EL TRÁNSITO EN MONTEVIDEO

Es una de esas noticias que, en pleno verano, se viralizan con extrema facilidad. La tapa del semanario Crónicas del Este del 28 de enero pasado informaba que el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, debía multas por exceso de velocidad en su propia camioneta. El jefe comunal dejó pasar unas horas y aquel día respondió desde su cuenta de Twitter. Allí argumentó que eso —o sea, la noticia sobre las infracciones cometidas— le había pasado por no usar un auto oficial, ya que solía moverse en su coche particular para ahorrarle recursos a la administración; en concreto entre 30.000 y 40.000 pesos mensuales. “Por querer ser austero me pasa esto, fui a pagar la primera cuota (de la patente) y saltaron todas juntas. No soy más gil, de ahora en más uso auto oficial”, escribió irritado aquella noche.

Umpiérrez debía 13 multas por cerca de 150.000 pesos al Sistema Único de Cobro e Ingresos Vehiculares (Sucive), las que canceló tras la difusión de la información. Hoy no tiene deudas pendientes, confirmó El País. “Las faltas están cometidas y las pagaremos”, escribió el intendente en un largo posteo que publicó en sus redes el 30 de enero junto a una foto de la camioneta, marca Honda. Allí contó que maneja unos 5.000 a 6.000 kilómetros mensuales y que no es “un loquito que anda por las rutas”.

Hoy el intendente sigue usando su auto particular, a pesar de que en enero dejó entrever que empezaría a circular en uno oficial. “Le soy barato al Estado y después me dan con un caño”, dice a El País y de inmediato envía un GIF desde adentro de su propia camioneta: “Mirá, acá en este momento”.

Lo cierto es que, si hubiera usado un auto oficial, Umpiérrez probablemente igual hubiera cometido las mismas infracciones.

Aunque no trascienden como el caso del intendente, solo en Montevideo en promedio hay más de una multa por día aplicada a autos oficiales. Vehículos de ministerios, empresas públicas y diferentes organismos —y hasta los de la propia administración capitalina— son sancionados por cometer faltas de tránsito, desde excesos de velocidad (la infracción más común) hasta estacionar en doble fila o conducir manejando en celular. La Intendencia de Montevideo (IMM), al igual que las del resto del país, no discrimina a los autos oficiales de los de los particulares, menos con el sistema de cámaras que funciona desde 2016, cuando se inauguró en la capital el Centro de Gestión de Movilidad.

Entonces, ¿cuántas multas aplica la intendencia a los autos oficiales, cuánto ha recaudado, cuánto le deben y cuáles son los organismos más infractores? Las respuestas a esas preguntan surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

En los últimos tres años, entre 2019 y 2021, el gobierno departamental recaudó 5.465.138 pesos por este concepto, pero aún hay un alto porcentaje de multas —algo más del 40% del total de 1.611 multas, más de 3.500.000 pesos— que no han sido abonadas por los propios organismos públicos. O sea, están en doble infracción: primero por haber cometido la falta, segundo por no haber pagado la sanción.

Veamos las cifras año a año. En 2019 se aplicaron 584 multas, de las cuales 437 ya se pagaron por un total de 1.995 unidades reajustable, lo que equivale a unos 2.402.309 pesos. Pero una cuarta parte, 146, está impaga por 700.000 pesos y una multa fue convenida por 10.764 pesos.

El año siguiente la IMM multó a 495 autos oficiales, de los cuales 295 ya pagaron un total de 1.287 unidades reajustables, unos 1.688.419 pesos. Pero otras 200, en torno al 40%, aún no lo hizo. La deuda total de 2020 de los organismos públicos asciende a algo más de un millón de pesos, según la información oficial.

Y el año pasado la intendencia aplicó 532 multas a coches oficiales: solo 218 ya fueron abonadas por 1.032 unidades reajustables (1.394.210 pesos), mientras que una fue convenida por 10.764 pesos. Y 313 multas, el 59%, aún permanecen impagas: hoy le deben a la IMM cerca de dos millones de pesos por esas infracciones.

Cuando hay deudas, la intendencia aplica las mismas multas y recargos que a cualquier otro contribuyente. En el caso de los organismos públicos, el trámite es complejo y lento, pero igual se lleva adelante, dice a El País una fuente de la IMM.

Estas cifras globales abarcan a las matrículas alfanuméricas OF, pero no a la mayoría de las chapas de Presidencia (que tienen terminación PE) ni las de las intendencias (que en general terminan con las letras IM), por lo que el monto total de las sanciones es aún más alto. De todos modos, El País accedió por separado a los datos de las multas de esas otras matrículas, como veremos más adelante.

La principal infracción cometida por los autos oficiales es manejar hasta 20 kilómetros por hora más de la velocidad permitida, lo que tiene una sanción de cinco unidades reajustables, algo más de 7.000 pesos. Esa multa fue aplicada 694 veces.

