EL OJO DE LA TORMENTA

El viento gélido sopla sobre una calle transitada del suroeste de Montevideo. Un hombre resiste el frío, como cada noche, en la fila de la olla popular ubicada en Camino Cibils y Francisco Javier Siti, en el barrio La Paloma. El hombre cuenta que trabajó en la construcción hasta que llegó la pandemia; ahora hace changas. Le preocupa no haber conseguido aún un empleo estable: “A veces tenés la suerte de que agarrás un buen laburo o alguna changuita un par de días, pero después volvés a la caridad”, dice.

Tiene casi 40 años. Asegura que, hasta que golpeó el covid, nunca había tenido que recurrir a una olla. “Pero luego tuve que hacerlo”, se lamenta. Carga un balde de cinco litros que en otro momento tuvo helado. Por momentos fija la mirada en un punto del horizonte y dice cosas como esta: “Quedás un poco a la deriva porque te das cuenta de que vino un vientito y te voló todo, y te trabaja emocionalmente la cabeza, ¿viste?”.

No está solo. Unas 50 personas, incluyendo niños, todas de tapabocas, también esperan su turno para llenar el tupper. La gran mayoría son jefas de hogar, dicen que solían tener empleo como limpiadoras, o se revolvían vendiendo en los ómnibus. Según relatan, también empezaron a venir a las ollas populares desde que comenzó la pandemia. Hoy casi todas están desempleadas. Vienen aquí para llevar al hogar la cena para hijos y nietos; en muchos casos, desde lejos.

Se improvisa una ronda. Una mujer madura cuenta que ella sí tiene trabajo, pero que “siempre” viene a esta olla porque le pagan 55 pesos la hora. “Hago 12, 13, 14 horas para ver si llego aunque sea a un monto de algo. No cobro casi nada... Con lo que me da, pago la luz y el agua”.

“Yo busco trabajo, quiero progresar, pero no hay, no encuentro”; “a mi edad es difícil encontrar trabajo”; “trabajo, imposible”; “vas a pedir trabajo y ya con 30 años sos viejo” son otras reflexiones que pintan la desesperación en la fila.

Ya van dos horas de espera, pero no hay más que comentarios positivos hacia la dueña de la olla y su labor. “Allison te da la comida como si fuera para ella”; “viene ropa y nos avisa”; “no dejo a Allison, ella me dio una mano hasta ahora”, son los comentarios que se multiplican sobre esta mujer de 47 años que cocina para todos.

A Allison, ahora mismo, la están entrevistando de Subrayado. Cuando termine, seguirá con la tarea. “Siguiente”, exclama y llena los recipientes con la ayuda de dos personas. Allison cuenta que su iniciativa comenzó hace tres años, antes de la pandemia. Empezó ofreciendo 50 viandas y hoy llega a casi 600 por día, de lunes a jueves. Junto a la comida de olla, entrega 100 litros de leche diarios. Esta tarea comienza a las ocho de la mañana y se extiende por unas 12 horas.

Al igual que otras 380 ollas ubicadas en el área metropolitana, la de Allison se sustenta principalmente con alimentos provistos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través de la gestión de la organización sin fines de lucro Uruguay Adelante (UA), que se activó en julio de 2020. Por el volumen que concentra -prácticamente triplica la oferta de las otras- la olla de Allison es la más grande del universo directo de UA.

¿Por qué abrió la olla? En la crisis de 2002 junto a su esposo e hijas fueron a una olla popular. “Yo viví lo que está viviendo mucha gente hoy en día”, confiesa. “Pero ahora veo cosas que nunca había visto. La pandemia te hizo ver mucha necesidad de la gente”, plantea.

El sociólogo Víctor Borrás visualiza a la pobreza como un “umbral”, en función del cual se entiende que las personas que están por debajo “tienen algún tipo de privación en el bienestar”. No es tarea sencilla medir la pobreza, porque hay que definir qué se entiende por bienestar y cómo fijar ese umbral.

“La medición de la pobreza es un tema complejo. El método del ingreso, mediante el cálculo de las Líneas de Pobreza e Indigencia, es una de las aproximaciones posibles a la cuantificación de la pobreza”, expresa un documento del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2006.

Un hogar es pobre si el ingreso corriente con valor locativo del hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar, señala el INE, tomando en cuenta la canasta básica de alimentos, la no alimentaria y el número de integrantes del hogar. A valores de julio de 2021, un hogar de Montevideo de tres personas con ingresos totales líquidos inferiores a 43.108 pesos era considerado pobre.

