Bullying

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Wanda lo tiene “loco”. En su primera cita, Tomás le compró una coca a Martina. Maximiliano le quiere pegar a Guillermo. Agustina “está re baqueteada”. Nico “es re trolo, pero mal”. Anthony “es un pobre de mierda que no se baña”. Priscila “está cada día más linda”. Thiago es “tremendo gil”. También “por gil”, le avisan a Tomás que le van “a romper la cabeza”. El COVID es un invento del gobierno peruano. Le quieren pegar a Brisa. Vieron a Nahuel y a Germán entrando de la mano al baño de los hombres. Angelina “miente con su edad” y “se chamuya a los novios de las amigas”; por eso “se quedó solita”: “por el asco que da”.

Claudia “es una puta”. Laura “es una puta”. A una “pibita” van a hacer que “la agarren a palos por gila y puta”. Silvana además de “puta” es “una terrorista”, “todo el mundo habla mal de ella y tienen razón porque parece un palo y todavía se cree linda”. Lucía “se quiso hacer la diabla” y la sufrió: “La agarré en el city parq y la molí a piñas. Esa trola ya no se va a meter conmigo”, publica un usuario anónimo en una de las tantas cuentas en Instagram que reúnen “confesiones” de alumnos de distintos centros de enseñanza, en su mayoría de educación media.

Ahí se lee de todo. Desde el chisme más inofensivo hasta amenazas. Así funciona: sin filtros. Esa es la gracia.

Según un relevamiento que realizó El País, hay más de 20 cuentas, tanto de liceos públicos como de distintas UTU. No surgen —por ahora— perfiles asociados a instituciones privadas, pero en algunos comentarios se vislumbra que en el perfil de determinado liceo a veces participan estudiantes de otros centros, y usuarios mayores de edad. En una de las cuentas, una madre intervino para frenar las acusaciones contra su hijo, al que señalaron como “acosador”. Les advirtió que serían investigados por Delitos Informáticos.

De acuerdo a la fecha de las primeras publicaciones, esta moda se habría disparado en abril y se intensificó a partir del retorno a las aulas, tras meses de clases por Zoom. Son muy populares. Sin embargo, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) no saben de su existencia; varios entrevistados comentaron que no conocen Instagram.

Las cuentas se identifican por el nombre o número del liceo o UTU, y en el perfil lucen una foto de la fachada de la institución o de su escudo. En su mayoría son de acceso público y entre las que no, el criterio de admisión parece laxo: varias aceptaron a esta cronista como seguidora en cuestión de minutos.

Las presentaciones de las cuentas parecen eslóganes. “Total confidencialidad”, promete la de confesiones del Liceo Médanos de Solymar (44 publicaciones, 234 seguidores). La del liceo 5 de Tacuarembó va por todo: “Somos de total confianza. No te guardes nada. Las más picantes. Todo puede pasar. No tengas miedo”, incita. La del 25 propone: “Seguime y te acepto al toque, capaz hay chisme tuyo”. La del liceo 2 de Las Piedras (32 publicaciones, 281 seguidores) pide colaboración para “promocionar” la cuenta para que crezca.

Las “confesiones” se exponen como capturas de la conversación entre el administrador y el usuario. Este puede pedir que tapen su nombre o no lo tapen. Y, por lo general, se estimula a que se etiquete al adolescente mencionado.

En un grupo de confesiones de un liceo alguien dice:

—El Martínez es tremendo rarito jajaja. Me da una bronca encima como habla. En cualquier momento lo paro.

—¿Tapo? —pregunta el administrador.

—Tapá.

El intercambio termina con el emoticón de un corazón.

El fin de semana pasado, una influencer de Tacuarembó publicó una historia en su cuenta de Instagram. Una docente le había pedido que difundiera que en Confesiones del Liceo 3 (54 publicación, 232 seguidores) se estaba ejerciendo bullying y amenazas hacia distintos alumnos. La cuenta decía “Confesate tranquil@, nadie sabrá quién sos”, y más abajo “no me hago cargo de nada”. Estuvo activa hasta el jueves.

Ese día, la alumna que la había creado la cerró y reconoció ante la dirección del liceo ser la administradora. Lo hizo luego de que la institución presentara una denuncia policial y se abriera una investigación en Delitos Informáticos. La institución denunció tras descubrir que mediante un intercambio en esta cuenta, en el que habían participado alumnos de tres liceos distintos, se había organizado la golpiza a un alumno víctima de bullying. Lo golpearon en la plaza de deportes donde asisten a clases de gimnasia.

