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Directores que contrataban a empresas de su propiedad para prestar servicios en hospitales, desvío de fondos, trabajadores en negro, violaciones a los derechos humanos de pacientes que están en instituciones psiquiátricas, excesivos gastos en publicidad. Y parece que no paran de salir cosas de la caja. El País accedió a uno de los temas que a último momento fue agregado a la investigación por pedido del diputado del Partido Nacional Martín Lema, que está a la espera de la respuesta de un pedido de informes. Se trata de la contratación irregular de un "asesor en comunicación" realizada por la directora del Hospital Pasteur, Loreley Martínez.

La maniobra fue detectada por el Tribunal de Cuentas que observó el gasto. La directora del centro es militante del Movimiento de Participación Popular (MPP); el contratado, en tanto, fue elegido para el cargo al mismo tiempo que se desempeñaba como "asesor de comunicación política" del sector del expresidente José Mujica. Antes había trabajado para el Ministerio del Interior.

En ASSE deslindan responsabilidades. "Este es un tema del MPP", dicen desde la dirección del organismo. La directora del centro, en tanto, no respondió las llamadas ni los mensajes que le fueron enviados por El País.

Aunque no quiso hablar demasiado del tema, Marcel Lhermitte sostuvo que ya no se desempeña en el MPP y que tampoco lo hacía en el momento que fue contratado por el Pasteur. Sin embargo, su currículum en la red Linkedin, en el que se presenta como "asesor en comunicación política y campañas electorales", señala que desde agosto de 2010 hasta la actualidad es "asesor en comunicación política" de este sector.

Todo empezó el primero de agosto de 2015, cuando la directora del hospital firmó un "contrato de asesoramiento en comunicación" con Lhermitte, que supuestamente iba a durar tres meses.

A Lhermitte le pidieron un "asesoramiento profesional para llevar adelante un plan que facilite la comunicación hacia los usuarios, así como la viabilidad de la institución", el diseño de "un plan comunicacional y de difusión elaborado en conjunto con la administración", "planificación, ejecución y seguimiento de los planes desarrollados en el período de la contratación", "estrategia creativa y acciones de comunicación" y "brindar información sobre actividades y eventos".

El contrato era por $ 90.000 mensuales más IVA, lo que quedaba en $ 109.800. Era por tres meses: de agosto a octubre. Sin embargo, este se terminó extendiendo al menos por 10 meses, según figura en el registro del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Allí se advierte que se expidieron pagos a Lhermitte hasta junio de 2016.

El involucrado sostuvo que su trabajo en el Pasteur no era el único, y que también trabajaba para otras personas. No obstante, las boletas que entregaba cada vez que cobraba el sueldo, y a las que accedió El País, son correlativas.

Por otra parte, un e-mail desde la secretaría de dirección del Pasteur a la sección compras, demuestra que empezó a trabajar antes de que ASSE autorizara la contratación. "Se solicita por autorización de la dirección la realización de compra directa por excepción dado a que la empresa (unipersonal) está trabajando desde hace un mes", señala el correo.

El Tribunal de Cuentas observó el gasto en octubre del mismo año por la violación del artículo 50 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), en lo que refiere a publicar las contrataciones en la web de compras estatales, y "recuerda también" que los proveedores deben estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Lhermitte aseguró a El País que él estaba inscripto en el RUPE. Sin embargo, envió documentación que demuestra que esto es así desde abril de 2016, y no al momento en que firmó su contrato con el Pasteur.

Todo terminó con otro llamado para un encargado de comunicación. Lhermitte se presentó pero no quedó seleccionado.

Lhermitte estaba en funciones el 5 de mayo de 2016, cuando Lema visitó sorpresivamente la emergencia del Hospital Pasteur, y denunció que esta funcionaba en un lugar donde los trabajadores se quejaban de falta de espacio. La emergencia había sido trasladada días antes debido a una ruptura en el techo que implicaba peligro de derrumbe. El hecho fue publicado por todos los medios. Y la voz de la institución no fue la de Lhermitte, sino que la comunicación fue asumida por el departamento de comunicación de ASSE.

