Por: Clara Lussich.
Corría 1999 y Paula Bia caminaba por Avenida Italia como cualquier otro día. Frenó en una panadería por algo que vio desde afuera y le llamó la atención. No eran bizcochos ni galletas. Un afiche apaisado de color azul con la foto de una construcción grande y una frase en letras negras arriba que decía: “¿Querés que esta sea tu nueva casa?”. Quién iba a decir que, casi 25 años más tarde, Paula iba a guardar ese mismo afiche como evidencia para un juicio dentro de una carpeta que explota de papeles. Quién iba a decir que hoy ella iba a ser una de las dueñas de ese terreno, aunque nunca pudo vivir allí. Quién iba a decir que allí, en ese predio inmenso de Ciudad de la Costa que aparecía pegado al vidrio de la panadería de Avenida Italia, se iba a desarrollarlo que hoy se conoce como “el barrio de los cubanos” en Uruguay.

Unas pocas cuadras al norte del Shopping Costa Urbana, entre calles de tierra y plantas que nunca se podaron, hoy, en 2023, vive Dallamí. Esa mujer que fue protagonista de una crónica publicada en El País el fin de semana pasado junto a Silvia, Javier, Milady, Edelbis, Blanca y Michel. Se trata de una comunidad de 60 familias cubanas que llegaron de a poco a Uruguay y se fueron instalando en ese lugar. Fueron haciendo sus casas pequeñas con los materiales que encontraron y viven a pocos metros de distancia. “Todo lo que tú ves aquí lo hemos hecho con nuestras propias manos porque esto estaba inhabitable”, dice Dallamí mientras camina por la calle central del “barrio de los cubanos” que fue podada y rastrillada por ella y sus vecinos durante 2020 y 2021. Dallamí vive con su hijo, que es repartidor de comida, y está esperando la llegada desde Cuba de su otro hijo junto a su nuera y su nieta de dos años, para quienes ya hizo un cuarto al fondo de la vivienda, de maderas pintadas de color rosa. Ella ahora está sin trabajo y eso explica que esté en su casa preparando café un jueves a las 11 de la mañana. Le encantaría poder hacer algo vinculado a la cocina cuando consiga empleo. Mientras lava las tasas de café que dicen “Cubita”, la mujer de 52 años cuenta que llegó a Uruguay y vivió en un monoambiente junto a otras siete personas hasta que un día un conocido le dijo: “Madrina, tengo un lugar para que usted haga su casita”.

Foto: Fernando Ponzetto.

Debido al lugar en el que Dallamí decidió hacer su “casita” es que hoy su nombre figura entre las 92 personas citadas por la Justicia por un juicio de desalojo del terreno que ocupa. El proceso fue iniciado por Paula, quien después de ver aquel afiche en la panadería y, al igual que otras 100 personas, compró el terreno en donde hoy está “el barrio de los cubanos”. Cómo el afiche terminó en un juicio de desalojo es un entramado que se explicará más adelante. Ahora lo importante es que el llamado barrio de los cubanos tiene un trasfondo legal complejo que podría hacer de este un conflicto similar a lo que ocurre con el asentamiento Nuevo Comienzo (ver aparte).

