No hay datos oficiales actualizados. Pero recorrer el Centro de Montevideo es al menos un termómetro, una sensación térmica: cada vez parece haber más personas durmiendo en la calle. Son parte de la ciudad, del paisaje urbano que se prefiere esquivar y no mirar.

Las autoridades afirman que, detrás de este fenómeno, hay varias razones. Dicen que no se puede generalizar y que las personas indigentes están atravesadas por distintas vulnerabilidades.

Para Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), parte del problema tiene que ver con la poca cantidad de camas que hay para tratar a las personas con adicciones: “Cuando comenzamos teníamos solo 114 plazas, si me preguntas el número ideal por las estadísticas y los pacientes que tiene ASSE, tendrían que ser al menos 1.100”, explica. Este sector de ASSE recibirá parte de la inversión cercana a 20 millones de dólares, que el gobierno incluirá en la próxima Rendición de Cuentas, según adelanta el jerarca a El País.

Se sabe: el miércoles 15 de marzo en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) el presidente Luis Lacalle Pou dijo que una prioridad en la Rendición de Cuentas de este año será la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Por estos días el gobierno está elaborando un plan de trabajo para definir los puntos más importantes a encarar.

Foto: Juan Manuel Ramos.

El equipo está integrado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y ASSE. Según supo El País, la idea es reforzar las herramientas que ya existen y continuar fortaleciendo el trabajo interinstitucional.

El plan está en fase de elaboración pero ASSE proyecta mejorar su atención a personas con problemas de consumo. Esto lo harían con varias medidas directas, una de ellas es ampliar el número de camas disponibles en el Portal Amarillo, el centro de referencia para el tratamiento de personas con uso problemático de drogas. “Ya se empezó a trabajar con la remodelación del Portal Amarillo. Es un centro que tiene 35 camas operativas, y lo estamos llevando a 51 camas”, dice Cipriani, quien asegura que para el mes de setiembre ya estará funcionando en su totalidad.

Para el plan que anunció Lacalle Pou se está trabajando en la creación de un centro de adicciones en las colonias psiquiátricas, que hoy tienen 460 pacientes, y en su época de auge —a inicios del siglo pasado— llegó a haber unos 5.000. “Lo vamos a ejecutar, pensamos que este año quede funcionando. La salud mental fue siempre una prioridad de este gobierno, pero la pandemia de alguna forma retrasó lo que teníamos planeado. Este proyecto lo estamos trabajando con el presidente de la República, porque él marcó ahora la importancia, y para poder trabajarlo necesitamos el presupuesto que vamos a tener”, explica Cipriani.

Para el presidente de ASSE atacar el déficit de camas es una prioridad y es por donde se debe comenzar. “También queremos aumentar las camas de desintoxicación en hospitales generales. Como el de Canelones, Las Piedras, el Hospital Español y el Maciel. Hay en carpeta otros de la zona metropolitana”, indica. De todas formas, Cipriani dice que las camas de desintoxicación son el primer contacto que los pacientes tienen: allí están cinco días o una semana, pero luego de eso comienza todo un proceso. Por eso se necesita el trabajo internacional, ASSE ya tiene dispositivos que funcionan con el Mides, pero no es suficiente.

“Hay que buscar recursos desde toda la sociedad para poder ir generando respuestas y alternativas. El Mides lo está haciendo, ASSE y el Ministerio de Vivienda, también”, dice el psiquiatra Pablo Fielitz, quien será asesor de Cipriani en el proyecto para trabajar con adictos. “Hay gente que tiene el vínculo muy dañado con la familia: o la familia está ausente o no hay. Bueno, en algún lado tiene que vivir esa persona”, agrega. Para este doctor que estuvo al frente del área de Salud Mental de ASSE hasta fines del año pasado y renunció a su cargo por problemas de salud, lo clave es pensar en no aislar a las personas y trabajar en modelos comunitarios, donde la recuperación se vaya dando con las herramientas suficientes.

Según Fielitz, hay una relación entre consumo de sustancias y desarrollo de patologías psiquiátricas, pero no es vinculante. “Es muy alto el porcentaje de personas que tienen trastornos por consumo, en la población de situación de calle. Seguramente más de un 50%, hay quienes plantean que es más de un 70%. Es muy frecuente que en los estadios avanzados de la adicción la persona termine sin hogar y habiendo, de alguna manera, destruido casi todos los vínculos sociales que tenía”, dice Fielitz para explicar por qué vemos tanta gente en calle con problemas de consumo.

