Por Mariángel Solomita

La renuncia del colorado Adrián Peña a la titularidad del flamante Ministerio de Ambiente, tras la polémica por su título universitarioy a punto de comenzar un año decisivo para la cartera, desplegó un halo de desazón entre algunos referentes del sector ambiental.

La secretaría se había erigido en agosto de 2020, mediante la Ley de Urgente Consideración, en medio de un clima de entusiasmo. Que la gestión ambiental adquiriera una institucionalidad más fuerte, independizándose de la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se interpretó en general como una señal positiva de que el gobierno priorizaría estas temáticas.

Es cierto que la mayoría de los expertos esperaban la designación del nacionalista Gerardo Amarilla para la conducción de la cartera, debido a su experiencia y a que fue el artífice del programa ambiental que presentó Luis Lacalle Pou en las candidaturas de 2014 y 2019. Fue en esta última que incorporó una iniciativa de los diputados nacionalistas Jaime Trobo y José Carlos Cardoso, que en 2015 habían presentado un proyecto de ley que planteaba la creación de un ministerio. Al final, la propuesta se convirtió en uno de los ejes del Compromiso por el país que firmó la coalición de gobierno.

Foto: Estefanía Leal.

Con Amarilla como viceministro, la figura de Peña al mando de la cartera inicialmente se sentía ajena: molestó “que se usara a Ambiente para repartir cargos”. De Peña, se sabía que venía del comercio avícola y que era un político que en aquel entonces se había convertido en mano derecho de Ernesto Talvi en Ciudadanos, pero todos se preguntaban cuánto sabía de temáticas ambientales para lidiar con la compleja tarea.

La mayoría de los especialistas entrevistados dicen que se supo rodear de buenos asesores, “estudió y se preparó bien”; lo definen como un líder “comprometido y trabajador”, que tomaba decisiones en vez de derivar los asuntos en sus asesores y en Amarilla. Otros piensan lo opuesto. En el extremo más duro dicen que “sabía hablar muy bien pero no entendía nada de lo que decía” y en un punto medio le recriminan “mano blanda” para hacer valer la ley ante determinadas empresas, pero le reconocen su apertura al diálogo y que no hizo a un lado a los técnicos que venían de las administraciones frenteamplistas, preocupándose por ampliar el equipo de expertos. El País intentó confirmar esta información con el sindicato de funcionarios, pero se negó a responder.

Tras su salida, allegados a Peña mencionaron que trabajaría unos días en la transición del ministerio al contador colorado Robert Bouvier —hasta este momento vicepresidente de Antel—, ya que había “no menos de 40 temas importantes” sobre la mesa que había que “cerrar”. Por ejemplo la inminente mudanza del ministerio de la Torre Ejecutiva a una sede propia, tras lograr que en la Rendición de Cuentas se le otorguen 500.000 dólares para este propósito, reuniendo así en un mismo espacio a los 600 funcionarios que hasta ahora trabajan dispersos en cinco oficinas diferentes.

El ministerio ganó protagonismo con dos potentes anuncios del gobierno en el cierre de 2022: la millonaria inversión en el proyecto Neptuno para crear una nueva planta potabilizadorade agua y el plan de saneamiento para el interior. En total, representan 500 millones de dólares que, además de los prometidos beneficios ambientales, sus obras generarán miles de puestos de trabajo.

A continuación repasaremos las principales políticas que desarrolló el ministerio y la evaluación que cosecharon entre un grupo de referentes de las principales temáticas. En líneas generales, la sensación es que las expectativas eran las de un “despliegue y desarrollo mucho más significativo” del que terminó ofreciendo la cartera.

Gerardo Amarilla comienza el repaso de las principales políticas que se iniciaron en este período señalando que la calidad y la cantidad del agua, a través del proyecto Neptuno —también conocido como Arazatí, por el lugar donde se edificará la planta— y el del saneamiento, son una promesa de campaña. El agua por un lado y la gestión de residuos por el otro, son los “grandes problemas” que el ministerio se propuso encarar. En el medio, están los controles que deben hacerse sobre las obras industriales y civiles (entre muchas otras). Y después vienen las políticas catalogadas como “desafíos”.

