DEBATE POR DERECHO A LA INTIMIDAD

—Shhh... que no te escuche. No sabés amiga, ayer tuve suerte y volví con un tipo que parece un nene. Está acostado.

El audio es escuchado a las risas por un niño de 11 años en su casa. Su madre le pregunta qué pasa y él, muy divertido, le muestra lo que está mirando en el celular. Un amigo le acaba de compartir un video de TikTok donde su maestra de sexto año aparece de una forma que nunca había visto. No lleva su clásica túnica ni habla con el tono cordial que la caracteriza.

Un rato después muchos de sus compañeros, ansiosos, quieren que empiece la próxima clase de Zoom para contarle a ella que la encontraron en una red social que está habilitada para mayores de 13 años. Y que vieron los videos.

Ninguno sabe que el “chiste” será el causal de un despido por el contenido de su publicación. Su diversión se transformó en preocupación de los padres, que pidieron una reunión “urgente” con el director del colegio.

Él no supo qué decir. Salvo por los alumnos, nadie dentro de la institución estaba al tanto de que la maestra tenía TikTok ni que subía videos bailando y haciendo chistes sobre la soltería y su vida sexual. El director de este colegio laico ni siquiera entendía cómo funcionaba la aplicación. Una madre le mostró el video de la maestra, que desde hace años trabajaba en el centro educativo.

Como respuesta, el director se reunió con la educadora y le pidió si “por favor” podía borrar el video que había subido a la aplicación. Le contó que había molestado a los padres y que no quería que afectara su trabajo.

—Pero yo lo hice en broma —respondió ella, algo sorprendida—. Son los niños los que no tendrían que estar ahí. Yo nunca haría nada que los afecte. Cualquier adulto sabe que era un chiste.

La situación quedó en suspenso por varias semanas. La maestra eliminó el video —o lo ocultó de su perfil— y siguió las clases por Zoom. Pero no demoró en volver a publicar otra “broma” similar y, tras una extensa reunión virtual, fue despedida del colegio.

En su defensa, la docente publicó un video donde contaba que sentía que habían afectado su libertad de expresión. En el contenido, que eliminó a los pocos días, decía que “no podía ser” que la institución “se metiera” con lo que ocurre fuera del salón de clase. Los maestros del centro también mostraron solidaridad con la educadora, quien era valorada como “un ejemplo” y tenía una buena relación con sus alumnos. “Es muy buena en su profesión, pero no podía seguir subiendo ese contenido”, explica el director a El País.

Su caso no es el único de este tipo. Hace dos meses un colegio laico de Carrasco resolvió destituir a una maestra porque consideró que “no se ajustaba” al perfil de la institución. Romi, como le dicen los niños, nunca había tenido un problema con los alumnos ni sus padres. Pero fue despedida por el material que sube en su perfil de Instagram.

Su cuenta tiene la particularidad de que es pública (y por tanto accesible para quien navegue en la red) y en los posteos suele subir fotografías de su vida privada. Muestra que se reúne con sus amigas, tiene retratos en la playa y fotos en ropa interior frente al espejo. Allí no se ven partes íntimas. Comparte publicaciones o historias —una función que permite subir videos solo por un día— con mensajes político partidarios y sobre los derechos de las mujeres.

El problema, le dijo el director del colegio, es que entre sus seguidores se encontraban varios alumnos y tres le habían preguntado a sus padres qué significaban determinados temas políticos. La institución le advirtió que tuviera “cuidado” con lo que subía pero, como ella siguió utilizando la red social igual que antes, fue destituida del cargo.

“Me dijeron que no cumplía con el perfil que querían mostrar, pero lo que subo no es distinto a lo que publican mis amigos”, dice Romi (su nombre completo no es publicado para preservar su identidad) a El País. “La única diferencia es que soy maestra. ¿Eso me condiciona entonces?”, pregunta después.

El debate sobre los límites entre la vida pública y privada de los docentes (y lo que deciden mostrar en las redes sociales) es un tema que está en la agenda de las instituciones educativas, según relatan a El País algunos de sus responsables.

Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIDEP), admite que desde el punto de vista legal hay “un vacío absoluto” respecto a dónde termina la vida pública y privada del docente.
“Pero como educador vos tenés que guardar determinados cuidados porque sos un agente socializador que educa y transmite modelos de conducta. Eso debería tener un correlato legal”, dice Noya, cuya organización agrupa a unos 50 colegios laicos de todo el país.

Juan Gabito, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dice que los límites tienen un aspecto jurídico y otro ético. Él entiende que la elección por el magisterio y la docencia es “un estilo de vida” donde se “socializa” a los alumnos en todos los ámbitos.

“Cuando una persona toma la decisión de ser docente, requiere formación profesional y una actitud ante la vida y la comunidad. El mundo de las redes no está regulado y es más vasto, pero hay que apelar a una autogestión responsable del educador”, indica. “Después hay que ir a ver caso a caso”, afirma Gabito.

