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Hace más de 20 días que una certificación médica apartó a la fiscal Darviña Viera de la titularidad de la Operación Océano, la causa penal con el mayor número de imputados y víctimas del país, pero ella sigue cargando dos teléfonos celulares que no dejan de sonar.

Su vínculo con el caso todavía no se termina. Está lejos de ese momento. Sus allegados cuentan que a veces la llama el equipo de investigación de la Fiscalía que ahora lidera Mariana Alfaro para consultarle al respecto de alguna evidencia específica. Otras veces recibe mensajes de apoyo, por ejemplo de policías con los que solía trabajar, que le dicen que “arriba”, que “no afloje doctora”. Ella intenta descansar, pero es difícil. También la buscan los medios de comunicación, a los que siempre había atendido pero ya no. Estos últimos días son de mucho ruido en torno al caso, por eso sus amistades dicen que le avisan cada vez que una publicación relevante la menciona. Sin embargo, la fiscal prefiere mantenerse distante.

Tras su salida por razones de salud de esta megacausa, con 32 imputados por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que realicen actos sexuales o eróticos contra 18 víctimas, su nombre volvió a las portadas ceñido de cuestionamientos, poniendo en duda primero la estrategia a la que se apegó y después su reputación.

Entre los 50 defensores que patrocinan a los imputados algunos creen que, a pesar de su quebranto de salud, Viera “abandona la pelea” cuando se aproxima la decisiva instancia de acusación, al saberse “rehén de su propia tozudez”, que la habría llevado a crear una causa “de una monstruosidad inabarcable” para la estructura del sistema judicial nacional.

Según pudo reconstruir El País, no fue una sorpresa para el fiscal de Corte Juan Gómez, que ya sabía que la fiscal de 62 años estaba cerca de su jubilación, y además había recibido comentarios de su parte que le advertían que las exigencias de este caso —sumado a las de otras investigaciones— la estaban afectando. Durante el año y medio que estuvo al frente de la causa, Viera trabajó de lunes a domingo. Fuentes de la Fiscalía relatan que desde su casa se conectaba al sistema informático: daba órdenes de qué pasos seguir en la investigación, sin descanso. “Estoy muy cansada, me siento agotada, no me quiero levantar de la cama; algo me está pasando”, le habría comunicado a Gómez días antes de ver al médico.

En medio de este escenario, la audiencia celebrada el pasado 20 de octubre marcaría un punto de inflexión en el futuro del caso. Ese día, la jueza María Noel Tornarelli constató “graves irregularidades” en la investigación a cargo de la fiscal y prorrogó por 10 días la instancia para que recogiera la declaración a un testigo que no había sido grabada y para que ordene la descomunal carpeta investigativa: el expediente contiene tres teras y 350 gigas de memoria, algo así como 30 millones de archivos. Las defensas de los imputados le reprochaban que “por omisiones” o “errores” no estaban teniendo acceso al total de la información recabada por la Fiscalía, lo que perjudicaba a sus clientes.

Viera comenzó entonces a realizar una revisión profunda de la carpeta, con la ayuda de un experto en manejo de datos e información. Pero su salud empeoró. Al ser certificada y definirse el cambio de fiscales para evitar así más atrasos en el juicio, Alfaro finalizó la labor e informó a la jueza Tornarelli que, debido a errores, 50 documentos no habían sido registrados correctamente y por lo tanto las defensas no habían tenido acceso a ellos.

Desde entonces comenzó una dura comparación entre el desempeño de las dos fiscales —incluso de los dos fiscales de Corte que confluyeron en la causa—, que puertas adentro de la Fiscalía se vive con amargura. Alfaro hace hincapié en que ella no vino a enmendar errores de su colega. Debido al inmenso volumen de información de Operación Océano “no es deseable pero sí posible que se cometan errores”; también a ella podría pasarle, insiste. “Equivocarse es humano, pero actuar de forma maliciosamente, nunca”.

La situación y cómo utilizarla a favor de cada imputado está generando un “choque” entre los abogados, relatan algunas fuentes. El grupo que fue más lejos, denunció a Vierapor “irregularidades administrativas”, luego amplió la denuncia pidiendo que se investigue su accionar y el de su equipo por un supuesto abuso de funciones y omisión contumacial de los deberes del cargo, y se adopten medidas correctivas y sancionatorias.

Gómez, el fiscal de Corte, califica el desempeño de la fiscal como “muy sacrificado, muy difícil y prácticamente inédito” pero, aunque la respalda, “en el camino del respeto del apego al sistema de derecho” que le reclaman a Fiscalía, resolvió que una vez que Viera esté reintegrada de la licencia médica se inicie una investigación administrativa.