Desde 2013, la generación de cianobacterias en arroyos y ríos preocupa por la gran afectación en la calidad del agua. Para mitigar su efecto, la administración anterior firmó un convenio con OSE y la Universidad de la República para analizar los factores que desencadenan floraciones en embalses del Río Negro, acuerdo que se mantuvo bajo esta gestión. A su vez, explica Amarilla, se aplicó tecnología con boyas de ultrasonido, se utiliza tecnología “para detectar con antelación las condiciones en que el agua está propensa a generar cianobacterias por su temperatura, turbiedad y conductividad”, y se utiliza tecnología vinculada a la ozonificación del agua.

Foto: Marcelo Bonjour.

Estas herramientas se están aplicando para “remediar el problema”, pero el subsecretario asegura que también se trabaja en atacar el origen. “Los tres factores que influyen son la temperatura, que el agua se quede quieta y no esté circulando y el aporte de nutrientes”. ¿De dónde vienen los nutrientes? En su mayoría es un efecto de las explotaciones ganaderas —por el feedlot— y en particular de los tambos que producen en las zonas cercanas a las cuencas, en especial la del Santa Lucía, lo que derivó en la actualización del plan para la recuperación de la zona de la que se extrae cerca del 60% del agua que abastece a los uruguayos.

Estos nutrientes también provienen, en una medida mucho menor, de la carencia de saneamiento en diferentes localidades. En este aspecto, Amarilla confía en que el plan de saneamiento que se anunció para fines de 2023 podría atacarlos.

Luis Aubriot es doctor en ciencias biológicas, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias experto en limnología e integró durante un tiempo la comisión de la cuenca del Río Santa Lucía. Unas semanas atrás, junto a dos colegas, publicó en una revista internacional un artículo que evalúa los embalses productivos de la cuenca Santa Lucía y la calidad del agua desde el punto de vista satelital. “Arriba de Agua Corrientes, donde cada vez hay menos agua, identificamos 486 embalses para uso productivo de los cuales buena parte no estaban declarados”, advierte. Esto provoca una gran retención de agua que no llega a potabilizarse. Además, cuando llueve mucho, el agua desborda de estos embalses y esa agua “de mala calidad” va a parar al Santa Lucía.

Acerca de la política desplegada en la zona, concluye que no ve alternativas o planes de manejo de uso del suelo “que conduzcan hacia un cuidado ambiental y prácticas agrícolas amigables con el agua”.

A punto de terminar el año y en medio del escándalo por el caso Astesiano, el gobierno anunció una inversión de 280 millones de dólares para realizar el saneamiento en 61 localidades del interior, acortando la ejecución del plan de saneamiento de un tiempo estimado en cuatro décadas a 12 años. Las obras generarían unos 2.000 puestos laborales de forma directa, estimó el presidente Lacalle Pou.

Foto: Leonardo Mainé

Aubriot, el experto en limnología, plantea que si bien es una buena noticia para mejorar la calidad del agua —entre otras cosas— hay que cuestionar cuál es el tratamiento que se va a utilizar. “Si estamos hablando de saneamiento con tratamiento secundario, yo preferiría que no se hiciera porque es preferible que las aguas se mantengan en los pozos negros si su disposición final es adecuada y que no vayan a parar a los ríos con tratamientos incompletos. Eso generaría que los efluentes de una ciudad se canalizaran de una forma mucho más directa e intensa hacia un curso de agua, y el efecto sobre su calidad sería mucho peor”, plantea. Para el experto, lo adecuado es aplicar un sistema de tratamiento terciario, “como se hace a nivel internacional desde hace muchas décadas”.

