COMERCIO EN NEGRO

Los 28 grados que azotan a Salto calientan el pavimento y las chapas que arman el esqueleto del bagashopping, el histórico paseo de compras donde la mayoría de la mercadería que se comercializa es fruto del contrabando proveniente de Concordia. Hace 30 años empezó a levantarse esta estructura que fue construyéndose de forma improvisada, caótica si se ve desde afuera, pero que se rige bajo su propio orden. Un puesto al lado del otro, una chapa pegada a la otra rodean hoy tres aristas de la cancha de fútbol del club Ferro Carril, cuyo dueño recibe una cuota semanal de 2.000 pesos de parte de cada bagayero. Son unos 500. Ese monto es el mínimo: la cuota es más alta si el puesto es más grande o si se ubica sobre Juan H. Paiva, la avenida más transitada de la manzana.

En la entrada por uno de los laterales, sobre la avenida Wilson Ferreira Aldunate, hay un supermercado cuya puerta de “salida” desemboca directo en los pasillos del paseo de compras. El comercio no tiene más de tres años y es una de las señales más evidentes de la modernización del bagashopping: hay góndolas, carritos y hasta una fiambrería. Se aceptan todos los medios de pago —si es tarjeta, la compra debe ser mayor a 50 pesos—. La mercadería no solo es argentina: también exhiben una góndola con alimentos producidos en Salto.

El puesto que le sigue es más parecido a los que vendrán: un par de góndolas, cajas con productos en el piso y siempre, siempre alguien ordenando la mercadería que entra. Acá también aceptan débito, pero la factura es de libreta, escrita a mano. En este puesto, me recomiendan, conviene comprar el desodorante. El artículo de la marca líder del mercado cuesta 80 pesos. En cualquier supermercado o farmacia del país, 175. Ni siquiera la gran oferta del puesto alcanza el precio de una unidad del desodorante “legal”: acá se venden dos por 150 pesos. Así con el shampoo, los jabones y los productos de higiene en general.

“La mitad de lo que sale en otro lado” es una constante en el bagashopping, que cuenta con más de 500 puestos donde se puede encontrar ropa, camisetas de fútbol, calzado, productos de belleza, alcohol, cañas de pescar, accesorios para autos, juguetes y electrónica. Hay canastos llenos de remeras “Hering original” por un lado y “Hering imitación” por otro. La diferencia es de 300 pesos. Hay un puesto con variedad de lámparas led y equipos de sonido, y al lado, uno con una pila de CDs y DVDs que, para ver el título de la película, hay que limpiarles el polvo.

Es la feria ilegal más grande del país. Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto reconocen lo obvio: su existencia perjudica al comercio que sí está en regla. ¿Hay vuelta atrás? Ante la consulta, el intendente Andrés Lima asume la ilegalidad de la mercadería que ahí se ofrece y el daño que genera al resto de los comerciantes, pero argumenta que “no es competencia” de la comuna su regulación.

Este gigante no siempre estuvo sobre esta cancha de fútbol ni los bagayeros tienen 30 años. El contrabando existe desde antes de conformarse Uruguay como tal, durante el Virreinato del Río de la Plata. El informe “Impacto socioeconómico del contrabando a nivel fronterizo”, elaborado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) en 2021, recoge que desde el origen del Virreinato, “el contrabando, lejos de afectar las sensibilidades patricias era practicado por las familias más prestigiosas, elites descendientes de los conquistadores españoles y portugueses, y contribuía de diversos modos a la manutención de la sociedad. Ya entonces el contrabando servía de lazo entre distintos estratos sociales, permitiendo que algunos pocos tuviesen acceso a beneficios que se encontraban vedados para la mayoría de la población”, según explica el investigador argentino Diego Zysman Quirós.

En Salto, ya entrado el siglo pasado, los bagayeros vendían comestibles en carritos. No tenían un lugar fijo hasta que se instalaron en el predio que hoy ocupa el Centro Universitario Regional Litoral Norte de Salto, de la Universidad de la República. A fines del 1990, cuando empezó la construcción del edificio de la universidad, los bagayeros se aglomeraron en lo que hoy es el bagashopping.

Según estimaciones del CED, en los casi 500 puestos trabajan unas cuatro mil personas, lo que constituiría “cerca del 8% de las personas ocupadas de todo el departamento”.

—Empecé por la falta de trabajo y sigo por la falta de trabajo —dice Juan, que tiene un puesto de camisetas de fútbol. Como tantos otros vendedores, compra la mercadería a quienes la traen desde Concordia y la venden acá al por mayor. Su puesto está en una de las laterales. Es uno de los más baratos, por el tamaño y la ubicación.

