CORONAVIRUS

Un mínimo exceso de confianza y todo puede volar por los aires. La soberbia, en este contexto, sería el mayor de los errores. En el Ministerio de Salud Pública (MSP) no pueden evitar ser optimistas ante el avance lento que, hasta ahora, ha mostrado el coronavirus en Uruguay. Sin embargo, por si acaso, se preparan para un estallido, un brote que ponga a prueba el sistema sanitario. Hasta ahora no se han superado en ningún momento las 15 camas para pacientes con COVID-19 —cuando la capacidad es de 650—, pero las experiencias de Italia, España y Estados Unidos muestran que cuando el virus avanza, lo hace a toda velocidad.

Por eso preparan un plan de contingencia que implica, sobre todas las cosas, la creación de centros especializados para tratar la enfermedad: con emergencias, salas comunes y de cuidados intensivos dedicados exclusivamente a los pacientes infectados. Con infectólogos, neumólogos, y personal de enfermería preparado para atender patologías respiratorias.

Miran, entonces, casi que a través de una lupa, todo lo que sucede en el Hospital Español, el primer centro COVID inaugurado en el país, que centraliza los casos de pacientes provenientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La idea del gobierno es, entonces, tener listos otros centros que puedan atender a los pacientes de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), en caso de que la multiplicación de casos se convierta en un hecho.
En un principio la Junta Nacional de Salud (Junasa) manejaba la posibilidad de convertir al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) en un centro COVID, utilizando el 70% o más de área ociosa que tiene el edificio. Este serviría para Montevideo y los departamentos más cercanos; mientras que al norte del Río Negro se crearía otro centro de estas características en algún hospital o mutualista. Como la necesidad de camas de CTI no fue tanta como esperaban, este plan se suspendió, y solo ASSE decidió que lo mejor era tener un centro COVID propio esperando que se multiplicaran los pacientes.

La semana pasada en la cartera se empezaron a plantear nuevos escenarios. Los departamentos que concentran más del 90% de los casos hasta hoy son Montevideo y Canelones, por eso se entiende que no sería necesario un centro especializado —por ahora— en el interior. En cuanto al INOT, los costos de convertir ese espacio en un centro COVID serían demasiado elevados, debido a que se debería contratar una gran cantidad de personal en momentos en que este no sobra, y también se generaría un problema a la hora de decidir quién sería el encargado de pagar los salarios en un centro en el que se atenderían tanto pacientes de hospitales públicos como de instituciones privadas.

Por eso, el plan B que se está manejando es usar la capacidad locativa de una mutualista o un seguro ya en funcionamiento. Según supo El País, hay dos que se encuentran dispuestos a prestar su infraestructura —a cambio, claro, de una previa negociación económica. La posibilidad de usar el INOT no se descarta, pero sería un tercer paso que esperan que nunca se tenga que llegar a dar.

¿Pero qué diferencia al Español de los demás hospitales, como Maciel, Pasteur y Clínicas, que también tienen áreas específicas para pacientes infectados con el coronavirus? La respuesta podría ser una sola: el miedo.

Cuando en la noche del sábado 21 de marzo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en horario central que el Hospital Español sería el primer centro COVID del país, los trabajadores de esta institución confirmaron un rumor que se venía esparciendo por los pasillos desde hacía días. Lo primero, sí, fue el miedo, luego les tocó preguntarse una y otra vez por qué a ellos. No existía capacitación, ni equipamientos, ni protocolo interno como para abordar una pandemia.

A partir del lunes el hospital se dividió en dos: un área limpia y otra sucia. La primera concentró todos los recursos humanos administrativos; la segunda, a los sanitarios. La emergencia, el piso con camas de internación y el CTI se convirtieron en espacios reservados estrictamente para pacientes con COVID-19, o sospechosos de padecerlo. En el área sucia también quedó el comedor, la farmacia y el economato. Se efectivizaron traslados, y solo dejaron a pacientes previos en camas de terapia intensiva, debido al peligro que implicaba movilizarlos.

Ambos espacios, limpio y sucio, quedaron divididos por un vestuario. Cuando un funcionario llega al hospital deja su ropa allí y toma un mono (pantalón, camisa y cubre-zapatos) descartable, que al irse tira a la basura.

