A DÍAS DEL DESALOJO EN SANTA CATALINA

Gerardo dice que hace cuatro o cinco días que no duerme. Que se pasa la noche despierto, preocupado hasta que sale el sol y ahí sí, se relaja. “A veces la Policía viene a hacer redadas a las seis de la mañana, la última vez me sacaron de la cama”, afirma este hombre que vive en el asentamiento Nuevo Comienzo, ese que nació hace un año cerca de Santa Catalina tras una ocupación rápida y masivay que a fines de enero volvió a adquirir notoriedad cuando el abogado Juan Ceretta envió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) varias cartas escritas por niños que viven allí (ver recuadro más abajo). “Yo no puedo dormir hasta que no hay luz, recién ahí me quedo tranquilo”, insiste.

Como la gran mayoría de los habitantes del asentamiento, vive pendiente de la posibilidad de que la Justicia falle a favor del desalojo masivo y todos queden en la calle. Gerardo no integra una de las cuatro familias de asentados —así se llaman a ellos mismos— que ya recibieron la notificación de que deben irse el próximo 4 de abril. Pero su futuro sigue siendo incierto.

Tiene tres hijos, la menor recién nacida, la mayor de 14. Muestra su rancho de madera y chapa. “Con esto de los desalojos arriba de la cabeza uno nunca sabe… Cada vez que sale una prórroga de dos o tres meses, yo agarro y le agrego otro cuartito al rancho para una de mis hijas”, dice Gerardo. Ahora espera a ver qué pasa en las próximas semanas. “Si sale todo bien agrego otra pieza”, cuenta.

Su rancho, en efecto, es como un trencito de cuartos adosados. Parece una historia del asentamiento en madera, como si se pudieran medir los acontecimientos del último año según qué cuarto se mire. Su dueño hace trabajos de construcción, pero con la pandemia y la crisis casi no consigue changas. Y desea poder hacer paredes de material para su propia casa, sea esta u otra en otro terreno.

Pero la historia del Nuevo Comienzo arranca hace más de un año. El 10 de enero de 2020 una marea humana ocupó un amplio terreno de 72 hectáreas propiedad de una empresa que trabaja en la zona portuaria. Este terreno llevaba años abandonado y la mudanza masiva fue un fenómeno que no es nuevo. Es como si se fuera acumulando presión sobre los bordes de la zona habitada de la ciudad: más y más, hasta que se llega a un punto de quiebre y un chorro de gente sale eyectada hacia donde haya espacio libre.

Lo cierto es que, como toda ocupación, al inicio fue caótica y descontrolada. No está claro cuánta gente se trasladó al terreno ni los motivos reales de todos. Hubo especulación y oportunismo. Como recordatorio, casi sobre Camino Sanfuentes se ve el esqueleto de una casa de planchada y contrapiso que no pasó de esa etapa, abandonada por alguien que pensaba aprovecharse más de la situación.

Hoy hay una comisión que se ocupa sobre todo de la olla popular Sabor a pueblo, que alimenta a la parte del asentamiento más cercano a Sanfuentes. Otra olla, llamada Nuevo Comienzo y ubicada sobre el medio del terreno, hace lo mismo con el otro extremo de esa zona.

Al principio llegó a haber cuatro comisiones, que casi no podían ponerse de acuerdo. Al irse despejando la situación, y también la cantidad de asentados, quedó una conformada por Fabiana, Yésica y Gerardo, los tres de la primera ola de ocupantes. Entre ellos y otros vecinos tratan de que no le falte comida a unas 150 personas, y se encargan de atender a la abundante prensa que pasa por el asentamiento. Se les nota que han adquirido solvencia mediática, y también que un poquito les gusta la atención que reciben.

Siendo tan nuevo, el asentamiento no tiene casi recursos ni estructura. El agua, sorprendentemente pura y sabrosa, viene de dos puntos con canillas instalados por OSE, donde todos se aprovisionan y muchos lavan la ropa en piletones. La luz, bueno, la consiguen como pueden. Obviamente no hay saneamiento, pero cada uno se las ingenió para construir un pozo negro, evitando que las aguas servidas corran por las callecitas precarias. Hay un almacén en la casa de Patricia, justo a la entrada al barrio, y otro vecino vende huevos. Para trasladarse, mudar cosas o cualquier emergencia, dependen de la camioneta de Juan, único vehículo del asentamiento, que al parecer ahora está descompuesto.

Autos, ambulancias y móviles policiales sólo pueden adentrarse en Nuevo Comienzo los días en que no llueve. En febrero, con toda el agua que cayó, todo el predio se convirtió en un mar de barro.

