URUGUAY EN ÓRBITA

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Aunque parezca un escenario de ciencia ficción y alejado de la realidad local, en los últimos meses ocurrió un hecho inédito. La compañía argentina Tlon Space S.A. le planteó al gobierno uruguayo la posibilidad de lanzar cohetes desde una zona de Rocha. “Es la primera vez que viene una empresa a consultarnos por algo así”, dice el general del Aire Luis De León, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Esta iniciativa llega como un augurio, en un contexto en que el gobierno analiza la creación de una agencia espacial, para ponerse a tiro con el resto de los países de la región que ya las han constituido. Pero además, mirando hacia ese mismo futuro está la Escuela Militar Aeronáutica (EMA), que imparte la carrera en Defensa Militar Aeroespacial y ya licenció a 32 militares desde 2020.

Tlon Space es una empresa privada “cuyo objeto es prestar el servicio de puesta en órbita de satélites de terceros”, indica su página web. El uso de satélites es clave en nuestra vida cotidiana y está en pleno auge a nivel mundial. Intervienen en las plataformas de comunicación que utilizamos, y proveen de imágenes con información estratégica para la producción económica y para los Estados.

Fundada en 2005 por Pablo Vic y Gerardo Natale, la compañía argentina proyecta dar grandes pasos a partir de este año. Luis Monsegur, chief operating officer de Tlon, declaró a La Nación en marzo de 2021 que en 2022 buscaría comenzar a operar un cohete ultraliviano fabricado por ellos en la vecina orilla: Tlon Aventura I. Su misión: lanzar nanosatélites. Esto es pequeños satélites cuyo tamaño puede llegar a rondar los 10 centímetros por 10 centímetros (se les llama CubeSat) y cuentan con una gran potencia.

Para graficar las ganancias, el ejecutivo declaró en aquel momento que el lanzamiento tiene un costo internacional de entre 50.000 dólares y 70.000 dólares por kilogramo en órbita.

Autoridades nacionales han mantenido reuniones con representantes de Tlon Space, según confirma el ministro de Ambiente, Adrián Peña. En esas instancias les trasladaron las características de la iniciativa y plantearon consultas en torno a la normativa.

Peña remarca que su cartera no oficia de consultora y no pide exigencias previamente, sino que participa de reuniones orientativas si se las solicita, como sucedió en este caso. Su trabajo comienza una vez que se presenta el proyecto, que por el momento no ha llegado a su despacho. Uno de los requisitos exigidos es un estudio del impacto ambiental. El País intentó sin éxito comunicarse con la empresa argentina para conocer si están preparando este documento.

Aun así, de seguir adelante, ¿cuál sería la zona de lanzamiento? Estaría ubicada entre el balneario La Esmeralda y la ciudad de Rocha, indica el general De León. Es el único lugar donde se puede lanzar sin entrar en los espacios aéreos de Argentina y Brasil, de acuerdo a la forma en que se eleva cada cohete, que va “apuntando hacia el polo y ahí empieza a escalar en altura”, explica el experto.

En un escaso diámetro de unos 5 kilómetros, dice el comandante, hay tres posibles terrenos para no interferir con los vecinos. Uno es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), otro de un privado y un tercero de la Intendencia Departamental de Rocha. El lanzamiento “tiene que estar lo más cerca posible del agua”, por eso el terreno que sería “más adecuado” para un proyecto de este tipo es el que pertenece al MDN ¿Qué hay allí hoy? “Es un lugar bastante agreste”, describe De León. Esto ya fue evaluado tanto por la FAU -que comenzó a trabajar en este asunto por octubre de 2021- como por la compañía Tlon.

La normativa. Otro aspecto que juega a favor de Uruguay como locación para estos procedimientos, es que los lanzamientos desde aquí serían más económicos que en zonas próximas, y además está el valioso factor de que el país ofrece una estabilidad institucional, virtud que valoran los inversores privados.

De hecho, la empresa argentina Satellogic, que cotiza en Wall Street desde enero pasado, fabrica desde 2015 sus satélites en Zonamerica. Entre sus usos, en el marco de la reciente guerra en Ucrania, varios brindan imágenes en tiempo real para la toma de decisiones.

La FAU interviene ante la iniciativa de Tlon porque los cohetes se desplazarían en parte por el espacio aéreo uruguayo, pero la zona donde van a orbitar los satélites que transportarían no sería en esta área. La mayoría de los países (entre ellos Uruguay) consensuaron que las actividades desde los 100 kilómetros por encima del mar son consideradas espaciales. El modelo de Tlon podría ubicar nanosatélites hasta los 800 kilómetros de altura, indica en sus especificaciones.

