NO SOLO VILLA ESPAÑOLA

Viernes 15 de abril de 2016. Dolores es una comunidad quebrada por un tornado que aquella tarde tomó por sorpresa a todos. Que arrancó techos e hizo añicos vidrieras enteras de locales comerciales. Que dejó cinco muertos, unos 200 heridos y más de 9.000 damnificados. Un fenómeno meteorológico poco común para Uruguay donde la solidaridad se hizo sentir, con donaciones de ropa, comida y productos de limpieza. Las brigadas solidarias del Sunca levantaron paredes, las máquinas de la Intendencia de Soriano cargaron enormes ramas. El Poder Ejecutivo dijo presente, se anunciaron grandes inversiones para reconstruir la ciudad. Entre filosas chapas rotas y escombros de ladrillo con cal, caminaron voluntarios de la Cruz Roja Uruguaya, una de las más grandes organizaciones de la sociedad civil que trabajó allí.

Pero esta misma sobresaliente intervención humanitaria le trajo la peor crisis de su historia. Todo culminó con una intervención, con desplazamiento de las autoridades directivas por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a cargo de la entonces ministra María Julia Muñoz.

Pablo Maqueira era, por aquellos días, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC y recuerda así esa histórica intervención: “No fue una medida fácil. Porque siempre es la última medida que el Estado debe tomar para sanear una institución. Tenemos que pensar la importancia que tiene, lo delicado que es, porque es el ministerio metiéndose en una asociación civil”.

¿Cómo y por qué el gobierno decide intervenir una institución, ya sea una organización como la Cruz Roja o un club, como pasó hace unos días? El tema estuvo en el tapete después queel MEC intervino Villa Española el 21 de junioante supuestas violaciones del estatuto denunciadas por un grupo de socios. Se nombró un interventor para, entre otros objetivos, regularizar el uso de las redes sociales, depurar el padrón social y convocar a nuevas elecciones.

La medida causó una inusual polémica, dado el tono político de, por ejemplo, algunas publicaciones del club en las redes sociales. Desde el Frente Amplio, el senador comunista Óscar Andrade dijo que la intervención era “un despropósito” y el senador del MPP Alejandro “Pacha” Sánchez habló de “dudosa justificación“ del MEC. El ministro Pablo da Silveira tuvo que salir a defender la intervención y en su cuenta de Twitter habló de “una opereta vergonzosa”. Y hasta el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al asunto: dijo que el gobierno no interviene “porque quiere”, sino porque existe “un estatuto a cumplir”.

Más adelante profundizaremos en este reciente caso de Villa Española y también en aquel histórico de la Cruz Roja que —junto al de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en 2017— fue una de las intervenciones más sonadas de la última década.

“Podríamos tener un cuerpo inspectivo que fiscalizara una por una a todas las entidades. Pero esto no está estipulado por ley, tampoco se hace y además sería imposible”, dice Gastón Gianero, director de Asuntos Constitucionales.

Por eso el MEC siempre actúa en base a denuncias de irregularidades, que pueden ser presentadas por socios de las instituciones, pero también por personas ajenas a las instituciones, que conozcan cuáles son los estatutos e informen que se están violando.

Lo que sí está estipulado por ley es lo que el MEC puede hacer. Hay dos leyes que tratan este tema, la 15.089 que regula las asociaciones civiles y la 17.163 para fundaciones. ¿Y cuál es el rol del Estado? Velar para que los estatutos se cumplan. Además, se le da la tarea de participar en la creación y fundación, también en las eventuales liquidaciones y cancelaciones de personería jurídica.

El área que Gianero dirige en el MEC está tapada de trabajo y el jerarca no lo esconde. Habla de expedientes que van y vienen, y comunicaciones que muchas veces terminan en nada. Porque los denunciantes luego no siguen con lo que reclaman, o las aguas se calman.

Gianero no puede precisar aún la cantidad de denuncias atrasadas. “En este momento tengo unas 20 arriba de mi escritorio y puedo seguir contando”, contesta desde su oficina.

Muchas de ellas son de la administración pasada y en algunos casos ya no tiene sentido seguir investigando. “Te puedo contar de un club de baby fútbol, de padres que denunciaron por sus hijos. Pero hoy esos niños ya no están jugando más en esas categorías”, explica Gianero.