Distintos colegas y operadores judiciales aseguran que este es un final “inmerecido” para una fiscal “humilde” y “dedicada”, “cuidadosa con las víctimas” y con las defensas. “Es triste ver que a una persona con el compromiso con la justicia como el de la doctora Viera se la asocie con cualquier idea de ocultamiento de información, comportamientos que le son completamente ajenos, más concluyendo su carrera”, dice Alfaro. Una carrera atípica en el sistema judicial y que, según se relata, logró “con enorme sacrificio”.

Darviña Viera es una mujer de vínculos largos y sólidos; muchas de las amistades que hizo durante su juventud hoy ocupan puestos de relevancia en distintas instituciones judiciales y conocen su biografía de memoria. La definen como una historia de “lucha”: un ejemplo de superación.

Empieza en un hogar humilde, cerca de Fray Bentos. Un padre se enferma y fallece de forma prematura, su única hija queda sola con la madre. Las dos se mudan a Young y la hija adolescente deja el liceo para colaborar con la economía. Realiza tareas domésticas en la casa de un matrimonio: cuida a sus dos niños, les cocina, les limpia.

Luego, ella misma se convierte en madre y cría a su hijo sola. Se encarga de su madre, se encarga de su hijo. Pero un día una prima le pide colaboración, quiere que la ayude a estudiar para terminar el liceo, cursando las materias de forma libre. Ella debía guiarse con los textos y hacerle preguntas sobre la lección. Lo logra. “Bueno, ahora vas a terminar el liceo vos”, le dijo; le insistió.

Cuando terminó el liceo, el entonces intendente de Río Negro recomendó a Darviña Viera para trabajar en un estudio jurídico, haciendo tareas administrativas. La abogada de ese estudio, es decir, su antigua jefa, la recuerda así: “Noté que tenía una capacidad de trabajo impresionante y le empecé a decir que por qué no hacía la carrera de abogacía”.

En ese estudio, durante cuatro años, Viera aprendió a redactar escritos y se hizo habitué de los juzgados. A los 28 años comenzó a estudiar derecho. La acompañó en esta aventura una funcionaria judicial, que solía cruzársela a diario. La Universidad de la República tenía una sede de Derecho en Salto, a 200 kilómetros de distancia. Como les era imposible criar hijos, trabajar y desplazarse tantos kilómetros por día para asistir a las clases, las amigas instalaron una rutina de estudio: cada mañana, dos horas, antes de empezar la jornada laboral. Conseguían libros prestados por abogados de la ciudad, o fotocopias, o recorrían bibliotecas en busca de la bibliografía y preparaban las materias sin ir al aula. “Salíamos de madrugada en el ómnibus para llegar a los exámenes que eran temprano en la mañana y los dábamos libres. Así hicimos la carrera, durante años”, cuenta la amiga, que hoy también es fiscal.

Por ese entonces, el estudio jurídico se mudó a Montevideo y Viera, todavía en Young, ingresó como funcionaria del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). “Por el INAU dio la vida. En Young era conocida por todos porque siempre estaba de arriba para abajo pidiendo colaboraciones para organizar actividades para los niños”. Tenía a su cargo a un grupo de 30 pequeños, de distintas edades, con quienes organizaba paseos y actividades. “Darviña tiene un temperamento muy especial. Absorber las historias de esos niños no es para cualquiera. Sobrevivió a una vida de mucho sacrificio luchándola. Se ponía una meta y la alcanzaba y todo así. Hoy hace lo mismo: se pone un caso al hombro y allá marcha”, dice una amiga.

Durante 2003 y 2004, mientras avanzaban con la carrera y hacían cursos especializados en violencia, Viera y su compañera de estudios abrieron una oficina para asesorar a víctimas de violencia doméstica en Young. Funcionó hasta 2005, cuando fue trasladada como administrativa del INAU a Montevideo.

Su tarea, a partir de ese momento era investigar a los funcionarios denunciados. Del otro lado, el defensor de estos funcionarios era —es— el abogado Juan Williman, también encargado del Consultorio Jurídico Penal de la Udelar que patrocina a la mitad de las víctimas de la Operación Océano. “Desde la época del INAU y ahora, que el consultorio ha tenido un incremento brutal de la demanda de asistencia a víctimas de delitos sexuales (70% de los casos que llevan) y me ha tocado trabajar muy cerca de la fiscalía que ella conducía, siempre tuve el mejor de los conceptos”, dice.

Una tarde, llegó un fax al INAU dirigido a Viera que le daría un nuevo giro a su vida. Era abogada desde 2007 y su amiga le había avisado que abrirían un concurso para ingresar a Fiscalía. Ella llevaba un tiempo ejerciendo como fiscal y le aconsejó que se animara, que el trabajo era lindo, que podría hacerlo bien. El fax pasó de mano en mano; alguien en la oficina incluso habría comentado que jamás llegaría tan lejos.