La “canasta básica total” la integran la “canasta básica no alimentaria” y la “canasta básica alimentaria”. Se considera indigente a la persona que no alcanza el monto de la segunda canasta, que a mayo de este año era de 4.795 pesos.

El año que irrumpió la pandemia, el 11,6% de las personas estaban bajo la línea de pobreza: es decir, el 8,1% de los hogares. Esto significó un incremento de 2,8 puntos porcentuales respecto a 2019 en personas pobres (8,8%), siendo el guarismo más alto desde 2013 (11,5%). A su vez, hubo un aumento de 2,2 puntos porcentuales en la pobreza en hogares (5,9%). Además, la indigencia afectaba al 0,2% de los uruguayos en 2019 y a 0,4% un año después.

¿Qué nos dicen las cifras de 2002? A partir de 2006 se comenzó a hacer una encuesta a nivel nacional y no solo en localidades de más de 5.000 habitantes, entre otros cambios; aplicando este criterio de medición, la pobreza en 2002 se ubicó en 35,2%, consigna una investigación de Unicef de 2017.

La contracción del PIB en 2020 fue de 5,9%, representando la mayor caída de la actividad desde 2002 (7,7%). En 2021, en tanto, se registró una caída tanto del porcentaje de personas bajo la línea de pobreza -de 11,6% a 10,6%-, como de hogares en esa condición -de 8,1% pasaron a 7,5%-. Si bien no llegó a niveles de 2019, fue el primer descenso de ambos indicadores desde 2017, cuando Uruguay tuvo la menor cifra de pobreza en su historia -7,9% en personas y 5,2% en hogares-.

Además, el año pasado también cayó la indigencia -pasando de 0,4% en 2020 a 0,3% en 2021-. Asimismo, el PIB uruguayo creció 4,4% en 2021, superando la previsión original de 3,5%.

“Uno de los aspectos tal vez más dramáticos de las crisis radica en su corrosiva asimetría: mientras que en períodos muy cortos la desigualdad y la pobreza de ingresos pueden aumentar sustancialmente, el regreso a los niveles originales lleva mucho más tiempo”, advierte una investigación de marzo de 2021 firmada por los economistas Gonzalo Salas y Andrea Vigorito. Tomando en cuenta el coeficiente de Gini, el INE señala que hubo “un nivel de desigualdad similar entre 2021 y 2020 y algo superior respecto al 2019”.

En conclusión, fueron 99.953 las personas que cayeron en la pobreza en 2020, y se llegó a un total de 409.586 personas en esa situación, según cálculos de El País, tomando en cuenta los porcentajes del INE. De acuerdo al dato anual más reciente, la pobreza afectó en promedio en 2021 a 375.561 uruguayos, 34.025 pobres menos que en 2020. En tanto, en el segundo semestre del año pasado había 28.344 pobres más que en el primero, lo que implica una cifra de 389.733 pobres en la segunda mitad del año.

Los economistas Agustín Iturralde -director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)- y Santiago Soto -exsubdirector de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y coordinador general del centro de estudios Etcétera- coinciden en que hubo una “fuerte reducción” de la pobreza tras la crisis de 2002 y en particular en los gobiernos del Frente Amplio. Pero tienen notorios matices. Mientras Iturralde marca que desde 2018 este indicador “empezó a subir”, Soto pasa directo de la disminución de 2006 al “aumento significativo” en 2020.

Iturralde entiende que “las políticas de reducción de la pobreza ya habían encontrado algún tipo de límite cerca de 2017”, y recuerda un estudio del CED, de abril de 2020, que tomaba datos de 2019. Allí se alertaba que 250.000 personas no eran pobres según la línea de pobreza, “pero tenían todas las características asimilables”.

Iturralde, el economista, agrega que los programas de gobierno de 2019 ya plasmaban que el país “tenía algunos problemas de integración social y territorial que pasaban por debajo de las mediciones tradicionales de bienestar social”. En 2019 el país mostraba “más asentamientos, más gente en situación de calle, mucha más violencia y la pobreza había bajado mucho” en años previos, a pesar del aumento que comenzó en 2018, dice.

Del otro lado, Soto recuerda un análisis presentado de los economistas Matías Brum y Mauricio De Rosa al comienzo de la pandemia, en el que estimaron que unas 100.000 personas caerían en la pobreza debido a las medidas del gobierno: esto sucedió. En tanto, estimaron una contracción del 3,5% del PIB para 2020, que finalmente fue de 5,9%.

