En 1973, el arquitecto Thomas Sprechmann buscaba un terreno al este de Montevideo para construir una casa para su familia. Un domingo abrió el diario y se sorprendió al ver un aviso con la venta de un terreno ubicado en el corazón de Carrasco a un precio que le pareció accesible. Es una zona espectacular, pensó. Y todavía lo cree. Dio el paso: para el martes el predio ya era suyo. Con los años, fue haciendo su casa de a partes. Como buen arquitecto, la casa tiene varias reformas encima, con distintas escaleras que son testimonios de los sectores que fue agregando y un jardín repleto de plantas.
Cuenta con una sonrisa que la casa creció en paralelo a que se agrandaba la familia, que la convirtió en un hogar. Así, esa obra personal se fue volviendo un espejo de la vida de Sprechmann, profesional que participó de proyectos arquitectónicos destacados en la escena local. La más reciente renovación en su casa fue hecha por su hija, que también es arquitecta y se mudó al piso superior con su esposo y sus dos hijos pequeños.
Y justo cuando ellos se instalaron, empezó lo que toda la familia considera una “pesadilla”.
-Empezó exactamente en junio- dice Sprechmann, mientras apunta al terreno lindero.
Allí, a pocos metros del tobogán de colores con el que juegan sus nietos, detrás de un cerco bajo y repleto de plantas con algunos agujeros que permiten ver cómo pasa la gente, se instaló un restaurante al que concurren decenas de personas todas las noches.
El arquitecto prefiere no nombrar al establecimiento, pero cuenta que hasta la fecha hizo más de 30 denuncias ante la Intendencia de Montevideo (IMM) y escribió unas 20 cartas a las distintas oficinas de la comuna para quejarse de los niveles de sonido que llegan a su casa a diario. “Yo no tengo ganas de mudarme de acá ni lo voy a hacer, pero la falta de respuesta da la sensación de que esa es la única solución al problema. Esto afectó profundamente la calidad de vida de mi familia”, dice Sprechmann mientras despliega un fajo de papeles con la constatación de cada una de las denuncias, cartas y mediciones de decibeles.
En total fueron 34 las veces que un inspector de la intendencia subió hasta el cuarto de sus nietos de cinco y tres años, que da justo al patio del restaurante y es donde llega con mayor amplitud el sonido del diálogo social a la casa. El aparato del inspector marcó hasta 56 decibeles, cuando el máximo permitido es de 45 hasta las 22 horas y 39 después.
Además, en una oportunidad Sprechmann tuvo que hacer una denuncia policial luego de que un integrante de su familia fuera intimidado por parte de los indeseados vecinos. “Te vas a arrepentir”, le dijeron una vez que el local fue notificado por las denuncias. Otra situación sospechosa: desde que inició este conflicto le tocaron el timbre preguntándole si tiene la casa a la venta unas tres veces, algo que no ocurría con frecuencia en el pasado.
Para él esta no es una casualidad, tal vez se trata de una extraña declaración de guerra. Una guerra que va ganando el restaurante, que sigue funcionando como si nada.
Es que la intendencia ya tomó una resolución. En agosto pasado, determinó la prohibición del patio que está a unos pocos metros de la habitación en la que duermen los nietos. Por lo tanto, el local solo puede utilizar la parte interior. Pero el ruido sigue. “Y creen que eso es suficiente”, reclama el arquitecto. Debido a que el problema “ya es de todos los días”, su hija tiene una aplicación en el celular para medir los decibeles y el volumen “sigue superando el límite previsto”, a pesar de que los comensales estén adentro del local.
Esto consta en otras actas que esgrime el arquitecto. Incluso con el patio clausurado, las mediciones de los inspectores llegaron a marcar 54 decibeles -entre 9 y 16 puntos por encima de lo avalado en la normativa, en las respectivas franjas horarias-. Según Sprechmann, actualmente, cuando la familia se comunica con la intendencia para hacer una nueva denuncia, los inspectores le advierten que no van a concurrir porque el restaurante está respetando la no utilización del patio.
Sprechmann, que además de estar indignado con la situación entiende de problemas acústicos, sostiene que “existe un problema estructural” con la disposición del lugar, porque “la fuente del ruido se da en el corazón de la manzana, o sea en la parte más íntima de la vida cotidiana de los vecinos y eso genera una afectación directa” cuando “normalmente los restaurantes usan como parte exterior el frente”. “La fragilidad de los locales gastronómicos es el ruido. Una industria puede crear desechos contaminantes, pero la contaminación acá tiene que ver con lo acústico y es algo que se mantiene mientras pasan los meses”, dice el arquitecto.
Lejos de mejorar la situación, unos días atrás, desde la IMM notificaron al arquitecto por vía telefónica, avisándole que el patio volvería a estar habilitado.