Desde el organismo reconocen que al menos desde marzo de 2015 —antes de que Lhermitte fuera contratado—, la comunicación de las 900 unidades ejecutoras de ASSE estuvo centralizada en el departamento que tiene el organismo, conformado por las mismas personas que acompañaban a la presidenta Susana Muñiz (de filiación comunista) cuando esta era ministra de Salud.

"El directorio ya sacó una resolución por la que no se puede contratar más a nadie por el tema de comunicaciones, solo a los que tienen un contrato vigente", explican desde ASSE, y reconocen que hay más hospitales que tienen encargados de prensa, pese a que la tarea se maneja desde las oficinas centrales. La resolución, de enero de este año, prohíbe a hospitales "hacer nuevas contrataciones de recursos humanos a través de gastos de funcionamiento".

En honor al viejo enfrentamiento entre ambos sectores, desde ASSE le achacan la responsabilidad de lo sucedido al MPP. Sin embargo, no dejan de reconocer que Lhermitte tenía las credenciales suficientes para el cargo y que "cuando se le pidió algo, cumplió". Al final del primer gobierno de Tabaré Vázquez fue contratado como "apoyo directo al ministro del Interior" de aquel entonces, Jorge Bruni, frentista independiente. Por ese trabajo percibió, hasta que asumió Eduardo Bonomi el primero de marzo de 2010, un salario de 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), "la contraprestación máxima establecida en la norma", por "la complejidad y variedad de tareas", las cuales no son descritas en la resolución que fue firmada por el entonces vicepresidente Rodolfo Nin Novoa. Las 15 BPC equivalían a $ 29.160 —hoy son $ 54.165.

El nombre de Lhermitte también estuvo en la palestra cuando se anunció, en setiembre del año pasado, que el MPP compraría la radio M24, donde Mujica hace su columna semanal. La nueva programación advertía que sería uno de los conductores de la "nueva mañana" de la emisora. Finalmente el MPP no compró la radio, sino que la arrendó, y el programa de Lhermitte no está al aire.

Este año, según contó él mismo, ha estado trabajando en el exterior. Primero en la campaña de Jean-Luc Mélenchon, presidente del Partido de Izquierda que quedó cuarto en las elecciones presidenciales que se celebraron este año, aunque a apenas cinco puntos del ganador, Emmanuel Macron. Ahora trabaja para Alejandro Navarro, candidato a la presidencia de Chile por el novel Partido País, de izquierda.

El caso del Pasteur se suma al del Hospital de Cerro Largo, en la mira por un exceso de gastos en comunicación. En la mitología griega, cuando Pandora llega a cerrar el pithos, solo queda dentro de este Elpis, el espíritu de la esperanza. De ahí surge la popular expresión de que "la esperanza es lo único que se pierden". Pero en el caso de ASSE aún no hay sitio para esta frase, porque la caja no termina de cerrarse.

El diputado nacionalista Martín Lema realizó la semana pasada un pedido de informes a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el que cuestiona la cantidad de dinero que cobró Marcel Lhermitte por los servicios prestados al Hospital Pasteur. Pidió detalles sobre el procedimiento de contratación y motivos por los que se eligió al comunicador para dicha tarea, sin que hubiera un llamado previo. También exigió el detalle del trabajo realizado por él durante los meses en que estuvo en el Pasteur. Lema, del sector del senador Luis Lacalle Pou, fue uno de los legisladores que más denuncias ha hecho contra ASSE, las que motivaron la apertura de una investigadora parlamentaria. Sin embargo, la comisión —que salió con los votos de toda la oposición, incluido el exdiputado del FA, Gonzalo Mujica— fue propuesta por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