—Llevábamos 20 días investigando esa cuenta con profesores y alumnos. Hay adultos también metidos ahí, no solamente estudiantes. Hay adultos con otras intenciones. Escribían desde perfiles truchos —dice la directora Zully Rodríguez.

—¿Cómo sabe eso?

—Porque hay cosas, hay palabras que no son las que usan los adolescentes.

Ahora la institución analiza qué tipo de sanción se debe aplicar y a quiénes.

Mientras esto pasaba en Tacuarembó, en Salto una alumna de la UTU era asediada por un grupo de compañeras. El portero de un edificio vio la situación e intervino antes de que la golpearan.

—Esto viene sucediendo desde que se volvió a la presencialidad, ahora esa adolescente está en tratamiento psicológico —relata Ingrid Figueroa, quien se presenta como el rostro visible de un grupo de padres salteños preocupados por el incremento de la violencia en las aulas.

Figueroa llevó adelante, durante cinco años, un juicio contra un profesor de fútbol que le habría hecho bullying a su hijo. Fracasó. “El tribunal reconoció el daño, pero me dio una sentencia negativa”, dice. Entonces, sabiendo el “descontrol” que genera en las familias de los chicos este tipo de acoso, se comprometió a abrir un centro de ayuda para víctimas.

Algunos días atrás, cuando el presidente Luis Lacalle Pou visitó el departamento, ella le entregó una carta. Le pidió ayuda. Ayuda para crear el centro y para visibilizar el proyecto de ley contra el acoso en las instituciones de enseñanza, que presentó en marzo pasado la diputada nacionalista Lourdes Rapalin. Motivada, ese día Figueroa abrió una línea de WhatsApp para ayudar a otros padres desesperados (099 528 352) y así conoció la historia de la alumna de la UTU.

—En los últimos dos meses, en Salto hubo cuatro suicidios de adolescentes y, según averigüé, al menos dos chicos eran víctimas de bullying —plantea.

Aunque fue breve, el diálogo entre Figueroa y Lacalle Pou se replicó en varios medios. “Algo pasó”, señala ella. Tal es así, que la semana pasada desde Presidencia se comunicaron con la diputada Rapalin para consultarle en qué está el proyecto presentado, que establece definiciones para las diversas modalidades de este hostigamiento en el ámbito educativo, estipula mecanismos de prevención, medidas de protección e intervención así como de responsabilidad y —la parte más polémica— de indemnización económica.

—Les conté que ya lo empezamos a trabajar en la comisión de Educación y que se está citando a especialistas para hablar del tema mientras la ANEP lo analiza —dice Rapalin, confiada en el interés del mandatario.

La psicóloga Silvana Giachero y el abogado Néstor Gutiérrez, ambos expertos en este tipo de acoso, son dos de los técnicos que fueron citados. Su entusiasmo sobre el futuro del proyecto es más moderado. Aunque el año empezó potente, con la difusión de la campaña Bullyinguy a la que se sumaron varios famosos y luego se grabó y difundió el himno antibullying, lamentan que la falta de “eco” por parte de los medios y del sistema político terminó generando “frustración”.

Giachero asegura que cada año recibe en su consultorio a cientos de niños y adolescentes víctimas de bullying y que según su experiencia “no se está haciendo nada para frenarlo” ni para “amparar” a las víctimas. Opina que en todo el país, solamente hay dos colegios que tienen protocolos acordes a la gravedad del problema, pero solo uno lo aplica de manera correcta. “Los demás no tienen nada y nadie quiere hablar de bullying”, sentencia.

¿Cómo reaccionan las instituciones cuando surgen estas denuncias? “Las veces que me ha tocado ser perito no sabés cómo se ponen. Me insultan, me agreden. Los psicólogos de las instituciones me dicen que no sé nada. Las respuestas siempre van por atacar a la víctima y a quien está de su lado”, plantea.

Lo mismo opina el abogado Gutiérrez, quien ha presentado denuncias judiciales contra instituciones públicas y privadas, y patrocinó al demandante del caso de bullying más emblemático hasta el momento: el único que generó cierta jurisprudencia. Quedó a medias, porque si bien había logrado una sentencia favorable en primera instancia —que exigía a los padres del hostigador una indemnización de 15.000 dólares por el daño moral generado tras un hostigamiento reiterado seguido de un intento de abuso sexual— la misma se revocó en el tribunal de apelaciones. “El juez entendió que, al no haber nada legislado, no se podía verificar una situación de acoso”, dice el abogado.

“Las instituciones reaccionan a la defensiva. Interrogados, los directores, los docentes y los testigos cierran filas diciendo que no se pudo constatar el bullying”, cuenta. ¿Por qué se toma ese camino? “Porque es más fácil lidiar desde la negativa y cargar la prueba en la víctima”.

