UN PROBLEMA QUE SIGUE

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A cuatro cuadras del cruce entre Hipólito Yrigoyen e Iguá, Guzmán corre por las intrincadas calles de tierra. Tiene seis años de edad. Junto a él está su hermana Laura, de siete años. Las manos de los dos están salpicadas de barro. Adentro del asentamiento Aquiles Lanza, en el este de Montevideo, donde la familia García vive desde el año 2000, se ve un terreno de unos diez metros de extensión que está vacío, poblado únicamente por bolsas de nailon, botellas y envoltorios plásticos. La tierra está al descubierto, teñida de un color negro intenso. Al mirarla de cerca, asoman pequeños fragmentos de hilo de cobre y escarbando la tierra aparecen varios pedacitos de cables y de enchufes. Una humareda negra que proviene de allí inunda el ambiente con olor a plástico quemado.

En esa tierra sobre la que los niños corren y juegan, el nivel de contaminación es de 744 miligramos de plomo por kilo de tierra (mg/kg), según un análisis de suelo realizado para esta investigación. La cifra es muy alta, casi el doble de 400 mg/kg, el límite admitido en los suelos residenciales, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la institución y medida de referencia que se utiliza en Uruguay para la contaminación por metales pesados en suelos.

“Es una luz amarilla, una alerta”, dice el ingeniero químico Gualberto Trelles, director del Laboratorio Ecotech, donde se analizó la muestra. “Ese resultado indica la necesidad de profundizar en el estudio de la zona. Efectivamente, hay indicios de que en ese lugar esa contaminación podría estar más extendida”, agrega.

En los caminos de Aquiles Lanza, en Malvín Norte, cada tanto se ven manchas negras con restos de ceniza en el suelo. La quema de cables, chatarra y residuos no se limita a un lugar; los puntos de quema se pueden encontrar hasta en los propios patios de las casas.

Laura (su nombre, al igual que el de su hermano, fue cambiado para proteger su identidad), esa niña que juega sobre la tierra, tiene seis microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dL), y Guzmán 6,4. Las cifras son altas, ya que cinco mcg/dL es el nivel de referencia al 2021 según la Unidad Pediátrica Ambiental (UPA), área dedicada a monitorear efectos de contaminantes ambientales como el plomo. Tanto en Uruguay como en el mundo, se busca bajar este nivel a tres.

“Está muy bien estudiada la disminución de coeficiente intelectual y las alteraciones en el aprendizaje en niños expuestos a plomo”, afirma el toxicólogo Darío Pose, coordinador de la unidad. En Uruguay, se reportaron 16.338 casos por contaminación por plomo entre 2001 y setiembre de 2020, según un pedido de acceso a la información pública realizado al Ministerio de Salud Pública (MSP). En 2019 y 2020, la cantidad de casos reportados disminuyó en comparación con años anteriores: Salud Pública tiene registro de 152 pacientes en 2019 y 76 en 2020 (en ese caso hasta setiembre), mientras que en 2018 se habían reportado 212.

Se trata de reportes, la cantidad real puede ser distinta. La información recibida es escasa y no está discriminada por departamento y barrio, tal como se solicitó en el pedido de acceso. “De plomo lo que recibimos es la notificación, que además nos informa la UPA, nadie más. Muy pocas instituciones hacen plombemias. Capaz que en un año tenés cinco casos de notificaciones de mutualistas”, dice una fuente del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP.

Según autoridades del MSP, la UPA y del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), no se sabe cuántas personas están contaminadas por plomo en el país. Tampoco existe un estudio epidemiológico de plomo.

El plomo es calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los 10 productos químicos más preocupantes para la salud. Este metal pesado puede ingresar al cuerpo humano por vía oral o por la respiración. Basta con que se funda, queme o corte plomo para que vuelen sus partículas y sean respiradas o ingeridas por quienes están a pocos metros. Afecta en especial al sistema nervioso central. Las poblaciones de mayor riesgo son los niños y las embarazadas, etapas de vulnerabilidad debido al desarrollo de los órganos. A menor edad del niño, mayor es el riesgo.