Desde OSE, su gerente general, Arturo Castagnino, señala que el proyecto original preveía una inversión de 1.000 millones de dólares para abarcar a todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes y que, en algunos casos, el tratamiento elegido era de tipo terciario. Con el presupuesto reducido a 280 millones de dólares el plan cambió, sin embargo descarta que el tratamiento de tipo secundario sea contraproducente de por sí.

“En algunos lugares los tratamientos secundarios son aceptables, teniendo en cuenta el lugar donde uno va a descargar. Esas descargas de aguas residuales tratadas tienen que cumplir con la normativa de la ley de protección ambiental y tienen que ser autorizada por el Ministerio de Ambiente”, tranquiliza. Insiste en que “lo que hay que demostrar es que el tratamiento secundario que se va a utilizar no impacta en la calidad de donde va a descargar de acuerdo a los usos y la protección que se busque y a los valores que se quieren proteger (puede ser la cadena ecológica, la recreación, la pesca)”.

En noviembre el gobierno confirmó el proyecto Arazatí, una inversión de 200 millones de dólares para construir una planta potabilizadora de agua en San José —la segunda más grande luego de la de Aguas Corrientes—, tomando agua del Río de la Plata (lo que representaría una fuente infinita para satisfacer cualquier magnitud de demanda), mediante una nueva estación de bombeo y a través de una tubería de 80 kilómetros, incrementando 25% la cantidad de agua que abastecerá a Montevideo, San José y Canelones.

Pronto, un grupo de renombrados científicos presentó un documento con objeciones que hasta ahora no ha sido respondido por el ministerio. Entre los firmantes está Daniel Panario, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Para la academia, el principal problema estaría en la ubicación elegida: Arazatí. Panario plantea que esa es una de las zonas del Río de la Plata donde las cianobacterias son mucho más frecuentes. Por otro lado, “el agua salada está con bastante permanencia en los años secos, que es cuando eventualmente se puede precisar más agua”. El experto plantea que si bien los ingenieros que llevarían adelante la obra dicen “que pueden potabilizar hasta el agua de las cloacas”, y es cierto, “el altísimo costo lo pagamos nosotros”. “Sale carísimo el tratamiento, pero ellos venden esta tecnología”, plantea.

Foto: Fernando Ponzetto.

Insiste en que, además, no se hizo un seguimiento “de lo que ocurre en ese lugar en un año de sequía y en uno con precipitaciones”; cree que habría que estudiarlo al menos por dos años, por eso el instituto puso a sus equipos a trabajar en el tema. Por otro lado, expresa que el proyecto “no abastecería todas las necesidades”. Se seguirá dependiendo del Santa Lucía, cuyas cañerías tienen daños que ocasionan la mayor parte de la pérdida del 50% del agua que potabiliza OSE. “Esos caños de hierro oxidados hay que arreglarlos igual porque si no se va a perder cada vez más y ese ahorro es prácticamente equivalente a la ganancia de 25% de agua que aportaría Neptuno”, plantea.

Desde OSE, Castagnino reconoce los estudios realizados por la facultad y no los discute, “pero de ahí no se puede inferir que no va a ser posible tratar el agua con los procesos que están incluidos en el diseño de la planta y son perfectamente aptos, eficaces y eficientes para hacer frente a cualquier tipo de riesgo biológico o químico. No va a haber ningún problema en cuanto a la posibilidad de poder tratar exitosamente todas las situaciones”, asegura el jerarca y explica que de hecho estos procesos ya están operativos en plantas de OSE desde la administración frenteamplista, “son de primera generación” y “los usa el mundo moderno para hacer frente a las cianobacterias”.

Respecto a la salinidad del agua, plantea que en la actual sequía “se está usando el agua del Río de la Plata mezclando con lo que viene del Santa Lucía”. Desde abril pasado, en Arazatí “ha habido poquísimos episodios, que han durado horas, de alta salinidad, e incluso esa agua tenía menos salinidad que el agua que tomamos en Montevideo, cumpliendo con las normas”, por lo tanto en sequía sí podría usarse esa agua.

Foto: Leo Mainé.