Pero los límites —y la propia definición— de la ética son discutibles, admiten varios especialistas. La docente Lilián Celiberti, quien integra el colectivo Maestras Feministas y es coordinadora de Cotidiano Mujer, opina que no se puede regular cómo los educadores usan las redes sociales. Y dice estar preocupada por el hecho de que se juzgue a las maestras como si “tuvieran que tener” una imagen “pulcra”, “casi virginal”.

“Lo que pasa aquí es un tema más profundo. Hay una imagen decimonónica de la maestra que ahora se traslada también a las redes. El magisterio es una profesión y, como en cualquier otra, la gente tiene derecho a vivir de distintas formas”, puntualiza. “No solo es un problema de virtualidad: es un debate que habla de la libertad de expresión”, agrega Celiberti.

Noya, el presidente de AIDEP, dice que la pregunta a hacer es si los docentes deben mantener una postura profesional fuera del aula, en tanto son “modelos” para niños y adolescentes.

Adrián Arias, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), que nuclea a 157 colegios de diferentes puntos del país, dice que los educadores tienen la responsabilidad de saber que lo que suben a sus cuentas puede tomar estado público.

Celiberti opina: “Somos personas sí, pero uno tiene que integrar y entender que la tarea docente no queda reducida al ámbito de la escuela o el colegio. Cuando subo algo en las redes, me expongo”. Y pregunta: “¿Hasta dónde el empleador tiene derecho de colocar el límite?”.

Ante la consulta de El País, una decena de maestras y docentes —dos del ámbito público y el resto del privado— dicen que sienten la presión de mantener una imagen “impecable” en las redes sociales, pese a que no suban contenido “inapropiado”. La mayoría de estas personas no publica reflexiones políticas ni detalles de su vida privada. Casi todos, sin embargo, señalan que conocen historias de maestros que tuvieron “problemas” en los centros educativos —la mayoría privados— por el contenido que publicaban y prefirieron “callar” por miedo a no ser contratados en otras instituciones.

“Más allá de que las mujeres tengan miedo de denunciar los casos por la posibilidad de estar en una lista negra, digamos, es un tema del que tenemos que hablar”, apunta Celiberti. “Las redes forman parte de nuestra vida y no debería tratarse de un problema singular sino del momento actual”, opina la docente.

En tanto, José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), sostiene que los docentes están en su derecho de subir el contenido que desean a las redes sociales, siempre que no discriminen ni atenten contra los otros. “El tema ha tomado más notoriedad en la pandemia y es cierto que hay un hilo muy delgado para cortar sobre la vida privada y hasta dónde se puede reglamentar”, señala el sindicalista.

“Si yo envío material pornográfico, voy a ser sancionado. Ahora, las opiniones, posiciones en torno a temas y publicaciones no se pueden coartar. Eso ya entraría a afectar la libertad de expresión”, afirma Olivera.

Por su parte, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, puntualiza que hay vacíos en la normativa a nivel mundial, no solo en Uruguay. “Es un tema que nos excede y trata sobre hasta dónde llega mi libertad”, señala Pereira. “La libertad individual tiene un límite y ese límite es ético. Entonces, poner el magisterio donde el debate se centra en lo que está regulado o no, no es algo que quisiéramos que pasara”.

La maestra que subía vídeos a TikTok y la educadora que compartía su vida en Instagram eran trabajadoras de colegios privados. Cuando fueron contratadas, ninguna tuvo que firmar una cláusula sobre cómo debía comportarse en sus redes sociales.

Sin embargo, en el ámbito privado es cada vez más usual que los institutos establezcan normas sobre el uso de estas nuevas plataformas. Un contrato laboral, al que accedió El País, tiene una cláusula donde el o la empleada se compromete a “respetar” los derechos de los alumnos de la institución y “mantener su privacidad”.

Elaborado por abogados laboralistas, el documento establece cómo debe ser el uso de redes sociales para “proteger” la imagen y a los estudiantes. “El docente se compromete al uso de las nuevas tecnologías de manera diligente, siempre teniendo como principio rector de su conducta la protección de derechos de la imagen del alumnado y autoridades de la institución”, dice el documento. Y prosigue: “Se considera falta grave el incumplimiento de estas disposiciones”.

Con pequeños cambios, esta cláusula se reitera en varios centros privados de Montevideo. Pero aún bajo estas condiciones, la regulación no termina de ser clara y se presta a debates (y discusiones) en las instituciones educativas. “Es que es una discusión filosófica porque también hay que analizar hasta dónde le puedo pedir a una persona que tenga una vida privada y use sus redes sociales en función del trabajo que tiene en la actualidad”, opina Noya.

En el ámbito público la legislación es diferente, eso está claro. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio se afirma que los casos de docentes que son sumariados por la virtualidad son muy aislados en Primaria.

“Si se trata de un colegio privado, el terreno pasa por el derecho laboral y ahí es la institución la que marca las pautas concretas. Si es necesario, en cada caso se evalúa si hubo transgresión. Pero a nivel público no hay una previsión reciente del uso en las redes”, admite Gabito, el consejero de ANEP.