Cefaleas, pérdida de memoria, fatiga general, apatía, agotamiento muscular y dificultad para concentrarse: esos sonalgunos de los síntomas que pueden observarse en adultos, según el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
“Aún no se ha determinado un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse exento de riesgo”, planteó la OMS en 2017. El cuerpo humano no necesita plomo para cumplir ninguna función, según el libro Plomo, salud y ambiente. Experiencia en Uruguay de los doctores Mabel Burger y Darío Pose.

El descubrimiento del problema del plomo en Uruguay data de octubre de 2000, cuando a un niño del barrio La Teja —que padecía una anemia aparentemente infundada— le detectaron que su nivel de plomo en sangre era de 31 mg/dL. A partir de este caso, el destape de una contaminación masiva en la población montevideana resonó en los medios de comunicación sobre todo unos meses después, en 2001.

Fábricas que utilizaban plomo, pinturas en las paredes de algunas casas, cañerías de plomo en edificios antiguos, juguetes, nafta con plomo, terrenos con escoria de plomo enterrada: estas eran las principales fuentes de contaminación que se detectaron en Montevideo.

“Como surgió en La Teja se quiso estigmatizar como un problema de los pobres y lo lograron, lamentablemente”, argumenta la pediatra Elena Queirolo, exdirectora de la Policlínica de Contaminantes Ambientales en el Hospital Pereira Rossell, quien ha investigado este problema desde su surgimiento en Uruguay. “No sé cuántos médicos y pediatras consideran hoy por hoy que todos los niños pueden tener plomo, que todos tienen efectos adversos porque no discrimina por clase social o sexo”, agrega la doctora Queirolo, quien hoy continúa investigando sobre el tema desde la Universidad Católica.

Ante la detección de diferentes fuentes de contaminación con plomo en el país, se tomaron varias medidas relevantes. Los usos del plomo fueron regulados principalmente a través de las leyes 17.774 y 17.775, promulgadas en mayo de 2004.

Se redujo la cantidad de plomo en pinturas y juguetes, se dejaron de fabricar cañerías de plomo y nafta que lo contuviese. El control de residuos, emisiones al aire y efluentes de las grandes fábricas pasó a ser regla. Sin embargo, el problema del plomo continúa impactando, aunque el Estado lo considera solucionado.

Baterías de los autos de plomo-ácido. Cañerías y pinturas viejas. Aparatos eléctricos y electrónicos. Placas de computadoras. Coberturas de protección de cables de conducción eléctrica y telefónica. Algunas cerámicas y vidrios. Según la OMS y otras fuentes consultadas para esta investigación, esos elementos contienen plomo en la actualidad.

El desguace de chatarra eléctrica o electrónica es una forma rápida de obtener metales que luego pueden ser vendidos. Hoy las situaciones más comunes de contaminación por plomo se dan de la mano del trabajo informal con chatarra electrónica, metales y baterías de plomo-ácido, aseguran las autoridades.

La toxicóloga Amalia Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) y responsable de la UPA, llama “minería urbana” a la recuperación informal de chatarra. “Son estos procesos de acumulo y reciclaje de metales, a veces en el predio familiar, que se realizan en muchos casos en forma ilegal o informal, pero que se hacen en espacios públicos”, explica.

Uno de los metales con mayor valor en el mercado es el cobre, muy utilizado como conductor eléctrico en cables. En efecto, Uruguay es uno de los principales exportadores de América Latina, sin tener yacimientos de cobre: se exportan entre 2.000 y 3.000 toneladas de cobre al año.

Y con el cobre, el plomo viene asociado: “El cable está rodeado de plomo, el cobre está rodeado de plomo, y el plástico también lo contiene”, afirma Laborde. En general, para poder vender el cobre a un depósito, negocio o empresa, se debe retirar el plástico del cableado.

Para obtener cobre y plomo se queman cables. “Ocurre en todo Montevideo”, sostiene Adriana Sosa, médico pediatra integrante de la UPA. La combustión generada por la quema de cables libera sustancias tóxicas, entre ellas plomo, metal pesado que funciona como un buen aislante térmico y estabilizante.

En Montevideo, entre 2015 y 2020, hubo 14.184 denuncias por cables robados de UTE, de acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado a la empresa. Solamente entre 2019 y 2020, se duplicó la cantidad de denuncias registradas: fueron 7.012, mientras que entre 2015 y 2018 fueron 7.172.