Muy atrás le sigue estacionar sin abonar tarifa con 292 multas por dos unidades reajustables, unos 2.800 pesos. Luego manejar a entre 21 y 30 kilómetros por hora más de la velocidad permitida con 182 multas, estacionamiento prohibido con 137 sanciones, cruzar o girar con luz roja (73), obstruir el tránsito (62), estacionar en doble fila (51), exceso de más de 30 kilómetros por hora de la velocidad permitida (33), estacionar en ciclovía o bicisenda (14), estacionar sobre la acera (13), placas en mal estado o no visible (9) y conducir manipulando un celular (7).

Hay 417 multas a autos oficiales que la IMM desconoce a qué organismos pertenecen. Según un informe de la Gerencia Tecnologías de la Información de la comuna, eso se debe a dos razones: no tienen acceso a la información de titular de los vehículos empadronados en otras Intendencias y a que además hay autos oficiales de Montevideo sin un titular registrado ante el Sucive.

Sin contar eso, resulta curioso que el organismo con más multas acumuladas en los últimos tres años es la propia IMM, con 271 infracciones. ¿Cómo actúa la administración cuando debe sancionar a sus autos? Una vez que ingresan una multa al sistema, se inicia un expediente interno para identificar quién era el conductor al momento de la falta, explican desde la IMM. Entonces se notifica a la persona para que presente descargos. Si no los presenta, o estos resultan “no ha lugar”, se asocia la infracción a la cédula del funcionario en el sistema para que la abone a través del Sucive.

Al igual que sucede a nivel general, el exceso de velocidad es la infracción más habitual que cometen los funcionarios municipales.

A la IMM le sigue la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que registró 166 multas entre 2019 y 2021. Según informan desde el organismo, en total tienen 289 autos y en su caso las infracciones más habituales son por mal estacionamiento y exceso de velocidad. ¿Quién paga? El procedimiento a seguir depende de la repartición. Lo habitual es que se encargue el organismo y luego el expediente vaya a una comisión, que determina si se descuenta el monto de los salarios del chofer. Pero en UTU se hace cargo el chofer en forma directa, según informan desde ANEP.

En tercer lugar está Presidencia con 156 infracciones, según la IMM. Allí están incluidas muchas reparticiones, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina de Servicio Civil, entre otras. Los registros de Presidencia varían con los de la IMM e indican que fueron 123 multas en esos tres años, en su mayoría por exceso de velocidad.

En total hay 101 vehículos de Presidencia que entre 2019 y 2021 recorrieron unos 8.000 kilómetros, según informan a El País desde Torre Ejecutiva. El presidente, el secretario de Presidencia, el prosecretario y el director general de Presidencia usan un automóvil personal, aseguran desde Presidencia.

A Presidencia le sigue la Administración Nacional de Correos con 94 infracciones en el período. El organismo cuenta en todo el país con un camión, 52 camionetas y también dos autos.

Cada multa la analiza el directorio del organismo. Si se trata de cuestiones de servicio (“tenemos que parar a dejar o levantar bultos y ahí la intendencia nos sanciona”, explica el director Jorge Pozzi), paga el Correo. Si son faltas de manejo, se hacer cargo el funcionario. La mayoría de las multas son por velocidad y pasar semáforos en rojo.

En tanto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) suma 75 multas de tránsito en Montevideo en los tres años mencionados, por parte de algunos de sus 372 vehículos activos. Si aparecen multas, verifican en el sistema interno quién era el chofer en el momento de la infracción y se le comunica. “Lo paga el funcionario”, remarca la directora general de Secretaría, Fernanda Maldonado, y agrega que no hay casos de reincidencia frecuente que ameriten sanciones. De acuerdo a los registros del MGAP, las sanciones más frecuentes son el estacionamiento en doble fila, en lugares no autorizados o tarifados.

UTE suma 69 multas de la IMM en tres años. Igual que en otros casos, cuando llega el aviso del Sucive lo primero que hace el organismo es pagar. Y luego investiga. “Según qué produjo esa infracción, lo habitual es ir contra el funcionario, pero puede haber excepciones”, dice a El País el gerente general de la empresa, Javier San Cristóbal. ¿Qué se considera una excepción? “Si por ejemplo el funcionario muestra que había un cable tirado en la calle y el vehículo paró en un lugar prohibido por un riesgo eléctrico, se hace cargo el organismo. Pero si se pasó un semáforo o va a mayor velocidad que la permitida, se pasa a recursos humanos, que le descuenta del salario”.

