PESADILLAS EN EL ÚLTIMO HOGAR

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Quienes inspeccionan establecimientos de larga estadía para adultos mayores dicen que son tan variadas las realidades que uno puede encontrarse puertas adentro, que podrían escribir un libro de anécdotas; en su mayoría trágicas, otras incluso absurdas.

El último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) indica que hay 1.204 establecimientos identificados donde se alojan unas 15.000 personas y trabajan más de 6.000, casi en su totalidad mujeres.

Es un sector que mueve mucho dinero, pero a distintas escalas. Según las dos asociaciones que agrupan a una parte ínfima de estos centros (170 en total), la débil fiscalización por parte del Estado genera que se cumpla poco con la reglamentación y que apenas un tercio haya iniciado el trámite para habilitarse.

Por eso, en la oferta conviven residenciales de alta gama que fueron construidos específicamente para este servicio, con casas de familia que aprovechan las habitaciones vacías y visualizan el cuidado de ancianos como una entrada económica por la que no pagan impuestos.

De un extremo al otro, se ve de todo.

Una vez, revisando la plantilla de los residentes de un establecimiento, un inspector del Ministerio de Salud Pública (MSP) descubrió el nombre de sus propios dueños; es decir que habían decidido ingresarse a sí mismos. En otra ocasión, una encargada manifestó que una usuaria solía estar en penitencia “porque no le hacía caso”, ignorando que la mujer había desarrollado problemas cognitivos. En un residencial diferente hubo una encargada que a la pregunta de dónde llevaba el registro de la medicación, respondió: “La tengo todita acá, en mi cabeza”.

Los inspectores también cuentan historias de las que escuchamos cerrando los ojos: ancianos encadenados, escondidos en armarios, reptando en el piso; platos de comida cubiertos de moscas, personas usando bolsas como ropa interior. Hubo un establecimiento en el que la orden era darles líquido hasta las 16 horas para así reducir el uso de pañales.

Según señala un inspector —que renunció a su puesto, cansado de recibir amenazas cada vez que procedía a hacer un cierre—, en los casos más extremos una inspección se puede transformar en una especie de allanamiento con policías.

Estos relatos siempre terminan con un suspiro largo, porque los expertos saben que es un problema antiguo, con demasiadas aristas y que, hasta el momento, parecía no tener una solución definitiva.

Sin embargo, desde que el gobierno anunció que el coronavirus entró a tres residenciales (generando al menos 45 contagios y tres muertes), y alertó acerca de las condiciones de vida en varios de estos establecimientos, algunos tienen la esperanza de que la resolución de esta deuda eterna sea una de las pocas cosas buenas que nos deje la crisis.

Es cierto que en los sucesivos informes que el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores, en la órbita del Mides) elabora desde 2015 ya se evidenciaba esta situación, pero en medio de una pandemia que ataca especialmente a los ancianos, la advertencia del gobierno de que solo 42 de los 1.204 establecimientos están habilitados, y que 109 representan un riesgo de vida para unos 1.500 usuarios, tuvo una repercusión impresionante.

Desde el MSP, autoridades de la gestión anterior confiesan que la forma en que fueron difundidos estos datos y la indignación que generaron les causó “mucho dolor”. Dicen que se aprovechó la circunstancia para hacer “mala política” porque “estas cifras mal interpretadas asustan a la gente” dando la sensación de que “poquísimos establecimientos eran controlados”.

Aseguran que, siendo la política de cuidados una de las banderas del último gobierno frenteamplista, desde 2017, tras la elaboración de una nueva normativa, “se trabajó muchísimo” y lograron “buenos resultados”.

A su vez, detrás de la regulación de los residenciales se abre un conflicto político entre dos ministerios que plantea la disyuntiva de si la gestión de los últimos años fue eficiente o no.

Eso varía según la óptica desde la que se lean las cifras.

