Policía

En los últimos días, las recurrentes filtraciones de chatsdel exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, colocaron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional en el centro de una tormenta que, como ya veremos, también desvela un conflicto interno entre los altos mandos y los subalternos, con un “desborde” de denuncias ante los sindicatos por sanciones excesivas, malos tratos, persecución laboral y sindical; panorama que, por su parte, el ministerio niega.

El nuevo capítulo del polémico caso se consolidó cuando la fiscal Gabriela Fossati anunció, el pasado 30 de noviembre, que abriría una segunda causa para investigar el contenido de los chats de Astesiano que no están vinculados a la comercialización de pasaportes ilegales y que podrían indicar, inicialmente, un delito de tráfico de influencias que compromete a varios cargos jerárquicos policiales.

Estas conversaciones, difundidas por distintos medios, expusieron un supuesto entramado de favores de diverso calibre: los hay de tipo personal, pero también otros muchos más graves, asociados a negocios ilícitos que aparentemente emprendía el excustodio. El abanico se amplía con cada nueva filtración. Por el momento, van desde ofrecer el uso de escuchas telefónicas mediante El Guardián y extraer información de inteligencia —incluidas las cámaras de videovigilancia— para empresarios; acceder a fichas policiales de legisladores de la oposición para vender información a una consultora en seguridad (Vertical Skies) hasta solicitar el envío de patrulleros y la exoneración de multas; que sea investigado un yerno de Astesiano, provocar una demora en la citación a declarar de su hijo, el acceso al parte policial de un caso en el que figuraba como testigo el propio excustodio y el traslado de agentes. Además, la fiscalía analiza la posibilidad de que un jerarca policial haya borrado mensajes de uno de los teléfonos de Astesiano.

Hasta el momento, el episodio generó la renuncia del subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, el número dos de la institución; según argumentó debido a los comentarios descalificativos que realizó hacía un legislador de la oposición y militantes frenteamplistas. Al respecto, el ministro Luis Alberto Heber declaró que la de Ferreira “es una actitud que lo enaltece porque deja a la administración sin compromiso” e insistió en que es un funcionario “que honró el uniforme”, aclarando que fue una decisión personal y no un pedido.

Los otros altos mandos comprometidos —ahora en licencia reglamentaria, “de modo de preservar los procedimientos”, dicen fuentes ministeriales— son el subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel; el director de Fiscalización de Empresas, Henry de León; el director de Inteligencia, Claudio Correa y el director del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Fabricio Fagúndez.

Este último había llevado adelante la investigación interna por el ingreso a las fichas de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, que culminó con la separación del cargo de una funcionariade la Dirección Nacional de Migración que había ingresado a la ficha de Carrera en agosto de este año.

En defensa de los mandos señalados, la cartera rectifica que las investigaciones internas realizadas sobre Ferreira y De León no han arrojado ninguna irregularidad. “Interpretaciones de los chats pueden ser muchas, muchas equivocadas porque se quedan en partes y no en el total (de la conversación)”, dijo el ministro a la prensa.

En tanto, el viernes pasado, tras entregar a la fiscal Fossati un nuevo peritaje del teléfonodel excustodio —que incluiría las comunicaciones con el presidente Luis Lacalle Pou—, Heber anunció que, tras información difundida por El Observador, iniciará una investigación interna al jefe de policía de Rocha y analizará el traslado arreglado de un agente a Rivera.

Más de la mitad de los 33.000 funcionarios policiales están sindicalizados, una rareza con respecto a la región donde, en algunos países, existen asociaciones pero no están reguladas. Las dos organizaciones más fuertes son el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom) y el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). Ante la pregunta de cómo impacta el caso Astesiano en la interna policial, ambas directivas confirman que “es un tema que sacude” hacia adentro de la institución de la misma manera que lo que está haciendo en la sociedad. “Afecta el ánimo y afecta el prestigio”, reconoce Luis Clavijo, referente del SUPU.

Sin embargo, la cautela los ha posicionado al margen de la polémica. “Todo se politiza y tratamos de tener un perfil ajeno a eso”, plantea Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom. Pero, sin referirse individualmente a ninguno de los jerarcas indagados, ambos sindicatos platean que como telón de fondo habría un fuerte conflicto entre subalternos y las jerarquías designadas por el gobierno. Fuentes ministeriales, en cambio, lo descartan: “La línea de mando funciona correctamente”, aseguran.

“Es de interés de todos seguir estas noticias porque nos interesa que la corrupción (que siempre estuvo) se vaya eliminando de la Policía, pero es muy difícil con una connivencia político policial en la que no está claro quién manda, ¿quién puso a esas personas en esos puestos como funcionarios de confianza?”, lanza Clavijo.

Los sindicalistas afirman que desde hace tiempo, al propio presidente Luis Lacalle Pou, al fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga y después a su sucesor, Heber, les plantearon “la necesidad de una renovación en los mandos para que la Policía se mantuviera con un perfil distinto, el que venía de a poquito tomando, pero los perfiles que eligieron son los de la vieja guardia”, apunta Rodríguez. Según supo El País, tras asumir el gobierno, la cúpula ministerial planteó a los sindicatos que querían diferenciarse de las administraciones frenteamplistas consideradas “laxas” en el respeto de las jerarquías.