Concursó y entró. Era 2009.

Primero, como adjunta en la fiscalía de Aduana y Hacienda en Montevideo, el lugar “al que nadie quiere ir” porque hay que entender y aprender decenas de infracciones propias de la materia. Dicen quienes la conocen que la fiscal a cargo la amadrinó y la motivó para que concursara y se introdujera en el área penal. Eso hizo; ingresó en 2012, el mismo año en que asumió Jorge Díaz como fiscal de Corte y le propuso la fiscalía de Colonia.

Ahí empezaría un nuevo capítulo.

En Colonia lidió con “montañas” de expedientes. Era la época del “código viejo” y pasaba el día subiendo y bajando las escaleras del juzgado: entraba en una audiencia de violencia doméstica, pasaba a otra de familia y terminaba con una causa penal. Allí los jueces y la fiscal eran vecinos. “Allá está Darviña haciendo expedientes”, solían decir porque los fines de semana se la veía en la plaza o en la playa, siempre con un expediente en la mano.

En Colonia, Viera solicitó el procesamiento del entonces intendente Walter Zimmer y del director de Hacienda, José Aunchain, por el cargo de abuso de funciones y falsificación de documento público, pero terminaron absueltos por un tribunal de apelaciones. “Desde el inicio demostró que enfrentarse al poder no le asusta”, opina una colega.

Luego pasó a Libertad y de ahí a la fiscalía de Atlántida, donde el trabajo era tal “que no había un minuto de respiro”. Allí estuvo a cargo de investigaciones que resonaron en los medios, como el homicidio del niño Inti Lois, el de Claudia Ferreira, la cajera de la estación de servicio de Pinamar asesinada por 100 pesos, y el asesinato de Gustavo Barón en San Luis, un caso que levantó polémica ya que los tres sospechosos del crimen —dos hombres y una mujer formalizados por la fiscal Sylvia Lovesio y después acusados por Viera— habían sido absueltos por el juez Marcos Seijas. El juez le reprochó a la Fiscalía errores durante la investigación, al recoger pruebas que a su modo de ver no eran suficientes. Catorce meses después, la Suprema Corte de Justicia condenó a los autores. Esto generó el reconocimiento del fiscal de Corte Díaz a ambas fiscales.

Para algunos operadores consultados, este resultado provocó un ascenso para Viera, que fue trasladada a Montevideo, a una fiscalía especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género hasta que le anunciaron que asumiría la titularidad de la fiscalía de 5° turno, dirigida por Sabrina Flores, quien había pedido un traslado.

En ese entonces tenían despachos contiguos. La noticia llegó un jueves de mayo (2020) y cuentan que Viera visitó a su colega y, bromeando, le dijo “desocupando el sillón que es mío”.

Celebraron.
Después del festejo, Flores le contó que había un caso que investigaba desde noviembre pasado y que olfateaba que no sería uno más debido a que la evidencia era sólida y había “una cantidad de implicados identificados que tenían un alto perfil”. Flores tenía previsto presentarlo el martes ante el juez.

“Vos suspéndelo, si querés”, le habría dicho. Viera, en cambio, se llevó la carpeta a su casa y la estudió el fin de semana. Llegó el martes y la jueza Adriana de los Santos aceptó la formalización de un exjuez de menores, un diputado suplente del Partido Colorado, un abogado y docente universitario de Derecho, un arquitecto y un productor de eventos por un delito de retribución o promesa de retribución a una menor para que realizara actos sexuales o eróticos. Pronto los nombres se filtraron a la prensa. Una semana después otros seis hombres fueron imputados. Y la causa siguió creciendo.

Fuentes de la investigación reconocen que “desde el primer momento se supo que sería un caso mediático” y que se le decidió dar “otra difusión” al habilitar una línea telefónica para recibir más denuncias de víctimas. “Esa estrategia y salir a los medios a explicarle a la gente de qué se trataba la causa nos pareció bien porque para la sociedad este no era un delito y ahora sí”, dice una fuente.

La causa creció hasta los 33 imputados —uno aceptó un proceso abreviado— y 18 víctimas. Había logrado “mucho respaldo social”. La Fiscalía destinó una tercera fiscal al equipo liderado por Viera —que también contaba con el apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos, y la de Litigación—, pero además de este caso llevaban otras investigaciones. Cuando Viera se retiró, su turno tenía 1.083 casos. “Para llevar adelante el juicio con los 32 imputados tendrían que haber cuatro personas dedicadas exclusivamente y uno o dos administrativos”, reflexiona hoy una fuente vinculada a la investigación.