El equipo completo para trabajar en la emergencia incluye doble par de guantes, protector facial y mascarilla N95. Como esta última es muy costosa, sobre ella usan un tapabocas común. “En las condiciones adecuadas, guardada en una bolsa de papel, debería durar hasta siete días, pero como se humedece, o algún paciente con COVID lo puede salpicar, y es muy caro, nos piden ponerle otro tapabocas encima”, explica un funcionario de la emergencia, que prefiere no dar a conocer su nombre.

El Español tiene, en total, unos 1.000 funcionarios, señala Alberto Barrios, director del centro. “La dotación completa está trabajando para el COVID”, sostiene. Funcionarios, en tanto, advierten que no son más de 200 los que hoy están en el área asistencia. Más allá de esto, el centro perdió personal en las últimas semanas ya que mayores de 65 años, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas, entre otros, fueron certificados por ser considerados población de riesgo.

La institución tiene unas 80 camas de cuidados moderados y 23 de CTI (aunque no se llegaba ni a 15 internados en total la semana pasada, contando los seis que estaban en cuidados intensivos). La emergencia cuenta con 10 camas y 12 sillones. Estos últimos aún no fueron habilitados, pero están prontos para recibir pacientes en caso de que aumente la demanda.

Si un usuario llega caminando, lo atiende un estudiante avanzado de medicina en la recepción. Y si tiene alguna patología respiratoria, pasa a la sala de espera que está pegada a la emergencia. El usuario se somete al típico interrogatorio: ¿tiene fiebre?, ¿tiene tos?, ¿se ha sentido agitado?, ¿está resfriado?, etc. Si no tiene nada de esto, se lo deriva a otro centro público y se le explica que, hasta que las autoridades lo dispongan, el Español seguirá siendo un centro exclusivo para los pacientes con COVID-19.

Si la persona llega en ambulancia, la orden es que pase directamente a la emergencia, y desde allí será derivado a sala común, CTI o dado de alta. La semana pasada se suscitó una situación irregular que motivó una investigación administrativa en ASSE. Un usuario llegó en una ambulancia el jueves y no fue ingresado hasta el viernes, según informó La Diaria. Entre la dirección del centro y el SAME 105 (el servicio de coordinación de los hospitales públicos) se tiraron culpas. Tres funcionarios del centro consultados por El País han dicho que había camas disponibles y que si no se habilitaron fue porque los médicos así lo decidieron, y apuntaron a un error de la dirección. La dirección, en tanto, no tiene autorizado hacer declaraciones sobre este tema hasta que ASSE termine su investigación. Por ahora, lo que se sabe, es que efectivamente la persona tenía el virus.

Una vez que el paciente ingresa se le hace de inmediato el test, el que es enviado al Hospital Maciel, donde está la máquina de PCR que permite llevar a cabo los diagnósticos. En una situación común, el resultado demora unas 48 horas, pero la semana pasada, cuando se debió testear a una gran cantidad de internados y funcionarios en el Vilardebó, el sistema se saturó y se llegó a demorar hasta cuatro días. Lo ideal es que un paciente no pase a sala hasta que se sepa si tiene o no coronavirus, o sea que suelen esperar los resultados en una camilla en la emergencia. Si mientras el tiempo pasa la persona se siente mejor, se lo envía para la casa. La idea es que no se vaya en un medio de transporte público. Se le pregunta si alguien lo puede ir a buscar, pero si esto no es así, no hay alternativas.

Las ambulancias están reservadas, por ahora, para trasladar a personas sospechosas de tener COVID-19 provenientes de hogares del Mides. “Esto tarde o temprano va a traer un problema”, sostiene un enfermero. Desde la dirección, advierte Barrios, la orden es tratar de convencer a aquellos con cuadros sospechosos y que se quieran ir por sus propios medios, de que no lo hagan. Y si lo hacen de todas maneras, ya sea con dudas de tener la enfermedad o teniéndola, se debe radicar la denuncia policial. “No se puede hacer otra cosa”, explica.