Si bien no está fijado que la actividad espacial comience exactamente desde los 100 kilómetros, por esa distancia (que se conoce también como Línea de Kárman) es que empieza un espacio donde no hay soberanía. El Tratado sobre el espacio ultraterrestre, firmado en 1967 (y ratificado por Uruguay en 1970), insiste en que esta área debe ser usada en beneficio de la humanidad.

Allí se indica que la zona estará abierta a la “exploración y utilización a todos los Estados sin discriminación alguna”, en “provecho y en interés de todos los países”, así como “no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”.

De León cuenta que el “boom” actual de lanzamientos satelitales en la órbita “baja” (esto es hasta los 2.000 kilómetros) comenzó a fines de la década de 1990, cuando el mencionado tratado permitió que privados pudieran utilizar esta área “sobre todo para el uso de imágenes y comunicaciones de internet”.

El terreno señalado en Rocha tiene capacidad para disponer de hasta cuatro lanzaderos, dice De León. Cada Tlon Aventura I mide 10 metros de altura, 40 centímetros de ancho, tiene capacidad para trasladar 25 kilos de carga y es “el cohete más ligero de la industria”, ostenta la compañía en su web.

Vic, cofundador de Tlon, declaró en diciembre pasado al Canal de la Ciudad de Buenos Aires que en noviembre de 2021 lanzaron un nanosatélite a la estratosfera (esto es hasta los 50 kilómetros) y que comenzarían en 2022 la campaña de intentos orbitales. Esto es lograr colocar estos nanosatélites en la órbita baja. Es decir, en un lugar que es el espacio, según explicó. A su vez, a fines de marzo declaró al medio Ámbito que tienen previsto hacer “cuatro intentos orbitales” desde la provincia de Buenos Aires.

Desplegar en el terreno una idea como la que propuso Tlon no se ejecuta de un día para el otro, aseguran a El País varias partes involucradas. Entre los aspectos a evaluar están su impacto ambiental, pero también cómo se obtendrá el combustible especializado que utilizan los cohetes y además la modalidad en la que operaría la empresa.

En caso de presentarse el proyecto, otro punto clave es el tipo de uso que se aplicaría para dicha área. No está definido si a ese predio lo utilizaría exclusivamente la empresa o si se resolvería activar una zona de lanzamiento pública, que lo arrendaría Tlon y otras potenciales empresas que estén interesadas. En la región, hay países que cuentan con zonas públicas, privadas y mixtas de lanzamiento.

Si esto se encamina, será posiblemente el primer tema que analice la flamante Junta Nacional de Política Espacial, aseguró De León. Fue creada por un decreto que tuvo luz verde este 25 de febrero y se enmarca en una serie de iniciativas de la FAU para dotar al Estado de la normativa necesaria para la instalación de cualquier emprendimiento espacial.

La junta tiene el cometido de “asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo atinente a la Política Espacial de la República”. Presidida por un representante del MDN, este ámbito tendrá miembros permanentes y asesores, tanto del ámbito público, universitario y hasta privado, quienes deberán “desarrollar proyectos espaciales”, así como “autorizar la realización de cualquier actividad espacial”, y “velar por el cumplimiento de tratados internacionales” que adhirió el país, entre varios asuntos.

En este sentido, fuentes del MDN indican que Presidencia evalúa el proyecto que crearía la Agencia Espacial Uruguaya (AEU). Tal como informó el semanario Búsqueda en julio pasado, De León ha impulsado este proyecto. El País tuvo acceso al borrador del proyecto de ley que busca generar una unidad ejecutora para la AEU, que sería un órgano descentralizado dentro de Presidencia que actuaría con autonomía técnica.

“En vista de la creciente participación del sector privado en actividades espaciales y en virtud de las responsabilidades contraídas por el Estado en la materia, es preciso adoptar medidas a nivel nacional en lo que respecta a la autorización y supervisión de las actividades espaciales no gubernamentales”, se indica en la exposición de motivos.

Mariana García, asesora legal de asuntos espaciales de la FAU, está especializada en Derecho Aeronáutico y Espacial. Señala que se trata de un “pequeño organismo, acorde a nuestra realidad uruguaya”, imitando el formato que han elegido otros países. Puntualiza que no se buscó que la agencia estuviera dentro del MDN porque “no está hecho con un espíritu militar o de defensa exclusivo”. La redacción original prevé que tenga un consejo directivo (con un director ejecutivo) y un consejo asesor de empresas del sector de las tecnologías espaciales.

