Interminables playas de arena blanca que se extienden a lo largo de la costa para terminar bañadas por las aguas claras del océano Atlántico. Las olas golpean con fuerza, y en este invierno que parece otoño, devuelven a la cara un viento fresco. Con su ubicación privilegiada al este del departamento de Maldonado, José Ignacio es un destino único: rústico y con ambiente relajado pero con terrenos que cada vez se cotizan a mayor precio.
Una atmósfera de calma y tranquilidad se absorbe al cruzar la laguna José Ignacio y dejar atrás el movimiento de La Barra y Punta del Este. Ahí el tiempo parece detenerse, y se transita entre aguas. De un lado el mar salado y al otro el espejo dulce de la laguna. Pero el ritmo pausado y la sensación de escapar de las preocupaciones diarias que tiene el lugar con su belleza natural, está atravesado por el reciente ruido de denuncias de vecinos y científicos de la Universidad de la República (Udelar), que señalan nuevas obras con apariencia ilegal en predios privados en Laguna Escondida. Ahora son caminos y tajamares, pero hay piscinas en la ladera de la laguna y construcciones sobre el humedal. Los científicos afirman que a futuro se dañará la calidad y cantidad del agua que OSE toma de esta laguna para potabilizarla y llevarla a José Ignacio. Esta es una de las fuentes de agua potable de la zona, sobre todo en verano. El tema llegó a la Justicia.
Néstor Mazzeo, doctor en Ciencias, es quien lidera un convenio de diez años entre OSE, el Centro Regional Este de la Udelar y el Ministerio de Ambiente, que estudia la calidad de las principales fuentes de Maldonado vinculadas al suministro de agua potable. Entre ellas, la que hoy está en el nudo: Laguna Escondida.
“Lo primero que hay que saber es que Laguna Escondida tiene una cuenca, si bien se puede apreciar un solo espejo de agua dulce, eso es solamente lo superficial. Esta cuenca no es muy grande en territorio pero tiene un gran volumen de agua subterránea que luego va a parar a la laguna, y es el humedal”, explica Mazzeo.
Si lo primero que hay que tener en cuenta es que el humedal retiene el agua que luego pasa a la laguna, lo segundo tiene que ver con el uso que se le da a esa zona. “Todas las transformaciones del uso del suelo, muchas presionados por el sector inmobiliario y el fenómeno de las nuevas ruralidades, afectan las condiciones del humedal. Y, si nos queremos asegurar una buena calidad de agua para potabilizar, hay prácticas que podemos hacer y otras que no”, dice el científico. Todo el material que queda depositado en el humedal, irá luego a la laguna.
El concepto de “nueva ruralidad” que maneja Mazzeo se refiere a la construcción de chacras turísticas y también de casas lujosas construidas en plena naturaleza. Según dice la abogada Victoria Pereira, especializada en Derecho Ambiental y docente de Política y Derecho Ambiental de la Universidad Católica del Uruguay, lo que sucede es que predios de varias hectáreas se fraccionan en más pequeños y se venden así.
Esto se realiza con la autorización de la Intendencia de Maldonado, y se da un cambio en el tipo de propiedad. “A la intendencia le sirve, porque el predio deja de ser rural y la contribución sube”, reflexiona Pereira y dice que no está en contra de que se hagan construcciones ni tampoco cree que las personas que lo están haciendo “sean los peores, quizás no tienen la información necesaria”.
“Está bien que quieran disfrutar de la vista al lago, nosotros entendemos a esos vecinos”, dice Mazzeo, “porque es un espacio hermoso y por eso mismo van y se instalan, pero deben de tener presente cómo mantener ese lugar”.
La abogada Pereira colaboró con un grupo de vecinos para presentar una denuncia ante las fiscalías departamentales de San Carlos, donde se señala una serie de construcciones que se realizaron en el último mes en un predio privado de la cuenca de la Laguna Escondida y se apoya en legislación para fundamentar la ilegalidad. “Es importante pensar que, si esto avanza, no solo se va ver perjudicada la calidad del agua que se utiliza para potabilizar, sino toda la zona. Es como matar a la gallina de los huevos de oro”, dice y se pregunta: “¿Quién va a querer venir a vivir a esta zona si el agua está contaminada?”.
Antes de ir a la Justicia se presentó la denuncia ante la Intendencia de Maldonado y ante dos reparticiones del Ministerio de Ambiente, buscando detener las obras que se están ejecutando en este momento y además pidiendo respuestas sobre la planificación de la urbanización.