Si bien no existen estadísticas exactas de las intervenciones concretadas en los últimos años, hay un dato relevante: desde el 1º de marzo de 2020 al pasado jueves 7 de julio, la oficina recibió 114 denuncias, o sea más de cuatro por mes.

¿Cuántas de ellas terminaron en intervenciones? Hasta ahora al menos 11, de acuerdo a la información a la que accedió El País. Algunas de ellas son: la Federación Uruguaya de Judo, Centro Atlético Fénix, Sociedad de Fomento de Bella Unión, Comisión Uruguaya del Boxeo Profesional, Espacio Participativo de Usuarios de la Salud Pública y Privada, el hogar de ancianos riverense Sociedad Filantrópica Santa Fe. Y Villa Española, claro.

No solo les toca intervenir. La parte administrativa más engorrosa viene por el lado de trabajar en las reformas de los estatutos. La dirección de Asuntos Constitucionales del MEC está encargada de recomendar cambios y actualizaciones. “Muchos de los problemas vienen por los estatutos, que son muy añosos, estamos hablando de textos que se aprobaron en otra época, hace 60 o 70 años. Con requerimientos como elecciones anuales, o comisiones con un enorme número de integrantes”, afirma Gianero.

Pleno auge de los feminismos, pero aún hay asociaciones civiles que no permiten el voto de las mujeres en las asambleas. “¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? De lo vetustos que pueden ser y hasta contrarios totalmente a derecho… No cualquier incumplimiento de reglamento hace necesaria la intervención del Estado. Nadie va a intervenir una institución porque se esté violando el estatuto si las mujeres votan en las elecciones”, opina Maqueira.

Hay otros casos de novela. “Un grupo de socios de un club social y deportivo llegó con una denuncia. Por suerte se pudo sanear, pero en ese momento les recomendé hacer un nuevo estatuto porque cada vez que entraban a la cancha a jugar lo estaban violando”, recuerda Maqueira. Es que en el propio reglamento de fundación de este equipo estaba detallado cómo tenía que ser siempre la indumentaria de los jugadores, desde el calzado, pasando por las medias, hasta el diseño de la camiseta y aplicación del escudo. “Hay que buscar el sentido común. Sino, cada vez que un jugador usaba otro calzado, ya se iba a sancionar”, dice el exdirector de Asuntos Constitucionales.

“Recomendar al ministro la intervención con separación de autoridades es ya cuando vemos que las diferencias entre las partes no se pueden arreglar sin mediación”, fundamenta Gianero. En su propio despacho cita a las dos partes, denunciantes y autoridades en ejercicio, para resolver los conflictos denunciados. “En algunos casos se ha logrado arreglar las diferencias y proponer un plan para seguir trabajando a futuro”, cuenta. Pero, para pena de Gianero, estos casos son los menos.

La oficina también debe aprobar los cierres pedidos y las disoluciones que se dan de hecho, así como hacerse cargo de qué personas físicas o jurídicas se quedarán con los bienes de una asociación que cierra. Todo esto lo hacen siempre en consulta con los que son o fueron los referentes de las entidades.

¿Y qué pasa con las nuevas asociaciones? Cada vez que un grupo de personas quiere generar una asociación civil —como puede ser un club deportivo, un sindicato, un CAIF, o hasta una iglesia— tiene que pasar por el MEC. En ese caso deben hacer un estatuto, que luego será recibido, estudiado, observado y, una vez consensuado, el ministerio creará la fundación o la asociación civil.

En 2016, en aquella denuncia original que un grupo de voluntarios planteó al MEC, se reclamaba la posibilidad de “identificar desvíos de fondos, ausencia de cumplimiento de elementales reglas de buena administración, abuso de derecho y funciones”. Se planteaba que el dinero que cientos de uruguayos y grandes empresas habían donado para los damnificados habían sido malversados, y que no había documentación que comprobara cómo se había usado.

El MEC en ese entonces decidió hacer la intervención por irregularidades estatutarias, y a la vez se le encomendó a los interventores analizar toda la situación para evaluar si además había elementos de apariencia delictiva que tenían que ir a la Justicia. La Cruz Roja ya tenía malos antecedentes con el manejo de donaciones en 2015, cuando ocurrieron las inundaciones en Durazno.

