MARIHUANA: LOS PLANES DEL EJECUTIVO

¿Cerveza con gusto a marihuana? El gobierno estudia la posibilidad de incluir en el Reglamento Bromatológico Nacional el uso del cannabidiol puro (CBD), sin psicoactivos. Esto significa que, de resolverse a favor, la industria del cannabis podría desarrollarse hacia la producción y comercialización de bebidas u otros productos alimenticios (tés, galletas, chocolates, caramelos o barras comestibles, por citar algunos ejemplos) en base a esa sustancia.

Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou, es quien está a cargo del tema y dice a El País que esto podría poner a Uruguay “a la vanguardia a nivel mundial, como lo hizo la ley del cannabis de 2013”, aprobada entonces por el gobierno de José Mujica.

En la campaña electoral el presidente se comprometió a no dar marcha atrás en la legalización de la marihuana, un tema en el cual se avanzó durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero lo de los alimentos no es la única novedad vinculada al cannabis. El gobierno también busca que los medicamentos que contienen cannabis y que se venden en farmacias bajo prescripción médica, puedan ser accesibles a través de las mutualistas y de los prestadores de salud, anuncia Carlos Lacava, el químico farmacéutico al frente del nuevo Programa Nacional del Cannabis Medicinal y Terapéutico.

Y el afán del gobierno por incentivar la industria del cannabis pasa, además, por otros frentes. Martinelli recibió el encargo del presidente Lacalle Pou de “destrabar” el problema vinculado a las operaciones bancarias y financieras provenientes del cannabis (las empresas no pueden abrir cuentas bancarias debido a una normativa de Estados Unidos) y definió un plan de acción en ese sentido. Además, trabaja en aggiornar el decreto 46, relativo a la regulación y control del cannabis y aprobado en 2015.

Y, además, se suman los anuncios realizados por el presidente del lanzamiento de un proyecto de desarrollo del sector del cáñamo en Bella Unión, con miras a convertirse en zona franca.

En el área privada, Fotmer Life Sciences, una de las grandes del rubro, comenzó a exportar la semana pasada sus flores de cannabis secas, que se venderán en farmacias en Alemania, con su marca. La firma del acuerdo fue con la compañía Cantourage, con sede en Berlín. Esto es un hecho sin precedentes para la industria uruguaya. Otros players manifiestan interés en Uruguay, como la aceleradora brasilera The Green Hub (TGH), que está fortaleciendo sus contactos con productores nacionales, luego de abrir una operación en estos lares a principios de año.

Veamos, uno a uno, estos anuncios vinculados a la industria del cannabis.

Hay una “industria ávida” y un “gran mercado potencial” de consumidores de alimentos con CBD, dice Martinelli, por su sabor y propiedades.

El asesor presidencial aclara que los productos no tendrían THC —el componente psicoactivo—, y que las proporciones que se manejan de CBD (98% de pureza) no afectan negativamente la salud. “Es más bien parecido a las vitaminas o al aloe”, afirma. En efecto, el CBD no provoca reacciones alucinógenas, no altera el estado de ánimo, ni genera dependencia. La semilla es nutritiva y rica en proteínas y grasas, ayuda como antiinflamatorio, para relajarse, y en casos de epilepsia y fibromialgias, según expertos.

“De aprobarse el decreto para incluir el uso del CBD en el Reglamento Bromatológico Nacional, se moverá más la industria del cannabis, el mercado interno, serán más las chances de que vengan inversionistas para participar en el negocio y, si los productos se pueden exportar, serán más ingresos para Uruguay”, agrega.

La etapa siguiente al decreto es la adaptación de la industria en ese sentido. La Cámara de Empresas del Cannabis Medicinal (Cecam) asegura que el mercado local ya tiene jugadores de mucho peso que están preparados para ello.

En el país existe un ecosistema de más de cien empresas en el sector, de las cuales 82 son de cáñamo y las demás están vinculadas al cannabis medicinal. “Algunas de esas empresas tienen más de cinco años desarrollando genética, métodos de cultivos, de cosecha y extracción, esperando oportunidades”, dice Marco Algorta, presidente de Cecam.

NetCann está en esa lista. Se trata de una empresa totalmente uruguaya fundada en 2019, con un enfoque de productos agrofarmacéuticos. En los últimos meses ha invertido varios millones de dólares en la plantación, extracción e industrialización del cannabis, con foco en el CBD. Juan Francisco Rodríguez, uno de sus fundadores y gerente financiero, explica a El País que, si bien el mercado es incipiente, tiene expectativas de que se desarrolle rápido, como pasó en otros países.