Mazzeo, como Pereira, creen que hay mucho desconocimiento. “Al realizar las recorridas para tomar las muestras encontramos situaciones que no deberían de pasar, y muchas veces hablando con los propios vecinos y explicando, hemos logrado que se detengan”, dice Mazzeo. “Al retirar la vegetación del humedal estás afectando directamente la calidad y disponibilidad de agua, porque los humedales son interfaces entre los sistemas terrestres y acuáticos. Entonces toda afectación que tú hagas de los humedales en definitiva lo que haces es eliminar esa capacidad de regulación y de amortiguación que tienen”.
La intendencia y el Ministerio de Ambiente ponen paños de agua fría sobre esta situación que se denuncia. El subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, abogado y con una maestría en Derecho Ambiental, dice que no pueden hacer nada, porque legalmente el predio no está en zona protegida. “Pero de todas formas mandamos a un técnico de la Dirección Nacional de Aguas para que haga un relevamiento de la situación. En principio no vemos cuál es la afectación al ambiente”, admite.
Cuando el técnico llegó al territorio tuvo que ser asesorado por vecinos porque, como el propio nombre de la laguna lo dice, el lugar no es de fácil acceso, menos para el que no conoce.
El subsecretario de Ambiente dice que el tema hay que estudiarlo con cuidado, aunque entiende que no es tarea en sí de su cartera, y que el control y primera autorización viene de la intendencia, que es quien permite los fraccionamientos de los predios rurales. “Si hubiera sido un proyecto de urbanización mayor a diez hectáreas, el ministerio sí tiene que intervenir, entendemos esto no es lo que ocurre acá”, explica Amarilla.
-Se han realizado una serie de construcciones y los vecinos denuncian que son sin planificación, incluso las autoridades locales de OSE lo reconocen. ¿Esto no puede afectar la calidad y la cantidad de agua subterránea?
-Puede ser que sí -responde Amarilla-. El tema es que tenemos un porcentaje importante del territorio uruguayo con humedales y no hay una norma que diga que no se puede hacer nada en los humedales. A no ser en determinadas zonas que son áreas protegidas. Hay bañados y humedales en todo el territorio nacional, nadie puede hoy limitar ni prohibir. No hay una norma que habilite al ministerio intervenir esos lugares.
Desde la intendencia se negaron a dar declaraciones a El País. Pero fuentes del gobierno departamental dicen que no pueden multar porque en términos legales no es una zona protegida pero sí decidieron derivar el tema al Ministerio de Ambiente para que inspeccione. Además, las fuentes de la intendencia sostienen que el área de urbanismo no ve movimientos de nuevas construcciones en la zona, sino más bien pozos.
¿Qué dicen los vecinos?
“Hace más de cuatro años que venimos observando las construcciones sobre la zona de Laguna Escondida”, afirma Diego Machado, vecino de la zona y bisnieto de uno de los fareros que tuvo José Ignacio. Además, es concejal por el Partido Nacional.
Para Machado no hay que exagerar con los reclamos ambientales (“tampoco me voy a poner a reclamar porque cortan un pastito”); él se autodefine como un hombre que cree en el avance y en el progreso, pero explica que esto no puede ser a cualquiera costo. También dice que forma parte de una generación con conciencia del cuidado ambiental: “Tengo 40 años, pero en la época de mi padre era otra cosa, imagínate que la luz vino para mejorar la fuente de trabajo, no se sabía ni se pensaba en los efectos secundarios, eso vino después”.
Su padre se dedicaba a la pesca, pero para poder refrigerar la producción tenía que recurrir al uso de queroseno: “Él iba de acá hasta San Claros a buscarlo”.
¿Pero qué denuncian ahora? La población y las construcciones han crecido exponencialmente, por un lado eso alegra a las autoridades y vecinos. “Pero los propietarios compran los terrenos, hacen sus casas, usan agroquímicos, hacen tajamares, todo sin ningún tipo de planificación a largo plazo”, dice Machado.
Este hijo de pescadores, que integró la liga federal de vecinos de la zona y ahora es concejal por el municipio de Garzón y José Ignacio, dice que hace cinco años se reunieron con la empresa privada que entonces potabilizaba el agua de Laguna Escondida. “Y nos dijeron que era muy importante monitorear la laguna”, recuerda.
El ruido grande vino hace un mes cuando comenzó el loteo de un padrón rural, de unas 40 hectáreas, sobre la zona de los humedales. Los nuevos vecinos realizaron caminos y tajamares, y la alerta terminó en denuncia ante la fiscalía. La situación de sequía en la cuenca del Santa Lucía hace pensar a los vecinos que, si no se cuidan los recursos, lo mismo puede ocurrir en José Ignacio.
Mario Belén no tiene tanta historia familiar viviendo en la zona, pero es otro vecino preocupado por “la calidad y la cantidad de agua” de Laguna Escondida. Remarca lo positivo de que esté “libre” de agrotóxicos en una zona sin explotación agrícola ni ganadera, “a diferencia de los otros espejos de agua del departamento de Maldonado”.