—Hago más o menos 2 mil pesos por día. Y algún fin de semana, 5 o 6. Alcanza para vivir siempre y cuando uno se maneje bien. Y para pagarle la cuota al club, la luz y el agua. Y llevarse a la casa un surtidito. Nada más.

En los 15 minutos de conversación pasan dos o tres personas. Ninguna se detiene. Juan, que tiene 64 años, dice que hubo un período en el que trabajó en la represa de Salto Grande y pudo “dejar” de ser bagayero. Que ahí la plata le alcanzaba, pero cuando terminó ese contrato volvió a “caer” en esto. Como algo que uno no quiere pero no puede evitar.

Ahora trabaja de lunes a sábados en el bagashopping y los domingos en la feria de la plaza de deportes en el centro de Salto. “Hay mucha gente que no sabe lo que es estar acá. Vienen, miran, piensan que tenemos plata. Pero los que hacen plata son unos pocos, el resto somos trabajadores”, dice. “La resaca de la política”: así define el vendedor a estos puestos donde se compra y se vende todos los días de la semana. “Si yo si tuviera un trabajo, dejo todo”, promete.

En su puesto hay apenas un murmullo de un televisor que pasa la repetición de un partido de fútbol. Juan mira pero no le presta atención, está pensando en otra cosa: “Hay que agradecer que tenemos salud”, dice, con un optimismo que es más diplomático que sincero.

Esos bagayeros “que hacen plata” no están o no hablan. Sobre la avenida principal, donde se concentra el movimiento, hay más gente, más puestos y suena una mezcla de las canciones que salen de cada uno. Acá no atiende el propio dueño. Por lo general hay dos o tres empleados por puesto, que atienden al público e invitan a los clientes a pasar. En algunos hay hasta una caja para pagar donde se arma fila entre las góndolas.

Las cajas de mercadería en el piso son una constante: así como llegan, las abren y les ponen un cartel con el precio de lo que hay adentro. Los fardos de botellas de refrescos se apilan sobre la vereda de los puestos de comestibles, al rayo del sol, que en Salto quema más que en cualquier otra ciudad. Pero no importa: aunque estén al sol, se venden igual. Todo se vende. El fernet, producto estrella del bagashopping, cuesta 250 pesos (en un hipermercado de Montevideo se compra a 579 pesos).

En los puestos de gran superficie, que venden hasta productos de cosmética o tecnología, el patrón nunca está, “recién se fue”, “hoy no viene”. Los empleados son reacios a hacer comentarios. “Eso (un reportaje) no se hace acá”, dice una vendedora. Algunos tienen cámaras y un televisor que exhibe a todo público las imágenes en directo.

Los empleados se comportan como si tuvieran una orden estricta de no hablar, pero dos mujeres —una en sus 30 y otra en sus 50-—se aventuran a decir que vender acá es el mejor trabajo que han tenido. Que el patrón les deja agarrar refrescos de la heladera, que las convida con lo que él esté comiendo. “Hasta para limpiar el piso en el shopping te piden que tengas el liceo hecho. ¿Dónde voy a trabajar yo entonces? Acá estamos las dos locas de contentas”, dicen a dúo.

Paradójicamente, en la meca de la ilegalidad algunos empleados están en regla. Fuentes municipales confirmaron a El País que “muchos” de los dueños de los puestos se han ido regularizando a través de figuras jurídicas como la empresa unipersonal, el monotributo, la pequeña empresa. “La relación laboral del puestero con su dependiente y del vendedor con BPS lo tienen medio encaminado. Hoy no es ese el problema central”, apunta un jerarca municipal. El problema central es, claro está, la procedencia de la mercadería.

Es conocido que históricamente el contrabando se transporta por lanchas para burlar los controles de la Aduana. Varios vendedores dicen que durante la pandemia esta modalidad no se interrumpió. Pero para transportar todo el volumen que colma los puestos del paseo de compras no alcanza con una lancha. “Son camionetas y camionetas”, dice una vendedora.

El último gran golpe al contrabando entre Concordia y Salto fue en 2011 con el “operativo frío polar”. A través del Grupo de Respuesta e Información Aduanera (GRIA) la Aduana permitió desarticular una red de contrabando encabezada por “el Pingüino”, un reconocido contrabandista salteño. El cabecilla pasaba la mercadería con colaboración de cinco funcionarios aduaneros, dos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y tres de Migraciones. En total, el operativo derivó en el procesamiento de dieciocho personas.

