Llegar al final de la carrera y tener una jubilación segura tras haber trabajado años para acumular los aportes necesarios y poder “descansar tranquilo” en la vejez, es un paradigma que está cambiando, una historia del pasado. Todo el sistema de previsión social está atravesando una mutación de modelo, esto tiene que ver fundamentalmente con aspectos demográficos: en Uruguay cada año nacen menos personas y a la vez la esperanza de vida es cada vez más alta. Si a este escenario se le aplican matemáticas básicas el resultado es predecible: menos personas trabajando sostienen a más personas jubiladas. El saldo es negativo.

La ley que fijó la tasa jubilatoria en los 60 años se promulgó en 1922, en otro Uruguay, que coqueteaba con ser la Suiza de América y era un país avanzado en materia de derechos laborales, pero con una esperanza de vida que estaba en los 64 años. Además, eran grandes los movimientos de migrantes que llegaban a trabajar al país, y con una natalidad en crecimiento. Casi nada de lo que pasa hoy.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envió dos proyectos de ley para reformar dos de las cajas paraestatales más importantes: la de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Ambas están en números rojos, tienen situaciones diferentes, porque su estructura y funcionamiento varía, pero el problema es el mismo: balance negativo entre los ingresos y los egresos.

Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, es clave leer la realidad demográfica del país para entender este problema. “El dato estructural que genera impacto sobre todo el sistema de seguridad social es que Uruguay es un país con una expectativa de vida cada vez más larga, similar a la de países más desarrollados, y por otro lado en las últimas décadas se observa una reducción significativa de la tasa de natalidad”, dice a El País.

Darwin Borrelli/Archivo El Pais

La visión de Mieres es compartida por Agustín Iturralde, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) que dice que esta situación ocurre en todo el mundo, salvo en algunos países subdesarrollados, donde las pirámides poblacionales muestran más natalidad. “Hoy en día el único sector poblacional que crece es el de los mayores de 60 años”, dice el economista.

Para Iturralde, hay un elemento clave en los cambios que se están dando, y tiene que ver con la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. “Es una variable que alivia la carga, porque hace que la población económicamente activa sea más”, admite.

Francisco Flores/Archivo El Pais

¿Pero, además de las mujeres, qué otro sector de la población puede generar aportes? Los migrantes. Para Mieres la situación actual no implica un número de personas que en Uruguay logre mover la balanza. Pero si continúan llegando más personas de otros países, el panorama podrá ser más altentador.

“Ahora estamos con el problema encima, y hay que buscar una solución urgente”, dice la presidenta de la Caja de Profesionales, la contadora Virginia Romero. Ella cree que este problema tiene años, al menos 15, y por eso lo que “ahora se pone sobre la mesa no es simpático, nadie quiere aportar más, o en el caso de los pasivos comenzar a generar un aporte de su jubilación, pero el actual escenario no nos da margen.”

El ministro de Trabajo va en la misma línea, y afirma que “en el caso de las cajas paraestatales, el problema adicional es que hubo un proceso de deterioro de las cuentas que se demoró en admitir”. Todos los consultados para este informe coinciden en la misma apreciación: si los cambios hubieran comenzado hace unos años serían más graduales, y no afectarían tan directo a las personas que conforman los colectivos de las cajas. Más adelante volveremos sobre este punto.

La Caja de Profesionales es muy heterogénea, y esto hace que su solución sea más compleja. El Frente Amplio, por ejemplo, ya dijo que acompañará el proyecto de ley de la Caja Bancaria, pero que se analizará la situación de la caja de los profesionales, porque “hay dudas”.

¿Pero por qué la reforma de la Caja Bancaria tiene hasta el apoyo de la oposición? Se creó en un ámbito de diálogo tripartito, donde participaron la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el gobierno (la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

La Caja Bancaria está integrada por empleados dependientes que trabajan en el sistema financiero. Entonces ahí hay una organización que representa a los trabajadores y a los jubilados, y otra organización que representa al sector empleador. El ministro de Trabajo dice que “todo se resolvió en acuerdo con altísima legitimidad, con consenso, un acuerdo tripartito”.

Mientras, la situación de las personas que integran la Caja Profesional es muy dispar. Hay profesionales que trabajan de forma independiente y toda la vida aportan, otros que en algún momento de su carrera se declararon como “en no ejercicio”, pero estuvieron un tiempo aportando a la Caja. Muchos aportan también al Banco de Previsión Social. Y, si bien se creó pensando en las profesiones tradicionales como médico o abogado, hoy hay más de 60 carreras que pueden aportar. El economista Iturralde destaca un punto en este asunto: “No sé por qué no se actuó en esto, pero tenemos que pensar que en la Caja de Profesionales hay médicos anestesistas que ganan millones y licenciados en Bellas Artes que pueden ganar 35.000 pesos al mes”.
¿Cuáles son los principales cambios de las dos reformas y cómo cambiarán las jubilaciones? Aquí lo explicamos.

