CORRUPCIÓN PRIVADA, FRAUDE Y COMPLIANCE
América Latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento. Comparado con sus pares de la región, Uruguay parece un paraíso inmune a este resfriado.
La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:
Ella - Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?
Él - Sí. Pero es preferible tener una refinería que nada.
Ella - Pero podríamos tener dos.
Él - No hay voluntad política.
Es parte de la "obra de ficción inspirada libremente en eventos reales", según sus autores, de El Mecanismo, la nueva serie de Netflix basada en el libro Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva, hoy preso por corrupción.
Lejos de la ficción, la consultora Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de corrupción, crimen organizado, evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero) que circula por América Latina. Ante la consulta, señala: "Las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los US$ 147.000 millones anuales, y las que ingresan a la región, a US$ 257.000 millones".
A nivel empresario, según el último informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude, en América Latina y el Caribe, el 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una media de US$ 100.000 en "coimas" para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema.
Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los diferentes países, es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América Latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos respectivamente, los que mejor califican.
Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción pública-privada, la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta la quita de la personería jurídica a las empresas. Hay países que si no tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hoc en los códigos.
Un decorado.
A pesar de las normas, "estamos mal", dice, al referirse a la región, la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. "Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whisleblowers y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles, y a las oficinas correspondientes sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto tenemos un decorado anticorrupción y falta de implementación de las normas en muchos países". Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los expresidentes peruanos, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli; en Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva y ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada "la ruta del dinero K"; en Brasil, el Lava Jato involucra a los principales nombres de la política del país.
La gran pregunta es: este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo?
Tres modelos.
La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. "En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad". Afirma que se dan de tres maneras distintas:
1- Existe el modelo "campeones", como el de Brasil: "El gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se van, o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?"
2- El modelo "paraguas internacional": "En Honduras y en Guatemala se ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas".
3- El modelo "¿me conviene?": "En Argentina y Perú los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas".
"El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad", comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la Justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, "habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos países, para investigar algo en el extranjero, la Justicia recurre a procedimientos del siglo XIX, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez que dice me falta un dato… y vuelve a pasar por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresas off shore a la distancia de un click".
Las pérdidas.
En Brasil, la consultora Inter B, solo en base a las obras públicas de infraestructura, estima que el costo directo de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre US$ 460 mil millones y US$ 1 billón, es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI, es decir, que de cada 100 pesos que genera la economía, nueve se destinan al pago de sobornos o "mordidas". A Perú le cuesta más de US$ 3.600 millones al año según la Defensoría del Pueblo. Es decir US$ 10 millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año
Se estima que en Colombia equivale al 5% del PBI, es decir unos US$ 15.000 millones. Por otro lado, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en la Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en US$ 2.500 millones por año. Y la lista sigue.
Con información del
Grupo de Diarios América (GDA)
Odebrecht, una trama de sobornos a casi todos
Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma que Odebrecht pagó cerca de US$ 788 millones en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, y en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel internacional, pero sobre todo regional por la magnitud de las cifras.
Consultada la empresa, esta responde que "Odebrecht está colaborando con la Justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya ha reconocido sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas".
Pero no es tan sencillo. "El caso de Odebrecht ha probado que había un esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha de aceite en todo el continente y en dos países de África. Lo que se ha demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para investigar, que hay poca armonización de la legislación entre los países. Si esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucha más veloz", dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Otro tema polémico relacionado con el caso es que no hay acuerdo y sí mucha discusión sobre si la empresa puede o no seguir operando. Los modelos de Estados Unidos y Panamá son pragmáticos: se paga una multa y se sigue adelante, priorizando el empleo. Pero "no existe un único modelo en la región", dice Ferreira Rubio. El caso Odebrecht salió a la luz por el Lava Jato. Pero ¿es la única que operaba a través de ilícitos? Fuentes cercanas a la constructora afirman que no.
El soborno de Siemens
En 2009 Siemens reconoce que en 1997 pagó sobornos por US$ 106 millones para ganar una licitación para imprimir documentos de identidad y comprar silencios. No fue el único país en que lo hizo. En 2013 la Justicia argentina procesa a 17 funcionarios de Siemens, Itron e intermediarios por cohecho activo y tráfico de influencias. No hay funcionarios públicos procesados.
Boudou y el caso Ciccone
El exvicepresidente Amado Boudou está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona, la eximprenta Ciccone Calcográfica para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado aprovechando su condición de funcionario público, cuando era ministro de Economía. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele.
La ruta del dinero K.
En 2013, Periodismo para todos reveló el testimonio de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, admitiendo su participación y el rol del empresario Lázaro Báez como testaferro de los Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza unos 55 millones de euros en un lapso de seis meses y desviar fondos públicos adjudicados a empresas de Báez para la realización de obra pública.
Los ecos del Lava Jato
La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún en curso, comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló profundos esquemas de corrupción. Hoy hay 183 condenas contra 119 políticos y empresarios. Investigadores rastrearon pagos de coimas por US$ 1.825 millones. Se negociaron 395 acuerdos de cooperación con al menos 42 países.
La calicute, foco en Río
Es una derivación del Lava Jato en Río de Janeiro. La Calicute llevó a prisión al exgobernador Sergio Cabral y seis de sus secretarios, a los dos últimos presidentes de la legislatura, y al presidente del Comité Olímpico Brasileño, entre otros. Las investigaciones involucran contratos del gobierno y la compra de votos para la Olimpíadas de Río. Hay 144 denunciados y 37 condenados.