El objetivo previsto es “dirigir, coordinar e implementar la política espacial de la república emanada de la Junta Nacional de Política Espacial y sus instrumentos conexos”. En esa línea, buscaría entre otros puntos “impulsar el desarrollo del sector espacial en el Uruguay con énfasis en el desarrollo económico social y cultural de sus habitantes”. También prevé que su financiamiento pueda provenir de “donaciones de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados”.

“Lo que uno piensa siempre que es la NASA: no, en realidad es un lugar administrativo de coordinación de todas las actividades que se presentan”, remarca el general De León sobre la agencia y se muestra “optimista” de que esta nazca próximamente. “Creo que va a salir este año a razón de todo lo que se está moviendo en el tema espacial”, dice en alusión al desarrollo tecnológico y económico del sector.

Tal y como él lo ve, el análisis de una iniciativa como la de Tlon es un típico trabajo para la agencia, pero también permitiría poner en marcha proyectos “propios”. Uno de ellos sería hacer un mapeo 3D de todo el Uruguay con imágenes satelitales “tanto sea de información en elevación como en superficie”.

Con la agencia -asegura- se podrían recibir fondos externos para estas iniciativas, que aportarían información clave. El borrador plantea que el conocimiento derivado de la industria satelital presenta beneficios para la agricultura, la ganadería, la pesca; y para el medioambiente en cuanto a la medición de indicadores de cambio climático, en la prevención y desarrollo de estrategias frente a desastres naturales, entre otras áreas.

De León cuenta que se ha seguido de cerca el proceso de la Agencia Espacial Paraguaya, fundada en 2014, y asegura que “no es tanto” el costo que insumiría la creación de una propia.

Lo cierto es que Uruguay es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una agencia espacial. El comandante remarca que el país “tiene un debe” en ese sentido, y recuerda que para recibirse recientemente de licenciado en Defensa Militar Aeroespacial, tras revalidar materias, hizo una tesis que habla de “este problema”.

Sobre la ruta 101, en Pando (Canelones), se ubica la Escuela Militar Aeronáutica (EMA). En un predio de casi 30 hectáreas se forman los oficiales de la FAU, en una carrera que dura cuatro años. Al finalizar, si estos militares presentan una tesis y la aprueban, pasan a ser licenciados en Defensa Militar Aeroespacial.

El Ministerio de Educación y Cultura reconoció la carrera en febrero de 2020, lo que permite a los estudiantes licenciarse en la carrera bajo la opción de aviación, logística o comunicaciones y electrónica. Hasta ahora se contabilizan 32 licenciados.

Walter Pérez, director de la EMA, recibe a El País en su despacho y ofrece una visita por las instalaciones y hangares con las aeronaves que usan a diario. Considera que, hasta que hubo un cambio por el 2017, se brindaba una carrera que “cumplía por demás lo que cualquier carrera de grado exige”, no se buscaba meramente el reconocimiento de la licenciatura sino “plantearse primero cuáles son las demandas de la sociedad respecto a los oficiales de la Fuerza Aérea”.

De 2015 a 2017 se analizó un perfil de egreso y se diagramó la nueva currícula, que inaugura la especialización a partir del tercer semestre. Opina que la carrera “está un poco mejor posicionada que en otros países”, y pone como ejemplo que el aviador egresa con un curso de instrumentos avanzados, que es “lo que afuera debe cursar un piloto comercial para tener su licencia”.

A los alumnos se los instruye en “cómo está nuestro país posicionado a nivel espacial en cuanto a la capacidad satelital que tenemos; qué pasa con la órbita que tiene nuestro país para su satélite; qué pasa con el resto de los países; en qué está la evolución de esto a nivel regional en cuanto al resto de las fuerzas aéreas y cómo se proyecta que Uruguay pueda seguir avanzando”, enumera.

La orientación en comunicaciones forma a los alumnos en el manejo satelital referido a las comunicaciones y la ciberdefensa. Con una guerra en desarrollo, Pérez destaca que “una de las tantas vetas de este conflicto es a nivel del ciberespacio”, por lo que se trabaja diariamente en ese aspecto “para poder tener esa protección”.

A su vez, puntualiza que no necesariamente todos los alféreces que egresan de la EMA son licenciados ya que el programa pide requisitos específicos, como contar con un nivel de inglés superior. Aquellos que no cuenten al momento de egresar con un nivel operacional cuatro o superior (según establece la organización de Aviación Civil Internacional), tendrán dos años más para alcanzarlo.

El entusiasmo por la actividad espacial está latente en nuestro país. Prospere o no el proyecto de Tlon, el gobierno parece encaminado a poner a Uruguay en órbita, para así aprovechar el negocio en torno al desarrollo espacial, pero también verse beneficiado del conocimiento estratégico que este genera.