El frenteamplista Soto insiste en que el gobierno tenía “un diagnóstico muy claro y herramientas muy claras que no eran tan costosas para poder mitigar de mejor forma el impacto de la crisis”. Además, opina que en 2020 se debió haber seguido el plan de los economistas aumentando las transferencias a 0,5% del PIB (unos 270 millones de dólares ese año) para mantener los niveles de pobreza de 2019. Los planes especiales del Mides en 2020 representaron el 0,25% del PIB. Ese año se activó el fondo covid que dispuso de 727 millones de dólares el primer año de pandemia, 1.153 millones de dólares en 2021 y se prevé unos 400 millones de dólares para este año.

“No es justo decir que el gobierno generó 100.000 pobres”, opinó el economista Brum en abril pasado durante una entrevista con Desayunos Informales (canal 12). Si bien la pandemia “hizo un descalabro” y el gobierno “tomó medidas que cortaron en 20.000 la generación de pobres”, con “un poco más de dinero llegábamos a cortar más” la suba, agregó.

Sobre los datos de 2021, que por primera vez se dieron de forma semestral, Iturralde prefiere no hacer “estimaciones puntuales” y afirma que “hubo manejos excesivamente puntillosos de todos lados, de algunos con el dato del primer semestre y otros del segundo semestre, según cuál les favorecía más”.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo en febrero pasado que había bajado el porcentaje de pobreza en los menores de seis años, tomando datos del primer semestre de 2021 contra el año prepandemia. “En 2019 teníamos casi 43.000 niños en situación de pobreza; en el año 2021, según datos del primer semestre, tenemos algo menos de 39.000 niños que se encuentran en situación de pobreza. Es decir que hay algo más de 4.000 que dejan de estar en esa situación vulnerable de pobreza”, había dicho.

Brum remarcó que “técnicamente no se puede hacer” esa comparación: “Es como si dijeras que este verano estuvo muy cálido con respecto al año anterior”. Cuando se conoció el dato anual, finalmente la pobreza en menores de seis años reflejó una caída respecto a 2020, pero estuvo por encima de los valores de 2019, lo mismo que pasó con las demás franjas.

“Hay un manejo de los datos de pobreza que es indefendible”, le recriminó la diputada frenteamplista Bettiana Díaz a Arbeleche durante la interpelación de mayo. La ministra respondió que “los datos comentados el 15 de febrero, y cuya presentación está en la web, son los que estaban divulgados al 15 de febrero”.

A partir de julio de 2021, la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que mide la pobreza, pasó de muestras mensuales independientes de hogares, a un panel rotativo con periodicidad mensual, en donde los hogares seleccionados de forma aleatoria permanecen en la encuesta durante seis meses, describe el INE.

En 2021 se publicaron por primera vez los informes semestrales de pobreza. Iturralde dice que “dados los ligeros cambios metodológicos, para las estimaciones más puntuales esperaría a algún período más”. Pero, tal y como lo ve Soto, el gobierno en 2021 “se convenció de que los problemas de pobreza en 2020 ya los había superado”, y en consecuencia “tomó medidas que estuvieron acordes a un diagnóstico equivocado, por lo tanto, muy insuficientes”.

Arbeleche dijo en la interpelación que el gobierno “mantiene el compromiso de sostener el salario real”, así como enfatizó que la “mayor apuesta en términos de políticas sociales es al empleo” porque “va a lograr sacar a la persona de la situación de vulnerabilidad”. Y esto, aclaró, con “el Estado acompañando en todo lo necesario”. Desde el Frente Amplio han insistido en que faltó apoyo, pero Arbeleche enfatizó en que las medidas del gobierno se han pensado “muy especialmente en la población más vulnerable”.

Los analistas coinciden en que la que afecta a los niños es el núcleo duro de la pobreza desde hace años. En las franjas de sub 17 trepa al 20%, prácticamente duplicando la cifra global. El problema, señalan, está vinculado al volumen de ingresos de esas familias, que suelen ser magros y con varios hijos a cargo.

Soto dice que, como la pobreza infantil “deja cicatrices que tienen efectos en el largo plazo”, se tendrían que haber usado más recursos. Iturralde, en tanto, plantea que es un “problema estructural” y habla de la “falta de solidaridad intergeneracional”, por la diferencia de recursos para jubilaciones respecto a niños.