“Yo todavía no había cumplido 30 años y desconocía todo, pero tenía ganas de tener mi propia vivienda. Fue eso lo que me atrapó y lo mismo les pasó a los otros dueños”, cuenta Paula mientras mira en su computadora una serie de fotos satelitales del terreno en Ciudad de la Costa año a año. Estas muestran claramente cómo a partir de 2018 la hectárea y media de la que es dueña se fue poblando hasta el punto de que hoy ya no hay lugar para seguir construyendo, según dicen los propios habitantes. En 2015 había dos casas, en 2016 también dos, en 2018 ya habían unas cuatro y la foto de 2022 no tiene espacio verde. Es todo construcción.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En la casa de Miriam Melano, otra de las dueñas del terreno que también vive en Ciudad de la Costa pero hacia el sur, a unos cinco minutos del “barrio de los cubanos”, las dos mujeres hablan en nombre de las 100 personas que pagaron unas 195 unidades reajustables en 1999 para participar de dos cooperativas que se iban a hacer en el terreno en cuestión. “En mi caso yo recibí la propuesta a través de un compañero de trabajo de mi cuñado y nos metimos en eso con otros cinco amigos. Yo me había separado del padre de mis hijos y estaba con dos trabajos y también haciendo algunas limpiezas particulares para poder pagar esas 195 unidades reajustables”, cuenta Miriam desde la cocina de su casa mientras Paula saca todos los documentos y estatutos que muestran la constitución de las cooperativas llamadas Covilan II y Coviduna VIII.

Para la realización de cada una se necesitaban unas 50 firmas. Así, en 1999 unas 100 personas pusieron el dinero a la empresa que imprimó aquellos afiches azules y era dueña del terreno en Ciudad de la Costa. Los planos ya estaban prontos y “no había que hacer nada”, según Paula, lo cual hacía todo “fantástico y fácil” para gente joven que quería “soluciones rápidas”. Eran dos cooperativas en el mismo terreno separadas por una calle central. Sin embargo, esa calle nunca se hizo hasta que Dallamí y sus vecinos la dibujaron y luego la marcaron con tierra 20 años más tarde.

Tanto Paula Bia como Miriam Melano dicen sentirse “estafadas” por la empresa que las motivó -según ellas “manipuló”- a formar la cooperativa. “Esta gente funcionaba encubiertamente como un agente inmobiliario y se hacían pasar por un Instituto Asesor Técnico (IAT)”, dice Paula al respecto y agrega: “Una cooperativa debe formarse a partir del interés genuino de los futuros socios de tener una casa. Nuclearse para juntos llegar a la vivienda. No debería haber una institución o un IAT que te convoque a ti para que formes la cooperativa”.

Con el dinero de las 100 personas se compró el terreno por 222.000 dólares, una cifra que significó “una fortuna” en ese momento porque “Ciudad de la Costa era un páramo”, pero “nadie se dio cuenta y todos dieron para adelante”, lamenta Miriam. El terreno tiene 250 metros por 60. En total contiene unos 15.000 metros, lo que equivale a una hectárea y media.

Después de firmar, Paula cuenta que fue hasta el terreno con unas amigas. Allí le sacaron fotos con una cámara a rollo que ahora saca de otra carpeta. Se la ve con un pantalón ancho y el pelo más largo, parada frente al lugar en donde iba a estar su nueva casa.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Las obras estaban por comenzar, cuando en 2001 el Banco Hipotecario dejó de dar préstamos y, por lo tanto, la construcción de la cooperativa quedó suspendida. A partir de ahí, los 100 dueños del terreno se sumergieron en una “espiral de situaciones adversas”, según sus representantes, que llega hasta 2023. Hoy están enfrentadas a las personas que viven allí por un juicio de desalojo.

Primero la demora por la crisis, después una denuncia contra la institución que gestó la cooperativa, luego la posibilidad de liquidar la cooperativa y vender el terreno. Todo eso ocurrió para ellos, a grandes rasgos, en los últimos 25 años.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Es a partir de 2015 que los cooperativistas terminaron de darse cuenta de que no iban a lograr construir su vivienda allí y por eso la mejor solución les pareció vender ese terreno y así dejar de pagar la contribución inmobiliaria anual y recuperar el dinero invertido. Pero hubo un problema. “Nunca había ocurrido en Uruguay que una cooperativa de vivienda quisiera vender porque por estatuto el objetivo de la cooperativa es construir las casas y no vender, entonces eso cambiaba su función y no sabíamos si nos iban a dejar”, explica Paula y sigue sacando documentos de evidencia. En ese momento el grupo hizo una consulta a la Asociación de Escribanos del Uruguay, que estudió el caso y dio el visto bueno a la posibilidad de que vendieran su terreno.