El caso Bella Unión es el "caballito de batalla" de quienes cuestionan a ASSE, y el principal caso de la investigadora impulsada por el diputado Eduardo Rubio. La protagonista de esta trama es la empresa de traslados Siemm, inaugurada en 2011, aunque fue en 2013 que empezó a prestar servicios para el centro de salud artiguense. Sus titulares son todos directores de hospitales. Están Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, ambos del Pereira Rossell, y Marcos García, del centro de salud de Salto. Eguren y García fueron directores de Bella Unión, mientras que Barcelona trabajó como pediatra. Cuando Eguren dejó el cargo, en 2012, tomó la posta García, y desde ese entonces le vendieron al hospital un total de US$ 825.000 en servicios de ambulancias.

El diputado Martín Lema denunció esta situación; ASSE se defendió advirtiendo que no había otra empresa que pudiera prestar el servicio. Luego de varias idas y vueltas el organismo elevó una consulta al Tribunal de Cuentas para que se pronunciara sobre el tema. ASSE envió una carta en la que adujo que "sería muy elevado, más allá de que en el momento actual no se dispone de recursos humanos y materiales", que ese servicio lo prestara otra firma, o lo hiciera ASSE con sus propios móviles. Pese a esto, el Tribunal de Cuentas respondió que esta contratación viola el art. 46 del Tocaf, que señala que es un impedimento para contratar con el Estado "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".

Tras esto, ASSE desvinculó a Siemm, y a pesar de lo que había declarado en un principio, solucionó el problema rápidamente poniendo ambulancias propias. Tras esto, Barcelona, que es el director pediátrico del Pereira Rossell, presentó un reclamo ante ASSE para que se cumpla el contrato con Siemm, que hacía poco había ganado una nueva licitación para trabajar para el Hospital de Bella Unión. El directorio rechazó el reclamo y el tema ahora está en la Justicia.

El Hospital de Cerro Largo incrementó su gasto en publicidad exponencialmente en los últimos años. Mientras en 2008 gastó $ 18.700, en 2016 fueron $ 1.600.000. En cuanto a servicios médicos, se pasó de $ 307.000 a $ 16 millones. La denuncia sobre estos gastos, realizada por el diputado Lema, terminó con la renuncia en junio pasado del director del hospital, Andrés Rodríguez. El gerente financiero y el administrador del centro de salud habían sido sumariados en marzo por "presuntos actos irregulares" en la contratación de recursos humanos.

El mal trago del Hospital de Rivera empezó en marzo, cuando se supo que había excedido en un 100% en el período 2014-2016 el gasto ejecutado en el rubro Estudios Médicos. Esto equivale a $ 48 millones que fueron utilizados para completar los salarios de algunos trabajadores. Todo esto terminó con el cese del director, el exdiputado por el Frente Amplio, Andrés Toriani. Un nuevo episodio se abrió esta semana luego de que El Observador informara que el exjerarca aprobó estudios médicos en Brasil, y ASSE pidió una auditoría del centro.

La directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, fue denunciada por supuestamente cobrar operaciones que no realizaba. Quienes la acusaron fueron dos integrantes del ala opositora del sindicato de funcionarios, María García y Silvia Machado. Para demostrarlo dieron a conocer el registro del reloj de entrada de la institución. ASSE primero sumarió a las dos denunciantes por divulgar información reservada del centro. Y luego, cuando el caso se hizo público, abrió una investigación a la directora. ASSE no reveló aún el resultado de esta.

La investigadora también abordará casos de descuido de pacientes. En marzo de 2015 la olla se destapó con la muerte de un hombre que fue atacado por una jauría de perros en la Colonia Etchepare. A esto le siguió una ola de episodios de maltratos: un funcionario fue sumariado tras usar una linterna-picana y tener sexo con un paciente; una funcionaria fue suspendida luego de instar a dos internos a que tuvieran relaciones entre ellos y otra fue sumariada por ser responsable de las quemaduras sufridas por un paciente y su posterior fallecimiento.

CARLOS TAPIA

LA CAJA DE PANDORACARLOS TAPIA