SEGURIDAD SOCIAL

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Esta es la pesadilla más larga del mundo, porque no es una sola crisis, son tres o cuatro simultáneas. La primera es de demanda internacional: la expansión del virus, y la paralización que dejó a su paso, desplomó el volumen y el precio de nuestras exportaciones. Algunos de los sectores más golpeados por el primer coletazo en Asia, como el frigorífico y el turístico, ya habían enviado a trabajadores al seguro de paro antes del 13 de marzo.

La segunda crisis es de demanda doméstica, provocada por el confinamiento en hogares para evitar contagios, afectando así la actividad de varios negocios.

La tercera es de oferta, y tiene que ver con la incidencia en el volumen de las operaciones que realizan las empresas cuyos trabajadores están en sus casas teletrabajando o haciendo uso del subsidio por enfermedad. “Esto no es tan dramático ahora, pero a medida que se expanda el virus y las propias medidas sanitarias, probablemente se resienta la calidad, la cantidad, o algún aspecto de lo que producen esas empresas”, opina Matías Brum, doctor en economía.

Por último, la menos visible de las crisis: la de “incertidumbre financiera”. Así la explica Brum: “Esencialmente el dólar se disparó, el precio del petróleo cayó, las bolsas internacionales se desplomaron, los capitales salieron hacia valores más seguros (lo que explica el incremento del dólar) y no sabemos bien cuándo se va a normalizar el sistema financiero, porque no sabemos cuándo se va normalizar la economía real. La suba del dólar por un lado beneficia a los exportadores (que no están exportando por otros temas), pero por el otro complica a actores como el Estado, que paga deuda en dólares cuando sus ingresos son en pesos”.

Esto es ahora. Pero el escenario de fondo ya venía complicado: el empleo cae desde 2015, el crecimiento económico es débil y el déficit fiscal llegó al 4,6% del PIB. A esto se le suma que la pandemia les pega a las empresas justo cuando están reponiéndose de grandes desembolsos por el pago de salarios vacacionales.

En definitiva, es como si una gran ola negra le hubiera pasado por encima al mercado laboral. Para evitar que este shock transitorio tenga consecuencias económicas y sociales prolongadas, el gobierno lanzó un conjunto de medidas enfocadas a evitar el quiebre de la cadena de pago y el incremento de la morosidad.

La creación de un régimen especial de subsidio por desempleo; la ampliación del subsidio por enfermedad para privados y patrones independientes mayores de 65 años; postergaciones y descuentos tributarios para micro y pequeñas empresas; la duplicación por única vez del monto de la Tarjeta de Uruguay Social (TUS) que brinda el Ministerio de Desarrollo (Mides) a unos 87.000 hogares (alcanzan a unas 400.000 personas); la entrega de una canasta de alimentos en abril y en mayo para 118.000 beneficiarios de asignaciones familiares Plan Equidad, y para los trabajadores informales que la soliciten.

Esto representa parte del gasto de US$ 400 millones que el gobierno se propuso financiar con la reciente creación del Fondo Coronavirus. Además, entre otras tantas medidas impulsadas, el Banco República y la Agencia Nacional de Desarrollo habilitarán líneas de créditos blandos para el sector empresarial afectado, que se financiarán con una inyección de dinero de organismos bilaterales.

El esfuerzo está y los expertos lo reconocen. Pero también advierten que contener a los grupos más golpeados implicará un rediseño continuo del plan del gobierno. No hay otra salida para asegurar la eficacia de la estrategia. Diego Vallarino, doctor en economía, elige una imagen para explicarlo mejor: “Es como si pasada la gran ola negra, hubiera bajado la marea y dejó expuestas distintas imperfecciones del sistema de seguridad social que surgen día a día”.

No son nuevas.
Ni son exclusivas de Uruguay.

“Todos los países están enfrentando retos en cuanto a sus coberturas de contingencia frente a la peor crisis de nuestra generación, porque todos tienen un problema de sustentabilidad económica”, plantea Federico Rosenbaum, magíster en derecho del trabajo.

Y ahora, acá, salta a la vista:
La insuficiencia de prestaciones para trabajadores independientes, incluso en el caso de los profesionales; la proliferación de trabajos dependientes disfrazados como autónomos (unipersonales que cumplen horario, siguen instrucciones, y ahora se prescinde de su servicio); la informalidad que luce como emprendedurismo (freelancers que trabajan para el exterior y en varias ocasiones no facturan); la enorme cantidad de personas que trabajan para patrones pero cobran “en negro”, y de cuentapropistas que son sus propios patrones, pero no están registrados en ninguna caja.

