"PERROS PELIGROSOS"

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Unos ven impulso asesino. Ella ve fidelidad. Dice que los perros pitbull aman a sus dueños, que por eso son tan “protectores, territoriales”. Su energía la cautivó hace más de veinte años, cuando una de sus hijas adoptó uno. Tiempo después, Alicia Díaz (64) tuvo la oportunidad de tener un pitbull ella misma, en una zona rural del departamento de Colonia donde vivió toda la vida. Pero luego vino otro, y después otro. Hoy, desde su chacra, Díaz cuenta que convive con 34 perros pitbull rescatados en el único refugio dedicado a esta raza en todo el país, conocido como El refugio de Alicia.

“Es una raza maravillosa e inteligente”, dice. Pero también “muy sufrida”.

El debate en torno a la peligrosidad de los perros pitbulls —en su momento fueron el doberman, el rottweiler, el ovejero alemán— regresa cada vez que una mordedura se convierte en tragedia.

En las últimas semanas fue un niño de cinco años quien perdió la vida tras el ataque de dos perros pitbull en el patio de una casa en Atlántida, Canelones. La mujer que lo cuidaba, una señora de 76 años, resultó herida al intentar separarlos. Según consignó Telemundo, en el predio donde se encontraba el niño hay un apartamento donde vive el dueño de los perros; uno de ellos sacrificado por la Policía cuando llegó a la escena.

Ese mismo día, el 23 de abril, la diputada colorada Nibia Reisch tenía previsto presentar un proyecto de ley para prohibir razas de perros “potencialmente peligrosas”. Lo tenía listo desde marzo e ingresaría al Parlamento ese viernes, pero consideró que lo mejor era aplazarlo. Dos semanas después, el proyecto se presentó bajo el nombre “Perros de razas potencialmente peligrosas”.

Allí se prohibe la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de perros de 16 razas “potencialmente peligrosas”, ya sean puros por pedigree, puros por cruza o mestizos. Estas razas son: akita, amstaf, rottweiler, pitbull, mastín napolitano, tosa japonés, dogo argentino, dogo de burdeos, bullmastiff, american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, perro de presa mallorquín, presa canario, bullmastiff, bull terrier y fila.

Otro de los artículos que generó controversia fue el de la “reclusión permanente”, que establece que los propietarios de las razas mencionadas deben mantener a los animales imposibilitados de salir a la vía pública, sin dejar de velar por su bienestar en el predio donde se encuentren.

La diputada Reisch dice ser “perdidamente perrera”. Admite que le costó incluir las palabras “prohibición” y “reclusión” en el proyecto de ley. “Pero como representante nacional no puedo legislar en base a los sentimientos sino en base a los conocimientos científicos”, señala, y se remite a un documento de la Academia Nacional de Veterinaria, elaborado en 2019. Allí se aborda la problemática a través de varias recomendaciones. Entre ellas, la “restricción progresiva de algunas de las razas consideradas potencialmente peligrosas, mediante la prohibición de la importación de sementales o de semen, de su comercialización y de la introducción en el país de los perros potencialmente peligrosos”.

Pero en principio, además de ese documento —que no hace alusión a la prohibición o a la reclusión de las razas mencionadas—, Reisch tomó como base un proyecto de ley presentado por el exsenador Pedro Bordaberry, quien le dio su apoyo para llevarlo adelante.

La diputada se muestra sorprendida por el debate que se generó en torno al proyecto. No creyó que fuera a trascender de tal manera. Desde hace días habla en radios y medios de prensa del interior; comenta que no deja a ninguno sin respuesta. Entre reuniones y entrevistas, Reisch recibe decenas de mensajes por día en su celular y en redes sociales, de personas que celebran su iniciativa y le cuentan historias desgarradoras.

Por ejemplo, la de un padre que narra que su hija había criado “con mucho mimo” a un pitbull de criadero, y que un día, “porque sí”, el perro la atacó en la vereda de su casa y le dejó heridas en todo el cuerpo. Una mujer le comenta a Reisch que de todos los perros que tenía, solo el rottweiler mordió a su hijo pequeño. Otro testimonio se sitúa en el campo: un pitbull al que “nunca habían hecho pelear”, tenía cerca a un ternero de diez días de vida y lo atacó. “Para sacarlo tuvimos que pegarle muy fuerte. El ternero murió a los pocos días”, relata el propietario en uno de los tantos testimonios que recibe a diario la diputada.

Alicia Díaz también recibe más mensajes que antes. Que se encontró en Maldonado una pitbull abandonada. Que en Montevideo hay otra, atada en un terreno baldío, esquelética. También, mensajes de adoptantes que desistieron de llevarse un cachorro del refugio al enterarse del proyecto de ley.

En El Refugio de Alicia solo dan en adopción a pitbulls con pocos meses de edad, siempre y cuando comprueben que la familia que los recibirá no tiene niños, y que el futuro hogar del cachorro tendrá espacio suficiente para su desarrollo. Los que llegan al refugio siendo adultos se quedan con ella. Son, por lo general, los maltratados, los que portan un carácter agresivo tras haberse desarrollado en condiciones de encierro o violencia.

