UNA CRISIS EN EL HORIZONTE

Una vida adentro de OSE. Arturo Castagnino entró en 1980 y arrancó como ingeniero de guardia en el viejo edificio de Propios y Valladolid. Unos cuantos años después, en 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle lo nombró gerente general, un cargo que desempeñó hasta que el Frente Amplio llegó al poder en marzo de 2005. Ahí lo cesaron y dice que de un día para el otro se quedó sin trabajo. Castagnino —de 68 años, traje gris, corbata colorada, pelo blanco y colita atrás— se fue entonces a vivir a Perú con su experiencia como inventor de las Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) que OSE exportó a muchos países. Volvió en 2020 cuando otro Lacalle, el hijo, lo nombró otra vez gerente general.

Decenas de carpetas con informes que ha entregado al directorio en este año y medio se pueden ver en un costado en la oficina de este ingeniero de filiación colorada. En una esquina, una foto de un viaje a Nicaragua en 1998, llevando allí las UPA. Y, en la pared de en frente, un enorme mapa de Uruguay. Durante una larga entrevista con El País, varias veces se parará y lo señalará. Sobre todo el fragmento de la costa del departamento de San José entre Arazatí y Boca del Cufré, a unos 90 kilómetros de Montevideo. Es un lugar que considera estratégico para instalar una planta potabilizadora de agua para que Montevideo y el área metropolitana no dependan solo de la histórica planta de Aguas Corrientes, que nació hace más de 150 años y está sobre el Santa Lucía.

El problema es “gravísimo”, dice, ya que “el 60% de la población del país depende de una sola planta, de una sola infraestructura de tratamiento, de un solo sistema de aducción y de una sola cuenca”. Y desliza: “Es como que 40 millones de franceses dependan solo del río Sena”.

¿Qué pasaría si un problema técnico grave dejara fuera de servicio a Aguas Corrientes o si volvieran las sequías al Santa Lucía, como ya sucedió varias veces en las últimas décadas? ¿Y si existiera una fuerte contaminación en esa cuenca? Castagnino se imagina una situación dramática —una “tragedia”, dice— en Montevideo que afectaría hasta algo tan simple como no poder evacuar las aguas residuales: “Todo se derrumbaría. Y hemos estado cerca muchas veces”.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dice que el abastecimiento “ha estado con luces amarillas los últimos dos veranos por lo menos” y que ha habido “situaciones de estrés” cada vez que hay sequía. “Hay un riesgo alto de que pueda pasar algo y no tenemos cómo solucionarlo, sería una catástrofe”, advierte.

El Río de la Plata, en cambio, es “una fuente infinita de agua”, repite Castagnino, entusiasmado. Lo mismo dice Peña y una fuente del Consorcio Aguas de Montevideo —integrado por las empresas Saceem, Fast Tecnología Industrial, Berkes y Ciemsa— que presentó el año pasado la iniciativa privada que busca solucionar “el déficit cuantitativo, cualitativo y ambiental” del sistema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana (Montevideo, parte de Canelones y de San José) para un horizonte a 2045, según un informe presentado al directorio el 18 de enero por Castagnino. Otros, en el Frente Amplio pero también desde la academia y el sindicato de OSE, tienen fuertes reparos: la salinidad, las cianobacterias, el costo de la obra y quién operará la planta. Pero eso lo detallaremos más adelante.

Se trata de una polémica inversión de cerca de 250 millones de dólares —que incluye la planta, la línea para llevar el agua hasta Montevideo y, una novedad que se sumó hace poco, una reserva de agua dulce para cuando entra agua salada— de la cual este inquieto ingeniero es algo así como su ideólogo. Castagnino es el padre del proyecto desde la década de 1990, cuando hubo dos importantes sequías en 1998 y 1999. Un plan similar al actual se estudió al final del gobierno de Julio María Sanguinetti y durante el de Jorge Batlle, bajo el nombre de Arazatí.

En aquella época se llegaron a hacer estudios de factibilidad, con un millón de dólares donados por el gobierno francés, con la condición de que luego se contratara a una empresa de ese país. Pero los gobiernos del Frente lo descartaron y optaron por una inversión en la localidad floridense de Casupá, donde se crearía una represa en un arroyo afluente del Santa Lucía, lo que agregaría 100 millones de metros cúbicos al sistema. Ahora, con el regreso de blancos y colorados y con él como gerente general de OSE, vuelve a estar Arazatí sobre el tapete pero bajo el nombre de proyecto Neptuno.

Aunque no está descartado, el año pasadoel presidente mandó parar lo de Casupá, cuyo estudio de factibilidad dejó pronto el gobierno anterior por un costo de 80 millones de dólares financiados (es decir, prestados) por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Pero, según las autoridades actuales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), serían unos 170 millones. Se trata, de todos modos, de dos obras complementarias que es inviable ejecutar al mismo tiempo.