Ninguno de estos tiene acceso al seguro de paro, y los que cobran “en negro” también quedan por fuera del subsidio por enfermedad.

Los trabajadores informales son los primeros que se están cayendo del sistema: perdieron el trabajo y “no tendrán una capacidad de recuperación rápida”, según evalúa el economista Vallarino.

Se estima que son unos 400.000. ¿Quiénes son? Feriantes, vendedores ambulantes, vendedores de leña y piñas, varios deliveries de aplicaciones, personas que hacen “changas”, entre otros. “De este universo, muy poquitos cobran por la Tarjeta Uruguay Social y/o asignaciones familiares”, explica Nicolás Martinelli, director general de Secretaría del Mides.

El desafío que enfrenta el gobierno es el de ajustar el calibre para detectar a quiénes hay que llegarles, seguir evaluando cómo llegarles y con qué, considerando que los recursos son escasos y la capacidad de endeudamiento es limitada. Todo esto en el menor tiempo posible, para evitar consecuencias profundas. Y sin perder de vista un nubarrón que se avecina en el horizonte: la informalidad es otra pandemia de expansión mundial que con las crisis se agranda.

De los tres trabajos que tenía hasta hace dos semanas y cobraba “en negro”, la feria es lo único que todavía le permite a Miguel juntar un jornal. Hacía tiempo que no tenía los bolsillos vacíos, desde la crisis de 2002. Con el multiempleo sin declarar venía logrando reunir unos $ 26.000 mensuales, pero ahora le quedan apenas unos pesos y necesita salir a hacer más. El asunto es que es asmático y su patrón no quiere que trabaje. En la casa también le piden que por favor no vaya a la feria: vive con dos hermanos que como él sufren de problemas respiratorios y temen que traiga el virus.

Aun así, él está decidido.

Hoy domingo, en Piedras Blancas, con un poco de suerte podría sacar $ 2.000 vendiendo herramientas. ¿Y la resolución de la Intendencia de Montevideo de únicamente permitirles armar a los puestos que venden frutas, verduras, comestibles envasados y artículos para el hogar? “Vamos a armar igual. Nos tenemos que arriesgar. De las 5.000 familias que trabajamos esa feria solamente un tercio vende lo que están permitiendo. ¿Qué voy a hacer si no voy? Decime, ¿vos qué harías si tenés que comer? Yo en última no pago alquiler porque vivo con mi familia, y es un gasto menos, pero conozco a muchas personas del barrio que salieron a vender zapatos por $ 20 y tratan de juntar $ 100 pesos para hacerse una sopa. Algunos ni siquiera llegan a eso”.

Durante la conferencia del jueves pasado, el presidente Luis Lacalle Pou deslizó que le llamaba la atención la profunda vulnerabilidad que ya había en el país y que sale a luz ahora con esta crisis de ocho cabezas. Según datos de 2018, 24% de la población activa es informal. Lucila Bonilla, investigadora del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), explica que aunque en comparación con los países desarrollados esta tasa resulta alta, “pasamos de un 43% en 2006 a 24% en 2018”. Esto incluye, por ejemplo, la cobertura a trabajadores rurales y empleadas domésticas.

“Otro factor favorable es que nos posicionamos como líderes en la región en cobertura de seguridad social”, señala. Es decir, tenemos menos informalidad que nuestros vecinos. Sin embargo, dice la economista, “el ritmo del descenso de la informalidad alcanzó una meseta”.

Estos, los más vulnerables, “serán los más privilegiados”, prometió el presidente cuando adelantó que se extendería el plan alimenticio que ya estaba previsto (duplicar las canastas enviadas a las oficinas territoriales del interior y a los comedores que manejan las intendencias). Pero, ¿cómo identificar a los que la pandemia está haciendo descender de escalón social?

La primera pista fue la recepción del call center del Mides. El viernes 20 de marzo, llamaron 1.500 personas; otras 14.000 lo hicieron el lunes 23, y otras 12.000 el jueves 26. “La inmensa mayoría consultaron por canastas, pero no tenían un vínculo ni con el Mides (es decir que no tienen una TUS), ni con el BPS (o sea que no cobran asignación familiar). No llamaron aún todos los que las necesitan, no sabemos exactamente cuántos son”, plantea Martinelli.

El primer radio de acción se había focalizado en la población más vulnerable que recibirá la duplicación del importe de la prestación que brinda el Mides en la TUS. Para llegar a un segundo núcleo afectado, se tomó a los 118.000 hogares a los que BPS les paga las asignaciones familiares (que solo en algunos casos se superponen con los que tienen TUS). A ellos se les enviará una canasta en abril y otra en mayo. Pero todavía falta un tercer grupo, que son los que no están en los registros de ninguna de estas prestaciones. A ellos, el gobierno les pide que se comuniquen con el Mides.

