Justicia Penal

El hombre entró al despacho con el corazón en las manos. Los ojos húmedos. La novia a su lado, consolándolo. Traía un caso delicado, advirtió. La exesposa se sentía despechada porque él había cambiado de pareja y a modo de venganza lo había denunciado por abusar sexualmente de su hijo, un niño de cinco años. El disparate era tal —aseguró— que hasta su anterior suegra se ofrecía a declarar a su favor.

Del otro lado del escritorio, el penalista Ignacio Durán escuchaba el relato. Lo evaluaba. “Era sólido, era espontáneo”, recuerda. El hombre lloraba. Repetía que hasta la madre de la denunciante creía en él, que le saldría de testigo. “Eso para mí fue determinante para aceptar. ¿Por qué se prestaría para algo así si no creyera en su inocencia?”, plantea Durán.

Se reunió con ella. Le dijo que su hija estaba dolida porque el marido la había abandonado por otra mujer, que confiaba en el hombre, que era un “padre ejemplar”. Durán tomó el caso, pero algo lo incomodaba. Las pericias forenses eran contundentes sobre la violencia que el niño había sufrido. Había, incluso, dibujos realizados por el pequeño. “El clima era raro”, resume.

Llegó el día de la audiencia y empezó el interrogatorio del acusado. En la segunda pregunta, el hombre se contradijo y cambió el relato que le había hecho al abogado. Mintió. No fue solo la mentira lo que le molestó a Durán. “Le vi un gesto raro, te diría que era un gesto perverso”.

Interrumpió la audiencia y le solicitó a la jueza que le permitiera tener una conversación privada con su patrocinado. Lo llevó a una habitación contigua.

Se miraron en silencio.

—Me mentiste —lo increpó Durán.

El hombre se sonrió y le dijo:

—¿Vos estás acá para creerme o para defenderme?

Esa fue una de las pocas veces que renunció a un caso. La renuncia no fue estrictamente el reflejo de un mandato ético ni moral. No. Los penalistas que ejercen la profesión de forma particular repiten que, a pesar de cargar con la fama de ser “los malos de la película”, es igual de válido defender a una persona inocente que a una culpable. El asunto es la mentira del defendido hacia su patrocinador. Con eso no se transa.

Hace más de 20 años que la penalista Laura Robatto escucha el mismo reproche: “¿Vos vas a defender a esa gente?”. La cuestionan sus familiares, amigos y también sus alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. “Tienen la ilusión de que solo van a defender a inocentes y a víctimas, pero no es lo que termina pasado”, dice.

Robatto suele representar a imputados y acusados por delitos sexuales, estafas, corrupción, lesiones, narcotráfico y sicariato. Su nombre también se asocia a causas de perfil político —como la de Gas Sayago, Ancap y los negocios ilícitos con el gobierno de Venezuela— y mediático:la mansión del sexo. Como ella lo ve, “un acto no determina a una persona”, por eso en vez de decir “un sicario”, ella recomienda la expresión “una persona que cometió un acto de sicariato”. Y todo así.

“Es muy difícil que la gente entienda, lo que uno hace es proteger el derecho a que la persona sea oída y reciba su justa pena en relación a la culpabilidad”, plantea.

Si bien los penalistas reconocen estar acostumbrados a ser “históricamente” mirados de reojo por los abogados que se dedican a otras materias, ahora que el derecho penal dejó de ser una discusión de ámbitos académicos y pasó definitivamente a los medios, a las redes sociales, a convertirse en un tema de discusión cotidiano, lidian con amenazas e insultos.

Los tildan de “peseros”, “mercenarios”, “caranchos”, “cuervos”, “inmorales”. En cambio, ellos se ven de otra manera. “Para mí es un trabajo súper vocacional”, dice Andrés Ojeda. “Estamos con una persona en su momento más difícil y somos su último amigo cuando el mundo se le viene encima. Por algo los sistemas modernos democráticos no conciben juicios sin defensa. Y no es solo tener un abogado al lado como si fuera ponerle un timbre a un escrito, se trata de que tenga la mejor defensa posible”.