Pero, además, hay otro gran proyecto por el que Castagnino dice que “lucha”: conseguir una fuente alternativa a Laguna del Sauce para el abastecimiento de agua potable para Punta del Este y parte de Maldonado. El gerente general pregunta: “¿Sabés quién hizo Laguna del Sauce? El ejército americano en la Segunda Guerra Mundial porque quería hacer una base aeronaval”. Dice que si “se rompe” la represa del Arroyo del Potrero, la laguna “hace así” y hace una señal con la mano, como que se va toda el agua.

OSE recibió dos iniciativas privadas de plantas desalinizadoras en la zona de Punta Piedras del Chileno en la Mansa, que tomarían el agua del mar. Una de ellas, presentada por la empresa francesa Veolia, ya fue estudiada por la gerencia general. La segunda está en etapa de estudio y fue presentada por la israelí IDE Technologies, junto a una firma uruguaya. Ambas aseguran caudales que varían entre 30 y 40% del actual.

“En pocos días lo voy a elevar a directorio, sugiriendo que apruebe la iniciativa para pasar a los estudios de factibilidad”, dice el gerente. ¿Y de qué costo hablamos? Entre 80 y 100 millones de dólares.

Castagnino cuenta que el proyecto, como buena parte de las obras que hizo la empresa estatal en las últimas décadas, se arrastra de un informe conjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OSE en 1970 en la cuenca del Santa Lucía. Él lo conoce bien porque el jefe técnico era su padre, Walter. Allí ya recomendaban tomar agua del Río de la Plata de esa zona donde, sostiene, la mayor parte del tiempo el río tiene “cloruro bajo”, es decir baja salinidad, “o si hay cloruros son pocas horas y algún día en todo el año”.

Cuanto más al oeste, es obvio, la salinidad baja, pero ese sitio aún es relativamente cerca de Montevideo, para que el costo del traslado no sea tan elevado. Castagnino apunta que en Juan Lacaze y en Colonia ya se toma agua del Río de la Plata. “Y enfrente toma Buenos Aire con más de 10 millones habitantes”, afirma.

Entonces muestra varias fotos de recortes viejos de diarios que tiene arriba de la mesa, que confirman su obsesión por el tema. “OSE planea construir usina potabilizadora”, dice una nota de El Observador del 9 de enero de 1998. “OSE evalúa el Río de la Plata como fuente alternativa”, titula La República el 23 de marzo de 2004, en una nota que define al agua como “oro blanco”.

Arazatí tendría un caudal cercano al tercio de Aguas Corrientes: “Eso permitiría abastecer con 100 litros por habitante y por día, en un momento de desastre, a dos millones de personas en una situación de emergencia” en el área metropolitana en caso de que la fuente actual colapsara, dice Castagnino. Eso sería restringiendo el consumo, claro: hoy se gasta alrededor de 500 litros por habitante y por día.

La nueva planta abastecería, además, a localidades del sur de San José, como Libertad, Kiyú, Ordeig, Rodríguez y Rafael Perazza, que hoy se nutren de aguas subterráneas que presentan problemas por la presencia de arsénico. También a Ciudad del Plata y Playa Pascual, que tienen déficit de abastecimiento.

El consorcio ahora está en la etapa de estudios de factibilidad, que debe elevar a OSE en las próximas semanas. Ya ha presentado avances. Según Castagnino, el privado se acerca a las “cuatro quintas partes” del estudio, que “a más tardar” presentará en octubre, aunque dice que no hay un plazo legal. Peña, en cambio, afirma que lo debe hacer antes de fin de mes y el próximo martes se reunirá con representantes del consorcio.

Una vez que reciba el informe, OSE dará el visto bueno o no. Si lo aprueba, se pasará a un llamado público: una licitación donde el consorcio tendría una ventaja cercana al 5% (es decir, “si alguien está más barato, tiene 5% para jugar y ganar; pero si igual pierde puede solicitar mejoramiento de ofertas”, dice Castagnino”).

Si todo sale según lo planificado, en el gobierno pretenden que la construcción se inicie el próximo año y la obra esté pronta en 2024 o 2025.

Desde el grupo no quieren hacer declaraciones ni hablar de plazos pero una fuente del consorcio dice a El País que muchas cosas se están definiendo en estos días. Y detalla algunos aspectos ya definidos: que el agua se potabilizará allí mismo en la zona de Arazatí y se llevará seguramente hasta el recalque de Melilla, que es donde está el 85% del bombeo para el área metropolitana. Y que la operación por parte del privado hoy no está planteada. “A lo sumo el mantenimiento, como en otras obras de OSE” dice la fuente. Pero eso no está del todo claro para todos.