Mary Zapata, quien en medio de aquel tornado de denuncias fue presidenta de la institución, responde desde su casa en Paysandú: “El ciclo de la Cruz Roja fue un capítulo triste en mi vida, le dediqué 35 años de voluntariado y hoy con 80 años ya no hablo más de eso”. Mientras desayuna, muestra ganas de cortar la conversación: “No se qué van a investigar ahora, pero lo que sí te voy a decir es que cada dinero que entró en la Cruz Roja fue depositado en los bancos. Están todos los datos de las cuentas. Se ensució a mucha gente, porque hablar mal es gratis”.

En aquel entonces los denunciantes señalaron el faltante de alrededor de tres millones de pesos, donados por tres empresas. Porque fundamentaban que los damnificados de Dolores recibieron una primera partida proveniente del fondo, pero no la suma completa.

El MEC nombró a tres inventores y les encomendó ordenar el caos administrativo y financiero de la institución, depurar el padrón de socios, analizar los estatutos y evaluar su posible reforma, así como promover nuevas elecciones, ya sea bajo el estatuto vigente o bajo uno nuevo redactado por la intervención.

Algo de eso lograron. En octubre de 2017, un año después de haber estado intervenida, la Cruz Roja Uruguaya comenzó a funcionar sola y asumieron nuevas autoridades, tras la celebración de elecciones. El País intentó contactar a la actual directiva, pero no obtuvo respuesta.

El peso de este club en la vida del país es claramente muy menor respecto a lo que implica la Cruz Roja. Sin embargo, la discusión pública sobre la intervención fue muy grande.

—¿Por qué llevaron la situación al MEC? ¿No hubo forma de llegar a un acuerdo?

El expresidente Edgardo Ramos, socio desde 2007 del Club Social y Deportivo Villa Española, responde sin vueltas:

—Porque la cosa no daba para más. Esto no es de ahora, ni de la pandemia, menos tiene que ver con estar en contra de la causa de los desaparecidos. Se mezcló todo. La verdad no sé cómo pudo terminar en una paralización de todas las actividades del fútbol profesional, cuando hechos lamentables de violencia pasan todos los días en los partidos. Desde el 2018 vengo diciendo en las asambleas generales que tenemos que poner la casa en orden. Más si queremos ser un club serio, importante. Pensé que con la intervención de la Mutual las cosas iban a tomar otra forma, que iba a ser un ejemplo. Pero no pasó nada, todo siguió igual.

Ramos está seguro de que todos los socios quieren lo mejor para el club. También dice que ningún integrante de la última directiva se quedó con dinero o buscó lucrar para beneficio personal. Lo cierto es que el MEC decidió intervenir tras comprobar que se estaba incumpliendo el reglamento, de 1948.

Este hombre, un socio de Villa Española que ha sido muy criticado en redes sociales, se autodefine como “frenteamplista de toda la vida”. Es más, llamó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para hablar del tema.

Ramos nombra de memoria a los socios que lo acompañaron en la denuncia, algunos son integrantes de directivas pasadas. Y dice que “puede haber alguno de otro partido sí”. Pero “el problema acá no es político, es que se estaba haciendo cualquier cosa con el club, sinceramente sentí que se nos rieron en la cara”.

La directiva de Villa Española respondió las comunicaciones con el ministerio en tiempo y forma, justificando por qué se había incurrido en algunas medidas que el Poder Ejectivo entiende como irregulares. Y cuando finalmente fue ejecutada la discutida intervención, publicó un comunicado a la opinión pública rechazando la medida. Allí se afirma lo siguiente: “En el club intervinieron el MEC y la violencia. Al primero respondimos con voluntad democrática y autocrítica, a la segunda respondemos condenándola y apartándonos de esas lógica”.

