Por Mariángel Solomita

Apenas queda un recuerdo agridulce de aquella bonanza imprevista que les trajo a los comercios de los departamentos fronterizos el cierre de los puentes y cruces con Argentina y Brasil para evitar la propagación del covid. Durante ese paréntesis, el litoral celebró un aumento del 30% de sus ventas, lo que a su vez generó miles de nuevos puestos de trabajo y que distribuidores que no solían llegar hacia esa parte del país aprovecharan la oportunidad. Por primera vez, algunos supermercados vieron una rotación de sus productos en las góndolas.

Observando este inusual escenario, en 2020 el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) intentó cuantificar el volumen del contrabando en los departamentos fronterizos, específicamente de alimentos y bebidas. El análisis estipuló que en un año el contrabando fronterizo implicó 320 millones de dólares y una pérdida de 70 millones de recaudación para el Estado. “Este es un número de piso muy grande, sabiendo que no consideramos el contrabando de productos de higiene que es muchísimo, y el de los cigarros, que es brutalmente importante”, apunta el economista Agustín Iturralde, director del CED.

Este estudio permitió que los comerciantes le pusieran una cifra aproximada a sus pérdidas, sabiendo que el horizonte se agravaría aún más con el diferencial de precios por el tipo de cambio con Argentina. Por eso, a medida que se acercaba la noticia del retorno a la normalidad, una sensación ambigua se abría paso. Querían volver a cruzar hacia el otro lado, allí estaban gran parte de sus afectos. Sin embargo vislumbraban que la actividad sufriría una caída irrefrenable, generando un efecto dominó de perjuicios socioeconómicos.

Un año y algunos meses después de la apertura de las fronteras, la profecía se cumplió y con creces. Representantes de los centros comerciales de Paysandú, Salto, Río Negro y Artigas aseguran que nunca estuvieron peor. Los precios uruguayos son en promedio 144% más caros con respecto a Argentina y 70% con respecto a Brasil, según un análisis del Observatorio Económico de la Universidad Católica en el Campus de Salto (UCU).

El contrabando de productos excede cada vez más el consumo de tipo familiar y va ramificando su distribución ilegal adentrándose en las ciudades, cruzando cientos de kilómetros y llegando, incluso, “con total impunidad”, a las ferias de Montevideo. Esto está provocando un fenómeno de corrimiento de las fronteras hacia dentro del país.

Foto: El País.

“Falta más información de calidad y consciencia de que el contrabando en Uruguay es un problema gigantesco”, plantea Iturralde. Una realidad que quienes más la sufren creen que se diluye al pasar el Río Negro.

En las fronteras, el comercio ilegal alimenta un círculo vicioso que funciona así: el dinero que produce un departamento se gasta del otro lado, lo que genera una reducción de las ventas y de la rentabilidad de los comerciantes. Se empobrecen los salarios, crece el desempleo y se dispara la informalidad, lo que obliga a los habitantes a comprar del otro lado para llegar a fin de mes. Pronto, los más jóvenes dejan de buscar trabajo en su lugar de nacimiento y emigran hacia otras localidades. Sus hogares, con las manos vacías, no tienen qué ofrecerles.

Hoy por hoy, el 50% de los artiguenses trabajan en negro. Río Negro y Salto son los departamentos con más personas desempleadas. En el primer trimestre del año, la variación de ventas de Paysandú decreció 24%, según el índice que elabora Scanntech. Su estampa está muy lejos de ser la de aquel departamento que había creado 5.600 puestos nuevos de trabajo durante el covid. Ahora, las únicas empresas prósperas son las que venden cubiertas para vehículos: un producto que Argentina no tiene y nuestros vecinos cruzan a comprar.

El problema de la frontera generó varias reuniones entre los integrantes de los centros comerciales y las autoridades, incluido el presidente de la República Luis Lacalle Pou. Fue el eje de cuatro proyectos de ley —del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto— que no han tenido discusión parlamentaria. En cambio, se creó una comisión de Diputados de Frontera y unos meses atrás el gobierno lanzó un paquete de medidas “paliativas”, de alivio en los impuestos patronales, reducción de costos fijos en empresas públicas, aumento de los controles en los cruces, una ampliación del descuento sobre el combustible del 30% y una rebaja del 30% con el uso de la tarjeta Recompensa del Banco República en los comercios adheridos.

Replicando la opinión de sus pares en otros departamentos, la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchín, dice que las rebajas tributarias “no están mal, pero no son el camino porque no te garantizan que se va a vender más”. Se requieren “medidas estructurales y de fondo, no coyunturales, porque esto continuará por cinco o seis años más”, plantea.

