De tres policías encarcelados por homicidio este año, dos abusaron de sus tareas, según la Justicia. Estos fallos son repudiados por el Sindicato Policial de Montevideo que entiende que los uniformados están indefensos y es cuestión de “morir o ir preso”.

A Leonardo Dornas un chumbazo le arruinó la vida. En 16 años de policía jamás le había disparado a una persona, hasta ese primer sábado de julio. La bala dio a parar en la ingle del rapiñero y, por más que se le brindó asistencia, murió. "Quitarle la vida a alguien es horrible, aunque haya sido en el cumplimiento de mi tarea".

Dornas no da crédito. Este pensamiento lo acompaña cada día durante estos cuatro meses y medio que lleva preso en la chacra de Canelones. Es uno de los 38 uniformados procesados en el último lustro por un delito de homicidio. Y uno de los dos que, en este 2016, según la Justicia incurrió en un uso abusivo de sus funciones.

Poco antes de la dos de la madrugada del 2 de julio, este cabo que estaba como encargado de turno de la unidad de Investigaciones en Pando, recibió un llamado del 911: "Atención a todas las unidades. Un hombre fue rapiñado a la altura del kilómetro 3.200 de Camino Andaluz. Fue amenazado con una escopeta de caño recortado, le robaron $ 500 y un celular. Los asaltantes eran dos, uno de ellos con buzo rojo, y se dieron a la fuga por el camino vecinal Rivera en una moto estilo pollerita de 110 cilindradas".

A toda marcha Dornas y un compañero suyo decidieron cortar el paso por el otro lado del camino. Era una noche de niebla y, en la oscuridad, encontraron a lo lejos la moto con dos personas que se ajustaban a la descripción. Los ocupantes de la moto estaban detenidos porque la lluvia de horas antes había dejado un bache que no daba paso. Fue entonces que, identificándose como policías, los dos oficiales gritaron: "¡Alto, las manos arriba!".

Uno de los rapiñeros, recuerda el policía preso, se tiró a la cuneta y el otro se dio vuelta apuntando con el arma al colega de Dornas. Fue entonces que ocurrió el disparo, la llegada de otro patrullero, el intento —en vano— de preservarle la vida al delincuente, las declaraciones ante la jueza subrogante de Toledo, Lucía Granucci, y, finalmente, la prisión.

La magistrada, luego de la reconstrucción, había entendido que la escopeta de caño recortado la portaba el compañero del delincuente muerto. Por eso le tipificó a Dornas un homicidio ultraintencional, un delito que está a mitad de camino entre lo accidental y el asesinato intencionado. En el auto de procesamiento sugiere que el disparo debió haber sido al aire o al suelo, pero no al cuerpo.

A Dornas le pesa esta muerte que carga en su consciencia, pero también siente la falta de respaldo jurídico a su accionar. Y se cuestiona: "El delincuente que quedó vivo está libre y yo preso. ¿Tendría que haber dejado que mataran a mi compañero o a mí?".

El director nacional de Policía, Mario Layera, reconoció hace poco a El País que existe un aumento de la violencia entre policías y delincuentes. Ante esta nueva coyuntura y las quejas de algunos sindicatos policiales que se sientes "sin respaldo", el senador blanco Luis Lacalle Pou presentó a principios de este mes un proyecto de ley en que se presupone que un policía que dispara a un delincuente actúa en legítima defensa salvo que las pruebas digan lo contrario.

La iniciativa, que se suma a una ya presentada por el colorado Pedro Bordaberry y otra del Sindicato Policial de Montevideo, busca un marco jurídico para que "el policía no deba esperar una agresión ilegítima para responder al amparo de la legítima defensa", explica Álvaro Garcé, asesor en seguridad del Partido Nacional. Según el excomisionado parlamentario para las cárceles, el enfrentamiento con un delincuente ocurre en tan pocos segundos que se hace imposible el uso progresivo de la violencia, como marca el procedimiento, o bien esperar una reacción ilegítima del malhechor.