Veamos: ¿cómo se pagarán esos 250 millones de dólares? “Es lo que nosotros tenemos que analizar con el Ministerio de Economía y sobre todo con la OPP. Lo tiene que definir el presidente”, responde Castagnino. Peña, en tanto, especula que puede ser con un fideicomiso o se puede pagar con la obra y operativa a cierto plazo. “La empresa va a presentar varias opciones con sus costos”, indica el ministro.

Pero el director de la OPP, Isaac Alfie, despeja dudas: “Lo que se prevé es que sea igual que la compra de energía eléctrica que hace UTE a los privados, en un contrato take or pay por determinada cantidad de años”. En el caso de UTE, se establece de antemano el precio y el plazo del contrato. El privado hace la inversión y cuando empieza a operar le da el producto a la empresa, que paga por la energía generada la use o no. Si eso se tralada a OSE, implicaría que el consorcio también se haría cargo de la operación.

Castagnino, en cambio, opina que las nuevas instalaciones deben ser operadas por OSE. Para eso, estima, se necesitan entre 30 y 40 empleados. “Nadie podría hacerlo mejor que OSE”, afirma el gerente y dice que se debe respetar el artículo 47 de la Constitución, que indica que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Peña dice que el artículo se respetará, pero aclara que hoy OSE en muchos servicios contrata empresas privadas, como en plantas de saneamiento construidas y operadas por particulares.

Este es uno de los puntos más sensibles. El secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Nicolás Ferreira, habla de una “embestida privatizadora” del gobierno y asegura que el informe de jurídica de OSE hace “una relectura” del artículo 47 para que el privado construya, opere y haga el mantenimiento de la planta. “Eso viola la Constitución. ¿La tarifa se incrementará para asegurar la ganancia al consorcio?”, dice el sindicalista.

Mientras, Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias y experto en cianobacterias, adelanta que es “preocupante” que ya se haya decidido construir la planta en un sitio donde se sabe que la calidad del agua no es buena. Y explica que en esa zona se producen acumulaciones muy frecuentes de esas algas tóxicas desde primavera y hasta el otoño, tanto en años lluviosos como secos. Las floraciones, dice, circulan por la costa uruguaya y son visibles en forma asidua desde Colonia hasta la desembocadura del Santa Lucía.

El agua, entonces, deberá pasar por un proceso adicional con carbón activado u otros métodos, así como verificaciones de que ese proceso fue efectivo. “Puede haber ventanas en que no se sepa cómo es el agua que se está tratando. ¿Cómo trabaja una planta así? ¿Quién paga los costos adicionales?”, pregunta Aubriot.

Desde el consorcio admiten que el agua habrá que tratarla pero aclaran que en el Río de la Plata hay menos cianobacterias que en el Santa Lucía, donde está Aguas Corrientes. Peña, en tanto, afirma que la nueva planta tendrá tecnología que evita que las algas generen problemas en la potabilización.

Cuando el directorio trató el tema el 24 de febrero pasado, el director frenteamplista en OSE, Edgardo Ortuño, planteó sus reparos. Pero votó a favor del estudio de factibilidad, con el objetivo de despejar interrogantes: la prioridad estratégica del proyecto (en su informe recuerda que estudios de 2001, 2013 y 2017 indican que “la alternativa más conveniente” es la construcción de la represa en Casupá, que “permite más que duplicar la capacidad de represamiento actual”), la viabilidad técnica, si la operación y mantenimiento estará a cargo de OSE, el impacto del costo financiero y la búsqueda de consenso político y social.

Hoy, con el estudio muy avanzado, Ortuño dice que se comprobó que no hay certeza de agua dulce los 365 días del año y que existen eventos de salinidad comprobados. Y que está comprobada la presencia de cianobacterias. Además, planteó en el directorio monitorear los efectos del colector subacuático que emitirá las aguas servidas de Buenos Aires.

El debate, dice Ortuño, estará centrado en el tema de la constitucionalidad y el modelo de negocio. El jerarca alerta por la posible creación de “una suerte de OSE paralela”: la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay (CASU).

Daoiz Uriarte, secretario general de OSE entre 2005 y 2013, dice que hay otros proyectos más interesantes que Arazatí, como la elevación de la represa de Paso Severino que no sabe por qué “se abandonó definitivamente” en el período pasado. A su juicio, el proyecto solo se explica porque está ligado al riego para los productores de la zona.

Castagnino, el gerente de OSE, admite que el riesgo es una posibilidad firme: “Estos grandes proyectos siempre son emprendimientos combinados, con producción de energía y agricultura”. Y habla de una falsa oposición entre Arazatí y Casupá. “Por suerte no tenemos que elegir nada porque necesitamos las dos obras”, explica, ya que Aguas Corrientes seguirá siendo “la columna vertebral” del abastecimiento de agua potable para el área metropolitana pero necesita volumen de reserva. Insiste, eso sí, en que la obra de Arazatí es prioritaria porque permitiría solucionar una situación de emergencia. La crisis, tal parece, puede ocurrir en cualquier momento.