El debate sobre lo que ocurre en las redes sociales no solo se limita al contenido que los educadores publican en sus cuentas personales. También se traslada a la relación virtual entre los docentes y los estudiantes, quienes en muchos casos les piden amistad en Facebook o los siguen en Instagram, por ejemplo. Y allí entra en discusión un tema aún más complejo.

“Tiene que haber una distancia entre el educador y el educando. Están los que dicen que es bueno que se reconozcan jerarquías y las corrientes que hablan de un trato horizontal”, indica Gabito desde ANEP. “Pero eso sí puede estar regulado por las instituciones porque no hay necesidad de que se utilicen otras formas de comunicación que no sean las formales”, advierte el jerarca.

Noya dice que “no es éticamente correcto” que se mantenga contacto por fuera del colegio debido a la relación “asimétrica” que existe entre ambas partes. “Facebook o Instagram no tienen una necesidad pedagógica”, precisa el presidente de AIDEP, quien además es subdirector general del Colegio y Liceo Alemán.

Sin embargo, hoy ya no es tan raro que estas relaciones se establezcan en la virtualidad. De hecho, hay profesores que tienen una red social para su círculo más íntimo —donde comparten contenidos que prefieren que no estén al alcance de los niños— y cuentas públicas donde son seguidos por los menores y, en muchos casos, sus familias.

Una docena de padres, consultados por El País, admiten que siguen al educador de su hijo o hija en las redes sociales y la mitad afirma que es consciente de que los menores también los han buscado.

Lucía Moreira, una madre consultada para este artículo, cuenta: “Mis hijos, de 12 y 14 años, tienen a su adscripta en Instagram y a veces me muestran las cosas que sube a la red. A mí no me molesta porque entiendo que ellos no deberían estar ahí. Ella tiene la cuenta abierta y tal vez ni sepa que ellos ven sus publicaciones con contenido político o tomando sol en la playa”.

Olivera, el secretario general de Fenapes, admite que el mundo virtual genera hoy un escenario que puede ser “fuente de conflictos” que repercuten en las instituciones. “Y muchas veces nosotros actuamos por lo que genera”, cuenta el sindicalista.

Las autoridades de los centros educativos entienden que la responsabilidad en el acceso de los niños y adolescentes a las redes sociales también es compartida con los padres. “Es necesario trabajar en la responsabilidad que genera exponer a los niños y el cumplimiento de las normas. Es una tarea compartida con la institución, pero pasa en gran parte por las familias”, apunta Noya.

Según Gabito, el manejo de la virtualidad se resuelve siendo “respetuoso de la personalidad del educando” y dando el ejemplo. Arias, director de Audec, dice que a veces existe la fantasía de pensar que si se legisla respecto a un asunto como este, todo se resolverá en forma rápida y sin mayores problemas. “Pero se tendrían que integrar elementos de información que no existen. Esta es la única forma de poder interpretar los límites, saber cómo actuar y afrontar cada caso”, afirma el representante de la asociación de colegios católicos.

Mientras tanto, los docentes —pero también las autoridades educativas, los alumnos y, claro, sus propias familias— deberán aprender cuanto antes a manejarse en un mundo que aún es nuevo, quizás apasionante pero también bastante peligroso.

Reglas para maestras y profesores

Lo que dice el estatuto de los docentes

Para los maestros y profesores hoy rige el Estatuto del Funcionario Docente, que fue aprobado en 1993. El documento en cuestión establece normas generales del comportamiento de los funcionarios, las tareas que deben cumplir en forma estricta y qué se espera de ellos.

Ninguno puede tener antecedentes penales ni morales. Además, deben mantener una conducta “acorde” con los fines del organismo y las obligaciones del cargo. Los docentes tienen que cumplir sus funciones con “dignidad, eficacia y responsabilidad”, según indica el estatuto.

Juan Gabito, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dice que el estatuto abre un campo “que permite marcar una inconducta y lo mismo ocurre cuando se habla del terreno moral”. Y agrega: “Siempre hay que pensar si se pondera el desarrollo armónico del adolescente”.

En el estatuto también se establece que los funcionarios deben “abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del ente sean usados con tales fines”. La violación de este inciso es causal de destitución.

Los docentes que incumplan la normativa pueden recibir una observación verbal, escrita, amonestación o ser suspendidos con hasta seis meses de sus haberes. Las sanciones que tienen un plazo mayor a 15 días, dice el artículo 68 del estatuto, solo pueden aplicarse como resultado de un sumario del Consejo Directivo Central (Codicen) o los organismos descentralizados.

“Esto pone el punto en la conducta. No existen normas vinculadas a las redes sociales, pero antes había faxes o correos electrónicos... La conducta que se debe mantener va más allá de la plataforma”, apunta Gabito.

El consejero de ANEP —quien además es abogado— admite que en la educación hay dos bibliotecas claras respecto a la conducta de los docentes fueras de las aulas: “Están quienes aseguran que las normas deben cumplirse mientras el educador está en funciones y que lo otro es parte de su vida privada. Y hay quienes sostienen que la docencia atraviesa absolutamente todo”. Gabito admite que, en el fondo, el tema es “bastante” opinable.