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento fue un texto que se elaboró en forma conjunta con la Caja. Un proceso largo, según explica la presidenta de la propia Caja, y que además tuvo varios elementos de enlentecimiento: “Nosotros nos comenzamos a reunir en 2022 con un equipo de trabajo para hacer las modificaciones, cuando elaboramos el proyecto y estaba listo llegó el receso parlamentario por el verano”. El gobierno les prometió que se trataría el anteproyecto ni bien comenzara el período legislativo de 2023, pero esto no pasó. “Porque el mismo equipo de trabajo estaba en el Parlamento con la reforma general, que se aprobó en abril de este año”, cuenta Romero.

Con la nueva ley, que entre otros elementos eleva a 65 los añospara jubilarse, el anteproyecto de la caja tuvo que ser rearmado. “Había generalidades que tuvimos que cambiar, respecto a las pensiones y también a los años de retiro”.

¿Cómo se financiará la Caja de Profesionales si el proyecto que está en el Parlamento se aprueba? A grandes rasgos: con un aumento en el porcentaje que aportan los trabajadores, que pasará del 16,5% al 19%. Además, los jubilados comenzarán a aportar. Será de forma escalonada, las jubilaciones más altas podrán tener un 10%, que es el máximo de descuento que prevé la ley, mientras que otros pasivos no tendrán descuento. Daniel García Zeballos, director nacional de Seguridad Social, asegura que en promedio se espera que los jubilados por la Caja de Profesionales tengan un descuento del 7%.

Y el tercer aporte vendría del Estado, y acá es más difícil de explicar. En 2025 el directorio de la Caja, que tiene cuatro representantes elegidos por los propios profesionales, uno por los pasivos y dos mandatados por el Poder Ejecutivo, podrá aumentar ese 19% que aportan los trabajadores. “El proyecto de ley le da la potestad al directorio de aumentar anualmente esta tasa entre un 0,5% y un 1%. Y acá está la asistencia estatal”, dice.

Foto: Caja Profesional

¿Cómo asiste el Estado en esto? “Cada vez que el directorio de la caja resuelva un aumento de la tasa de aporte anual. Lo equivalente a ese aumento se pondrá de Rentas Generales”, explica el director nacional de Seguridad Social. Es decir, cada año que se vote un aumento la Caja va a tener más ingresos por sus afiliados y a la vez un dinero directo que le aportará el Poder Ejecutivo. Por ahora no hay una estimación de cuánto podría llegar a ser eso, pero es seguro que en 2025 se votará un aumento.

¿Se les descontará a los profesionales que se declararon en no ejercicio? No. Este elemento es fundamental. Ningún profesional que trabaje de forma dependiente, es decir que tenga un empleador y se haya declarado en no ejercicio al recibirse, tendrá que pagar algo. “Esta confusión nació porque se modificó el artículo 68 del proyecto de ley, y lo único que queremos comunicarles a todos los profesionales que declararon en no ejercicio es que no se les va a cobrar nada”, dice Romero.

Francisco Flores/Archivo El Pais

García Zeballos cree que esta confusión se generó por ese ruido, y también por otras voces que salieron a opinar. En las reuniones de negociaciones para generar el anteproyecto surgieron algunas ideas que iban por este lado, pero nunca fueron incorporadas ni realmente consideradas. Según explica García Zeballos, se pensó en un aporte mensual y después se habló de un aporte anual, pero nada de eso llegó a estar en el proyecto.

¿En qué momento la caja puede cobrar a los profesionales? Si la persona demoró más de 60 días desde que se recibió en hacer el trámite de declaración de no ejercicio, se aplica una multa. También se cobra si en un proceso de menos de nueve meses el profesional se declara en ejercicio por un trabajo donde factura y luego cancela este estado, y vuelve a estar en no ejercicio.

En estos casos la Caja cobra unos 7.500 pesos “por conceptos de trámites, porque la persona estuvo solo nueve meses en una situación y cambia. Ahora, si está un año y ahí cambia, no se cobra nada”, explica Romero. Ese dinero que se cobra es en base a un cálculo de las distintas categorías de la caja, y de aprobarse el actual proyecto bajaría, y por esto se pasaría a cobrar 5.795 pesos si se aprueba el proyecto de ley.

¿Habrá otros cambios? Sí, se estipula la generación de más categorías. Esto buscando que los saltos de aportes no sean tan grandes, y por eso van a pasar a ser 15 categorías de aporte, cuando la ley actual establece 10.