¿Dónde está Nuevo Comienzo? El terreno va desde Camino Sanfuentes al norte hasta la calle Burdeos al sur, donde limita con Santa Catalina. Al este tiene el Complejo Héctor Da Cunha, de las formativas de Cerro.

La efervescencia de la ocupación se dio por ambos lados, norte y sur. Cuando recién llegaron las familias y el sitio se hizo mediático se corrieron varios rumores. Uno, que parte de los asentados había construido encima de una cañería de saneamiento que podía explotar (nadie sabe bien cómo ni por qué). Esto resulto cierto, al menos lo de la cañería, y pronto se delimitó la zona y se desarmaron los ranchos en peligro.

Otros hablaban de narcos y de su influencia en la ocupación. Fuentes de la zona reconocen la presencia inicial del narco, con avistamiento de camionetas demasiado lujosas para el entorno.

Pero luego se dio un fenómeno curioso. Las intervenciones policiales, que casi siempre fueron por el lado de Sanfuentes, tuvieron como inesperado resultado la migración de narcos y oportunistas. De las cerca de 300 familias que se calcula ocuparon el predio inicialmente hoy quedan unas 80 en el sector Sanfuentes, que es lo que mediáticamente se conoce como Nuevo Comienzo. Allí viven los asentados con riesgo de desalojo, muy necesitados y que formaron comunidad. Hay una breve franja de separación marcada por el caño colector que se supone podría explotar, más o menos a mitad del terreno, y luego está la otra parte del asentamiento, que nominalmente también es Nuevo Comienzo, pero que tiene una realidad muy distinta. Está más poblada, menos organizada, se nota la presencia del narco.

Entre ambas zonas no hay mucho diálogo, y los asentados de Nuevo Comienzo al norte no hablan casi nada de sus vecinos del sur, salvo para marcar su desconfianza porque dicen que la mayoría de las acciones policiales se realizan en la pacífica y colaborativa zona en que viven, y no en la más complicada al sur.

No ha habido redadas policiales recientes, pero la primera semana de marzo, justo en medio de una actividad de reparto de útiles escolares, un móvil llegó para repartir citaciones a 13 personas. Tras esas citaciones llegó el desalojo para cuatro familias. “¿Y a dónde van a ir?”, pregunta Fabiana. “La van a seguir peleando acá, no tienen más remedio”.

El fiscal Diego Pérez dice que quiere ser muy claro al explicar los pasos dados en el proceso penal en curso, por el cual se solicitan medidas cautelares. Todo se inició en 2020, explica, por una denuncia de la Intendencia de Montevideo (IMM), ya que se habían ocupado terrenos aledaños a una bomba del sistema de saneamiento. Esos ocupantes se desplazaron al actual terreno, por donde corre un caño colector que además tiene servidumbre. Eso motivó una nueva demanda de la IMM y de los propietarios particulares, que es la que está en curso.

Respecto a los procedimientos policiales que, según los asentados, sólo se llevan a cabo en la parte norte, Pérez explica que no son aleatorios, sino que se realizan según las informaciones recibidas. Como ejemplo cuenta que hay una denuncia del casero del terreno, quien tiene su vivienda en el ángulo noroeste: recibió amenazas, sufrió un robo y un incendio posiblemente intencional. Esta situación de riesgo, que se considera activa, motivó una de las intervenciones.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, afirman que la Policía actúa “a pedido del fiscal” y que el patrullaje que realizan en la zona es similar al de otros barrios de Montevideo.

Pérez dice que las medidas tomadas contra cuatro familias de asentados no son a solicitud de la fiscalía, sino que se consideró la opción menos gravosa para los encausados, y se decidió de común acuerdo con la abogada defensora. Unos 20 asentados han sido imputados por usurpación y por robo de energía. Algunos de ellos ya se fueron del asentamiento y no se les seguirá el proceso.

Se podría decir que, en este conflicto, el abogado Ceretta —docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho— es algo así como el contrincante del fiscal Pérez. A él recurrieron los asentados de Nuevo Comienzo buscando asesoramiento y suya fue la idea de recurrir a la ONU. Se elevaron peticiones a dos reparticiones del organismo, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cescr). La finalidad de la maniobra era ganar tiempo para los asentados. Naciones Unidas pidió a Ceretta elegir uno de los dos caminos, según explicó el abogado a El País, y se prefirió la vía del Cescr.

Aunque no se oficializó la solicitud al Comité de los Derechos del Niño, la oficina siguió el tema y envió una carta conjunta a los niños del Nuevo Comienzo, interesándose por su situación. El Cescr sí tomó medidas, y el 4 de febrero envió una solicitud oficial, inédita, al gobierno uruguayo pidiendo que se suspendiera en carácter provisional el desalojo. Qué tan vinculante es esta solicitud es debatible. De momento, aparte de ligeros plazos y mucha exposición mediática, no hubo un cambio importante en la situación.