Desde ese momento el predio está a la venta en dos inmobiliarias de la zona por el valor de 350.000 dólares. Una cifra que según Paula y Miriam es “un regalo” considerando el tamaño y la zona. Sin embargo, no ha aparecido ningún comprador en los últimos cinco años. El precio fue fijado en ese monto porque las cooperativas no pueden hacer negocio con la venta del terreno. A pesar de que no apareció un comprador, después de una serie de reuniones y consultas los cooperativistas lograron que la Intendencia de Canelones les exonerara el pago de la contribución inmobiliaria para 2022 y pretenden lo mismo para 2023.

“Lo cierto es que nadie nos obligó a firmar ni a pagar, pero sí que éramos unos bebés de pecho. Igual creemos que quienes armaron todo esto no deben estar liberados de responsabilidades porque existió la manipulación también”, sostiene Paula en contra de la empresa que ideó la cooperativa.

En el otro lado de la Avenida Giannattasio, José Miguel y Dallamí recorren el barrio que hicieron y saludan a los vecinos. Los conocen a todos. Para lograr una buena foto del barrio el fotógrafo prueba subirse a uno de los techos, a lo que Dallamí le dice: “Ven a mi cuarto que tengo una vista privilegiada y desde allí se ve todo muy hermoso”.

Foto: Fernando Ponzetto.

Su casa tiene un cuarto principal al que se accede por una escalera empinada en donde cada escalón está forrado con alfombra de tela. No tiene problema en abrir las puertas. Desde ahí, la vista privilegiada deja diferenciar los límites del padrón 1.502 que pertenece a unos 100 cooperativistas, donde ahora viven unas 60 familias, cubanos en su mayoría. Las casas son prolijas. Aunque muchas tienen materiales tirados de alguna obra que no se terminó, lo cierto es que hay pocas cosas en común con el estereotipo de un asentamiento.

Durante la visita de El País justo llegan al barrio representantes de la fundación Piso Digno, de la que es director el exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol. Un joven se baja de una camioneta y consulta a los vecinos para ver quiénes tienen piso de barro en sus casas y dice que la organización luego se encargará de poner pisos de madera allí.

Foto: Fernando Ponzetto.

Después de despedir al enviado de Piso Digno, Dallamí dice con un café en la mano que vive con una “incertidumbre constante” por la posibilidad de que la desalojen de la casa que hizo “con tanto sacrificio” y en donde guarda “un pedacito de Cuba”.

José Miguel, su vecino, cuenta que en su casa viven siete personas y está por empezar una obra en la parte trasera para que su hija deje de dormir en la sala. Uno de los problemas -sobre todo para los cubanos, que son la mayoría- es que ya prácticamente no hay lugar para seguir construyendo en el terreno de una hectárea y media. Todos tienen a alguien en Cuba o en otro lugar del continente que tiene la idea de venir a Uruguay y precisa un sitio, aunque sea pequeño, en “el barrio de los cubanos”.

Silvia fue la primera en llegar a este barrio y, a pesar de que su casa no está específicamente en el terreno que es motivo de la batalla judicial, ella junto a su esposo fueron pasando la voz y ayudando a construir una casa y luego otra y otra y otra a personas de su misma nacionalidad. El “boom” ocurrió durante la pandemia del covid-19.

Foto: Fernando Ponzetto.

Fue la suegra de uno de los propietarios del predio, quien vive cerca del lugar, la que avisó al resto de los cooperativistas que “se estaba poblando de un día para el otro”, según cuentan Paula y Miriam.

Así como Silvia está en otro predio, los que sí se encuentran en el terreno que iba a ser una cooperativa recibieron el año pasado una citación judicial y hoy, después de verse inmersos en ese conflicto, decidieron fundar una asociación civil. La presidenta es una uruguaya, Natalia Coitinho, quien fue una de las primeras en instalarse en el lugar y dice que tiene una “excelente relación” con sus vecinos, que en su mayoría son cubanos.

