DEMOCRACIA PARITARIA

Michelle Bachelet, Chile. Dilma Rousseff, Brasil. Cristina Fernández, Argentina. Laura Chinchilla, Costa Rica. ¿Carolina Cosse o Beatriz Argimón en Uruguay? La posibilidad existe (y no tendría que limitarse a Cosse o Argimón), pero hoy parece poco probable que las elecciones de 2024 arrojen la primera presidenta uruguaya de la historia. La representación femenina en la política nacional sigue siendo una asignatura pendiente, al menos si se la compara con varios países de la región. 

En agosto de este año, ONU Mujeres realizó una serie de webinars denominada “Hacia una democracia paritaria en Uruguay”, en donde participaron, entre muchas figuras políticas y sociales, la propia vicepresidenta Argimón, Fátima Barrutta (autora de uno de los nuevos proyectos de ley sobre cuota femenina y diputada suplente del Partido Colorado) y también la doctora en ciencias sociales Niki Johnson. En su exposición, Johnson dio en aquel momento algunos datos sobre este estado de situación.

En primer lugar hay que mencionar que Uruguay ya tiene una ley de cuota, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2014, y que significó un incremento de la representación parlamentaria femenina. Aún así, esa ley no alcanza para llegar a un tercio de mujeres en el Parlamento. Y si se compara con la región, Uruguay estaría fuera del Mundial, con nulas chances de siquiera llegar el repechaje: nuestro país está en el undécimo lugar de representación femenina en política, tras naciones como Argentina, Bolivia, México, República Dominicana y El Salvador (la comparación es en base a mujeres en cámaras bajas o únicas de parlamentos latinoamericanos).

“Lo que hemos visto en estos estudios realizados en los últimos 25 años” -dijo Johnson entonces- “es que hay factores que limitan leyes de cuotas, entre ellos cómo los partidos aplican esas leyes”.

Es decir, hecha la ley, hecha la trampa. La académica se refería al enfoque “minimalista” de la ley de cuotas. En teoría, se aspira a la representación lo más igualitaria posible. En la práctica, empero, los que definen el armado de las listas, entienden que el tercer lugar de cada terna es el lugar “de la mujer”. Y rara vez las listas son encabezadas por mujeres.

Así las cosas, está complicado para que una mujer se pueda convertir en primera candidata a un cargo legislativo. Si esa mujer además es de otro departamento que no sea Montevideo o Canelones, las chances de convertirse en diputada son aún menores.

Hacia adentro de los partidos políticos, entonces, estaría una de las claves a desentrañar. El director de Factum Eduardo Bottinelli dice a El País que hoy hay “una posibilidad concreta” que pueda haber al menos una precandidatura de una mujer”, como ya ha pasado en anteriores elecciones. “El tema pasa por las elecciones internas de junio de 2024, si a partir de esas internas pasan a la etapa de candidatura única de cada partido”, dice el analista. Si siguiera dominando la postura “minimalista” —no ya solo y específicamente en el armado de listas sino a un nivel más abarcador- las candidatas no tendrían demasiadas chances de alzarse con la candidatura única por su partido a la presidencia. Pero habrá que ver.

La presentación de dos proyectos de ley (además del de Barrutta, también la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez ha presentado el suyo) para aumentar la presencia de las mujeres en la política es, para la politóloga y consultora en comunicación estratégica Victoria Gadea, la demostración de una “demanda insatisfecha”.

Gadea pone el ejemplo de la reforma constitucional de 1996, que introdujo el balotaje, entre otros cambios de relieve. “Claramente era porque el sistema se había dado cuenta de que estaba más fraccionalizado. Por ejemplo, de haber ganado el Frente Amplio en el régimen anterior, podría no haber tenido el apoyo parlamentario suficiente, lo cual podría haber generado problemas institucionales”, dice la experta y prosigue: “Hoy el sistema se da cuenta que la baja representación de las mujeres no se estaría dando solo por la voluntad de los partidos y los electores, sino que se necesitan nuevas reglas para que más mujeres puedan llegar a cargos electivos, de confianza y de poder”.