“Nos manifestaron que la idea era que las jerarquías se respeten y para hacerlo se le daría prioridad a lo que el jerarca dice, incrementando su discrecionalidad”, comenta una fuente sindical.

El SUPU, en tanto, se reunió con Larrañaga y le entregó un listado de los mandos designados que, según ellos, habían cometido irregularidades en el pasado y que ahora habían sido “premiados” con cargos superiores. De los 19 jefes escogidos al inicio de la gestión, 14 volvieron del retiro. “Sacaron del ropero a varios que estaban con naftalina”, dice Clavijo y enfatiza que muchos de estos jefes “la embarraron” y ya fueron destituidos. Según informó La Diaria, a noviembre de 2021 ya eran ocho las sustituciones en las 19 jefaturas, en la gran mayoría de los casos por irregularidades.

Más cerca en el tiempo, en febrero, fue destituido el jefe de Treinta y Tres por omitir una denuncia de corrupción interna, y en setiembre pasado el jefe de Cerro Largo fue condenado a cuatro meses de prisión por los delitos de abuso de funciones y revelación de secretos al no actuar ante un caso de contrabando que cometieron dos policías, y además informar a un oficial que lo estaban investigando; en octubre la Fiscalía anunció que investigará al jefe de Durazno por un posible “maquillaje” de cifras de hurtos y rapiñas.

Para el gobierno, la sustitución de jefes “lejos de establecer una alerta, es una demostración de que la conducción política y civil está sobre los mandos policiales, removiendo a algunos por irregularidades y a otros para mejorar el funcionamiento de la Policía”.

Los sindicatos plantean que el problema se genera por un desfasaje entre una Policía joven y modernizada y la designación para cargos de poder de funcionarios que estaban retirados y representan a la vieja guardia policial. ¿Qué significa? “Conducen la Policía de una manera estricta, en la que el jefe lo es todo y el personal subalterno es inferior. Representan a una Policía sin derechos, callada porque las denuncias de corrupción tienen más consecuencia para el funcionario que denuncia que para el denunciado”, dice una fuente sindical.

Ambos gremios relacionan el incremento de las certificaciones por partes psicológicos —18%, según Sifpom— a la creciente persecución laboral que implicó el cambio de política. La cartera, sin embargo, los contradice y asegura que entre agosto y noviembre de 2022, hubo un descenso de casi 500 certificaciones.

“Hay una política de amedrentamiento para desestimular las denuncias”, dice Flavia Nardone, parte del equipo de ocho abogados que defiende a los socios del Sifpom. Si bien la cartera descarta un aumento de las sanciones, la abogada confirma que el departamento jurídico se ha visto “tapado de denuncias”, en especial por sanciones por “hablarle mal al jerarca o por no respetar la jerarquía”. También registran más denuncias que antes por irregularidades, “aunque no son cosa de todos los días”.

Esta política, opina Nardone, está más exacerbada que en las administraciones anteriores y se suman, además, los traslados arbitrarios, “estamos viendo muchos traslados por llevarse mal con el jefe”, comenta. Y pone el caso de una decena de funcionarios del Hospital Policial que fueron derivados al Centro de Comando Unificado “por llevarse mal con el jefe”: “De esos casos tenemos muchos”, agrega.

Las sanciones afectan el salario del funcionario pero además se acumulan y derivan en sumarios. “Los están sancionando y les abren sumarios de ese estilo que a veces llegan hasta el pedido de destitución. Hemos hecho denuncias de acoso laboral, de persecución hasta del sindicato y no frenan los sumarios”, plantea.

En Artigas, dos funcionarios de Migraciones fueron sancionados con seis meses de separación del cargo y retención del sueldo con el fundamento de abuso de las vías institucionales de denuncia, al denunciar acoso laboral. En el Hospital Policial, nuevamente, un jerarca le inició un proceso por daños y perjuicios a dos funcionarios que lo denunciaron por acoso laboral: reclama una compensación de 15.000 dólares. Sobre ese jerarca, dice la abogada, ya pesaban varias denuncias. “El otro día nos llamó un agente, la hija estaba internada por un intento de suicidio y no le permitieron ir a verla”.

La ley de Presupuesto Nacional incorporó un reclamo del sindicato de habilitar tareas compatibles con el estado de salud para aquellos funcionarios en situación de discapacidad parcial: “Pero, a pesar de que una Junta Médica decide si podés realizar una tarea o no, es el mando el que decide si la asigna, y si no te necesita te pasan a retiro”. Hubo otros cambios legislativos con la meta de reducir el personal certificado pero, dice la abogada, “el tema es que se le da cada vez más poder al mando, incluso en temas de salud”.