El único consuelo de Sprechmann es saber que no está solo. El 28% de las denuncias por ruidos molestos que recibió la IMM durante 2023 apuntan a locales comerciales. Fueron 1.258 las quejas debido al ruido que producen restaurantes, bares y boliches en Montevideo. La cifra es la segunda mayor detrás de las 1.438 quejas que llegaron contra “fincas particulares”, o sea por ruidos entre vecinos, que pueden ir desde el volumen en que se escucha la televisión a un asado en el que se puso un parlante con música y terminó tarde. El abanico es amplísimo.
Específicamente en enero, la comuna clausuró cinco locales comerciales a los que se llegó gracias a que tenían denuncias previas por ruidos molestos, aunque este factor no determinó su cierre: tenían una “falta de habilitación” y eso fue clave, indican desde la intendencia.
Lo cierto es que los ruidos molestos son un problema que afecta a los montevideanos y que, al igual que le sucede a Sprechmann, muchas veces se mantienen en el tiempo y traen tantos dolores de cabeza que la única solución parecería ser rendirse y mudarse.
Contaminación acústica.
¿Qué se constituye como un ruido molesto en Montevideo? Entre las siete de la mañana y las diez de la noche cualquier sonido que desde el interior de una vivienda supere los 45 decibeles se considera un ruido molesto. Durante la noche -luego de las diez y hasta las siete de la mañana- un ruido molesto es aquel que supera los 39 decibeles. La ley 17.852 de Prevención, Vigilancia y Corrección de la Contaminación Acústica, aprobada en 2004, contempla los inconvenientes relacionados a ruidos molestos, pero aún no está reglamentada. Está en la órbita del Ministerio de Ambiente aunque en la práctica es asumida por las distintas intendencias, según sus propios criterios.
Las denuncias en Montevideo se deben hacer al teléfono 1950 5000 y allí se deriva a un cuerpo inspectivo que visita la vivienda y constata si se trata o no de un ruido molesto. La comuna dispone de una treintena de inspectores y su disponibilidad “se organiza en base a la demanda de denuncias”, informa una fuente municipal.
La respuesta es “rápida” -según la comuna-, demorando entre 30 minutos y una hora en asistir para realizar la medición. Sin embargo, aclaran que la rapidez de la actuación “dependerá de la identificación de un responsable”, que en el caso de locales bailables o restaurantes es más fácil porque “está en una edificación regulada por normativa municipal”, pero no se da de la misma manera cuando hay que actuar sobre un ruido molesto en la vía pública, “ya que se plantean situaciones sin responsables identificables”.
El antecedente más significante ocurrió en 2018, cuando un grupo de vecinos de la calle Maldonado se organizó en contra de los bares de la zona, lo que generó una reglamentación para que obtengan las habilitaciones según el tipo de local. Gracias a las quejas de los vecinos se emitió el decreto 36615 de la Junta Departamental y los bares dejaron de correr las mesas a cierta hora para transformarse en boliches.
Volviendo al procedimiento, una vez que los inspectores registran un exceso se genera un acta de constatación y se inicia un proceso administrativo dentro de la intendencia. Pero, lo que en realidad termina pasando es que buena parte de las denuncias van a parar al escritorio de Rosana De Boni, la responsable del área de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Vecino.
Entre junio de 2022 y mayo de 2023 la Defensoría del Vecino recibió 1.391 denuncias. “Primero se hicieron ante la intendencia y debido a que no actuó o actuó de forma insuficiente” -explica De Boni- pasaron a la defensoría.
Es que no es fácil la tarea de la medición. Puede suceder que un inspector llegue al lugar y ya no esté el ruido. “Aunque sabemos que es difícil, estamos tratando de cambiar el concepto de ruidos molestos por el de contaminación acústica. La expresión ruidos molestos denota como que la persona está molesta y eso es algo negativo, pero en realidad está protestando por algo que lo está contaminando al igual que ocurre con la contaminación ambiental”, explica. El problema en Montevideo, opina, “tiene la escala que tiene porque no hay una planificación urbanística que tenga en cuenta los sonidos sociales”.
De Boni cree que la capital debería tener “una zona en la que estén exclusivamente los bares y boliches”, con el fin de “que los ruidos molestos bajen su escala”. En el mismo sentido, el arquitecto Sprechmann dice: “Los arquitectos somos muy proclives a mirar la ciudad desde el punto de vista estético, pero hay otra parte que está por debajo y es fundamental, que tiene que ver con que funcione y se garantice el derecho al descanso de las personas, que muchas veces no se cumple”.
Anteriormente hubo proyectos en la Junta Departamental para crear una zona de bares e incluso se manejó como opción el entorno de la estación de AFE o el faro de Punta Carretas, pero naufragó por la cercanía a áreas residenciales.
En el caso de la defensoría, el 26% de las denuncias son de ruidos provocados por edificaciones y obras, mientras un 21% son de contaminación acústica.
Las cifras de la IMM a las que accedió El País, muestran que de las 4.500 denuncias registradas, en el 43% de los casos los inspectores no actuaron por considerar que o no correspondía o que no se constató una infracción. Solo en el 16,4% de las inspecciones sí se constató una infracción por ruidos molestos.