Con Lula, el Mensalão
Principal escándalo del gobierno de Lula, el caso fue revelado en 2005 y juzgado por el Supremo Tribunal Federal en 2012, antes de la Ley Anticorrupción. Según la denuncia, los parlamentarios recibieron coimas para votar de acuerdo con el interés del gobierno federal. Integrantes de cinco partidos políticos estaban involucrados. Hubo 24 personas condenadas.
Fraude con autopistas
Sucedió en 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos. El Ministerio de Obras Públicas pagó sobresueldos a 129 funcionarios, mientras que la empresa Gestión Administrativa y Territorial recibió pagos injustificados por autopistas concesionadas. En 2014 se condenó al ministro Carlos Cruz por fraude y a Sergio Cortés, exjefe de Finanzas de Vialidad, a cinco años de libertad vigilada más una multa de US$ 777 millones.
Proyectos irregulares
En 2006 la Contraloría General detectó graves irregularidades en 70 de 77 proyectos financiados por Chiledeportes con recursos por US$ 700.000, lo que provocó una querella del Consejo de Defensa del Estado por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento privado. Además, en enero de 2007 se reveló que otros 114 proyectos también tenían irregularidades y que fueron adjudicados en 2005, en plena campaña.
Plata para las campañas
En 2014 salió a la luz un fraude tributario cometido por grupo Penta, un holding que aportó para las campañas políticas a través de boletas "falsas", que remitían a servicios nunca hechos. La minera SQM también fue investigada por financiamiento irregular de campañas. A 2017, eran 27 los políticos involucrados. Tras esto se legisló para que las empresas ya no puedan dar aportes a los políticos.
Desvío de donaciones
El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, fue procesado por haber desviado US$ 15 millones provenientes de la cooperación de Taiwán, los cuales estaban destinados a pobres y zonas afectadas por terremotos. Flores falleció antes de enfrentar un juicio. Hoy se dirime si el Estado se puede quedar con parte de su patrimonio como compensación civil al desfalco.
Del tesoro a a la familia
El expresidente Antonio Saca es acusado de sacar US$ 320 millones del Tesoro nacional entre 2004 y 2009. El expresidente desvió ese dinero hacia 14 cuentas que favorecieron a sus empresas. Se libraron cheques para hacerlos llegar a las agencias de publicidad, para que estas los pasaran a empresas de Grupo Samix, propiedad de la familia de Saca. El exmandatario hoy está detenido.
Coimas por hospitales
El exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela (2004-2009) enfrentará un juicio por actos de corrupción. Según la Fiscalía General de la República, favoreció a la empresa CPK en la construcción de dos hospitales públicos. El funcionario avaló el pago de US$ 1,7 millones adicionales y concedió una prórroga a la empresa, pese a que el contrato era llave en mano e impedía ese tipo de concesiones.
Conflicto de intereses
En 2014 saltó un presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto, pues su esposa compró una casa por US$ 7 millones que fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación de un tren y 22 contratos de obra pública. La Secretaría de Función Pública dijo que no había conflicto porque Peña Nieto no participó de las contrataciones.
Vínculos con criminales
Desde 2012, 15 exgobernadores han sido investigados por desvío de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado. Los casos más resonantes son los de los exmandatarios de Veracruz, Javier Duarte, detenido en abril de 2017 en Guatemala; Roberto Borge, de Quintana Roo, detenido en Panamá en junio pasado; y César Duarte, de Chihuahua, con órdenes de aprehensión a nivel federal.
Un pozo y negligencia
En julio de 2017 se abrió un socavón en la autopista "Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos", que cobró la vida de dos personas que cayeron en él cuando circulaban en su auto. Se inició una investigación en contra de la Secretaría de Transportes, y se determinó que hubo "negligencia administrativa" porque no se atendieron los avisos de posibles fallas. No hay responsables penales y la indagatoria sigue abierta.
Video y chau Fujimori
En 2000 se difundió por TV el primer "vladivideo", en el cual se veía al congresista Alberto Kouri recibiendo US$ 15 mil de Vladimiro Montesinos, asesor del exmandatario Alberto Fujimori, a cambio de pasarse a la bancada Perú 2000 (oficialismo). Fujimori renunció dos meses después. A Kouri se le sentenció a seis años de cárcel por corrupción y enriquecimiento ilícito, y a Montesinos a ocho años.
Lavado, tala y narcotráfico
Corrupción, narcos, tala y minería ilegal. El caso del abogado Rodolfo Orellana se inició en 2014 y cuatro años después ya tiene a 400 involucrados. Se trata de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos, actividad para la cual tenía apoyo de notarios, jueces, policías y hasta autoridades. Por este caso todavía no se inició el juicio. Orellana sí fue sentenciado por otras investigaciones.
Favoritismo a petrolera
Todo empezó en 2008, en el gobierno de Alan García, cuando supuestamente se favoreció a la empresa Discover Petroleum para la adjudicación de cuatro lotes de explotación por parte de PetroPerú. Los delitos fueron tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. Entre los involucrados se destacan el exministro Rómulo León y el expresidente de PetroPerú. En 2016 un tribunal resolvió la absolución.
Una obra por más del doble
La modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) se estimó en US$ 3.777 millones. La corrupción hizo que costara US$ 8.106 millones. La investigación judicial determinó que durante el proceso se suscitaron un sinnúmero de irregularidades, que habían sido ya adelantadas por la junta directiva de la entidad. Hay siete procesados. El escándalo saltó en 2016 tras una auditoría.
Pagar para no ir preso
En 2017, a través de la interceptación de comunicaciones entre el exgobernador de Córdoba y el fiscal anticorrupción, se descubrió en la Corte Suprema de Justicia una red de ventas de beneficios judiciales. Los clientes habrían sido una decena de congresistas. Lo que se hacía era frenar órdenes de captura contra personas procesadas, como ser senadores.
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