Si somos el país más envejecido de América Latina, ¿por qué el cuidado de los ancianos sigue siendo un debe? Mónica Lladó, investigadora del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, responde con una paradoja: “Queremos vivir más y mejor, pero no nos damos cuenta de que eso no es tan posible en nuestra sociedad, porque vivimos bastante mal y no vamos a envejecer bien si seguimos rechazando el envejecimiento”.

Para la geriatra Soad Ayul, secretaria de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, y jefa médica del hospital geriátrico Piñeyro del Campo, el cuidado se posterga por un tema netamente económico. “¿Quiénes están en esos 109 residenciales con riesgo de vida? Las personas de menores ingresos, que si no estuvieran ahí estarían tiradas en la calle. Nadie le ha hincado el diente al problema porque alojarlos en un lugar digno lleva mucha logística y mucho dinero”, opina.

El Piñeyro tiene desde hace años lista de espera porque sus 234 camas están llenas, y solo eventualmente ocurre algún ingreso por orden judicial.

Sabino Montenegro, presidente de la asociación Integra Residenciales, le pone precio a la dignidad: “Si hablamos de condiciones buenas, la mensualidad de un residencial no baja de $ 30.000. La gama del servicio se incrementa hasta llegar a algunos que cobran $ 180.000”. Pero apenas el 2% de los usuarios paga más de $ 50.000, y 6% más de $ 30.000, según Inmayores.

Considerando que unos 150.000 jubilados y pensionistas cobran menos de $ 13.000, no sorprende el dato de que un tercio de los usuarios paguen menos de $ 10.000 para vivir en un residencial. ¿Qué tipo de servicio recibe una persona por ese dinero? “¿Va a comer las cuatro comidas? No; ¿va a pasar frío en invierno? Sí”, planea Montenegro, pero advierte: “Alguien les tiene que dar ese servicio a los que no pueden pagar más. De esas empresas, son pocas las que tienen intenciones delictivas; la mayoría dan el servicio que pueden con el ingreso que sus residentes aportan. Lo peor es que los dueños de esos centros pueden terminar presos si ocurriera algo, y en realidad están cumpliendo un rol social, porque ayudan a que no sea visible el problema”.

En este universo están los establecimientos que no cumplen con la norma y no podrían acceder a la habilitación aunque la solicitaran. En 109 de estos centros, el equipo del Mides constató una situación de pobreza estructural por parte de residentes, titulares y cuidadores, y en otros casos situaciones de apariencia delictiva.

Allí suelen concentrarse el grueso de las denuncias (67 recibió y respondió el MSP en 2019; 75 el Mides) y las clausuras, que fueron tres el año pasado.

A un ritmo de cuatro inspecciones diarias y por primera vez con un protocolo unificado, un equipo del Mides y del MSP recorre estos días los famosos 109 peores establecimientos, hisopando a residentes y trabajadores, pero también evaluando posibles realojos para casos extremos.

Sin embargo, la administración anterior y la actual enfrentan el mismo dilema: no se pueden cerrar centros si no hay a dónde derivar a sus residentes.

El gobierno cree que una alternativa para gestionar realojos podría ser firmar un convenio con el Banco de Previsión Social (BPS) para ampliar la prestación del cupo cama, un subsidio para el pago de los servicios de un residencial que se otorga a los adultos mayores inscriptos en el Programa de Soluciones Habitacionales.

Pero, de concretarse, sería esencial ampliar la oferta de centros habilitados. Si la habilitación debería ser la condición primordial para funcionar, ¿por qué solo un tercio inició su solicitud?

Analía Duré, secretaria de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, cuya familia está vinculada desde hace 25 años a este rubro, asegura que el rechazo a tramitar la habilitación excede a la economía de la empresa: “No se le da importancia porque si no la tenés, no pasa nada. Y porque es un trámite imposible. Podés pasarte ocho años intentándolo. A mí me perdieron nueve veces la documentación”.