En la ley de Rendición de Cuentas pasada se aprobaron 50 millones de dólares para un plan de primera infancia, de 0 a 3 años, que se activó en 2022. “Nunca en nuestro país se habían dado tantos recursos para los niños”, dijo Arbeleche.

Mientras Soto asegura que el plan “está muy focalizado” hacia un “pequeño subgrupito” y que “los apoyos se siguen requiriendo” incluso después de esa edad, Iturralde lo toma como una “inversión relevante”, y argumenta que hay “mucha literatura que respalda la eficiencia del gasto en primera infancia”.

Desde el Mides, que maneja 30 millones de dólares del monto, señalan que el plan es “estructural”. Cecilia Sena, directora nacional de Desarrollo Social, destaca la importancia de trabajar con esa población porque “todo lo que no llega en esa etapa de la vida después es mucho más difícil poder conseguirlo”.

Un eje es el Bono Crianza (prestación mensual de 2.000 pesos por menor, que se transfiere a 25.000 hogares de extrema vulnerabilidad socioeconómica; por un total de 17,5 millones de dólares). Otro apoyo son las becas para que niños vayan a jardines privados si no hay lugar en un CAIF (5,8 millones de dólares). Y un tercer eje implica más acompañamiento familiar y teleasistencia (3,2 millones de dólares); la captación temprana de casos vulnerables tras incorporar a 23 técnicos en maternidades (1 millón de dólares) y el mismo monto en sistemas para integrar la información.

La Diaria informó en abril que, de acuerdo a un relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), ese mes se estaban dando 30.000 porciones más que en noviembre. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, lo negó, tomando cifras de Uruguay Adelante cruzadas con las de la Intendencia de Montevideo, que también apoya a las ollas.

El ministro de Defensa Javier García dijo a principios de junio que de enero a mayo de este año cocinaron 32.000 platos de comida frente a 132.000 platos en el mismo plazo de 2021, a pedido de los centros coordinadores de emergencia y el Mides. Además de este respaldo, las iglesias e iniciativas particulares brindan alimento a la población vulnerable.

Del apoyo estatal a ollas y merenderos, UA maneja directamente un 62% de las llamadas “iniciativas” y la CPS el resto. Santiago Pérez, fundador de la UA, plantea que la percepción de que hay más gente en ollas es porque varias cerraron tras muchos meses de trabajo, lo que generó una concentración. Sus números indican que disminuyó la cantidad de porciones e iniciativas que entregan: según UA, se dan 142.614 porciones semanales en 380 ollas. En agosto de 2021 eran 206.920.

El último contrato -de 67.5 millones de pesos- se dio por menos plazo que el anterior por la “subida de precios” y porque en invierno “va a subir” la demanda, dice. El País intentó sin éxito comunicarse con CPS.

Tras un acuerdo con el Mides, UA -que también recibe apoyo de privados- comenzó en marzo de 2021 a gestionar la compra y distribución de alimentos para ollas y merenderos de Montevideo y la zona metropolitana. Desde entonces recibió 265.000.000 pesos. El acuerdo termina en setiembre.

Pérez dice que UA no busca “eternizar la comida”, sino “cambiar realmente el funcionamiento de las políticas sociales” a partir de los referentes de las ollas, para que estos lugares sean “un espacio destinado sobre todo a niños y adolescentes”.

Fuentes del Mides dicen que no está previsto renovar el contrato con la UA “porque las ollas no son un fin en sí mismo”. Pero adelantan que contemplan al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y propondrán en la Rendición de Cuentas aumentar recursos para “fortalecer” el sistema de alimentación en diferentes centros y llegar a “lugares clave”. Pérez señala que hoy el INDA solo puede trabajar en sus comedores y no en la estructura de ollas populares.

Este año, el INE hará por primera vez ocho preguntas en la ECH para evaluar la situación alimentaria de Uruguay. Y ahí habrá más información.

Sobre qué pasará con quienes hoy comen en ollas, en el Mides dicen que “hay mejores indicadores económicos que meses atrás” y que se siguen brindando transferencias que han pasado de 9.515 millones de pesos en 2019 a 15.804 millones de pesos en 2022. Así llegan a un millón de personas y, a la par, se activó la rebaja en la recarga de garrafas para los meses más fríos y un descuento focalizado del IVA. La incertidumbre, de todos modos, se mantiene.