De hecho, el monitor económico de la agrupación salteña arrojó que el 65% de los socios vieron caer sus ventas un 30%. Peor aún lo tienen las estaciones de servicio, cuyas ventas bajaron 40% a pesar de contar con el beneficio de la exoneración del Imesi del 30%, que se ha propuesto incrementar un 10%.

Es que el combustible en la frontera funciona como un gatillador para el resto de las compras. La última medición del Observatorio Económico de la UCU indica que del lado argentino hay una diferencia en el precio de la nafta del 147% y de 190% en el gasoil. La flamante normativa indica que cada 15 días los salteños tienen permitido ingresar cinco kilos de comestibles desde Concordia, “pero lo cierto es que pasan también otras cosas”, dice una fuente. Y si bien se percibe en Salto un recrudecimiento de los operativos de Aduanas, es sabido que barcazas pasan mercancías por el río, y que hay “grandes proveedores del bagashopping”, un monstruo que no deja de crecer.

Foto: Hugo Lemos.

El comercio se extiende a los bienes no transables. Se cruza la frontera por un corte de pelo, para hacerse una depilación o aplicarse botox; para ver al dentista y al odontólogo, comprar medicamentos, ir a la óptica y hacerse análisis médicos. Se cruza para comprar artículos de higiene personal a precios 229% más bajos. Algunos van al psicólogo del lado argentino. Otros van a almorzar o cenar: comer una hamburguesa, una pizza o tomarse un refresco en un restaurante en Concordia es 200% más barato que en Salto, plantea el relevamiento de la UCU.

La diferencia de precios con Argentina es tan grande que en Salto “no hay sector de la economía que no se vea perjudicado”, dice Facchín, mientras que desde la UCU, la economista María José Medin resume: “Cierran comercios a cada rato”.

Solo en el mes de febrero cruzaron 124.00 personas por el puente de Salto Grande y 187.500 por el de Paysandú. La billetera de los uruguayos les ha permitido a los comerciantes de Concordia “recuperarse del golpe de la pandemia”, dice Facchín. Mientras que los sanduceros aseguran que “Colón no podría vivir sin el dinero que dejan allí los habitantes de Paysandú”.

Desde el centro comercial de este departamento, relatan que hay vecinos que se piden el día libre en el trabajo para hacer las compras del mes del otro lado. Dice una fuente de la directiva: “El que hace sus compras en Paysandú es el que tiene menos ingresos. Es el que compra con la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social, que solamente es válida de este lado, y el que hace malabares con la tarjeta de crédito, porque para ir a gastar a Colón necesitás sí o sí tener efectivo”.

Desde Río Negro, el departamento con mayor desempleo del país (12,9%), Guillermo Rosas trata de imprimirle “positivismo” a la compleja situación que atraviesa el comercio local. Presidente del centro que reúne a los dueños de negocios, calcula que las ventas bajaron 30% y que, entre todos los golpeados, los que están peor son los supermercados, las farmacias y las carnicerías.

En Fray Bentos hay parrilladas enteras que subsisten asando carne ilegal que traen de Gualeguaychú, kilos y kilos que para zafar de los controles pasan escondidos —si eso es posible— sobre los motores de los vehículos. Y hasta el turismo cruzó frontera: para partir hacia las excursiones que se organizan desde acá en el país vecino, se les pide a los turistas que se desplacen al otro lado del puente.

“Nosotros no tiramos la toalla con el gobierno, pero el problema es tan grande de solucionar, que estamos tratando de resolvernos con lo que tenemos a mano”, dice Rosas. Hace poco firmaron un convenio con la intendencia departamental para que los funcionarios municipales cobren parte del sueldo con una tarjeta que les permita comprar comestibles fronteras adentro.

Los artiguenses, por su parte, plantean que además de lidiar con la astronómica brecha de precios con Argentina, históricamente ellos han tenido que combatir la diferencia con Brasil, al igual que otras fronteras en Cerro Largo, Rivera y Rocha. “En Uruguay hay dos niveles de personas, porque estos parecen problemas que solamente nos preocupan a los de la frontera y no debería ser así”, dice Rocío Villamor, del Centro Comercial e Industrial de Artigas. Le preocupa que, de seguir así, el departamento pierda infraestructura. “Tenemos el doble de habitantes de Quaraí, pero acá quedan dos o tres minimercados y un súper, mientras que ellos tienen ocho”, dice.

Foto: El País.

A Villamor la acompaña su par de Bella Unión, Alfredo Freitas, quien lanza: “Lo que decimos es que al gobierno esto le cuesta caro. Hoy le falta 50% de la población de Artigas, que no hace aportes pero en un futuro sí va a tener una jubilación”. La propuesta de estos comerciantes es que el gobierno financie, o se asocie con algún organismo internacional, para costear un estudio que logre definir de una buena vez cuánto “está perdiendo Uruguay hoy por culpa del contrabando y del informalismo”. De esa forma cree que dejarán de ser vistos como “los llorones de la frontera” y podría finalmente desarrollarse una política pública en concordancia con una verdadera ley de fronteras.