La denuncia apunta a que en Villa Española no se celebraron elecciones en tiempo y forma, las últimas se hicieron en noviembre de 2021, y tendrían que haber sido en enero. Pero esta realidad ya había pasado en otras directivas. Villa Española debe tener elecciones todos los años.
Otro punto importante es que las asambleas no eran convocadas de acuerdo a estatuto, y que en una misma asamblea se trataron temas opuestos. Como la aprobación de las memorias y balances, y la creación de la comisión fiscal. Este órgano sería el encargado de analizar la documentación, pero en los hechos no existía porque sus integrantes fueron renunciando. Entonces el mismo día que se eligió la nueva comisión fiscal y asumió, se aprobaron las memorias y el balance, sin tiempo de estudiarlas.

Lo que hizo más ruido mediático fue que se denunció que se usaron las redes sociales para actividades políticas. El estatuto del club es claro, y no las permiten, así como tampoco las religiosas. Por eso Ramos presentó la denuncia ante el MEC en diciembre de 2021. El socio tiene mails sin responder y capturas de WhatsApp, a modo de registro de cómo a lo largo de los últimos años no tuvo respuesta por parte de la saliente directiva. “Puse toda mi mejor disposición. Y sigo sin entender cómo se mezcló todo, cuando esto es algo de la interna del club”, indica.

La libertad de expresión y hasta la propia idea de democracia fueron cuestionadas en redes sociales. “Pero el MEC no está diciendo que nos va a controlar las redes, sino que se propone que se haga un reglamento de uso y que debe ser aprobado por la asamblea”, enfatiza.

“Nadie puede pensar que la causa de los desaparecidos no es un tema de todos”, dice Gianero, el director del MEC. “Eso no estuvo sobre la mesa, lo que sí se denunció fue la presunta utilización de las instalaciones del club para juntar firmas para derogar la LUC”, agrega.

Maqueira, el exdirector, opina: “Creo que el ministerio se metió en un lío enorme, se tendrían que haber transitado otros caminos antes. También me pareció muy grosero mezclar lo que habían hecho los jugadores con lo que tiene que hacer el club”, agrega. El exdirector del área cree también que encomendar al interventor regular las redes sociales “es algo muy complicado”.

Mientras, el fútbol profesional retomó su actividad este fin de semana. Villa Española está con un interventor que en seis meses deberá depurar el padrón de socios y reunirse con los referentes para ordenar todo y volver a dejar al club trabajando solo. “No nos vamos, nos van”, escribieron los dirigentes de Villa Española que renunciaron a sus cargos. Gianero deja un mensaje optimista en todo este conflicto: “Esperemos que la intervención sea de menos de seis meses”.

Los pasos antes de intervenir una institución

Todas las denuncias que llegan al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) son estudiadas para definir si realmente se debe iniciar una intervención. La primera medida es llamar a un acuerdo de partes, intentar que los propios integrantes arreglen sus diferencias. Luego es usual recomendar reformas de estatutos, entre otras medidas. Lo fundamental, dicen desde el MEC, es agotar todos los recursos administrativos. Si interviene es porque entiende que la institución no va a poder arreglar sus problemas.

De manera formal una persona o un grupo puede enviar un documento donde se establezca cuáles son las reglas que se están incumpliendo. Por ejemplo, se puede denunciar que las asambleas no están siendo convocadas por los carriles establecidos y entonces no todos los socios se enteran que se realizan. Otras denuncias comunes tienen que ver con las fechas de las elecciones y reelecciones. Con esa base se inicia el trámite administrativo, para determinar si verdaderamente hubo “un apartamiento estatutario”.

El MEC da vista a las dos partes del comienzo del expediente administrativo. Los denunciados tienen siempre posibilidad de defenderse y también de justificar por qué se violó el estatuto. La idea inicial es que puedan corregir su trabajo y que tengan un plan a mediano plazo para hacerlo. Si el ministerio entiende que hubo violaciones, pero que se proyectan cambios que mejorarán ese actuar, no se recomienda una intervención. Esto último tiene que ser contestado por escrito y luego el MEC tiene la obligación de controlar que esos cambios planeados se realicen.

La pandemia, se sabe, atrasó las elecciones y asambleas obligatorias de muchas instituciones. Ningún estatuto permite la realización de estas instancias por vía virtual, pero primó el sentido común y muchas se hicieron de esa forma. Aunque desde el MEC apuntan que la situación sanitaria también fue usada como excusa para incumplir pautas.