“No parece la Ciudad de la Costa”, dice Sandra mirando al horizonte del lugar que le abrió sus puertas hace más de tres décadas. Aunque ya hace rato cayó la noche, desde este punto de la ciudad las luces son intensas y se multiplican por decenas hacia el cielo. En este sitio las casitas pequeñas, con más jardín que habitaciones, dejaron paso en la última década a altos edificios de construcciones modernas.

La explosión constructiva en Ciudad de la Costa no es un proyecto, sino una realidad consolidada. Tal como publicó El País en octubre pasado, desde 2015 han llegado a la Agencia de Promoción a la Inversión de la Intendencia de Canelones unos 400 proyectos en todo el departamento y casi la mitad de ellos son de inversión inmobiliaria. El monto, según detalló Julio Filippini, director general de la agencia, asciende a unos 5.000 millones de dólares. Solo en Ciudad de la Costa y Paso Carrasco se registraron 78 proyectos inmobiliarios.

Más allá de la expansión de la ciudad, la modernización y urbanización de las zonas elegidas y el crecimiento de la inversión, los proyectos inmobiliarios representan unos 2.642 millones de dólares, 4.000 puestos de empleos en la construcción y 13.000 viviendas a construir.

Sin embargo, toda historia tiene un lado B. Y en esta, los vecinos de toda la vida son protagonistas.

Freddy Gallo despertó una mañana y una gran nube de polvo cubrió toda su casa. Se había instalado en Shangrilá hacía unos años, guiado por la tranquilidad de la zona y la belleza natural de sus lagos. Esa mañana, sin embargo, sintió que algo no iba bien.

“Era polvo por todos lados. Tierra de la calle. Salimos y vimos que pasaban camiones sin parar. Era recién el comienzo”, cuenta Gallo a El País. Arrancaba 2019. A pocas cuadras de la casa de Freddy, en la calle que divide los lagos Pesquero y Botavara —o Calcagno, según Google Maps— comenzaba a erigirse un gran complejo de cuatro torres de viviendas, de seis pisos cada una.

Freddy, que trabaja en un estudio de arquitectura, entendió que este proyecto estaba por fuera del marco legal de regulación y protección de la calidad medioambiental de los lagos.

El País tuvo acceso a la denuncia que presentaron en ese momento los vecinos ante la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), así como a la versión taquigráfica de lo expresado por los vecinos ante la Junta Departamental de Canelones. “Nosotros queremos enfocar el tema teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: el urbanístico, el sanitario y el medioambiental. Los lagos areneros representan actualmente un activo paisajístico para la ciudad y su población, y un activo económico para los propietarios del suelo”, expresó Gallo en su presentación ante la junta departamental el 3 de abril de 2019.

Específicamente, la agrupación de vecinos que conforma Gallo planteó que los lagos, alrededor de los cuales se han construido diversos proyectos inmobiliarios y se proyectan más, “sufren procesos de deterioro a causa de la contaminación y el exceso de nutrientes, sobre todo de fósforo y nitrógeno, que acarrean disminución de oxígeno, proliferación de cianobacterias, deterioro en la calidad del agua, mortandad masiva de peces y riesgo sanitario para la población”.

Para conversar para esta nota, Gallo esboza una media sonrisa y eleva los hombros en señal de haberlo intentado todo. “Realmente no espero que dejen de construir. Pero ojalá lo hagan respetando las normas. Supongo que algún día nos van a obligar a irnos”, dice, “es una pena, pero al final es lo más probable que suceda”. Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), el director ejecutivo Aníbal Durán disiente con los vecinos y afirma que tienen una “visión apocalíptica” (ver recuadro aparte).

Foto: Estefanía Leal

Desde hace más de una década la Intendencia de Canelones trabaja con el Centro Universitario Regional del Este (CURE) con el objetivo de hacer un diagnóstico del estado ambiental de los lagos y conocer cuáles son sus mayores problemas. Guillermo Goyenola, investigador del CURE, dice a El País que estos lagos “están sometidos a múltiples presiones, y la presión inmobiliaria es una cuenta más del collar”, aunque no la única.

Goyenola hace referencia a un “proceso histórico de envejecimiento” de los lagos, que existen donde antes era todo arena. “Los lagos se generaron, son pasivos ambientales de la actividad minera que tiene varias décadas, y fueron quedando dentro de una matriz urbana de una forma que no estaba planificada. Una matriz urbana que en algún momento, o hace unas décadas, pasó por tener unos empujes poblacionales de densificación tan intensos que se clasificó a Ciudad de la Costa como la ciudad que creció más por determinado lapso para toda Latinoamérica”, explica. “Ese empuje, esa presión, se involucra en conjunto con la falta de planificación y de servicios públicos como el saneamiento. Particularmente llegaron nutrientes hacia los lagos, algo que fue aumentando con el tiempo”.