Las defensas de los imputados insisten en que, al no haber accedido a toda la evidencia, sus clientes se vieron perjudicados y se violó el principio de igualdad. Varios abogados reconocen que esas omisiones no son excepcionales, sin embargo la Operación Océano sí lo es. “Este caso puso en jaque debilidades que tiene el código y su aplicación en el sistema. Quedó al descubierto la desprolijidad que hay en Fiscalía de la indagatoria preliminar; que la fiscalía no sabe que evidencia tiene, que hay veces que elige qué sube a la carpeta y que no cuando todo debería estar documentado”, dice un abogado. Las críticas generaron que Gómez, el fiscal de Corte, anuncie que se implementará un nuevo sistema para el registro de la evidencia.

Pero, volviendo a la Operación Océano, ¿qué tan importantes son los documentos que faltaban? Algunos fiscales consultados señalan que las defensas “buscan el error en la forma” y advierten que en el juicio “no se admite ninguna prueba a la que la contraparte no haya tenido acceso y posibilidad de control”. Sin embargo, reconocen que es una omisión que los desprovee de toda la evidencia a la hora de interrogar a las víctimas: eso no puede pasar, insisten. “La valoración de la importancia de los documentos será diferente de acuerdo al caso de cada imputado”, indica un abogado. Por estos días, los 50 representantes estudian esta documentación.

Otra molestia es que las omisiones también alargan el juicio. Williman, el defensor de la mayoría de las víctimas, plantea que la situación para ellas es perjudicial, porque además algunos de los abogados de los imputados solicitaron la nulidad de las declaraciones anticipadas de las víctimas que ya declararon.

En definitiva, las defensas le recriminan a la Fiscalía que esta situación es producto del caos que generó la magnitud de la causa, que responde a una estrategia de Viera al incluir a los 32 imputados “en una misma bolsa”. ¿Fue una decisión caprichosa? Williman señala que el Código del Proceso Penal indica que cuando se advierta inicialmente la conexión de pretensiones o procesos entre una o varias personas por la comisión de un mismo delito o varios, o que influya en la prueba de otro delito o en sus circunstancias, deberán ser planteadas en un proceso único. “En lo que refiere a las evidencias se vuelve complejo y difícil de manejar, pero no fue una decisión arbitraria, sino una necesidad”, argumenta Williman en respaldo a Viera. Otra fiscal especializada opina que, unificarlo en un mismo juicio, permite que la(s) víctima(s) declaren una única vez.

En la vereda de enfrente están los defensores de los imputados, que en su mayoría opinan que —debido a la estrategia escogida— la fiscal “se autofabricó muchos de sus problemas”. Eduardo Sasson cree que fue un error porque los 32 casos “son disímiles entre sí”, “sin conexiones”. “Esto ha sido uno de los factores más importantes que ha llevado a que la Fiscalía no se haya organizado eficazmente”. Tal y como él lo ve, el caso “se publicitó como una batalla ideológica” y para que tenga mayor notoriedad se apostó por incluirlos a todos en una causa.

“Fue un error estratégico englobar a 32 personas entre las que hay algunas que pueden llegar a ser culpables y gente que no tengo dudas que es inocente”, dice Alejandro Balbi, quien patrocina a cinco de los imputados. Y agrega: “Se engolosinó sin mala intención, influenciada por cierto vedetismo por la atención pública y la presión de colectivos de toda índole que la envalentonaron. Se auto creó una megacausa que la terminó tapando como una ola”.

En tanto, Ignacio Durán está convencido de que “las responsabilidades, si las hay, serán variadas y muchísimos de los formalizados van a resultar absueltos porque la prueba así lo dice”. La causa “quedó grande”, “de océano esto va a terminar siendo un charquito”, dice. Para él, desde el inicio se conformó una caza de brujas.

La otra cara de la moneda la aportan quienes cuestionan cuál habría sido la visibilidad del caso si la estrategia hubiera sido otra. Fiscales consultados plantean: “Si hubiera formalizado de a uno o dos imputados, no tendría la visibilidad que tiene el caso hoy”.

El incremento de las denuncias de este tipo de delitos sexuales —según reconocieron incluso defensores de distintos imputados— demuestra que ha tenido un impacto social que no han logrado decenas de campañas públicas. Dice Williman, que trata con víctimas: “Más allá de la complejidad de la causa, puso en el debate social y en los medios una temática que si bien estaba presente no tenía la fuerza ni frecuencia que tiene ahora, y en el fondo está la protección de los niños y adolescentes. No sé si estaba tan claro antes esto, me parece que no”.