Gadea, quien ha estudiado a fondo el tema, dice que no es solo una cuestión de representación parlamentaria sino algo más amplio a nivel social y económico.

Cuando se debaten estos temas a veces se recurre a esta palabra, de claras connotaciones negativas. En este caso la discriminación es “positiva” dado que favorece a un grupo que, hasta ahora, ha sido excluido de aquellos lugares en los que se toman decisiones políticas o económicas (y atenta contra el colectivo que, desde hace siglos, tiene la sartén por el mango, los hombres).

Para Bottinelli, la “discriminación positiva” es algo ya incorporado al mundo político: “Los mecanismos de discriminación positiva cumplen un rol que se ha discutido en la literatura. La mayoría de los estudios demuestran que tienen un efecto para lo que se busca: la mayor participación de mujeres en política, y también un segundo objetivo, que es la visibilización de las mujeres en cargos de decisión”. Gadea, en tanto, reitera que discriminar positivamente mediante leyes tiene consecuencias directas sobre los resultados electorales y, en última instancia, la cualidad y la calidad de la democracia.

¿Cómo nos paramos, como sociedad, ante los reclamos de una representación política más equitativa en términos de género? La directora de la consultora Cifra Mariana Pomiés participó del ciclo de webinars organizado por ONU Mujeres y ahí presentó los datos más relevantes de una encuesta que Cifra había realizado especialmente para divulgar en dicho evento, titulada “Actitudes hacia la participación de mujeres en política y obstáculos percibidos en Uruguay”. Ahí Pomiés se refirió, entre otras cosas, al manido tema de la “idoneidad”, la “preparación” y todos esos argumentos que muchas veces se postulan para cuestionar la discriminación positiva.

Algo así como que “lo que importa es la preparación para tal o cual puesto, no si es mujer u hombre”. En ese sentido, Pomiés expuso lo siguiente: “Si miramos los números de los últimos años, veremos cómo las mujeres han ido aumentando su participación en la universidad. En muchas carreras la mayoría de los egresados son mujeres. En ese aspecto, cuando muchas veces se dice que ‘hay que estar preparado’, sabemos objetivamente que las mujeres están igual o más preparadas que los hombres, porque en su conjunto tienen mayores niveles de educación”.

A la luz de este dato, una posible respuesta a la disparidad en cuanto a acceso a lugares de liderazgo político puede ser que aún no ha pasado el tiempo “suficiente” como para que las mujeres lleguen a una equidad respecto a acceder a los primeros puestos en las listas.

Pero Pomiés señaló otra faceta del estudio que también puede iluminar esta problemática específica: en Uruguay, se percibe como bastante más difícil para una mujer hacer valer su opinión, y en política las opiniones cotizan siempre al alza, se sabe.

Una única comparación, y para no irse tan lejos como a Estados Unidos o Suecia (países que también figuran en la lista de comparaciones de dicho estudio): mientras que acá nomás, en Argentina, hay un 68% de la población relevada que percibe que las mujeres tienen las mismas condiciones (igual de fácil o de difícil, según se vea) para hacer valer su opinión, en Uruguay solo 33% de los encuestados considera que mujeres y hombres tienen las mismas chances de “expresar su opinión política”. Más de la mitad de los uruguayos y uruguayas encuestados en esa ocasión, 52%, sostuvieron que era más difícil para una mujer que para un hombre hacer valer su opinión política.

Si la pregunta es “¿piensa que para una mujer es más difícil llegar a ser presidente?”, siete de cada diez uruguayos (72%) piensa que sí, que es más difícil.

Consultada por El País, Pomiés dice que ella cree que una mujer bien puede alzarse con la candidatura única de su partido para las próximas elecciones nacionales. Dependerá, agrega, si sus partidos “se lo permitan”.