Castagnino dice que se ha instalado un dilema de falsa oposición entre la obra Neptuno y Casupá (la construcción de una nueva presa y su embalse, que había promovido el expresidente Tabaré Vázquez al final de su gobierno), pero que tienen distintos objetivos. Arazatí “persigue la seguridad de todo el sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable al 60% de la población”, mientras que Casupá prevé una reserva de agua bruta para la planta de Aguas Corrientes, columna vertebral del sistema. “Sería formidable que el gobierno pudiera construir ambas simultáneamente, pero si no es posible habrá que priorizar Arazatí sin excepción de Casupá”, aclara el gerente general.

El Ministerio de Ambiente comenzó a aplicar algunas de las normas que estableció la ley de gestión integral de residuos de 2019. “Se generaron políticas para reducir el volumen de residuos, fomentando un incremento de la tasa de recuperación y en la revalorización”, explica Amarilla. Se amplió el reciclaje de envases y se impulsó la recuperación de residuos (cuya tasa estaba en 10%, muy baja) al emitir un decreto de plásticos de un solo uso que debe acatar la Cámara de Industrias; se firmó un convenio con la Cámara de la Construcción para recuperar residuos de obra, “que en Montevideo ocupan un espacio muy importante en el relleno sanitario”, y se trabaja en un decreto similar con los productos electrónicos, mientras que está pendiente actualizar el decreto sobre baterías incluyendo las de litio, que significarán un problema cuando empiecen a aumentar los autos eléctricos. En definitiva, “el ministro promueve la clasificación selectiva de los residuos a partir de la aprobación de emprendimientos de economía circular, mejorando la gestión a partir de las competencias que tienen los gobiernos departamentales y municipios”, explica Amarilla.

Para 2025, se pretende cerrar los vertederos a cielo abierto de todo el país. En diciembre pasado se concretó el abandono planificado de un basurero en Rocha, inaugurando este camino. “Tienen un impacto ambiental favorable y también en la calidad de vida de los vecinos que viven cerca, en su salud y en su economía a través de la generación de fuentes de empleo por emprendimientos de reciclaje y recuperación”, dice el jerarca. La idea es unificar los rellenos sanitarios en las capitales departamentales o regionales, construyendo plantas que mediante distintas tecnologías recuperen algunos materiales de los residuos, “de forma eficiente, cuidando la huella de carbono”. Para ello, en 2022 el Ministerio de Economía liberó una partida extra presupuestal de 17 millones de dólares que se transferirá a los gobiernos departamentales.

Foto: Marcelo Bonjour.

Lumber Andrada, experto en gestión de residuos, asesora al Congreso de Intendentes sobre las políticas del ministerio. “El plan me pareció fantástico, hasta muy ambicioso, porque después de 20 años uno ya sabe que las políticas de residuos se bajan a tierra en concordancia con las intendencias”. No fue fácil la articulación, reconoce. “La visión que yo tengo, es que tenemos que capacitar mucho a los ejecutivos municipales con respecto a los planes; eso venía muy bien, lo que ocurre es que el político uruguayo funciona en base a lo que suma más votos y la sociedad general no está pidiendo una muy buena gestión de residuos porque desconoce el daño que provoca una mala gestión”, plantea.

Andrada opina que al ministerio “se le dieron muchas tareas pero pocos recursos”, esto llevó a que desplegara “muy buenas ideas” pero se quedara sin recursos para implementarlas y luego ejercer un control de los cumplimientos. “El viejo tema de Uruguay, nuevas normativas con poco contralor”, lamenta.

Sobre el aporte de 17 millones de dólares a las intendencias para que desarrollen los planes, “eso es una primera vuelta, pero después tiene que quedar fijo si no ese plan y esa gestión se cae a pedazos”, opina. “Lo que más me preocupa es que ya la plata se repartió y a no ser que haya partidas internacionales no veo que haya un cambio radical y sobre todo porque los intendentes están muy ensimismados en sus autogestiones: sienten que esto es una política del país y no una política propia”.