Para algunos juristas y frenteamplistas la normativa puede ser interpretada como un privilegio al policía en desmedro de las garantías del resto de los ciudadanos. De hecho, el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, habló de "populismo penal" y salió al cruce explicando que "no son necesarias modificaciones de las leyes porque con las vigentes ya está el respaldo suficiente". Agregó que las "presunciones siempre son peligrosas".

El catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, Miguel Langón, coincide con que las presunciones no son bien recibidas. Pero aclara que a veces son necesarias. De todos modos dice que la presunción debería apuntar hacia el cumplimiento de la ley y no a la legítima defensa. En eso concuerda también el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Las cifras oficiales a las que accedió El País revelan que en los últimos tres años solo hubo un promedio de dos policías que fueron procesados por año por abuso de funciones, mientras que siete no fueron procesados porque se entendió que estaban haciendo cumplir la ley.

Estos números le dan la razón a Carrera y a los detractores del proyecto. Pero el caso de Dornas, reconoce el director del Ministerio, "está en un híbrido que da espacio a la duda". Esta ambivalencia es entendida por el sindicalista Héctor Alaniz como una demostración de que "la suerte de los policías está sujeta al juez de turno".

El abogado del sindicato, Washington Abdala, considera que "cuanto más baquiano es un magistrado, mejor es su interpretación de la legítima defensa".

A Dornas le había tocado una jueza de paz que suplantaba a la magistrada letrada del lugar. Y, según fuentes del Ministerio del Interior, un superior del policía no tuvo mejor idea que ir a pedir ayuda a la fiscal, hecho que fue interpretado como un intento de influir en el fallo.

Pero si el proyecto de Lacalle Pou no convence a todos los actores y, sin embargo, el caso de Dornas sí abre la duda, ¿qué otro respaldo requiere el policía?

La sindicalista Patricia Noy reconoce que el Ministerio del Interior se ha ido equipando "mejor". Compró vehículos nuevos, armas y cámaras, pero aún "son insuficientes". Los delincuentes, dice, "están armados con metralletas y K-47, mientras nosotros estamos con un 9 mm".

En el Reino Unido la Policía lleva a todos los procedimientos una cámara que filma en 360°. Según Abdala, ese registro es fundamental para dar garantías al funcionario policial y al ciudadano. El exlegislador también insiste en que "los policías deberían cuidar mejor la escena del hecho, las pruebas. La Policía es auxiliar de la Justicia y en situaciones dramáticas no suele tener la pericia técnica ni para defenderse".

Cuando Dornas tuvo que ir a declarar fue todo "un loquero", dice Abdala. Era de noche, había algunas pruebas, otras se perdieron, un funcionario judicial permitió que algunos de los involucrados se cambiara de ropa porque estaba todo mojado", cuestiona. "Falta formación".

Uno de los eslóganes más repetidos por Charles Carrera es la formación de "una nueva Policía". Refiere al aumento salarial, el recorte de las horas de servicio 222, el equipamiento y el aumento de la defensa del rol del policía. También hay una nueva currícula en la Escuela Nacional de Policía con criterios compartidos sin importar el departamento. Pero según Abdala, en esa "nueva escuela" está inmerso "el miedo" y la desconfianza.

En las horas en que el abogado atiende en el sindicato, en plena Ciudad Vieja, ve desfilar a oficiales de todos los escalafones y realidades. En el discurso de la mayoría, dice, está presente "el amor por la camiseta", pero también —paradójicamente— el "temor a actuar para no sufrir consecuencias". Para garantía de los ciudadanos, señala, "es muy difícil que hoy un policía se pase de la raya y pegue por pegar… no es que se haya instalado el conocimiento de los derechos humanos, sino que tienen miedo de hacer cualquier cosa y eso aplica también cuando deben enfrentar al delincuente" (ver recuadro en página anterior).