Pomiés aclara que una cosa es que los partidos políticos permitan presentarse -“de hecho, el Frente ya lo hizo, y creo que el Partido Nacional podría llegar a hacerlo”, comenta- y otra cosa si la gente está dispuesta a votarla. “Las encuestas muestran que sí, que estaríamos dispuestos a eso, a votar por una candidata presidencial mujer. De todas maneras, a mí me gustaría ver cómo sería una campaña electoral con varias mujeres”, dice.

—¿Por qué dice que le gustaría ver una campaña así?

—Porque yo creo que el sistema político no está... (piensa)... Creo que los hombres del sistema político uruguayo se defienden mucho, y que son muy duros con las mujeres, con las compañeras de ellos. Entonces, no sé cómo podría llegar a ser una campaña así.

Para decirlo de otra manera, Pomiés piensa que es el sistema político, no la sociedad, es el que le pone un obstáculo a la posibilidad de una presidenta uruguaya. Eso cambiará, añade, cuando los partidos políticos se den cuenta que hay un importante apoyo popular para una candidata a la presidencia. “Por sí mismos los hombres no lo harán, porque además estamos hablando de poder y de dinero. Muchas veces son cargos que se ocupan durante gran parte de la vida. Y cederle eso a una mujer, cuesta”. Así las cosas, según Pomiés y los estudios que Cifra ha realizado, las mujeres tienen que por un lado enfrentar obstáculos en la sociedad y por el otro aún mayores trabas dentro de sus partidos, donde los hombres se aferran a sus cargos con uñas y dientes.

Ante ese panorama, en el cual los hombres no le ceden espacios de relevancia a sus compañeras, una o varias leyes que le pongan los puntos sobre las íes a los varones puede ser un camino viable. Barrutta, autora de uno de los dos proyectos de ley que están a estudio, dice a El País que “en Uruguay hay un gran circuito electoral que es Montevideo, y otro mediano que es Canelones” y que el panorama fuera de allí es muy distinto. “La ley de cuotas se cumple en esos dos circuitos, pero en el interior eso no sucede porque son circuitos electorales pequeños. Una misma lista en el interior no saca tres diputados, sino uno. Y sale diputado el que encabeza esa lista”, explica Barrutta, quien aclara que habla a título personal, como autora del proyecto de ley, y no por el Partido Colorado. No es necesario incluir en la conversación ninguna opción idiomática para designar a una mujer. Quienes encabezan las listas electorales en ese tipo de circuitos son, en su enorme mayoría, hombres.

De ahí que el proyecto de ley que ella presentó pero que por ahora duerme el sueño de los justos considere específicamente la realidad en el interior del país. Barrutta pregunta retóricamente: “¿Realmente queremos tener una democracia representativa y paritaria en el interior del país? Entonces, ahí también la lista tiene que ser uno a uno”.

La diputada suplente presentó su proyecto de ley en febrero de este año. El de Gloria Rodríguez, en tanto, fue presentado en marzo y plantea la participación política paritaria de personas de ambos sexos en la integración de los órganos electivos nacionales, departamentales, municipales, de dirección de los partidos y en el Parlamento del Mercosur.

¿Hay chances de que uno de esos dos proyectos se convierta en ley? “La verdad es que tengo que ser sincera en esto”, dice Barrutta. “El mío no ha recibido estudio. Se podrá decir que hay otros temas y que pasamos por una pandemia, lo cual es cierto. Pero esto no es para discutir un día antes de las próximas internas. Son temas que se tienen que discutir paulatinamente. En ese sentido, ustedes en la prensa son importantes, porque es fundamental que se hable de esto, que se vea que hay cosas para mejorar. Tal vez eso pueda contribuir a que en las próximas elecciones, todas las listas sean paritarias, o que las suplencias sean del mismo género”.

Pero claro, la discusión hay que darla y no es una discusión sencilla, sino profunda. Porque como dice Barrutta, es una discusión sobre el poder. Y hasta ahora, son contados con los dedos de una mano aquellos que renunciaron a él.