A lo de Alicia llegan hembras utilizadas como máquinas reproductoras de cachorros que después se encuentran en internet por 1.000 o 2.000 pesos; machos en agonía tras peleas de perros, otros llegan sin dientes delanteros ni colmillos. Estos últimos también pertenecen al circuito clandestino de las peleas: suelen ser un poco más “débiles” que los demás. Por eso, se les arranca los dientes para que los perros más fuertes “practiquen” con ellos antes de un enfrentamiento.

Para Díaz, la “moda” del pitbull no se va a ir “así como así” porque es un perro que deja “mucho dinero”. En las peleas y en el comercio ilegal.

Una rápida búsqueda en la plataforma MercadoLibre basta para comprobarlo. Allí se publican anuncios donde se ofrecen pitbulls “para monta” y se pide, por ejemplo, 5.000 pesos a cambio, además de quedarse con algunos de los futuros cachorros. En otra de las publicaciones, el vendedor ofrece su pitbull macho “para monta” pero aclara que también le “sirve” venderlo a 10.000 pesos.

En otra publicación, esta vez de un dogo argentino —uno de los perros contemplados en el proyecto de ley—, se ofrecen cachorros que nacerán en dos meses. Ante una pregunta de si los cachorros se venden “registrados” —esto es: con un certificado de transferencia emitido por el Kennel Club Uruguayo y con un microchip—, el vendedor responde: “No, yo solo mando hacer los registros y los documentos cuando me piden, porque a nadie le gusta pagar lo que valen”.

Los ejemplos son infinitos y la clandestinidad está a la vista de todos.

“Yo a estos perros los amo. Conmigo son amorosos, pero no puedo darlos en adopción porque no confío en cómo van a reaccionar con otra gente, en otro lugar, porque les costó mucho tiempo adaptarse acá. El más alto porcentaje de perros que tengo acá, van a morir acá”, dice Díaz, quien para cada pitbull que llega debe construir un canil adecuado y que contemple todas sus necesidades —a pulmón y con donaciones de vecinos—, ya que no son perros aptos para convivir entre sí, como pasa en los refugios tradicionales.

En cuanto al proyecto de ley, Díaz apoya el artículo que propone la castración, pero se pregunta: “¿Dónde van a poner a los perros que la gente va a tirar?”. Esa misma semana, recibió siete pitbulls abandonados en un solo día. Algo que nunca le había pasado en estos 20 y pico de años. “Si la mirás de lejos, una ley así puede servir. Pero lamentablemente no hay una solución mágica”, afirma.

Gastón Cossia, veterinario y exdiputado nacionalista, es el flamante director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, un organismo creado por la Ley de Urgente Consideración. Para el jerarca, el debate acerca de los perros potencialmente peligrosos tiene dos enfoques posibles: por un lado, la prohibición; por otro, la regulación.

Como veterinario y director de un instituto que promueve el bienestar animal, Cossia opta por el segundo. Dice que la prohibición tiene una connotación “muy fuerte”, porque implica “un concepto restrictivo respecto a la tenencia responsable de animales de compañía”. Agrega que, desde su punto de vista, “no existen razas caninas para prohibir en Uruguay”. Incluso señala que en esa lista de 16 razas hay algunas que no existen en el país, y otras que podrían ser potencialmente peligrosas y que no están contempladas, como el cimarrón o el ovejero alemán. Reisch, por su parte, dice que consultará sobre esta y otras razas a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Parlamento.

Según cifras de la consultora Equipos en un estudio realizado para la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) en 2017, hay unos 200.000 perros que “podrían estar en esa definición racial”, dice Cossia. En rigor, se trata de 175.000 perros de las razas mencionadas más las cruzas entre ellos. Esto significa el 10% del total de perros que hay en Uruguay. Al igual que Díaz, Cossia se pregunta cómo recluir de manera permanente a 200.000 perros: “¿Y si la gente no los quiere? ¿A dónde los llevamos? Se necesitan refugios especiales. ¿Vamos a sacrificar miles y miles de perros?”.

El jerarca apunta a la regulación. Por eso ha firmado convenios con intendencias para llevar a cabo una campaña de esterilización masiva y entrega de unos 250.000 microchips gratuitos —desde 2018 hasta ahora, solo hay 26.000 colocados—. Pero su mayor apuesta a la tenencia responsable es la cédula canina que viene con el chip. Ahí quiere poner el foco. Cossia planea hacer del documento algo “atractivo”, que “empodere al tenedor”, que le ofrezca descuentos y beneficios en el sector privado. Con el microchip y la cédula canina se podrá identificar fácilmente a los tenedores de estas razas, dice el jerarca.

Para cumplir con los objetivos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dotó al nuevo instituto de un presupuesto de tres millones de dólares, mientras Cotryba se manejaba con unos 40 mil dólares por año.

De todos modos, Cossia puntualiza que se necesita el compromiso de la sociedad para que las políticas den resultados concretos.

“Hasta ahora nunca hubo inversión pública en estos temas. Si en el momento en que la hay, como ahora, nosotros fallamos, va a ser un gran golpe para quienes creemos que esto tiene que tener una financiación pública”, señala. “Ahora dependemos de la responsabilidad de la gente de acompañar estos programas”.

El debate vuelve a la opinión pública y el proyecto al Parlamento. ¿Se zanjará esta vez esa grieta en la sociedad que vuelve con cada tragedia? Los caminos son dos; el tiempo dirá cuál se tomará.