“Antes de la pandemia, viajamos a foros y ferias del cannabis en Reino Unido, Canadá y Las Vegas. Sabemos que el potencial es enorme y nos estamos preparando para ir más allá de las medicinas y cosméticos como ahora, para llegar a ser proveedores o desarrolladores en el segmento de alimentos”, afirma. NetCann tiene un campo en San José y una planta industrial en Pando; está integrada por 25 personas y, en la zafra, llegan a ser cerca de 100.

Hay un antecedente. En 2018 el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó la producción y venta de yerbas con agregados de cannabis, de las marcas Cosentina y La Abuelita. Pero esto no ocurrió bajo la categoría de alimentos, sino como especialidades vegetales. La inclusión del CBD en el Reglamento Bromatológico tendría otro alcance y un impacto directo en el sector alimentos.

El gobierno acaba de lanzar el Programa Nacional de Cannabis Medicinal del MSP, bajo la responsabilidad de Lacava, también vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos.

El programa fue creado por la ley 19.847 de cannabis medicinal aprobada en 2019, y comenzó a funcionar en junio. Su objetivo es mejorar la accesibilidad a los medicamentos en base al cannabis por parte de los pacientes. Y la novedad es que esta iniciativa incluirá a las mutualistas y prestadores de salud.

Lacava lo explica así a El País: “Hay medicamentos que contienen cannabis que están registrados en el MSP y se venden en farmacias bajo prescripción médica. Pero no están incorporados al formulario terapéutico de medicamentos, que son los que las mutualistas y los prestadores de salud -como ASSE y otros- pueden prescribir a sus usuarios, por ejemplo con el ticket mutual. Por lo tanto, hoy la única forma de acceso a los medicamentos que contienen cannabis es vía particular, comprándolos en las farmacias. Eso se quiere cambiar”.

Que los medicamentos de este tipo puedan ser entregados por los prestadores de salud no solo los hará más accesibles a la población, sino que bajará los precios. ¿En qué casos se prescriben? “Por ejemplo, para la epilepsia refractaria, que no responde a otros tratamientos. No curan, pero reducen los síntomas”, explica Lacava.

En el país se producen medicamentos en base al cannabis con materia prima importada. “Por eso se quiere que la industria nacional desarrolle más cultivos, haga las extracciones y produzca los principios activos para que las empresas formulen los medicamentos acá”, agrega.

Volviendo al programa de cannabis medicinal, otros de sus objetivos son contribuir a la reglamentación de la ley 19.847 y mejorar las coordinaciones dentro del MSP y entre las distintas entidades que se encargan de esta temática, como el Ministerio de Ganadería y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), para aceitar procesos y trámites, actualmente con “cuellos de botella”.

El cargo de Lacava reporta a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). Sobre los tiempos para implementar el objetivo de que las mutualistas puedan prescribir medicamentos con cannabis, responde que aún no puede precisarlo.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian considera que el programa tiene “un destaque especial” dentro del MSP: “Estamos decididos a potenciar y dinamizar el sector del cannabis medicinal, por su enorme potencial”.

El subsecretario dice que el gobierno ha emitido dos decretos que “están en sintonía con apoyar al sector y avanzar en cuestiones del período anterior”. Se refiere a los decretos 214/20 y 215/20 de agosto pasado, que habitan la exportación del cannabis medicinal y cáñamo industrial, aunque en la práctica aún no se han visto mayores resultados.

Las empresas que exportaron en 2020 fueron: CPlant (5.662 kilos a Suiza), Fotmer (1.920 kilos a EE.UU., Israel y Portugal), Cannabhanga (500 kilos a Suiza), Cannabis Uruguay (493 kilos a Suiza), Ignapin (a Suiza) y Medic Plast (a Argentina, Brasil y Perú), lo que totaliza unos 10.350 kilos equivalentes a seis millones de dólares, según datos de Ganadería.

En una visita a Bella Unión, Artigas, el presidente Lacalle Pou anunció el 11 de junio un llamado para el desarrollo de la plantación e industrialización del cáñamo en la zona, con el fin de generar desarrollo y fuentes de trabajo.
Aún no se han mostrado los pliegos, pero se proyecta una zona franca especializada en cáñamo para permitir la instalación de industrias y laboratorios de medicamentos vinculados al cannabis.