El fiscal Pérez no tiene mayores dudas: dijo a La Diaria el 8 de febrero que el pedido de la ONU “no va a parar ningún procedimiento” y “no va a evitar que la gente que se tenga que ir se vaya”. Según Pérez, con toda la movida “se le están generando falsas expectativas a la gente”, y la maniobra es de mala fe.

Para saber de dónde vienen los ocupantes, alcanza con preguntarles. La mayoría proviene de los barrios cercanos al Cerro, Santa Catalina o más lejos. Y todos tienen su historia de precariedad. Quien no vivía hacinado con demasiada gente quedó en la calle por un desalojo, o no tenía recursos, garantía o ingresos suficientes para alquilar, o fue estafado en una venta de vivienda irregular, o mil variantes de esas historias. Es gente que va siendo empujada a situaciones cada vez más y más inestables, cada vez sintiendo más presión, hasta que finalmente es expulsada del sistema de vivienda formal. Y terminan convertidos en asentados.

Malena tiene 17 años y ya es madre: hace pocas semanas nació Paula Emilia. Ella es una de las que escribió a la ONU. Dice que hasta principios de 2020 vivían apretujados en la casa de la expareja de su madre. Todos juntos: su pareja, su madre, los tres hijos chicos de su madre y las dos hermanas mayores de Malena, con sus parejas. Ahora en el asentamiento Malena y su pareja tienen su propia casita. A una decena de metros hacia un lado está la casa donde vive su madre con sus tres hijos, y hacia el otro la de una de sus hermanas. La otra hermana armó su vivienda justo enfrente, cruzando el camino. Son casas precarias, ranchos apenas. Pero cada cual tiene su espacio. Hay aire.

“Cuando nos vinimos acá, Diego cobró una licencia”, dice Malena. Diego es su pareja y come una manzana sentado sobre una bobina de cable que hace las veces de mueble de patio junto a la puerta. “La usamos toda para armarnos esto, que es lo que pudimos hacer. Ahora estamos esperando a que Diego cobre otra licencia para tener plata extra, y eso lo vamos a usar para construir algo con material, acá o donde sea. Lo que queremos es una casa de material, una casa de verdad”, explica, esperanzada.

La casa de Malena y Diego (y de su beba) es precaria y tiene sus paredes pintadas de color amarillo. “Tampoco es que tengamos mucha intimidad, acá los ranchitos son todos de madera, las paredes son así de finitas” dice Yésica, marcando un espacio muy breve con dos dedos.

Fabiana protesta: “¡Che, que yo en mi pieza hasta tengo puerta!”, y se ríen.

Más allá, Leandro revuelve la enorme olla y muestra orgulloso el resultado de cuatro o cinco horas de esfuerzo: un guiso sustancioso y potente, del que en unas horas se alimentarán casi 150 personas. En general la cocina de la olla popular Sabor a pueblo la realiza Fabiana en su casa. Pero, como ese día fue de visita una delegación de un canal de televisión (para sorpresa de todos, sin cámaras), Leandro se hizo cargo de la tarea. Fabiana informa que la gente del canal quedó muy bien impresionada con el asentamiento, y que se comprometieron a volver con una donación de alimentos. Probablemente esa vez sí lleven cámaras.

Leandro es uno de los 14 procesados por la Justicia. “Cayeron a las seis de la mañana”, cuenta. “Yo estaba durmiendo, y mi pareja se despertó y me dice ‘hay alguien en la puerta’. No puede ser, dije yo, quién va a ser a esta hora. Y había nomás, y me sacaron de la cama para declarar”.

Su rancho es precario e insuficiente como todos los del asentamiento, pero por suerte para él pudo adosarle una malla sombra a un costado, bajo la cual preparar la comida. “Empezás a las 11 de la mañana, terminás a media tarde, a eso de las seis empezás a servirle a la gente allá en la placita, y a veces se hacen las 10 o 10 y pico de la noche y seguís sirviendo platos de comida, hasta que se acabe. Es una tarea de todo el día”, cuenta.

Si hay algo que no abunda en las 72 hectáreas de Nuevo Comienzo son árboles. En realidad casi no hay. Por eso, a pesar del proceso en curso y del desalojo, Leandro plantó tres arbolitos al borde del “patio” formado por la malla sombra. “Y bueno, si crecen, crecen, y en una de esas nos quedamos acá y un día tenemos sombra” dice, sonriente.