¿Qué pasa con los timbres? Van a continuar igual. Los directivos de la Caja querían que aumentaran, pero desde el gobierno se ve esto como un costo que asumirá la población en general. Por este concepto ingresa el 30% de los haberes de la Caja, y principalmente se trata de timbres que ingresan desde el sector médico.

Para la presidenta de la Caja de Profesionales es importante transmitir tranquilidad a los afiliados. “Estamos conformes porque finalmente hay un proyecto de ley que va a permitir la subsistencia de la Caja, y todos los profesionales vamos a seguir teniendo esta herramienta”, dice Romero

En este caso hay tres medidas claras para “salir a flote”. Se va a aumentar el porcentaje de aporte de los pasivos, que desde 2008 ya aportan. También sube lo que aportan las empresas bancarias, y además la ley da la posibilidad a la Caja Bancaria de emitir deuda a modo de bonos que tendrán el respaldo del Estado.

El presidente de AEBU, Elbio Monegal, dice que están de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley enviado al Parlamento: “Es producto de una negociación entre todas las partes que integramos la caja: los bancos, los trabajadores y el ejecutivo”. La economista Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, coincide con Monegal: “Fue durísimo encontrar una solución porque lo primero que se hizo fue estimar la magnitud del déficit, y la cifra siempre se ubicaba al alza. Pero, a través de distintas reuniones y diálogo, se llegó a un concenso”.

Desde el gremio cuentan que la negociación no fue sencilla, pero tenían claro que no querían que se trasladara a Rentas Generales los problemas de la Caja Bancaria: “No hubiera sido justo que el peso recayera sobre la población, que paga sus impuestos”, afirma Monegal.

—¿Desde cuándo empezó a dar problemas económicos la Caja?

—La Caja tuvo una reforma en su carta orgánica en 2008. Esto empezó a regir en enero de 2009 -explica Monegal-. Allí se establecían tres etapas por las cuales la Caja iba a pasar. La primera etapa era que iba a haber un crecimiento de sus reservas, cosa que ocurrió hasta el año 2017. Luego iba a haber un momento de caída de las reservas, producto de que se iba a empezar a jubilar un número importante de trabajadores. Esa caída iba a ser mantenida por las reservas que se habían generado hasta 2017. Y como tercero, se establece que nuevamente se iba a volver a crecer. Las proyecciones se estaban cumpliendo perfectamente con lo que se había planificado. Pero en 2020 vino la crisis por la pandemia de covid-19, mucha gente perdió su empleo y otra pasó al seguro. Sumando a que en el sector público no se renovó personal, y la Caja se tuvo que hacer cargo de eso.

Para el contador Iturralde, no es tan lineal decir que la población no tendrá que financiar la reforma de la Caja Bancaria, porque como los bancos van a tener que aportar más dinero para mantenerla, esto se va a trasladar a los clientes. El director del Centro de Estudios para el Desarrollo cree que este tipo de soluciones son parte de la economía política de Uruguay: “Un país que tuvo una lógica de preferencia por la igualdad, construyendo una clase media. En el caso de los bancarios, está claramente vinculado a un sector de ascenso social, que se asociaba el ser bancario con estar en un lugar privilegiado”. Pero Iturralde cree que esta misma situación ahora les está jugando en contra: “Se han convertido en víctimas de su propia fuerza. Al ser tan poderosos, consiguieron tantos beneficios para sí mismos que eso terminó en una caída de los empleados bancarios. Se hizo muy caro ser empleado bancario en Uruguay”.

Desde dentro del sector privado se comparte la idea de Iturralde. Un gerente general de un banco dice a El País que muchas veces hay funcionarios ganando sueldos muy altos, por tareas que no requieren formación: “No estoy en contra de que haya buenos salarios, pero ves situaciones de 300.000 pesos por mes por actividades administrativas simples”. La misma fuente dice que hay a la vez un problema en las pensiones, que se justificaban en un contexto que no es el actual. “Conocemos mujeres que cobran la pensión de su padre, simplemente porque nunca se casaron, eso es de otra época”.

Hay dos cajas paraestatales con problemas de sustentabilidad, en ambos casos, según todas las fuentes consultadas para este informe, los proyectos de ley traerán soluciones. Para Iturralde “no hay soluciones fáciles, y tampoco obvias” pero “en todos los países desarrollados está pasando esto, basta ver España, Alemania, o lo que pasó en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos”. La idea es aprobar en forma rápida las dos reformas en el Parlamento. ¿Estas soluciones serán suficientes, o son solo un parche por unos pocos años?