En ocasiones anteriores, directivos de Alcoholes del Uruguay (ALUR) han expresado interés en que se diversifique la producción en Bella Unión, lo que permitiría que las personas pudieran trabajar todo el año y no en forma concentrada en los períodos de zafra de la caña de azúcar, que es el mayor sustento de la zona.

La zafra de caña de azúcar emplea a 156 productores y 1.400 cortadores: 800 externos y 600 funcionarios de ALUR. La mano de obra para la caña de azúcar puede ser la misma que para el cáñamo.

“Por el momento no tenemos más información que la brindada por el presidente”, afirma Diego Serrano, director ejecutivo del Ircca. “En líneas generales, las zonas francas han funcionado bien en nuestra economía, atrayendo inversiones, generando empleo y desarrollando sectores, por lo que parecería un excelente proyecto. La participación del instituto será la que se le encomiende”.

Algorta, en tanto, opina: “Ese es un espaldarazo tremendo a la actividad. El gobierno ya había nombrado a la industria del cannabis como sector estratégico, pero ahora habla de una zona temática. Es un primer paso para dinamizar varios reclamos de la cámara sobre otros usos del cannabis no medicinal, como la utilización del cáñamo para la formulación de alimentos, bebidas, cosmética y productos veterinarios”.

Aunque la legislación uruguaya permite la apertura de cuentas y transacciones bancarias para las actividades vinculadas al cannabis, en Estados Unidos esa es una sustancia prohibida y, por ende, esas transferencias son consideradas ilícitas.

Esto representa una limitante para los bancos en Uruguay, que trabajan con los bancos de Estados Unidos. No obstante, los analistas proyectan que, con Joe Biden en la presidencia del país, esta situación cambiará pronto. Martinelli lo fundamenta así: “Hay 15 estados en Estados Unidos que han legalizado la marihuana, el más reciente fue Nueva York, y están generando presión. Ya la Cámara de Representantes aprobó la ley de banca segura, que es como un salvoconducto que permitiría las operaciones bancarias y financieras en este sector”.

Dicho proyecto de ley fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos por 321 votos a favor y 101 en contra. Ahora se está discutiendo en el Senado

¿Qué pasará si no se aprueba esa iniciativa o si demora más de lo previsto? “El plan B es que los bancos en Uruguay y los bancos federales de Estados Unidos se pongan de acuerdo en viabilizar determinadas transacciones. No serían acuerdos de gobierno a gobierno, sino de bancos con bancos”, responde Martinelli.

La experiencia de Canadá sirve de referencia. Bancos canadienses y estadounidenses no esperaron por ninguna ley habilitante, sino que firmaron un protocolo de actuación que permite ciertas operaciones provenientes del cannabis. “Estamos en contacto con un estudio jurídico norteamericano que reunió a las partes en el caso de Canadá. Ya les pedimos una opinión legal para un acuerdo similar con Uruguay”, adelanta el asesor de la Presidencia.

El gobierno también trabaja en modificar el decreto 46, que reglamenta los distintos aspectos vinculados al cultivo del cannabis, producción y comercialización. “Lo que buscamos es ordenar la cancha y aggiornar la legislación”, dice Martinelli.

Su trabajo tendrá tres líneas. Primero, que la ley facilite más la exportación (hoy bastante trabada); luego precisar definiciones en su texto para que no existan vacíos o ambigüedades (por ejemplo, qué es “materia prima”, qué es “producto semi-elaborado según la ley”); y por último establecer con claridad los alcances de cada organismo que participa en el tema del cannabis. “A veces los interesados van de un organismo a otro, nadie resuelve y se pierde tiempo”, afirma Martinelli.

De cara al impulso de la industria, Serrano señala que el Ircca también está enfocado en agilizar procesos a través de cambios en la fase de presentación de proyectos en busca de mejorar la calidad, lo que mejoraría el tiempo de evaluación, entre otras medidas.

“Varios proyectos empresariales se han enlentecido en su implementación no solo por el tiempo Ircca de licenciamiento, sino también en algunos casos por la ausencia de capitales que concreten los proyectos, por cadenas de producción y comercialización aún no cerradas y por la falta de habilitaciones, registros o autorizaciones de otros organismos, entre otros motivos”, defiende el director del instituto.

Así las cosas, en los últimos días son varios los impulsos a este sector tan dinámico como polémico. Habrá que ver hasta dónde se llega.