“La gente se entusiasma cuando hay una prórroga, y se amarga cuando sale otra resolución en contra”, cuentan los miembros de la comisión. “Se nota clarito, porque después de cada prórroga la gente se arrima, colabora, se nota el entusiasmo. Después las cosas siguen igual, no hay solución a la vista y la gente se desanima”. Y explican que, cuando saltó lo de la ONU, llegaron de golpe 20 familias nuevas.

A fines de 2020 la intendencia informó que tenía dos terrenos disponibles para el realojo, pero no anunció dónde están por un asunto de confidencialidad. “Qué van a decir dónde”, se ríe Fabiana. “Si llegan a decir, mañana mismo me estoy haciendo allá un ranchito”. Desde la IMM se afirma que eso hoy se mantiene, pero que todo depende de la voluntad del Ministerio de Vivienda para construir las casas. De hecho, la intendenta Carolina Cosse dijo el miércoles pasado que quiere hacer “un estudio conjunto con el ministerio, caso a caso” pero no ha obtenido respuesta.

La ministra Irene Moreira, en tanto, rechazó hacer declaraciones para esta nota. Una fuente cercana a Moreira indica que el ministerio no desconoce la situación del asentamiento, pero lo considera uno más de los cerca de 650 que hay registrados en todo el país, y dice que sería injustificable plantear soluciones puntuales. Descartan excepciones, y menos por un caso al que consideran mediático, reciente y de inicios sospechosos.

En lo que todos coinciden es que, incluso en el mejor de los casos, el realojo tomaría como mínimo dos años desde que se asegure el terreno, los fondos y los insumos, cualquiera sea la modalidad que se decida aplicar. “¿Y en el medio?” se preguntan los integrantes de la comisión. A gatas van consiguiendo prórrogas de uno o dos meses en los desalojos.

La comisión asegura que hubo varios intentos de llevar adelante planes concretos, el último de ellos con casas construidas con contenedores, pero que todos fueron rechazados por el Ministerio de Vivienda y en particular por la ministra Moreira (a quien llaman Irene).

Fabiana mira desde la puerta de su casa el amplio terreno despejado, la vista soleada, los ranchos. “Si nos dejaran acá seríamos tan felices…” dice.

Cada asentamiento tiene sus propias características. Están los que existen hace décadas, desde bien atrás en el siglo pasado y sus habitantes llevan generaciones viviendo allí, hasta el punto de estar totalmente hechos a la idea de que ese es su único horizonte posible, entre la pobreza, el abandono y la precariedad eterna. Otros son bastiones narco. Otros están a medio camino, son lugares complejos, violentos, difíciles para trabajar sobre ellos. A esa categoría pertenece la parte sur del Nuevo Comienzo.

El norte se siente distinto. Por una extraña casualidad se sintetizó ahí la parte de habitantes con ganas de mejorar, con voluntad de organizarse. Con energía, todavía, para construir una comunidad. O, al menos, eso parece.

Si no se encuentra una solución, si se deja que esa energía y esa voluntad se diluyan en la triste realidad de la vida en un  irregular,asentamiento el Nuevo Comienzo puede ser una oportunidad desperdiciada. Eso lo sabe bien El Abuelo. Es uno de los pocos octogenarios que viven allí y otro de los acostumbrados a hablar con los medios. Cuenta su historia, desde su militancia en el Frente Izquierda de Liberación a fines de la década de 1960 (“no me arrepiento de haber tratado de buscar un futuro mejor para todos”) hasta su vida actual en el Nuevo Comienzo. “Hace siete años me dijeron que me iba a morir”, recuerda, y hace una larga lista de los órganos que le extirparon total o parcialmente en el quirófano. Me sacaron esto, aquello, la mitad de tal y casi todo cual… “Y yo estoy acá, tan tranquilo”, remata.

En 2019 vivía con sus hijos en una pequeña vivienda, hasta que les llegó el desalojo. Protestó, hizo gestiones y logró seis meses de plazo. La familia se desbandó y él terminó en su rancho de madera pintado de celeste. “Vivo tranquilo, me gano la vida con dos cortadoras que tengo”, dice y señala un rincón de su vivienda un poco más abarrotado de objetos que el resto. “Y si a veces tengo que salir a recorrer calles buscando cosas, como tantas veces tuve que hacer en mi vida, no me da vergüenza alguna. A mi edad qué voy a querer. Quiero viviendas dignas, sí claro, pero a esta altura no para mí, yo estoy bien… Para todos los niños que hay acá”, relata.

En ese momento, como si se lo hubiera orquestado, dos muchachitos pasan por detrás suyo rumbo a la precaria plaza del Nuevo Comienzo, y lo saludan con un cordial “hola, Abuelo”.