La actual administración también bloqueó las peticiones administrativas que los sindicatos presentaban ante el ministerio cuando el afiliado no encontraba eco en su superior. Ahora, “todo lo que el policía haga lo tiene que hacer ante el mando”. Este giro en la política “perjudica el accionar del sindicato”, que debe medirse “para no dejar al policía de rehén”. La cartera, sin embargo, no lo ve así. “Este ministerio tiene excelentes relaciones con los sindicatos. Un ejemplo de esto es que se firmó un convenio por horas sindicales y de derechos sindicales, dándole un marco a la tarea”, argumenta una fuente de la cartera.

En el período frenteamplista se incrementó el salario policial, se jerarquizó al personal subalterno permitiendo el pasaje de agente a oficial en la Escuela Nacional de Policía y se redujo la cantidad de grados jerárquicos de 14 a 10, facilitando así la movilidad; se mejoró la calidad educativa y profesionalizó a los funcionarios, incorporando tecnología. Además, se permitió el derecho a la sindicalización. “Pero se produjo un desgaste, incluso por parte de los gremios, hacia la figura de Eduardo Bonomi y el equipo de gobierno, principalmente por el impacto que tuvo la reforma sobre cierto modo de relacionamiento que existe en el interior de la Policía”, plantea el antropólogo y criminólogo Federico del Castillo.

Para este analista, Bonomi introdujo una serie de elementos civiles que funcionan bien en empresas —mecanismos gerenciales de control de gestión por resultados, políticas basadas en la evidencia, decisiones tomadas a partir de datos— “que en el mundo policial son vistos con recelo”. Se pasó “de apuntar en una libreta” a usar tablet y registrar cada novedad en el sistema.

La modernización provocó que los oficiales nuevos pudieran acceder a la jerarquía. “Y los oficiales más viejos, que estaban capacitados para una vieja Policía, tuvieron que dejarle el paso a la nueva generación. Se dio una sangría. Muchos no se adaptaron y se retiraron”, describe el experto en seguridad Edward Holfman. Así, los cargos pasaron a ocuparse más por conocimientos que por confianza. Se dio una renovación generacional y de liderazgo.

A esto se le sumó un cambio en la gestión. El rol preponderante de la comisaría se redujo y se crearon unidades especiales, se le dio más poder a la Guardia Republicana y se centralizó la gestión en el flamante rol del Director Nacional de la Policía. “El Frente impuso otra mentalidad y otra gestión que no se adecuaba a lo que habían hecho los gobiernos blancos y colorados. Entonces mucha gente afín de los partidos tradicionales renunció. Tenías a policías nuevos con toda la tecnología pero sin experiencia en lo que era el campo, el delito, y ahí estaba uno de los problemas de gestión”, detalla Holfman. Muchos de los que se retiraron en ese momento fueron convocados por el gobierno de Lacalle Pou.

La administración Bonomi terminó sumida en una crisis bajo el reclamo de respaldo de los propios policías. “Hubo una pérdida de lo que significa ser policía. Los mensajes del gobierno eran poco proactivos para el personal y así se fue formando una brecha cada vez más grande hasta que se generó una desmotivación profunda”, describe una fuente sindical.

El gobierno de coalición buscó una figura que fuera a la vez líder político y líder policial: la halló en el fallecido Jorge Larrañaga. Aportó “la arenga” añorada por los policías, se legisló saldando una serie de reclamos gremiales (el más notorio, la legítima defensa presunta) y se creó un segundo cargo de subdirector, para reforzar el rol de la Dirección Nacional de la Policía. A su vez, se regresó a las comisarías como un eslabón clave para recuperar la cercanía con la ciudadanía.

“El presidente demostró una enorme habilidad para interpretar la disconformidad que la Policía tenía con la gestión de Bonomi y designó a una persona que aportó ese respaldo. El ministro Larrañaga iba a los operativos, defendía a los funcionarios ante la prensa, pero cuando analizamos la relación entre la dirección jerárquica policial y la ministerial, vemos que la autoridad del ministerio está diseminada sobre los policías”, advierte Del Castillo.

Plantea que los altos cargos los ocuparon policías que, en su mayoría, estaban retirados: es el caso, por ejemplo, de los indagados por el caso Astesiano, Ferreira y Berriel. “Lo que prima son los saberes tradicionales de la Policía, una performance hacia afuera de respaldo pero hacia adentro, el gobierno civil de la institución que había forjado Bonomi se deshizo rápidamente y los mandos policiales pasaron a tener vía libre en materia de decisión”.

De acuerdo a este análisis, el caso Astesiano mostraría eso: “No fue el ministerio el que decidió cesar a Ferreira, él renunció, que es como decir que fue la Policía la que lo decidió”, dice el experto.

Para Holfman, el crujido entre los mandos y los subalternos se da porque, tras 15 años de un mismo gobierno formando una Policía, el gobierno de coalición aplicó una visión distinta, “y lo que hicieron mal fue no tomar en cuenta a los jefes o directores que tenían sino que toda la estructura nueva que se creó fue poniendo gente de su confianza, que venía de otra escuela, a mandar una Policía que estaba gestionada con otros principios de lo que era la Policía y la seguridad pública”. Según su lectura, al morir Larrañaga se cedió terreno a las jerarquías policiales.

Fuentes sindicales coinciden y opinan que, “el gran problema de la Policía es que los mandos están al mando, más que las autoridades políticas”.