ASSE no sólo va utilizar parte de los recursos que se otorgarán en la Rendición de Cuentas para este plan, sino que hará una redistribución de ingresos propios. Lo mismo pasará con los funcionarios, algunos recibirán capacitaciones para desempeñarse en nuevos rubros. Solo en las colonias psiquiátricas hay más de mil funcionarios y en promedio cada año egresan unos 40 pacientes. Desde que comenzó a regir la ley de Salud Mental, aprobada en el último gobierno del Frente Amplio, no se han dado nuevos ingresos.

Esto responde a un cambio de paradigma. A nivel de salud mental, en el mundo hace varias décadas que ya está comprobado que el sistema de manicomios con lógicas de aislamiento social y reclusión, no puede ser una solución para las personas que tienen patologías mentales. Por eso la ley aprobada en 2017 impone la llamada “desmanicomialización” y establece que para 2025 no tiene que haber más personas siendo tratadas en las colonias psiquiátricas de larga estadía para crónicos, con el viejo método de aislamiento total. Esa meta, de todos modos, difícilmente se cumpla.

Este mismo proceso deja a muchas personas sin respuesta habitacional. Hay pacientes que pasan años en el Hospital Vilardebó, cuando ya tienen alta médica. Pero también en las colonias van quedando “los núcleos duros”. Y, según afirma el presidente de ASSE, “son pacientes totalmente dependientes y muchos de ellos sin familia. Como Estado tenemos la responsabilidad de mantenerlos en condiciones dignas”.

Campamentos fabricados con nailons y cartones en esquinas de edificios, que funcionan de hogar. Restos de colchones que ofician de dormitorio en plena vereda. Filas en las entradas de los refugios desde las cinco de la tarde. Personas que siguen eligiendo el puente de Avenida Sarmiento para acomodarse. Bancos de plazas públicas que se usan como living doméstico, con pequeños grupos de personas que paran ahí.

Lo que vemos es solamente un síntoma de un problema mucho más grande y estructural, según explican. Los especialistas consultados para este informe están de acuerdo en un punto: el consumo problemático de sustancias, las patologías psiquiátricas y el paso por el sistema penitenciario son un componente que atraviesa a la gran mayoría de las personas que hoy deambulan por las calles.

“Hay un núcleo duro, sí, es en esas personas. Son las que se resisten a ingresar a los dispositivos que se les ofrece”, dice a El País el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

Son los que no tienen poder para elegir nada, pero prefieren la calle antes que un refugio. Lema explica que muchas veces las causas que los llevaron a quedar en calle, como el consumo problemático de sustancias, son las mismas que no los dejan comenzar un proceso de ingreso en un refugio.

Foto: Juan Manuel Ramos.

El Mides centraliza la asistencia a las personas más vulnerables, aunque no es la única institución estatal que trabaja con la gente en situación de calle. Y tiene diferentes propuestas focalizadas, según las características de la población.

Para la directora de Protección Social, Fernanda Auersperg, son tantos los programas que se están ejecutando, que es necesario detenerse para visualizar la magnitud. “Los llamados refugios son los centros nocturnos y es la respuesta de emergencia. Todo el resto son centros 24 horas, dentro de esos tenés una diversidad enorme, que justamente es a lo que hemos ido apuntando. Buscamos soluciones específicas para que las personas puedan salir de esa dinámica de calle”, explica Auersperg.

En este momento hay 58 refugios nocturnos en Montevideo y 37 hogares 24 horas. En el interior hay cuatro de cada uno. “Tenés centros 24 horas de mujeres con niños. Casas de medio camino para personas con adicciones. También hay para aquellas que tienen alguna dependencia leve o moderada, por ejemplo una persona en silla de ruedas”, dice la funcionaria.

Dentro de las personas que han pasado por refugios, el Mides tiene datos específicos porque han realizado “censos”. Los consideran de “auto declaración” y por eso los datos que manejan pueden estar subdeclarados. Por ejemplo, un 86% declara tener o haber tenido uso problemático de sustancias y/o problemas de salud mental.

Un 54% afirma haber estado privado de libertad alguna vez. En esta administración la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) pasó de depender del Ministerio del Interior al Mides. Alfonso Arocena, responsable del Área de Salud Mental del Mides, pone paños fríos a estos datos y dice que es imprescindible trabajar en estrategias que desde dentro de la cárcel piensen el afuera.