La seccional policial 15 —que corresponde a Malvín Norte, donde se ubica el asentamiento Aquiles Lanza— es una de las que recibió mayor cantidad de denuncias: entre 2015 y 2020 registró 1.518 denuncias por cables de UTE hurtados. También entre esos años fueron hurtados 426.857 metros de cable en todo Montevideo. De ellos, 18.897 metros correspondían a la seccional 15.
UTE no tiene información de denuncias y cantidad de cable hurtado previo a 2015. Tampoco cuenta con información sobre circunstancias, lugares y móvil de los robos.

Para esta investigación también se realizó un pedido de acceso a la información pública a Antel, consultando sobre denuncias y cantidad de cable de telefonía robado. Pero el organismo no dispone de datos sobre la cantidad de denuncias ni de la cantidad de cable robado. Alega, además, que la información es reservada.

En aquellos terrenos de Aquiles Lanza donde juegan Guzmán y Laura, están desperdigados puntos de quema de cables y metales. La Intendencia de Montevideo (IMM) detectó contaminación por plomo en el asentamiento en cuatro instancias de evaluación: en los años 2007, 2012, 2013 y 2014, según un pedido de acceso a la información pública realizado para esta investigación.

Entre las casas del barrio, en una puerta de chapa a medio caer pintada con letras amarillas y naranjas, dice: “Depocito (sic). Compra y venta de metales”. Cerca de una de las entradas al asentamiento se alza un gran galpón de chapa. “Depósito El Tío” se puede leer en una de sus paredes. Debajo, los metales que compran: plomo, cobre, cadmio y más. La lista completa 10 materiales diferentes.

Según el Informe del asentamiento Aquiles Lanza de la IMM, la presencia de estos depósitos “que compran plásticos, papel y metales con un manejo inadecuado de estos materiales” fue detectada y constatada por autoridades de la UPA en visitas realizadas en 2011. Hace 10 años.

Hoy los depósitos continúan funcionando. La familia García, por ejemplo, es propietaria de uno de ellos. Su caso es uno de los más conocidos del barrio.

En 2001 los García comenzaron con el comercio de metales y chatarra: desde latas de desodorante (de aluminio) hasta cables de cobre, desde grifería de plomo y bronce hasta calefones de cobre. Encontraban plomo en desagües, graseras, plomadas, caños y materiales antiguos. Acumulaban chatarra y metales en su patio, en su cocina y en su living. Recibían cables todos los días. Cuando llegaban a 50 kilos, era momento de quemarlos. Cuentan que los prendían fuego en el patio de la casa, sobre el suelo de tierra. Cuando el fuego estaba prendido, los siete hijos de la familia se sentaban en el piso junto a sus padres y observaban el crepitar del fuego, como si fuese una fogata.

Gladys García dice que se llenaba de orgullo: “Lo veíamos como una jornada para que nuestros hijos aprendieran de sus padres”. Repetían la quema una o dos veces por semana. Allá a fines de 2011 —con las primeras visitas de autoridades de la IMM, de la UPA y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a su hogar— se enteraron de la problemática. Desde entonces, las plombemias de los siete hermanos han dado positivas.

Guzmán asiste a la escuela 317, sobre Iguá y Calle 124, a dos cuadras de su casa. Es un niño inquieto y al que le cuesta respetar los límites, dos características que se mantienen en sus hermanas.

El equipo docente de la escuela se enteró hace dos años y medio que los hermanos García tenían plomo. Lo que siguió fue la búsqueda de información.

Algunos de los principales trastornos observados en niños que se han visto expuestos al plomo son: agresividad, impulsividad, problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas de atención, hiperactividad y también disminución del coeficiente intelectual. Los siete hermanos de la familia García presentan varios de estos síntomas mencionados.

Si un niño tiene entre 0 y 5 mcg/dL, el control y seguimiento de sus niveles de plomo continúa en la policlínica de su barrio. Si el niño tiene entre 5 y 10 mcg/dL, se considera que puede existir una fuente de contaminación en su hogar o en su barrio. Si los niveles son superiores a 10, se hacen visitas domiciliarias y territoriales.

“Los niños tienen todo su sistema nervioso y sus aparatos en crecimiento, y ahí es donde el plomo lesiona y no vuelve para atrás”, explica la pediatra de la UPA María José Moll.