Además de ser director del Colegio Alemán y presidir la asociación de institutos de educación privada, Juan Carlos Noya es especialista en bullying y junto a otro colega está a punto de publicar una investigación que realizó para Unicef. Hasta ahora, los estudios en nuestro país han sido pocos. “Estamos atrasados en investigación y por eso también lo estamos en intervención”, opina.

Distintas estadísticas indican que entre el 6% y el 25% de los alumnos de primaria y secundaria sufren bullying. El porcentaje más alto surgió de las últimas pruebas PISA, aunque otras investigaciones en las que participó Noya lo sitúan en torno al 10% y 12%, una cifra que le parece “más realista respecto a lo se puede constatar en las aulas”. ¿Qué nos dice esta cifra? “Que en comparación a América Latina estamos bien y con respecto a los países europeos estamos mal. Los países nórdicos atacan este problema desde 1970 y tienen un índice de 6%. Eso quiere decir que el bullying no se erradica, se debe hacer algo al respecto y no negarlo o desconocerlo como hacen muchas instituciones de nuestro país”, lanza.

En el ámbito privado, si bien cada institución tiene un reglamento interno de convivencia, no existe un marco común que indique cómo se debe reaccionar ante casos de bullying y mucho menos de cyberbullying. “Hay colegios que consideran que lo que pasa fuera del recinto escolar es responsabilidad de las familias, que no tienen otra opción que denunciar en Delitos Informáticos y el 90% de las veces no pasa nada”, dice Noya.

Tal y como él lo ve, las autoridades educativas deberían exigir a las instituciones el desarrollo de un programa contra este tipo de acoso como condición para otorgarles la habilitación. Es eso o esperar a que estas situaciones comiencen a seguir el camino argentino: la judicialización de conflictos entre alumnos.

En ese sentido, el gobierno dio señales. La semana pasada, la ANEP presentó una actualización del mapa de ruta para abordar situaciones de violencia en educación inicial y primaria, que incorpora en la tipificación al bullying y al cyberbullying. “Son orientaciones para los centros educativos”, explicó la directora de Derechos Humanos del Codicen, Gloria Canclini, quien insistió en que “cuando ocurren estas situaciones se activan mecanismos específicos en cada subsistema”.

El mensaje se repite desde Secundaria: hay normas y hay un abordaje previsto. El secretario general, Bautista Duhagon, explica que las instituciones tienen autonomía para resolver estos episodios y que únicamente trasladan a las autoridades los casos más graves: aquellos que ameritan sanciones superiores a los 10 días de suspensión. Cada semana llegan a su despacho entre seis y ocho expedientes por algún tipo de acoso, “los de bullying son los menos”, dice.

Pero están. Y preocupan. Según supo El País, el Ministerio de Salud Pública, alarmado por el incremento del suicidio entre adolescentes, trabaja junto a las autoridades educativas en un marco de acción para combatir el acoso en educación media. “Es muy complejo porque cuando los chicos crecen los problemas son más grandes. La asimetría de poder no está tan clara en los liceos como pasa en la escuela, y hay dos chicos —víctima y hostigador— cuyo derecho a la educación se debe proteger”, plantea Virginia Cáceres, secretaria general del Codicen.

El asunto es, ¿alcanzará con un nuevo protocolo o será necesario tener una ley específica aunque esto allane el camino a los juicios? “Nuestra regla es que la judicialización debe ser el último recurso”, responde con determinación Robert Silva, presidente de ANEP, y agrega, “como entidad educativa tenemos un sinfín de estrategias y recursos que nos deberían permitir encontrar soluciones”.

Soluciones rápidas, para evitar que otros niños sufran los seis años de bullying que soportó Sofía: de primero a sexto de escuela. En 2020, en plena pandemia, sus compañeros hacían capturas de su rostro en las clases de Zoom, creaban stickers con mensajes de índole sexual y los colocaban en sus estados de WhatsApp.

Después de todo este tiempo de dar pelea, su madre, Laura Pérez, cree que “nadie quiere meterse con el bullying porque significa enfrentarse a los padres de los alumnos”. El problema es parte de la solución y viceversa. “Es tan complejo esto”, dice. Sabe de lo que habla porque, además de haberlo vivido en carne propia, lleva 23 años enseñando en escuelas públicas y colegios privados. Es maestra: es testigo del hostigamiento. “Nunca, en todo este tiempo, vi que se atacara de manera profunda el problema”, lamenta.

La pesadilla de Sofía se terminó cuando, rendida, se cambió de institución. Ya sabe defenderse, dice su madre. Tiene amigos. Ahora es intocable.