¿Cómo es el proceso para conseguirlas? “Llamás y completás un formulario. Cruzamos datos con BPS y lo haremos con las intendencias”, dice Martinelli en referencia al convenio que se prepara junto al Congreso de Intendentes para intercambiar información con el fin de no superponer ayudas.

El asunto es, ¿la entrega de canastas les alcanza a estos hogares para paliar la crisis? Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, responde que considerando el resto de sus gastos fijos, no. “Nunca estaría en contra del otorgamiento de canastas, pero pienso que sería más efectiva una renta transitoria como la que aplicaron otros países”.

La central obrera propuso que se otorgue a los informales, por dos meses, y que su valor ronde el de un salario mínimo nacional ($ 16.300).Esta misma propuesta, pero extendida al tiempo que dure la cuarentena, fue presentada al gobierno por el Frente Amplio.

Si bien los expertos consultados coinciden en que hay que tomar una medida en concreto y de forma urgente, difieren en la amplitud del gasto y cómo debería solventarse. El abogado Alberto Baroffio, especialista en temas laborales y de seguridad social, plantea que “papá Estado no debería ser el único que pague”. “La sociedad privada podría ser un motor para solucionar esto, por ejemplo a través de donaciones”. Ese guiño parecería haber sido lanzado por el presidente el jueves pasado, luego de anunciar las rebajas salariales a un conjunto de empleados públicos: habló de una “solidaridad extendida” al resto de la ciudadanía.

En tanto, Bonilla, la investigadora de Ceres, ensaya un escenario en el que se dupliquen por tres meses las transferencias a TUS, pero también a las asignaciones familiares, para llegar a hogares que están levemente por encima del nivel de vulnerabilidad que asiste el Mides. “Es algo sencillo de implementar con la capacidad actual del Mides y tendría un costo aproximado de US$ 60 millones”.

Más ambiciosa es la propuesta que elaboró el Instituto de Economía de la Universidad de la República, que sugiere la necesidad de duplicar el valor de las transferencias a TUS y también de las asignaciones familiares por el equivalente a un año de transferencias. “Haciendo un cálculo muy conservador, esta crisis generará una caída de un punto del PIB. Duplicar una única vez el valor de las TUS es una medida estándar, que ya se aplica por ejemplo cuando hay inundaciones. Esta situación requiere medidas de otra escala. Nuestro cálculo no es antojadizo, la acción aprobada moverá muy poquito la aguja de estos hogares y también hay que concentrarse en la temporalidad de la medida”, dice Mauricio De Rosa, uno de los redactores. Este plan implicaría un desembolso de US$ 300 millones.

Las propuestas siguen llegando y según manifestó en la noche del viernes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, “son bienvenidas y serán analizadas”.

“Está quedando en evidencia que hay mucha desinformación sobre la importancia que tiene la seguridad social”, dice Ramón Ruiz, representante por los trabajadores en el BPS. Habla de personas que subdeclaraban importes (o sus patrones lo hacían sin que ellas lo supieran), y ahora cobrarán el subsidio de desempleo o el de enfermedad en relación a ese monto.

Ellos le preocupan. Pero las situaciones que lo tienen angustiado son las de los miles de trabajadores independientes que lo llaman para decirle que su actividad se redujo en un 90%.

“Para los independientes es como estar en la primera línea de fuego de una batalla”, dice Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, que también envió una solicitud de consideraciones al gobierno.Son 98.363 las empresas unipersonales sin empleados registradas en BPS cuya cobertura no incluye el acceso al seguro de paro.

Tras este número están los monotributistas —incluidos los del Mides— y los pequeños empresarios, todos ellos destinatarios de las medidas que ya lanzó el Ministerio de Economía. A ellos se dirigió en la noche del viernes el secretario de la Presidencia, comunicándoles que vendrán más acciones que los contemplen.

Mientras, la desesperación es enorme.

La contadora María Sol Andrade, integrante de la comisión agro del Colegio de Contadores, pasó el último domingo estudiando las nuevas disposiciones para asesorar gratuitamente a desconocidos. “El 99% de los monotributistas y pequeños empresarios no trabajan con un contador, por lo tanto les es difícil interpretar las disposiciones porque son muy técnicas”, dice.

Los principales consultantes son monotributistas “que se enteran ahora de que no tienen acceso al seguro de paro”. Otro de los escenarios más comunes es el de trabajadores independientes que a su vez tienen un trabajo en relación de dependencia; ellos son enviados al seguro de paro por este empleo, pero no pueden cobrarlo por tener la otra empresa activa. “Este es un gran problema y le está pasando a mucha gente”, dice Andrade.