También hay cierta sinergia con el Ministerio del Interior, que actúa cuando existen “situaciones de disturbios” vinculadas a los sonidos de la ciudad, según explica la propia intendencia. “La convivencia en sociedad implica reglas para armonizar las distintas actividades e intereses de las personas. Nuestra sociedad tiene una normativa específica que otorga derechos y asigna obligaciones. La intendencia es parte de la fiscalización del cumplimiento de dicha normativa a través de decenas de actuaciones por año”, indican desde la comuna.
Proyectos fallidos.
Para Thomas Sprechmann una de las “peores partes” que tuvo que enfrentar durante las múltiples denuncias que realizó ante la intendencia tiene que ver con que “hay muchísimas dependencias” vinculadas a los ruidos molestos. “Es muy difícil y disperso que se coordinen entre sí las oficinas y al final parece no haber respuesta de ninguna”, sostiene mostrando las cartas que envió. Hay algunas dirigidas al Servicio de Instalación Mecánicas y Eléctricas de la comuna, otras al área de Convivencia Departamental, otras al área de Locales Comerciales, a la Secretaría General y también al Municipio E.
En marzo del año pasado, se reabrió la discusión sobre los ruidos molestos en la Junta Departamental tras la presentación de dos proyectos de decreto de parte del edil nacionalista Diego Rodríguez. El proyecto preveía la creación de una dependencia dentro de la intendencia que fuera exclusiva para los ruidos molestos “y que dejara de ser algo tan genérico” para centralizar la información, según aclara el edil. Así lo explica: “Desde tambores, locales, perros que ladran en un edificio, bares, fiestas u obras de construcción, porque ya no se puede seguir dejando todo lo que no se soluciona en manos de la Defensoría del Vecino. Se debe atender esto como lo que es, o sea el principal problema de los montevideanos”.
Hay denuncias pagas: cuestan 820 pesos
La intendencia cobra al denunciante de un ruido molesto en el caso de que amerite que en la inspección asistan profesionales del Servicio de Instalación Mecánicas y Eléctricas. El valor es media U.R., que equivale a 820 pesos.
Para el edil, “la propia comuna viola la normativa cuando pone pantallas gigantes para pasar la programación de TV Ciudad en la explanada de la intendencia, porque hay personas que quieren descansar y no pueden hacerlo por el ruido que provoca”.
El proyecto de Rodríguez se archivó después de que las autoridades de Movilidad y Convivencia de la IMM asistieron a la Junta Departamental y “dejaron claro que la fiscalización se está llevando a cabo de manera adecuada” y “no hace falta cambiar la normativa”, según indica la edila del Frente Amplio Estela Pereyra. Rodríguez discrepa y dice que “hace falta un cambio en el encare” del problema y asegura que “a los ediles frenteamplistas no les interesa solucionar el problema”.
La última normativa dictada por la intendencia con respecto a los ruidos molestos fue en mayo del año pasado a partir de la cual se comenzó a fiscalizar a los vehículos con caños de escape ruidosos (ver aparte).
Pereyra, por su parte, plantea: “Vivimos en una sociedad en la que los problemas de convivencia cada vez son mayores y las situaciones son más violentas, algo que no es culpa de la comuna capitalina. Mucho de lo que sucede en la calle y entre vecinos también depende de la actuación del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio del Interior”.
Sea de quien sea la responsabilidad, los ruidos molestos en Montevideo suponen un conflicto entre el derecho a descansar, la recreación y los intereses comerciales. Un conflicto grande, porque 4.500 denuncias son 4.500 vecinos en busca de un poco de silencio.
La normativa de la intendencia para los caños de escape
A pesar de que los procedimientos y la organización de los ruidos molestos de parte de la Intendencia de Montevideo no han tenido grandes modificaciones durante el último tiempo, la gestión de Carolina Cosse implementó recientemente una nueva normativa vinculada al sonido que producen los caños de escape.
“El objetivo es quitar de la ciudad el ruido excesivo y molesto que generan los vehículos en general”, puntualizó en su momento el director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu. La medida comenzó a regir en mayo y supone que la Intendencia de Montevideo pasó a multar por un caño de escape ruidoso a las motos un total de 2 U.R. (unos 3.170 pesos); para los autos, la multa es de 5 U.R. (7.920 pesos); mientras que para ómnibus es de 10 U.R. (15.840 pesos).
La nueva normativa incluye la oportunidad de que el infractor no pague la multa si arregla su caño de escape. Los inspectores que encuentran una infracción notifican al ciudadano que fue detectado en una situación irregular, y ese ciudadano cuenta con un total de cinco días para corregir el problema. “Si lo repara y se presenta a las oficinas de Tránsito en la intendencia, se va a revisar y si el problema fue corregido, esa contravención no se va a transformar en multa”, aseguró en su momento Inthamoussu.