Belén es paisajista y dice que “acá es un tesoro lo que tenemos, el agua es de muy buena calidad, pero la población de José Ignacio ha aumentado y se ha incrementado más desde los años de la pandemia, ya hay personas que residen todo el año, que se han mudado”. Habla de argentinos sobre todo.
También afirma que la zona es un corredor biológico, ya que “hay un humedal que conecta a Laguna Garzón con Laguna Escondida y Laguna de José Ignacio”. Este vecino dice que la diversidad de especies tanto en fauna como flora es impresionante. “Hay montes nativos de más de 300 años sobre la costa de la laguna y para proteger eso los vecinos hemos creado un pacto de responsabilidad. Por ejemplo, cada uno de nosotros se compromete a no aplicar este pesticida en los jardines”, dice Belén, quien vive hace 17 años en la zona y se lamenta al contar que siempre se enteran de las obras cuando todo ya está hecho. “Los inversores que vienen y compran terrenos en la zona hacen una limpieza para construir sin tener conocimiento de qué especies son nativas, cuáles son exóticas”, afirma, “pero cuando podemos actuar para concientizar y explicarle a la persona la importancia que tiene la vegetación ya es demasiado tarde, y esto que se denuncia ahora es un ejemplo claro de que sigue sucediendo”.
Reunión de la comunidad.
Con puntualidad suiza 31 vecinos de José Ignacio se dieron cita el jueves pasado a las 14 horas en el Comunal La Juanita, ubicado entre Laguna Garzón y Laguna José Ignacio. La actividad fue organizada por el Centro Regional Este de la Udelar, y el objetivo era presentar el documento Reporte síntesis de la temporada estival de monitoreo de Laguna Escondida 2022-2023. Bajarlo a tierra, y llevarlo a un lenguaje coloquial para que todos conocieran la situación que se está estudiando. De telón de fondo, el conflicto del que hablamos en este artículo.
Según Mazzeo, encargado del monitoreo, entender lo que está sucediendo y que la comunidad se implique, es un paso muy importante para que se tomen medida por parte de las autoridades en este caso concreto, pero también para se proyecten políticas públicas a largo plazo sobre el uso de los humedales en todo el país. “Si tú miras las transformaciones de Laguna Escondida, son de lo más sencillo, gestionar y prevenir. O incluso ahora detectados estos problemas de alguna manera se pueden revertir. Pero llamo la atención sobre esto: si no tenemos la capacidad de gestionar ese territorio, imagínate qué capacidades podemos tener para resolver los problemas en la cuenca del río Santa Lucía”, opina el científico.
El jueves también estuvieron presentes autoridades locales de OSE y un representante legal de propietarios que sus terrenos culminan en Laguna Escondida. También hubo representación del Municipio de Garzón y José Ignacio, y la encargada territorial del Ministerio de Ambiente no pudo ir porque estaba enferma. La intendencia tampoco asistió.
La primera parte estuvo destinada a la presentación del informe. Pero lo más interesante surgió cuando se dio el espacio de diálogo. Escuchaban vecinos de toda la vida, algunos ya jubilados, otros con niños en edad escolar y jóvenes treintañeros que eligieron este punto en el mapa para afincarse.
El gerente general de la Unidad de Gestión Descentralizada de Maldonado de OSE, Miguel Ángel Corbo, dio respuesta a muchas de las preguntas de los vecinos. “Nos enteramos de estas obras por Néstor”, el científico de Udelar, “que nos pasó las fotos. La OSE no es la policía de los espejos de agua, pero siempre estamos atentos a lo que está pasando”.
Corbo dijo que el tema fundamental es tener un diálogo fluido con el área de urbanismo de la intendencia y que OSE se enteró de estas obras sobre Laguna Escondida cuando todo estaba ya hecho. “Lamentablemente cuando el vecino solicita la instalación del servicio de OSE, es que nos enteramos y ahí llegan una serie de problemas, como no llegar con la red y las personas terminan haciendo un pozo para consumo personal”.
La abogada que asesora a estos vecinos dijo que este es un momento óptimo, por la sequía, para que los vecinos se organicen y reclamen. “Le tengo fe al trabajo de la sociedad civil, acá no hay buenos y malos”, opinó. El gerente general de OSE en Maldonado dijo que “todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en esta situación”. Y, cuando la reunión ya iba por las dos horas y media, un vecino que estuvo siempre en silencio levantó la mano y dejó una pregunta: “¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Estamos acá reunidos y ustedes nos presentaron el problema. ¿Qué acciones tomamos para colaborar?”. Que “todos estemos acá ya es un gran primer paso”, le dijo Mazzeo. La respuesta, claro, es compleja, tanto como este problema en Laguna Escondida.