Sin premio ni castigo, habría residenciales en barrios acomodados que sí pagan sus impuestos en BPS y DGI, pero no se acercan al MSP para evitarse “el tedio” de un proceso “largo y caro” que, al final de cuentas, ¿quién valora? Porque, según plantean varios empresarios, “nadie averigua si el establecimiento está habilitado antes de ingresar a su pariente”.

Autoridades del Mides y del MSP de la pasada administración aseguran que para estimular la habilitación realizaron una gira por todo el país promocionando los cambios en la normativa —vigentes desde noviembre de 2016— y los nuevos instrumentos para agilizar el trámite, como la posibilidad de iniciarlo online.

¿Por qué se modificó la normativa? La creación de Inmayores (en 2012) se tradujo en un cambio de paradigma en el cuidado, sumándole una mirada social a la sanitaria. “Desde ese momento, para habilitar un establecimiento no basta con que el MSP evalúe la alimentación, la medicación y las condiciones de la planta; también se les exige que presenten un proyecto, y a la figura del director técnico (médico geriatra o general) se le agregó la figura del encargado social”, explica una fuente del Mides.

En la práctica, la competencia pasó a estar compartida entre ambos ministerios. Una forma de verlo es que se multiplicaron los ojos sobre los establecimientos, ya que pasaron a ser dos los equipos inspectivos. Pero, por otro lado, ahora que la sociedad pide explicaciones, esta forma de organizarse es objeto de culpas cruzadas: de un lado y del otro se habla de “falta de articulación” y de “demoras”.

Según información actualizada a la que accedió El País, 391 establecimientos ya cuentan con el certificado de registro que emite el MSP, el primer paso en el camino a la habilitación.

Este ministerio se encarga de analizar una extensa serie de declaraciones juradas que acreditan la idoneidad del responsable del establecimiento y de su director técnico; así como las correctas condiciones edilicias de la planta, su oferta de plazas y el estado de salud del personal y de los residentes; además de evaluar el proyecto presentado por el centro y la calidad del profesional encargado para gestionar el área social.

“Todos ellos, desde el punto de vista del MSP, están en correctas condiciones de funcionamiento. Así que serían muchos más los establecimientos controlados que 42, como se quiso transmitir a la población”, refuta una fuente.

Esta cifra es razón de orgullo para la exdirectiva del MSP, que dice haberla logrado en “dos años de intenso trabajo” con apenas cuatro inspectores en Montevideo —y los correspondientes a cada dirección departamental—, que combinaron esta tarea con la respuesta a las denuncias y a las eventuales clausuras.

Sin embargo, desde otra perspectiva, uno podría preguntarse, ¿por qué si había 391 expedientes encaminados, se concretaron solo 29 habilitaciones en 2019? Y acá, de nuevo, la dualidad de las cifras: 29 suena a mucho si se considera que ni en 2018, ni en 2017, ni en 2016 el MSP concretó habilitaciones. Montenegro, de Integra Residenciales, plantea que el limitado cuerpo técnico del MSP “priorizaba las denuncias y dejaba las habilitaciones para después”.

De acuerdo a la postura de las autoridades salientes del MSP, el enlentecimiento del proceso de la habilitación “se debe a la incorporación del Mides y sus exigencias” para concretar el segundo paso del trámite: el certificado social.

Para ello evalúa que se respeten los derechos de los usuarios, el cumplimiento del proyecto del centro, y estudia las competencias de las personas que allí trabajan, para las que, de forma gradual, se prevé una capacitación específica en el cuidado geriátrico.

Según la norma, el Mides cuenta con 60 días para expedirse, pudiendo otorgar hasta 30 días de prórroga para que el establecimiento resuelva cada observación. Pero, de acuerdo al relato de residenciales que transitaron el proceso, el tiempo se excede. Dice Duré: “Te dan un mes pero capaz que no vuelven en un año. Cada inspector te pide algo distinto, no están coordinados entre sí. Sé de un caso en el que no le dieron el certificado porque le pidieron que cambiara el color del piso, y de otro en que le pusieron una observación porque no tenía el menú a la vista”.