El investigador dice que los lagos “que nacieron como agua subterránea aflorada donde alguien hacía un pozo, fueron acumulando sustancias por décadas y a medida que la población se fue asentando allí, la tasa de llegada de sustancias se fue incrementando”. De una manera gráfica, Goyenola hace un paralelismo para comprender sencillamente el tema: “Si tenés una pecera o una piscina en tu casa y lo único que haces es mirarla, no intervenís en ella, a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando su carga acumulada de sustancias. No es solo agua y roca o arena en el fondo, sino que va a tener cada vez más, por ejemplo, nutrientes y fósforo. ¿Por qué? Porque todo lo que llega al lago tiende a ser retenido. No hay vías de escape, no hay afluentes, no hay salidas significativas”.

Esto explica por qué puede ocurrir que los lagos presenten organismos que han colonizado el lugar y que aprovechan esos nutrientes que se fueron lentamente acumulando con el tiempo. Y, a medida que la población se densifica, le llegan más nutrientes más rápido y esos procesos se aceleran, por lo que el agua deja de ser cristalina.

Este tema se originó en la década de 1980, cuenta Goyenola, cuando un estudio de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República encontró eutrofización de algunos lagos, es decir que tenían problemas de contaminación por nutrientes. “El empuje poblacional vino después, o a partir de esos años, los noventa. Y los problemas de eutrofización que nosotros diagnosticamos en 2011, hace más de diez años, involucraron que los lagos ya tenían un problema, todos los lagos tenían problemas de contaminación por nutrientes”, señala el investigador.

Los problemas de interferencia con la sociedad suelen expresarse cuando se dan floraciones cianobacterianas, eventos de malos olores derivados o mortandades masivas de peces. “Esos son los problemas más típicos, no son los únicos, pero son los problemas más típicos”, dice Goyenola. En ese sentido, en este proceso de larga data la sociedad, que convive con los lagos, empieza a sentir las consecuencias del deterioro ambiental acumulado que tiene el ecosistema.

Foto cedida por vecinos de la zona

Goyenola, doctor en Ciencias Biológicas, explica que estos procesos “son típicos de los lagos urbanos de cualquier ciudad del mundo”. El rol del CURE es trabajar en coordinación con la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones. “Lo que se nos planteó después de tener un diagnóstico, era ver qué podíamos hacer al respecto y en ese sentido hemos avanzado. No tenemos la receta mágica, económica y definitiva para la solución de estos problemas. La ciencia no la tiene. En general la solución de estos problemas suele ser bastante cara y nunca definitiva, porque una vez que vos intervenís en uno de estos lagos y lográs obtener el objetivo pretendido, el problema resurge después de un tiempo”, asevera.

Goyenola explica que, por más que “se capturen todos los nutrientes que hay” en un lago y el sistema cambie de comportamiento y vuelva a ser un lago de aguas claras, “los nutrientes le van a seguir llegando desde la ciudad, por corrientes de agua o por las aguas subterráneas que están contaminadas y están totalmente conectadas con los lagos”.

“Cualquier intervención que se haga en un lago, va a tener que ser recurrente y es muy difícil evaluar cada cuánto tiempo es necesario volver a intervenir”, acota el especialista.

El CURE trabaja desde 2020 en un lago de Parque Miramar con financiación de la intendencia, “haciendo el seguimiento de una intervención que involucra una aireación forzada de un par de lagos y tratando de entender cuáles son los resultados ambientales”.

En un momento de esta historia allí llegó el interés inmobiliario en gran escala, no del vecino que se establece sino de grandes empresas inmobiliarias que en algunos casos optan por el relleno de lagos. Sobre esos procesos, Goyenola sostiene que “son actividades que presionan ambientalmente arriba de la situación que ya tienen los lagos”. Eso, relata el experto, “genera bastante resistencia de algunos grupos de vecinos que ya están establecidos en la zona, porque notan cambios ambientales, y sienten que esos cambios puntuales van a ser catastróficos para el ecosistema”.

La intendencia les ha solicitado pautas técnicas para poder prevenir los problemas ambientales de los rellenos, y en ese sentido han trabajado generando documentos y tenido reuniones con la comuna. Por el rol que les toca y el vínculo institucional, los académicos no participan en reuniones con los proyectistas o los grupos inmobiliarios, salvo que la intendencia los convoque para participar como asesores. “La gobernanza de ese territorio le corresponde a la intendencia, y es la que tiene que hacer las gestiones y la negociación entre partes. A nosotros nos corresponde aportar conocimiento técnico y científico y asesorar, pero no más de eso”, dice Goyenola.

Foto cedida por vecinos de la zona

El 19 de diciembre pasado El País informó sobre el últimoproyecto que diseñó el arquitecto Rafael Viñoly antes de morir. En El Pinar se encendieron las alarmas.