“La Dinali incorporó hace un mes un equipo especializado en la atención en uso problemático de drogas”, afirma Arocena. Se trabaja en un formato de seguimiento grupal, apuntando no solo al consumo sino a bajar la reincidencia delictiva. Además de coordinar estos egresos de cárcel, el Mides trabaja junto al área social del Hospital Vilardebó para hacer lo mismo.

“Hace más de 30 años que estoy en esta. Tengo una casita con mi hermano pero estamos juntando para poder arreglar y vivir ahí“, dice Jorge, de 50 años. Él tiene un cupo fijo en el hogar nocturno de varones de la calle Emilio Frugoni.

Jorge estudia en la Facultad de Agronomía. Su almuerzo es en el comedor de la Udelar y afirma que “ahora está un poco mejor la situación.” Pero se corrige al instante y aclara que eso depende de cada refugio y del ambiente y grupo que se arme.

Desde la pandemia el Mides cambió el modelo y se eliminó la llamada puerta de entrada. Ahora todos los refugios funcionan como puerta de entrada y por eso se ven filas en la vereda. Cada lugar tiene un número de cupos permanente pero a eso se suman unos extras.

Los refugios se abren a las 18 y hasta las 20 pueden ingresar los que son permanentes. Luego de esa hora pueden hacerlo los que se anotaron en lista cuando se abrieron las puertas.

Sentado en la puerta del hogar donde va a pasar la noche junto a otros hombres más, Jorge recuerda épocas peores y le parece que es mejor este nuevo sistema, sin puerta de entrada. “Antes igual te pinchaban con un cuchillo para robarte comida. No veo esas cosas ahora. Acá está todo prolijo, siempre te escuchan, después de comer te dan la medicación”.

Pero no todos comparten esta idea. Algunas personas en situación de calle consultadas por El País afirman que ahora es peor. Porque si no hay lugar en el refugio donde hicieron fila, tienen que atravesar caminando barrios enteros para llegar al refugio donde sí quedó lugar libre, y muchas veces prefieren quedarse en calle. Porque además hay un horario para llegar a su destino, y cuentan que se dan situaciones donde llegan y no son recibidos.

Jorge es paciente psiquiátrico crónico, se atiende en policlínica del Hospital Vilardebó, donde también le dan la medicación que necesita. Según se explica desde el Mides, todos los centros tienen este auxiliar de enfermería y se encargan de administrar la medicación, que por lo general es psiquiátrica. Esto es fundamental “porque esa medicación puede llegar a servir como mercancía en la calle, tiene un gran valor”.

En este hogar duermen unos 20 varones, a veces algunos más. Hay un solo baño para todos y la comida que les llega es de una empresa tercerizada. “Te lo puede decir cualquiera, es arroz un día, fideos el otro. No es que te quedas con hambre, pero sabés lo que esperamos para que llegue algo como ayer”, dice Jorge. Es que la otra noche comieron albóndigas de carne, y platos así no son para nada comunes.

El tercero en la fila para ingresar a este refugio es Nahuel. Tiene 20 años y terminó en la calle porque su madre lo echó de su casa, aunque no vivió mucho con ella ni tampoco tuvo demasiado vínculo. Gran parte de su adolescencia la pasó en hogares del INAU. Ahora está anotado en el turno nocturno del liceo 14, para terminar el ciclo básico. “Me gustaría, además de estudiar, conseguir un trabajo. Me han ayudado, acá tenemos internet y todo”, dice. “Me presenté a varios lados, para reponedor de supermercado, pero me gustaría sí tener un trabajo”.

“A mí lo que me pasó es que la vida me cambió de un momento para el otro y acá estoy”, cuenta Fanny mientras espera que la dejen entrar a bañarse y a comer algo en el Centro La Trama, que gestiona la Intendencia de Montevideo (IMM). Además de este centro diurno, la IMM tiene otros dos más que funcionan durante el día tanto con personas que permanecen en la calle como con quienes van a refugios. La gente accede a prestaciones básicas como son el acceso a la ducha, lavar su ropa y tomar una colación. Además, hay instancias individuales de atención con psicólogos, trabajadoras sociales y educadores. También, una doctora en medicina general y un enfermero

Fanny tiene 51 años y una hija, con la que hace años cortó vínculo. Su historia es como la de muchos. Estuvo privada de libertad, tiene enfermedades crónicas como VIH y hepatitis C, y ahora duerme en la calle. Cuenta con algo de dinero por la tarjeta del Mides pero eso no le da para mucho. “La verdad, no te puedo decir lo que hago para arreglarme y poder tener algo. Pero me ha pasado de todo, hasta una vez me quisieron prender fuego”, dice, mientras es acompañada por un trabajador del centro y dos policías, que fueron al lugar por un conflicto que se dio entre internos.