La exposición mediática tiene sus pro y sus contras, pero es un hecho que la fama de un penalista se arma en gran medida gracias a la difusión que tienen los casos que llevan. Así se los va asociando a un tipo de delito, que es como decir a un tipo de cliente.

Durán, quien suele representar a narcotraficantes —cada vez más son extranjeros—, sabe que apenas los medios anuncian una incautación, el teléfono va a sonarle. “Te mandan al emisario... que no cayó preso”, dice, y agrega: “Lo que tiene el narco a gran escala es que recibís a todo tipo de personas, incluso profesionales, y muy vinculadas. Muchas mujeres. Es una industria que da para todo”.

¿Qué tan peligroso es defender a los peligrosos? Estos abogados descartan haber sido amenazados. Sin embargo, algunos reconocen que mantienen una distancia y configuran sus redes sociales para que no accedan a información personal. Otro defensor cuenta que en alguna ocasión, al no entenderse bien con el cliente, extremó medidas de seguridad para su familia.

Pero, más allá de algún caso puntual, “si se les va con la verdad”, el trato es “de caballeros”, dice Alejandro Balbi. “Defendí al “Pelado” (Marcelo) Roldán y conmigo siempre fue muy correcto”, agrega. El asunto es ser claro, “como cuando un médico da un diagnóstico de cáncer”, plantea Gumer Pérez. En el mismo sentido, Balbi detalla: “Si le decís al cliente lo que vos pensás del juicio, no tenés por qué temer. Pero si vos le decís a un tipo de estos que la semana que viene se va para la casa… es otra cosa. Hay que ser muy cauteloso en tu proyección del caso”.

Ser un “prometedor”, “venderles espejitos de colores”, o cobrarles un costo elevado planteándoles que la causa es más grave de lo que realmente es, son errores de alto riesgo. “Con los nenes malos no se juega”, repiten. Como un recordatorio, más de uno recuerda aquella vez en que un penalista apareció caminando desnudo, golpeado, por una ruta de Maldonado.

En este nicho del derecho penal el boca a boca es infalible. “Cada vez que salgo en el diario por un caso que genera debate, entre imputados y acusados se pasan mi número y tengo más trabajo”, dice Serrana Carbajal, penalista especializada en la defensa de homicidios, clonaciones y sicariato.

Unos meses atrás, su nombre salió junto al de Álvaro Batista, un joven con varios antecedentes penales que fue condenado a 27 años de prisión por homicidio especialmente agravado (contra quien fuera su amigo y compañero de sicariato), rapiña (a una pareja conocida) y dos delitos de porte de armas. Pero ella advierte: “Mi cliente en este caso puntual de resonancia nacional es inocente. Está en prisión preventiva porque la sentencia no es definitiva, ya que apelamos. Y mientras esté en esa etapa él se presume inocente todavía”.

Dice que todas las semanas va a las cárceles para mantener informados a sus clientes. ¿Qué toma en cuenta a la hora de aceptar un caso? “Absolutamente nada. A mí me contratan para un trabajo, accedo a la carpeta fiscal y armo la defensa en función de lo que hay en la carpeta y de la entrevista con el cliente”, responde.

—¿Le exige a su cliente que le cuente la verdad?

—Sí. La verdad queda amparada en el secreto profesional, eso no quiere decir que vos articules la defensa en función a la verdad, vos articulás la defensa en función a lo que acusa la Fiscalía —responde Carbajal—. Pero la verdad siempre la sabés, si no podés articular una defensa defectuosa.

—¿Por ejemplo?

—Una persona me dice “yo lo maté”, pero nunca encontraron el arma. Por más que Fiscalía lo acuse yo lo voy a defender como inocente porque no hay una prueba científica de que lo mató.

—¿Tuvo clientes culpables que han quedado en libertad?

—Sí.

—¿Le genera algún remordimiento?