Solo un día después de que se publicara la noticia, un vecino de la zona inició una campaña para recolectar firmas a través de change.org, bajo el título de “Detengan la construcción del edificio de 120 unidades en la playa de El Pinar”. Hoy cuenta con más de 4.000 adhesiones. A partir de allí, vecinos presentaron una nota al Ministerio de Ambiente y la intendencia.

¿Cuáles son los principales miedos que despierta este proyecto? Los vecinos cuentan a El País que temen que esto afecte de forma negativa su calidad de vida. “En las calles laterales del (proyecto de) edificio se encuentran ingresos a la playa, comunes a toda la población por donde los habitantes del edificio deberían acceder igual que todo el resto, y no a través de un acceso privado”, remarcan los integrantes del “Grupo de participación por el cuidado ambiental de Ciudad de la Costa”, que lideran la batalla contra el proyecto de El Pinar e integran la Red Unión de la Costa. Son nueve personas que dirigen el movimiento y están atrás de la campaña.

Para los vecinos, que respondieron por escrito y en forma conjunta las preguntas, publicitar el proyecto como el “único edificio en la Ciudad de la Costa con acceso directo y privado a la playa y con servicio de playa”, “deja ver esa necesidad de privilegios que se busca vender a través de la campaña publicitaria”.

“En nuestra Ciudad de la Costa la playa es pública y la responsabilidad en el cuidado y en su uso es igual para todos los pobladores”, dicen.

Los vecinos sienten que vivir en El Pinar siempre ha sido sinónimo de tranquilidad y naturaleza. “Invertimos en esta zona apostando al estilo de vida que nos ofrecía, garantizado por normas de ordenamiento territorial. El insertar en este lugar en un solo padrón 120 apartamentos impacta negativamente de un momento a otro en nuestro entorno social y cultural. Tendremos una ciudad de vecinos integrados conviviendo en armonía con la naturaleza y una burbuja elitista enclavada en el punto patrimonial más importante de nuestra ciudad: la costa”, sentencian.

El pasado jueves, los vecinos de El Pinar recibieron una respuesta por parte de la Intendencia de Canelones, aceptando su pedido de acceso a la información sobre el proyecto. De momento, seguirán recogiendo firmas de forma virtual y presencial en diferentes puntos de la ciudad.

Foto: Médano El Pinar/ Rafael Viñoly

¿Y qué dice el gobierno departamental ante la creciente preocupación ambiental de muchos vecinos?

Sergio Ashfield, coordinador de gestión territorial de la Intendencia de Canelones, asegura que “cada proyecto que se aprueba cuenta con un estudio ambiental y uno normativo en relación a la edificabilidad”. Uno se realiza desde la propia intendencia, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, y los emprendimientos como los que están en tela de juicio también cuentan con el informe del Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

“Nosotros entendemos que, cuando se da aprobación a un proyecto de estas características en zonas específicas, se realizan todos los estudios necesarios. Se hace un seguimiento tanto desde el ministerio como la intendencia”, añade.

Ashfield sostiene que, además de contar con los estudios previos, “se realiza el seguimiento necesario, no solo en la etapa de construcción sino en la posterior. Y hasta ahora cada uno de estos proyectos ha tenido el resultado esperado en los estudios previos”.

El jerarca asegura que en la comuna canaria son conscientes de que “hay matices en relación a algunos proyectos inmobiliarios, en particular sobre los últimos que se ha hablado de su posible realización”. En el caso de El Pinar, Ashfield dice que “es un proyecto que se enmarca dentro de las definiciones del Costaplan”.

En 2013, en el marco del mencionado Costaplan, “a ese padrón se lo declaró como un punto singular en el marco del instrumento de ordenamiento”. Los puntos singulares son áreas del territorio donde no se le define normativa a priori y luego, a través de la junta departamental, se establece una normativa para su edificabilidad. “El año pasado se presentó una propuesta de modificación de esa aprobación. Se consideró por parte del Ejecutivo, luego se envió al Legislativo”.

El jerarca sostiene que el proyecto actual cuenta con algunas condicionantes que para la intendencia son relevantes, asociadas con la cesión de espacio libre. “Dentro del padrón se deben mantener las actuales bajadas a la playa por parte del emprendimiento, es decir, quien venga a vivir ahí accede al mar o a la playa por las bajadas existentes, por las que bajan el resto de los vecinos del lugar”, asegura. Otras de las condicionantes, dice Ashfield, son las aprobaciones del Ministerio de Ambiente; “cosa que entendemos ha ido sucediendo”.

El coordinador de gabinete territorial considera que “es beneficiosa” la modificación que tuvo este proyecto y comenta que la altura prevista para los edificios será de entre 15 y 18 metros. “La normativa aprobada en 2013 contempla que se pueden construir edificios de esa altura en Ciudad de la Costa”, acota.

Algo está claro: la guerra de muchos vecinos de siempre contra el desarrollo urbanístico seguirá en una zona de la costa que no para de crecer. Los costos se verán más a largo plazo.