Según el sindicalista Alaniz, esa falta de confianza y de respaldo redunda en mayor estrés policial. "El policía no tiene el mejor salario del mundo, tiene sus problemas en el hogar, debe lidiar todo el día (muchas veces en horarios cambiantes) con los problemas de la sociedad y poner en riesgo su vida para luego no tener apoyo". A su juicio, ese es un ingrediente más que lleva a que la tasa de suicidios de policías sea cinco veces mayor al del resto de la sociedad y tres veces más que la población carcelaria.

Para Carrera es poco fundado este argumento y aclara que el "suicidio es un hecho trágico que está en nuestra sociedad y en la Policía desde hace mucho tiempo". Y para refutar la falta de respaldo dice que el Ministerio tiene un plantel de abogados para defender a los policías.

En este punto también hay dos voces. Alaniz comenta que muchos abogados de la cartera no tienen la vocación y por eso se "prefieren abogados de sindicatos". Para él, "al Ministerio no le cambia dar de baja a un oficial porque hay 50 haciendo cola para entrar en su lugar".

La aparente tensión que existe a la interna del Ministerio del Interior, fruto de la desconfianza, según Abdala, no está desligada de los prejuicios. "Se sigue arrastrando un concepto de la dictadura de que el milico es el violento, que está para reprimir y chocar". Incluso para Alaniz este prejuicio está latente en algunos jueces y fiscales.

El fiscal de Corte reconoce que ese prejuicio "podría estar ni bien se salió de la dictadura, pero ahora no". Lo dice con la experiencia de haber sido juez e hijo de policía a la vez.

La encuesta Latinobarómetro 2016 demuestra que seis de cada 10 uruguayos confía en la Policía, siendo una de las instituciones con mayor aprobación (solo superada por la Presidencia). Y aun habiendo desconfianza, explica el fiscal Díaz, "el proceso penal tiene sus etapas de contralor, de apelación".

A Dornas le dieron ocho años de prisión, aunque podrá redimir pena por trabajo y buena conducta. Cada día se despierta ni bien sale el sol para hacer tareas de chacra. Confía en el proceso penal del que habla Díaz y en que haya una instancia para revertir su situación. Insiste en que lo suyo no fue "gatillo fácil". Tampoco es fácil su caso.

A simple vista el cuello de Michele Alberti no es normal. Del lado derecho debajo del mentón asoma un bultito y una cicatriz. Es el proyectil que tiene alojado allí desde hace un año y tres meses, cuando un delincuente le disparó. Aquella noche Alberti y su compañero de patrullero fueron a dejar a su casa a un colega que había sido rapiñado. Ni bien lo dejaron en su hogar de La Tablada, avistaron a los cuatro rapiñeros con buzos oscuros y cascos que viajaban en dos motos. Comenzó una persecución que duró dos cuadras. Alberti, que iba de acompañante en el móvil, no se animaba a disparar porque los ocupantes de la moto iban de espalda (y la ley prohibe atacar por detrás). Pero la cautela le salió caro: los delincuentes abrieron fuego y uno de los 15 balazos atravesó el parabrisas y fue a parar al cuello de Alberti. El proyectil sigue en el mismo lugar porque no es viable su extracción y los rapiñeros siguen libres. Este paradigmático caso es tomado como ejemplo del miedo a actuar que tienen hoy los policías, dice Héctor Alaniz del Sindicato Policial de Montevideo. Y remata: "Es el miedo a morir o ir en cana".

Desde enero de 2010 hasta octubre de 2016 fueron procesados 576 policías, el 2,40% de la fuerza efectiva. En el 57% de los casos la Justicia determinó el procesamiento con prisión. Frente a esta cifra, los 38 uniformados encarcelados por homicidios son una minoría, aunque la legítima defensa y el cumplimiento de la ley también ingresan en los casos de lesiones graves. Pero la corrupción, la violencia doméstica, el atentado violento al pudor, los falsos testimonios y el desacato siguen siendo la mayoría de delitos.

ENTRE EL HOMICIDIO Y CUMPLIR CON LA LEY