—No me genera ningún remordimiento porque aplicamos el derecho, el que aplica la justicia es el juez. Esto es un trabajo. ¿Un médico no opera a un narco porque es narco? ¿Siente remordimiento por salvarle la vida? A nosotros nos pasa lo mismo.

“Al médico, al cura y al abogado penalista no se les miente”, les dice Balbi a sus eventuales defendidos en la primera entrevista. Es una forma de romper el hielo. Y algo más. “A pesar de la experiencia que tengas, nunca sabés del todo si te está mintiendo o no. Pero lo que pasa es que los juicios se ganan con pruebas”.

Con la verdad hay un tema ético y otro de derecho, es cierto, pero, ¿hay un límite? Muchos lo tienen. “No hay un precio para todo”, asegura Daiana Abrancinskas, asociada a la defensa de hombres acusados de delitos sexuales y de ejercer violencia de género. “No defiendo a violadores confesos ni a los que tienen evidencia contundente en contra. A los imputados por el caso de laviolación grupal en Valizas —que resultaron absueltos— los miré a los ojos, me contaron un relato consistente, por separado y también juntos, y yo les creí”, dice. “Pero también tuve un caso en que el cliente me mintió y renuncié”.

El primer límite en el que coinciden todos es si existe una vinculación con su entorno. Otros analizan caso a caso —por ejemplo Durán rechazó la defensa de la violación grupal en Cordón, “por motivos profesionales”— y están los penalistas que rechazan ciertas causas por razones “ideológicas” y de “sensibilidad”. El podio de los clientes que no se toman tienen que ver con causas de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura y los delitos sexuales contra niños, y también en casos “aberrantes” contra adultos.

Por último, están los abogados que descartan la defensa de imputados por haber elegido la defensa de las víctimas en cierto tipo de delito. Pérez tomó ese camino en los delitos sexuales, por ejemplo. “Por coherencia, porque no me parece adecuado estar de los dos lados del mostrador. En algún momento tenés que decidir de qué lado de la mecha te encontrás, como dice el Indio Solari”, dice.

Los defensores no están para hacer justicia. Las estrategias, entonces, “no dependen de ser justo, si no de la utilidad”, dice Ojeda. Y, en ese sentido, a los abogados les molestan “las sorpresas” que pueden aparecer en el proceso si el cliente les miente. Es una cuestión hasta de prestigio.

“Al no decir la verdad al abogado el único afectado es el cliente”, explica Jorge Barrera. “Con el nuevo Código del Proceso Penal, cuando vas a juicio cada parte establece desde el vamos su teoría del caso. Esto es el relato de los hechos y la fundamentación jurídica con la cual vas a plantear la estrategia judicial. Si vos tenés una teoría del caso que no se ajusta a la realidad, y la Fiscalía tiene una teoría del caso que puede ser probada con elementos que no conocías porque te lo ocultó el cliente, va a salir mal”.

La confianza es esencial porque cuando se le dice a un cliente que sí, “te tenés que dar contra todo porque está en juego la libertad de la persona y un error tuyo puede determinar que vaya presa”, dice Durán. Eso no lo dejaría dormir.

Ese darlo todo incluye la defensa en los medios de comunicación. El nuevo código incorporó la publicidad al estipular que los procesos sean públicos, lo que generó una “transparencia” que la mayoría celebra. Provocó que la opinión pública actúe como “contralor de la Justicia”, pero, para algunos también abrió una “grieta” entre “los malos y los buenos”, que “no es saludable para el sistema”.

“Creo que la prensa ha sido utilizada de forma muy hábil por la Fiscalía para presentar a las víctimas como las buenas y a los imputados y sus abogados como los malos. Se ha contribuido en presentar una sola cara de la moneda”, dice Durán.

Esto impulsó que la flamante Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay propiciara un rol más activo en los medios, de comunicación, “al menos para pelear las posiciones”, plantea su presidente, Juan Fagúndez.