“Ellos (los propietarios) nunca reclamaron nada y dejaron que algunos pocos estén ahí por años. Cuando vinimos no había nada y acá nos dijeron que el dueño había fallecido. Ni cartel de propiedad privada ni alambre. Si le tienen tanto interés o valor, tendrían que haber puesto algo. Parecía tierra de nadie. Venimos familias trabajadoras a poblarlo y ahora quieren dinero. A mí me parece un oportunismo de sacarnos plata porque no hicieron nada ni lo cuidaron nunca”, dice Natalia, muy firme.

Foto: Fernando Ponzetto.

En el primer encuentro judicial los propietarios del terreno manifestaron que no tienen interés en desalojar a las personas que viven allí, pero sí quieren que alguien les pague por el terreno que están ocupando. Es decir, quieren dejar de ser los dueños. En un segundo encuentro ante la Justicia los habitantes del predio aseguraron que tienen interés en comprarlo, pero dicen no contar con los 350.000 dólares que pide la otra parte.

“Le pedimos tiempo al juez para regularizar todo, crear esta asociación y que el Estado nos ayude o nos dé un préstamo de algún tipo. No queremos que nos regalen nada, pero sí poder pagarles a ellos y luego nosotros con tiempo devolver todo al ente que nos ayude. Necesitamos que aparezca ese tipo de organismo que no tenemos claro cuál es ni dónde está”, dice Natalia, quien además encabeza la iglesia evangélica La Barca y, al igual que otros de sus “hermanos” congregados”, vive en el predio. Debido a los vínculos religiosos de los pobladores es que la asociación civil recibe el nombre de Getsemaní, por el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado.

Ella usa los dedos de sus manos para responder a la pregunta de cuántas familias del barrio pertenecen a la iglesia y llega a la conclusión de que son ocho, entre las que no hay ningún cubano.

Una de las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram de Getsemaní dice: “Hoy recibimos la grata visita del ministro Martín Lema y Gabriela Bustos de parte del Mides. Agradecidos por la buena disposición y por escuchar cada inquietud de las personas que hoy conformamos este asentamiento”. La publicación está acompañada de una serie de fotos del ministro Lema en el barrio.

Los propietarios del terreno, al enterarse que las autoridades habían visitado el predio y que hace pocas semanas se colocaron columnas de UTE allí, dicen que se trata de una “tomadura de pelo”. “Cuando vos pedís luz, UTE te pone la columna afuera en el frente de tu casa, pero nunca pone una columna dentro de la casa o en el medio de una sala. En este caso ingresó dentro de nuestra casa y sin nuestro permiso lo puso dentro del terreno porque esa calle la inventaron los que habitan ahí. Esto es inaudito”, dice Paula levantando el tono. “Nos quejamos y dicen que UTE tiene obligación de dar electricidad a quien lo solicite, pero nos parece increíble”.

Además de las columnas de UTE, ahora los vecinos están intentando conseguir agua potable de OSE porque todos dependen de un caño en la calle trasera y “se corta todo el tiempo”, según cuenta Natalia. Una fuente del Mides indica que la cartera se ocupa de brindar la “atención social necesaria, más allá de la situación judicial del predio” y agrega: “Ayudamos a golpear puertas en diferentes administraciones de donde dependen otras cosas. Como UTE, OSE o las intendencias, pero a nosotros no nos compete prometer nada”.

Mientras avanza la colocación de servicios y el terreno casi no tiene espacios vacíos, el juicio por desalojo continúa y las dos partes tienen interés en que se venda cuanto antes pero no se ponen de acuerdo. Si la situación para los propietarios ya era compleja cuando no lograron construir la cooperativa, ahora el escenario parece aún peor. La historia continúa.