La organización contrabandeaba ropa, insumos de electrónica y repuestos de autos que eran solicitados incluso desde Montevideo. “Por un lado (el operativo) deja un gusto amargo que descubre ilícitos cometidos por funcionarios estatales de nuestras reparticiones y que son consecuentemente procesados con prisión. Ello no nos alegra. Yo, personalmente, lo considero como un autosaneamiento de la institución, pues este tipo de funcionarios no tienen cabida en la Dirección Nacional de Aduanas ni en el Estado Uruguayo”, sentenció en aquel entonces el exdirector nacional de Aduanas Enrique Canon en conferencia de prensa.

Pero el golpe más directo al bagashopping en sí fue el que dio en 2003 el exdirector Víctor Lissidini. El jerarca nunca dudó en llamar “mafias” a este grupo de comerciantes; incluso expresó que “los bagayeros no pueden cantar el himno uruguayo” en una entrevista con El Espectador cuando aún estaba en el cargo. Su misión era clara y su determinación también.
Lo que hizo Lissidini fue presentarse en el bagashopping en persona con un grupo de 30 policías y funcionarios aduaneros para inspeccionar y tomar las medidas que fueran necesarias. No tuvo éxito. Los bagayeros bloquearon la entrada, incendiaron mercadería y amenazaron a las autoridades. En medio del caos, muchos huyeron.

Desde entonces no ha habido una intervención tan radical.

El reclamo del Centro Comercial e Industrial de Salto es histórico, pero el bagashopping es un gigante que crece. El intendente Lima dice que la intendencia hace allí controles, “como el de tránsito, porque es un lugar muy concurrido por salteños y turistas. Estamos ahí para evitar accidentes”, señala. Lima agrega que en esa zona —la entrada de Salto— está previsto que un grupo inversor construya un shopping y el plan es que sea “bien en frente” al bagashopping.

El CED estima que la incidencia del contrabando de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera en 2019 tuvo un valor de 320 millones de dólares. El informe aclara que “en el tiempo es probable que la magnitud del mismo varíe significativamente con el diferencial de precios”. Es decir, este valor puede subir o bajar según cuán más barato sea comprar del otro lado de la frontera.

De acuerdo al último Indicador de Precios Fronterizos de la Universidad Católica de Salto, publicado en enero de este año, resulta 56,7% más barato adquirir una canasta en Concordia que en Salto. Desde el punto de vista de Concordia, Salto es 130,3% más caro que esa ciudad.

Otros datos son: los alimentos son 152% más caros en Salto, las bebidas alcohólicas y cigarrillos un 209% y los productos del hogar 128% más caros.

Ahora, volviendo al impacto del contrabando en nuestra economía, el CED recoge estimaciones del Banco Central del Uruguay para los años 2012 y 2016, donde surge que el comercio de bienes no registrados habría sido de 285 millones de dólares y 217 millones de dólares respectivamente. Por otro lado, según se calcula en el informe en base al gasto informal de contrabando de cada departamento y los IVA de Argentina y Brasil, en la actualidad el comercio informal de frontera abona 51,5 millones de dólares por concepto de IVA en los países mencionados.

“Otra forma de analizar el mismo fenómeno es cuantificar la potencial recaudación por impuestos al consumo del Estado uruguayo en el caso de que estos recursos fueran utilizados para comprar en comercios legalmente establecidos en nuestro país. En dicho caso la recaudación de nuestro gobierno alcanzaría los 70 millones de dólares”, señala el documento del CED. Aunque se trate de estimaciones, se podría afirmar que el Estado uruguayo pierde millones de dólares cada año con la mercadería que cruza la línea de un país a otro en una lancha, escondida en una camioneta o a la luz de inspectores cómplices. El bagashopping se lleva una buena porción.

Desde el año pasado se estudia un proyecto de ley que habilitaría la “microimportación” para micro, pequeñas y medianas empresas en zonas fronterizas donde haya una gran disparidad en cuanto a los precios de un lado y del otro, como es el caso de Salto. En síntesis, los pequeños comercios podrán importar mercadería, así se reduciría el costo de la misma y se evitaría el éxodo hacia Argentina o Brasil. El Centro Comercial de Salto puso este proyecto sobre la mesa en una reunión con Lima el pasado lunes, quien todavía no fijó una posición al respecto. La génesis del mismo es competir con los precios del otro lado, pero Lima opina que, además, se “equipararía” la situación de los comerciantes y los bagayeros.

Aún así, el bagashopping sobreviviría. “Esto es toda una cadena y no se va a arreglar más. Nunca se va a arreglar”, dice Cristina, que lleva 30 de sus 67 años vendiendo ropa interior. “Trabajé siempre en negro y voy a tener que trabajar acá hasta que la fuerza me dé”, dice desde su puesto minúsculo, rodeada de lencería roja.