La Confederación Empresarial del Uruguay estima que el comercio ilegal llegaría a los 1.000 millones de dólares anuales, lo que Freitas ilustra de esta manera: “Si pudiéramos comprobarlo con una cifra incuestionable, sería como decir que cada tres años renunciamos a una inversión como la de la segunda planta de UPM”.

El asunto es cómo mejorar la competitividad de los comerciantes de la frontera frente a los precios bajos del otro lado. Esto, coinciden los especialistas consultados, “no es un problema de simple solución”. Todo lo contrario, porque la distancia de precios es tan amplia que no alcanza con una depreciación de la moneda ni con una renuncia fiscal.

La semana pasada el economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, visitó Salto, Paysandú y Artigas para hacer una presentación sobre las perspectivas económicas generales, que incluía un panorama de cómo evolucionará la diferencia de precios con Argentina por un lado y con Brasil por el otro. El mensaje fue claro: esta brecha no se resolverá de forma “mágica”, ni rápida. “En el pasado, ante una diferencia de precios tan grande, una devaluación de la moneda uruguaya o una revaluación importante de la argentina solía ponerte a tiro, y ninguna de esas dos cosas van a ocurrir ahora”.

La escena de la frontera se explica por la convergencia de tres factores. Por un lado, Uruguay es un país más caro porque es más rico que los vecinos; por el otro hay circunstancias macroeconómicas en Argentina —y en menor medida en Brasil— que hacen que ellos tengan controles sobre los precios y además la moneda está artificialmente depreciada, lo que causa que haya una diferencia de precios. Por último, Uruguay revaluó su moneda el último año. “Esto generó una tormenta perfecta”, describe Oddone.

Que no pasará hasta 2025.
O más.

¿Qué propuestas podrían ayudar a soportar la situación?. “En primer lugar, un tratamiento tributario especial, evaluando el IVA personalizado en función de la residencia de las personas, como se hizo anteriormente con el Imesi al combustible, puede ser útil”, dice Oddone. El desafío en este sentido es definir, “dónde está el límite de la frontera, cuántos kilómetros adentro se marcará”.

Foto: Leonardo Mainé.

Otro camino, es el que tiene que ver con prácticas comerciales que hacen que en nuestro país existan distribuidores exclusivos de ciertas mercancías, lo que imposibilita la competencia y hace que el precio de venta sea elevado. “La iniciativa de microimportaciones que propuso el senador Sergio Botana podría explorarse y es algo que al comerciante empobrecido le va a gustar pero el distribuidor de Montevideo va a poner el grito en el cielo porque se va a abrir una ventana para que el producto sea proporcionado por alguien que no es él”, dice Oddone.

Desde el CED, el economista Iturralde coincide. “Las soluciones sostenibles no vienen por la represión, sino en preguntarnos por qué tenemos esos diferenciales de precios en productos que no se producen en Uruguay, como en los productos de higiene. La solución viene por lograr una regulación más competitiva, que haga bajar los costos y que el comercio formal pueda alcanzar precios menores”. En definitiva, apoya el camino de la microimportación de bienes en la frontera por parte de comerciantes, pero advierte, “el problema son las regulaciones”.

¿Qué quiere decir esto? Así lo explica la economista Medin, de la UCU. “Hay grandes oligopolios o monopolios de importación de ciertos productos, los que mayor diferencia de precios tienen, que son los de higiene. Estos provienen de estructuras del mercado que no son competitivas porque hay pocos importadores y tienen el poder de fijar el precio”.

El asunto es así: para los jabones, pastas de dientes, desodorantes, productos para el cabello (entre otros) hay regulaciones del Ministerio de Salud Pública que establecen que haya un distribuidor único, porque es el que tiene el código técnico que permite identificar la especificación de esos productos. “En Uruguay hoy quien tiene ese código es el que puede importar y si otro importador no consigue ese código especial no puede hacerlo”, explica Oddone. En otros países, en cambio, basta con que un importador esté autorizado para que otro lo pueda hacer.

Foto: Francisco Flores.

Este tema está sobre la mesa del gobierno, pero podría desembocar en una conflictiva negociación por el cambio de regulación que involucre a varias instituciones y a los mencionados distribuidores. Resolverlo sería ir al hueso del problema, reconocen los comerciantes, pero saben que implicaría un camino lento y por eso apuestan a que se combinen medidas concretas a corto plazo, como el incremento del descuento para el combustible al 40%, la rebaja del IVA a un conjunto de productos y la importación en un formato más simplificado. El asunto ahora es si el drama que viven los uruguayos de la frontera logrará o no la empatía de los que desde esta punta del país toman las decisiones.