En El Español esto aún no ha sucedido, pero sí en el Maciel. El martes pasado un usuario que esperaba un resultado y estaba ya ingresado en una cama de internación, se escapó. El centro hizo la denuncia policial y su familia lo llevó otra vez al hospital en horas de la madrugada. Finalmente no tenía el virus.

Gisel Novas, presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, dice que todas estas cosas (el incómodo uniforme, la necesidad de convencer a los pacientes de que no se vayan, el problema que se suscitó la semana pasada en la emergencia, más la suspensión de licencias que se efectivizó en estos días y los funcionarios que fueron obligados a volver de sus vacaciones, en adición a los problemas en el transporte público por la falta de frecuencias que a veces los obliga a llegar tarde; pero sobre todo el miedo, mucho miedo) es un golpe psicológico fuerte para muchos trabajadores. Por eso pidieron apoyo profesional por estos días.

“Ahora se está negociando un convenio con la Facultad de Psicología, porque esta situación es muy estresante”, advierte la sindicalista.

El edificio del Español empezó a nacer en 1889. Más precisamente el 1 de enero de ese año, cuando se puso la piedra fundamental del que iba a llamarse Hospital-Asilo, e iba a recibir a inmigrantes españoles de bajos recursos. La inauguración, sin embargo, se sucedió 20 años después, en mayo de 1909. Para administrarlo llegaron cuatro Hermanas Franciscanas de la Caridad, que se encargaron de prestar los servicios asistenciales dentro de la institución.

En 1923 el centro cambió de nombre a Hospital Sanatorio, y al mismo tiempo, con el crecimiento del mutualismo a nivel capitalino, sumó un componente empresarial y se abocó a la tarea de conseguir usuarios que mantuvieran la institución. Lo que siguieron fueron años de lento crecimiento: en los 50 inauguran block quirúrgico y salas de parto, en los 60 una pediatría, en los 70 un hogar de ancianos y CTI, y en los 80 una unidad de cuidados cardíacos. Después vendría una caída, también lenta, hasta inicios de los 2000 en que la crisis obligó al centro a cerrar sus puertas.

Al ganar el Frente Amplio, en 2004, el gobierno de Tabaré Vázquez se propuso sumar la institución a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tras un acuerdo con la embajada de España y los exfuncionarios, a quienes se les debían meses, si no años, de salarios. Este es el motivo por el cual el centro hoy tiene entre sus trabajadores a varios familiares, puesto que a cambio de la plata adeudada el gobierno les dio a los funcionarios en 2007 la posibilidad de sumar parientes a la grilla de empleados. En 2008 se empezaron a sumar otros trabajadores, que entraron sí por concurso.

El centro, en tanto, en los últimos años se ha caracterizado también por una serie de conflictos con su dirección. El exjefe del sindicato, César Pisciottano, fue sancionado por ASSE en 2016 luego de denunciar en una nota a El País las carencias del centro, y luego expulsado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Hoy la relación entre la dirección y el sindicato es de tensa calma.

En estos días los funcionarios reclamaron más seguridad y la inclusión de cámaras de videovigilancia, luego de que se suscitaran robos entre compañeros en los vestuarios. En tanto, también hubo quejas porque son pocos los que tienen las llaves del economato (donde están los tapabocas, el alcohol en gel y los guantes, por ejemplo), algo que la dirección decidió para evitar justamente robos. Barrios, en tanto, sostiene que se está revisando a los trabajadores al salir.

Los hospitales se dividen en H1, H2 y H3, según la complejidad de los procesos que realizan, las patologías que son capaces de atender y la infraestructura. El Español es un centro H1, pero Novas advierte que hace años están pidiendo que se pase H2. Los funcionarios tienen la esperanza de que después de esta crisis, finalmente puedan subir de nivel. La diferencia, entre otras cosas, está en los salarios. Los enfermeros por ejemplo, ganan unos 7.000 pesos menos.

Cuando se le pregunta a Barrios por qué cree que se eligió el Español, la respuesta radica en la gran capacidad de sus funcionarios para atender patologías respiratorias, y por las camas de CTI disponibles. Los trabajadores, mientras tanto, aún no se lo explican.