A esta contadora también la llaman los profesionales independientes, a quienes la Caja de Profesionales Universitarios no les cubre el subsidio de desempleo. Y los trabajadores subordinados que llevan menos de seis meses empleados por la firma, período que también les impide acceder a la prestación del BPS.

El abogado Baroffio lo expone así: “Hoy queda al descubierto que las prestaciones para los trabajadores que no son dependientes son sensiblemente más chicas y el sistema no tenía contemplada una situación como esta”. ¿Qué se puede hacer? Tanto el economista De Rosa como Bonilla coinciden en señalar la necesidad de flexibilizar aún más el acceso al subsidio por desempleo.

En tanto, ¿cómo impacta en la billetera de los monotributistas y los pequeños empresarios la postergación de los pagos y las exoneraciones tributarias aplicadas? De acuerdo a los diálogos que ha mantenido, Andrade transmite que son bienvenidas, y en los casos en que sigue funcionando la actividad “son un alivio”, “pero para quienes sus ingresos bajaron drásticamente hoy no son suficientes”.

Los monotributistas, al igual que las empresas unipersonales con hasta 10 empleados, pueden diferir el pago de los aportes patronales (12,6% del total) correspondientes a los meses de pago abril y mayo. El 40% de estos aportes irá por cargo del Estado, mientras que el restante 60% se abonará en seis cuotas a partir del mes de junio.

En cuanto a las consideraciones de la Dirección General Impositiva (DGI), están destinadas a las pequeñas empresas que abonan un IVA fijo que hoy es $ 3.980. En este caso se difirieron los pagos de febrero y marzo, que se abonarán en seis cuotas, consecutivas y sin intereses.

Luego, está el resto de las empresas de mayor tamaño. Para ellas DGI únicamente previó un aplazamiento del pago para el 27 de marzo pasado. Además, podrán aplicar a los distintos préstamos que próximamente estarán disponibles.

Pablo Villar, presidente de la asociación que reagrupa las micro y pequeñas empresas —es decir, las que integran el segmento inmediatamente superior a las contempladas—, dice que las medidas “están alineadas a las necesidades”, pero “son insuficientes”.

Le solicitaron al gobierno prórrogas tributarias; estudiar la posibilidad del seguro de paro para el microempresario; que se segmente el monto de los préstamos especiales para así generar una reserva para las más pequeñas; que el sistema financiero les permita descontar cheques diferidos (una forma habitual de pago) sin cobrarles intereses; y que a la posibilidad que autorizó el Ministerio de Trabajo de adelantar licencias del 2020, se le agregue la chance de diferir el pago del salario vacacional.

Habrá un mañana, aunque aún nos parezca lejano. Por eso, Javier Labarthe, director del departamento de psicología social y trabajo de la Universidad Católica, cree que es primordial que las empresas aborden el problema inmediato, pero cuidando la forma en que gestionan internamente esta crisis. “Eso condicionará su futuro”, advierte.

Tal y como lo ve el abogado Baroffio, hasta ahora los intereses de cada parte “han sido postergados en pos del bien común”. “Las empresas han tratado de minimizar el impacto en sus empleados”, dice en referencia a que de las 70.149 solicitudes al subsidio por desempleo, se registran 5.713 despidos. Sin embargo, pronostica que en las próximas semanas, cuando la situación de las firmas empeore y se tenga que recurrir a modos de trabajar no habituales (más teletrabajo, rotación de envío al seguro de paro), “es posible que surjan fricciones con sindicatos”.

El miedo que asoma ahora entre los trabajadores es si tras el seguro transitorio vendrá el despido. El economista Vallarino advierte que puede haber empresas que “aprovechen” la flexibilización en el contexto de emergencia sanitaria para hacer “ajustes pendientes”.

Comprometer a las empresas que acceden a las medidas especiales a conservar a sus empleados debe ser una prioridad, según el Pit-Cnt y el Frente Amplio. En ese sentido, el Instituto de Economía plantea una medida al estilo de lo que fijó Dinamarca. “Que se siga pagando una parte del salario, con cargo a distribuir entre empresarios, Estado y trabajadores (por ejemplo aportando días de licencia), a cambio de que no se despida”, explica el economista Brum.

Pero Dinamarca es Dinamarca.

El plan del gobierno se reescribirá la próxima semana. Habrá que ver cómo influye en las expectativas que los empresarios se hagan de cómo será el país luego del 13 de abril, ese primer mojón que pusieron las autoridades para recordarnos que siempre, siempre, hay un mañana.