En 2019, con un equipo de seis inspectores trabajando en todo el país —combinando las inspecciones por habilitaciones con las visitas por seguimiento y la atención a las denuncias—, el Mides emitió 114 certificaciones sociales. ¿Eficiencia o desidia? Desde el MSP, recuerdan que fueron más de 300 los expedientes que les fueron transferidos y le recriminan que su demora para emitir certificados enlenteció el ritmo de las habilitaciones.

Con los dos certificados emitidos, el expediente vuelve a la órbita del MSP para la etapa final. En este paso se exige la certificación aprobada de la Dirección Nacional de Bomberos y la declaración jurada de un arquitecto que certifique que la planta cumple con las exigencias de la normativa.

Ambos requerimientos son muy costosos y por eso suele suceder que algunos establecimientos que tenían el trámite avanzado no lo terminen.

Algunos empresarios describen la experiencia como un círculo vicioso.

¿La normativa es excesiva? Aunque reconocen que hay posiciones encontradas entre los socios, los directivos de las asociaciones de residenciales opinan que no: las exigencias son “razonables” y posibles de cumplir “siempre y cuando los usuarios paguen mensualidades mayores a $ 30.000”.

Ambos confirman que han mantenido un diálogo fluido con los equipos de Cuidados del Mides en busca de solucionar las trabas que demoran el cumplimento de las observaciones para lograr la habilitación y contribuir a los realojos. En ese camino, Montenegro dice que se solicitó la exoneración del IVA y la reducción de las tarifas de los servicio básicos (UTE, OSE y Antel), como un incentivo para los residenciales habilitados y como una forma de contribuir a la reducción de su costo mensual, volviéndose más accesibles.

Esta propuesta todavía no prosperó, pero la Secretaría de Cuidados sí generó un convenio con el BROU que ofrece una línea de créditos blandos por un monto de hasta $ 550.000 destinados a remodelaciones edilicias, adquisición de equipos y capacitación de personal, entre otras cuestiones que se detectaron como necesarias para encaminarse en la habilitación. Sin embargo, Daniel Radío, el flamante director del Sistema de Cuidados, expresa que “hasta el momento solo se aprobaron 17 proyectos”; le parece poco.

Además, en cuanto a los cursos obligatorios para capacitar al personal, la secretaría priorizó en la larga lista de espera a los trabajadores de estos centros, lo que permitió que 350 ya tengan el certificado.

Y diseñó un programa de bonos con una lógica comparable a la prestación de cupo cama del BPS. Considerando el magro ingreso de miles de jubilados y pensionistas, la propuesta es cubrir la diferencia para ingresarlos en un centro habilitado. Esto desataría las manos de los inspectores, que deben hacer cierres programados “bajo estricta vigilancia”.

¿Qué costo tendría? Montenegro dice que se habló de 100 cupos para cerrar entre ocho y 10 residenciales; que a lo largo del último año desde el Mides llamaron a varios de los centros habilitados para decirles que tuvieran pronta una cama, “pero los usuarios no llegaban”.

Radío confirma que el crédito presupuestal de $ 39 millones había ingresado, pero todavía no pudo dilucidar en qué se usó.

Hasta que no haya una alternativa, sin familia dispuesta a cuidarlos y sin dinero para ir a un centro mejor, algunos de los residentes realojados ingresan como pacientes sociales a distintos hospitales.

Algunos pasan más de un año allí, expuestos a contraer una infección, a la espera de que se libere un lugar para ellos. Un funcionario del Maciel, cuenta: “Te dicen que están contentos porque comen y se alegran de ver gente. Otros extrañan el lugar de donde venían. Por más que las condiciones fueran espantosas, se acostumbraron a lo que les daban y están agradecidos con eso. Hay mucha de esa gente que, si mirás sus vidas, nunca tuvieron nada mejor que lo que recibieron de ese residencial”.