Sabrina Duarte, coordinadora de La Trama, explica que las personas que pueden ingresar por día transitan entre 88 y 100. “Las mujeres son las más vulneradas. La calle es muy peligrosa. La mayoría ha sido violada y golpeada sistemáticamente”, dice.

Trabajan con población en extrema vulnerabilidad, la que no accede a nada. “Nuestro abordaje es desde el paradigma de gestión de riesgos y reducción de daños por uso problemático de sustancias, por lo que somos un centro de baja exigencia para el ingreso”, dice Duarte. Hay un porcentaje grande de personas que pasan por La Trama, que no ingresan a refugios, son los que en la jerga llaman perfil “calle, calle”.

Gabriel Cunha, director del Programa Calle del Mides, confirma lo que dicen sobre este centro: “Por lo general los que van a La Trama son personas crónicas de calle”. Para Cunha, en este momento estamos transitando un cambio de modelo, “y eso implica una cantidad de movimientos para avanzar, porque es un proceso”. El problema no es la falta de cupo para pasar la noche en refugios, porque además de las nuevas plazas por el plan invierno, hay dispositivos de retén, que están disponibles para ser ocupados en caso de ser necesarios.

Desde el Mides insisten en que hay que desinstalar la idea de que “vivir en la calle es un derecho”. Por eso la ley de falta es una herramienta fundamental, ya que bajo está normativa es que hablan con las personas y les explican que no pueden estar viviendo en un “campamento” y les ofrecen soluciones. Claro que no siempre las aceptan, y por eso se han generado dispositivos como los paradores nocturnos. “Pueden ir a pasar unos días ahí. Como ellos le llaman, ‘achicar’, comer algo calentito y tener una cama”, dice Cunha.

La realidad de las personas en situación de calle demanda nuevas soluciones. El alcoholismo es un problema de siempre, pero el consumo de otras sustancias cada vez afecta a más cantidad de personas, sobre todo a los más jóvenes. Trabajar desde lo médico sí, dice Arocena, el director responsable del Área de Salud Mental del Mides. “Pero hay que dar también la respuesta en lo habitacional y de inclusión social, comunitaria y laboral”, agrega. El foco de la Rendición de Cuentas estará puesto ahí, ¿será suficiente?

POLÉMICA

El debate por la ley de internación de adictos

Sin los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó días atrás el proyecto de ley que propone la internación de adictos por “voluntad anticipada”. El objetivo de esta norma es “garantizar el derecho de toda persona que padezca de adicción o consumo problemático de drogas” a “recibir el tratamiento adecuado para su desintoxicación”. Ahora el proyecto volvió a Diputados, donde ya había sido aprobado, debido a que recibió cambios. Y, según explicó la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch, impulsora del proyecto junto a la cabildante Silvana Pérez Bonavita, se votará en los próximos días, ya que las modificaciones realizadas no cambian el espíritu de la norma.

El proyecto original buscaba establecer la voluntad anticipada de las personas para acceder a tratamientos de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social. En la Cámara de Senadores se mantuvo solamente el tratamiento de desintoxicación con o sin internación.

“La coalición apoya el proyecto y se espera su aprobación en junio. En cuanto al proceso legislativo, el proyecto no volverá a comisión y pasará directamente al plenario”, explicó la diputada colorada. El consentimiento anticipado le permite a las personas con consumo problemático de sustancias ser internadas sin su voluntad, si es que antes firmaron que en caso de estar en un estado de grave intoxicación, lo hicieran. El consentimiento puede ser revocado, excepto si hay un riesgo inminente para la vida del paciente o terceros.

La diputada Reisch lo define como “una herramienta más para abordar la problemática de las familias que necesitan tratamiento para sus familiares adictos.” El proyecto de ley generó un gran debate sobre el paradigma que plantea, y desde el Frente Amplio se lo criticó.

El senador Alejandro Sánchez del MPP dijo que no hay previsto recursos para su instrumentación. A su entender, la aplicación de este proyecto llevará a una “estigmatización social”. Afirmó que el que pueda acceder a un tratamiento en una clínica privada lo hará. Y el que no, tendrá que recurrir a Salud Pública, donde actualmente no hay camas disponibles. “Seguramente lo vaya a buscar un patrullero y termine en un calabozo”, generando así un “círculo de violencia brutal”, indicó Sánchez.