Los hermanos García, como todos los niños contaminados con plomo, fueron derivados a la UPA, el área de prevención, diagnóstico y manejo de afecciones infantiles a raíz de la presencia de contaminantes en su entorno ambiental. Los niños se controlan allí cada seis meses.

Desde sus comienzos en 2010 y hasta febrero de 2021, la UPA asistió 2.062 casos de plomo en sangre. Un promedio de 187 niños por año. La mayoría son de Montevideo. “Cuando nos encontramos con un niño con retraso en el desarrollo físico o mental, no podemos decir ‘esto es 100% por el plomo’, puede darse por muchos factores. Pero hay una cantidad de niños que tienen un trastorno en los aprendizajes, en las conductas, y pensamos que el plomo influyó”, plantea Pose, toxicólogo coordinador de la UPA.

“No es sencillo entender que se está jugando el capital de un país”, concluye la pediatra Moll. Y alerta: “Si hay algo que hace el plomo, es robar inteligencia”.

Hoy Gladys García vive en un complejo de viviendas en la calle Iguá, a pasos del asentamiento Aquiles Lanza. Su expareja todavía acopia y recupera algunos metales y desechos. Ella ya no lo hace más. “La familia y los amigos están ahí. Aunque no trabaje más con metales, mis hijos pasan todo el día en el asentamiento. Y la contaminación está ahí”, explica García.

En 2015 se realizó una jornada de actividades y concientización, organizada por los integrantes del Centro Cultural Malvín Norte. Parte de esa jornada fue pintar un mural en el barrio.

Sobre el muro con alambre de púa que separa el asentamiento de un complejo de viviendas, se pintó un grafiti en el que se leía: “Plombemia. Niños con plomo”. La gente que pasaba se detenía a sacar fotos del mural. “Todo el mundo se iba enterando de algo que estaba tapado, callado”, dice García.

El CAIF, las escuelas y el Centro Cultural Malvín Norte se informaban, organizaban reuniones de padres y explicaban a las familias los riesgos del plomo.

“La gente ya está medio concientizada. Todo el mundo conoce la contaminación por plomo, hay millones de publicaciones. Pero la contaminación prevalece”, dice la química farmacéutica Adriana Cousillas, directora del Centro de Toxicología de la Facultad de Química: Y entonces admite: “La quema de cables no se la podemos cortar a los vecinos, porque es su fuente de ingresos. Hay que buscar otro tipo de soluciones”.

Hoy aquel mural sobre los niños con plomo ya no está más en el Aquiles Lanza: algunos vecinos pintaron la pared de blanco. Pero el plomo sigue ahí: sigue siendo un problema en el barrio.

"Si queman cables es porque lo pueden vender"

Los controles al trabajo informal con metales

No se cuenta con esta información sistematizada”, contesta la Intendencia de Montevideo (IMM) ante un pedido de acceso a la información pública solicitando la cantidad de denuncias por trabajo informal con metales. “Si hay un depósito, podemos ir a intimar. Pero si es una persona que está quemando cables en su casa, no tenemos muchas herramientas más que la educación y la coordinación de acciones con otras instituciones”, admite Lorena Acosta, química en el Servicio de Evaluación de Calidad y Control Ambiental de la IMM.

La misma consulta se hizo al Ministerio de Trabajo: la División de Condiciones Ambientales tampoco cuenta con la cantidad de denuncias por trabajo informal con metales. “Si hay relación de dependencia, actuamos. Si la empresa no tiene empleados, no es competencia nuestra. Si es totalmente informal, es difícil verificar que se está viendo afectada la salud”, dice el inspector Pedro Osuna. Y admite que es infrecuente detectar casos así. El arquitecto Néstor Pereira, inspector de la misma división, agrega que “hay un montón de agujeritos negros” y que en parte de la cadena ellos no pueden intervenir.

En tanto, el doctor Gastón Casaux, director de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP, coincide que en el hogar es difícil intervenir: “Está la Constitución que lo prohíbe”. Además, sostiene: “Si la gente quema cable es porque lo puede vender. Y si lo puede vender es porque hay un pequeño depósito que lo compra y alguien después que le compra a ese pequeño depósito. Hay que cortar esa cadena”.