UTE tiene unos 1.500 vehículos en todo el país, una cifra bastante más alta que la de la mayoría de los organismos. Cerca del 60% están en la capital.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lleva 67 multas en tres años, según los registros de la IMM. Su presidente Pablo Abdala dice que la explicación de por qué están “un poco altos en el ranking” quizás sea que los 39 vehículos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) “aparecen a nombre del INAU” porque hay un proceso de transición y “el cordón umbilical no se cortó del todo”.

El INAU suele financiar el pago de las multas a los choferes. Además, hay una prima que se cobra solo si no tienen multas ni accidentes.

La flota del INAU suma 85 vehículos y, según los datos que manejan en la interna del organismo, desde 2019 llevan 34 multas (16 por exceso de velocidad, 14 por mal estacionamiento, tres por cruce con luz roja y una por circular sin licencia de conducir), más otras 46 del Inisa.

En el MSP suman 66 multas entre 2019 y 2021 y, según dicen desde el organismo, un porcentaje menor en realidad “no es aplicable” a esa secretaría por diversas razones, como errores en la titularidad del vehículo o por estar en comodato en ASSE u otros organismos. El ministerio cuenta con una flota de 83 unidades. Hay un protocolo interno en revisión, según el cual en algunas circunstancias paga el empleado y en otras la administración.

La Intendencia de Maldonado suma 64 multas y, según dice a El País una fuente del organismo, “las asume la administración” porque los autos “son de uso de la administración y para trabajo”. Así lo resume este informante: “A veces los tiempos apremian y los choferes pisarán el acelerador. Pero todas se pagan religiosamente”.

En el décimo lugar del imaginario ranking de organismos más multados aparece el Ministerio de Defensa con 64 infracciones. En ese caso el pago lo hace el Estado, pero se castiga a los responsables de las multas con diferentes sanciones que pueden incluir el arresto en el caso de los militares, indican fuentes del organismo. En total Defensa tiene unos 650 vehículos, incluyendo al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Y la lista de organismos públicos sigue. Se puede ver completa en la lista más arriba: desde el Sodre a la Corte Electoral, Casinos, varias intendencias, la Universidad de la República o la Fiscalía General, entre tantos otros. Porque errar es humano, ¿quién no ha cometido una infracción?

"No se salva ni el intendente ni el presidente"

Cualquier auto puede ser sancionado, aunque sea un vehículo oficial, dice César García, coordinador del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive). Y entonces explica: “Todos son sujetos de derecho y deben cumplir la normativa de tránsito. No hay ninguna norma que diga que un patrullero o una ambulancia pueden cruzar con la luz roja. Lo hacen porque tienen un problema más grave arriba que quizás conlleva un riesgo de vida. Pero la infracción la cometen igual. De hecho, se los multa y después se le saca la multa”.

Muchas de esas sanciones son aplicadas mediante la tecnología. “Viene un auto oficial, una cámara lo filma o un radar le aplica una multa, sin saber quién va adentro”, dice García. “Luego el Estado investiga quién estaba a cargo del vehículo en ese momento. Y la sanción le corresponde al chofer. El organismo paga si se incumple una norma inherente al vehículo, como no tener un farol, por ejemplo”.

Desde Canelones, el director de Tránsito Marcelo Metediera advierte que “en ningún lugar de la ley dice que si sos director, intendente, presidente, ministro o bombero, estás salvado”, sino que a todos les aplica “las generales de la ley”.

Y cuenta que hay funcionarios municipales que le dicen: “Bo, me multaron porque andaba sin cinturón”. Metediera responde: “¿Y cuál es el problema?”.

Eso sí, en Canelones contemplan, por ejemplo, si llega una comunicación del Ministerio del Interior avisando que tal unidad estaba en operativo y fue multada. A veces pasa, por ejemplo, que hay coches policiales que son de investigación y van como particulares. “Ahora, yo puedo valorar o no la pertinencia del planteo”, dice Metediera.

Más allá de los autos oficiales, el Sucive trabaja junto a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en la implementación de una libreta de conducir por puntos, establecida en la nueva ley de tránsito, aprobada a fines de 2019. El sistema estaría implementado a fines de setiembre y se empezaría a aplicar desde enero de 2023, indica García a El País.

El sistema de permiso por puntos implica que, a medida que el conductor va cometiendo infracciones, se restan puntos de su permiso de conducir hasta llegar a cero, que es cuando pierde la vigencia. Para recuperarlo, el interesado debe prepararse y rendir examen de manejo nuevamente. Mientras tanto, queda fuera de las calles.

“Los puntos se van a perder por algunas cosas y no por todas”, aclara el coordinador del Sucive

Otro tema pendiente es la unificación de los valores de las multas de tránsito por parte de todas las intendencias. Colonia pidió su postergación en la última reunión y todo indica que en el próximo plenario del Congreso de Intendentes, en torno al 18 de mayo, se aprobará. El tema se discute desde el año 2016, pero se ha ido postergando.