En paralelo, cada vez son más los clientes que cuando llegan al despacho del abogado les solicitan como parte del acuerdo que la defensa se extienda a los medios. Algunos incluso suman al equipo a asesores de comunicación, como sucedió en la Operación Océano.

Entre los abogados consultados, la mayoría cree que la presión de la opinión pública no es permeable en las sentencias, aunque sí tiene una incidencia en el proceso. “Negar que la mitad del partido, en muchos casos, se juega afuera del juzgado es negar la realidad”, dice Ojeda. En especial en casos de delitos sexuales, donde “la sola denuncia a nivel público implica la culpabilidad” y “el principio de inocencia queda enterrado entre los escraches”, plantea.

opinión

Juan Fagúndez

Profesión:Abogado penalista

Otro cargo:Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas

Pregunta: ¿Incide la presión de la opinión pública en los procesos judiciales?

“En mi experiencia no es permeable. Los jueces suelen regular la pena bastante bien. En esta nueva era de publicidad y polarización sí veo que la gente naturalmente toma el bando del bueno y si el malo es inocente no se entera, pero sería bueno que lo hiciera”.

Entonces, la libertad, ¿cuánto cuesta? Los penalistas responden devolviendo la pregunta. Ninguno revela su costo, pero aseguran que, salvo excepciones, el arancel del Colegio de Abogados no se respeta. Alguien suelta que están los que cobran 120.000 pesos por un proceso abreviado, otros deslizan juicios por entre 300.000 o 400.000 pesos. Además, a veces, les hacen regalos. Un entrevistado recibió un obsequio valuado en 15.000 euros. Se lo envió la madre de un cliente tras haber logrado en un duro juicio de violencia doméstica una condena de apenas seis meses de prisión domiciliaria.

El bolsillo del acusado se apretó mucho más a partir del nuevo código. Ahora que se igualó el valor probatorio de las dos partes, se han sumado herramientas para respaldar la defensa. Karen Pintos, abogada poco mediática pero que fue patrocinadora de Eugenio Figueredo y ahora defiende al exjugador de Peñarol Nicolás Schiappacasse, plantea que esto cambió “el rol del abogado”. Ya no está solo: si la billetera del cliente lo permite, un grupo de peritos lo acompañarán en el juicio.

“El defensor puede buscar su propia evidencia y para eso contrata a peritos particulares de distintas materias y hasta a investigadores privados”, dice. ¿Qué tareas cumplen los investigadores? ¿Pinchar teléfonos? ¿Buscar testigos? ¿Perseguir a ciertas personas? Pintos se ríe y dice que “solo realizan tareas legales”.

Opinión

Gumer Pérez

Profesión:Abogado Penalista

Pregunta:¿Incide la presión de la opinión pública en los procesos judiciales?

“Lamentablemente tiene una incidencia. No digo que se dejen influir, pero sí hay una tendencia de que si el caso es muy mediático, las personas que tienen que tomar algún tipo de decisión se cuidan más que cuando es un caso sin trascendencia pública”.

Barrera comenta que en un caso reciente contrató peritos expertos en accidentes de tránsito e inclusive se arrendó un ómnibus, para que en el juicio la magistrada pudiera visualizar en tiempo y espacio la circunstancia en la que ocurrió el siniestro. Durán, en tanto, recurrió a una animación 3D para probar que sus clientes no hubieran podido efectuar los disparos que se les atribuían desde donde estaba el auto en el que ellos supuestamente viajaban en relación a dónde había quedado el cuerpo.

Esto plantea Fagúndez: “Los juicios se han vuelto enormemente caros. Por los peritos, la búsqueda de pruebas, las audiencias, las entrevistas; son horas y horas que se cobran. El tema es con los inocentes. Más allá de que la defensoría de oficio es excelente, ¿cómo hace un inocente sin plata para bancar una investigación, una acusación y un juicio si no puede pagar pericias de parte que lo ayuden a reforzar su defensa? No es nada fácil. Y ahí tenés otro problema, que se agravó: ¿a qué justicia acceden los ricos y a cuál acceden los pobres?”.