La primera vez que Diego Garrote tuvo ganas de irse fue hace 20 años. Estaba por cumplir 30 y se puso a averiguar cómo conseguir el pasaporte español, después de haber escuchado anécdotas de sus abuelos nacidos en Galicia. No tenía ganas de emigrar “con una mano atrás y otra adelante” y para eso precisaba los papeles, pero no los consiguió porque la normativa española de ese momento no consideraba ciudadanos a nietos de españoles, como es su caso.

Hoy tiene 49 años y sigue con “el gusto amargo” de no haber podido irse. Manejó un taxi durante años, luego decidió terminar el liceo, hizo un curso para ser ayudante de cocina y otro para electricista. “Siempre me la rebusqué”, dice. Ahora tiene lo que él llama un “bolichito” ubicado en el Cerro de Montevideo, en donde cocina junto a su esposa y cada tanto hace algún trabajo como chofer o electricista. Su hijo, de 16 años, “ya creció y dejó de ser un gurí chico”, entonces él volvió a “romantizar” la ida a España. “Si logro tener los papeles ahora mi hijo puede sacarlos conmigo porque sigue siendo menor de edad. Termina la secundaria el año que viene y se le pueden abrir puertas allá que a mí no se me abrieron acá. Me encantaría poder darle eso”, cuenta Diego, entusiasmado.

Foto: Leonardo Mainé.

Gracias a un grupo de WhatsApp en el que entró hace algunos meses, se enteró de la nueva legislación española conocida como Ley de Nietos, mediante la cual él podría transformarse en ciudadano español. Y mediante la cual unos 10.000 uruguayos consiguieron la documentación en el último año en el Consulado General en Montevideo, según supo El País con fuentes de la colectividad española.

En ese grupo se contactó con Shirley Estévez, una de las representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Uruguay, quien lo asesoró con respecto a la normativa y los papeles que él necesitaba presentar en el consulado. Estévez ofrece asesoramiento gratuito a uruguayos como Diego que quieren sacar la ciudadanía española y lo promociona en Instagram con publicidades. El partido al que representa -liderado por el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez- fue el principal impulsor de la Ley de Nietos que está haciendo que miles de descendientes de españoles nacidos en América Latina consigan el pasaporte europeo.

Según Estévez, nacida en Uruguay, en el país hay 400 personas afiliadas al PSOE y el promedio de edad entre estos ronda los 70 años, una cifra que “hay que bajar”.

A pesar de que no se hace un pedido explícito, la representante de la izquierda española en el país dice que le “encantaría” que “eventualmente” todos los que reciben el asesoramiento del PSOE se terminen afiliando al partido y baje el promedio de edad. “No es algo que exigimos porque se trata de un derecho que todas las personas contempladas en la ley tienen”, sostiene Estévez. Actualmente son tres los encargados de representar al partido en Uruguay y hoy por hoy se dedican casi exclusivamente a la gestoría para la ciudadanía o el pasaporte, según cuenta la mujer desde una oficina de Ciudad Vieja que le presta una amiga para recibir a quienes precisan asesoramiento. El PSOE solía alquilar una sede en el Centro de Montevideo, pero este año, tras las elecciones en aquel país, dejaron de hacerlo por motivos financieros. Ahora se manejan en la oficina de la amiga de Estévez, en donde todos los jueves reciben entre cinco y 15 personas que llegan con sus carpetas y hacen consultas acerca del trámite.

Foto: Estefanía Leal.

Algunas voces del resto de la comunidad española en Uruguay dicen a El País que es “evidente” que el PSOE da la gestoría a cambio de un eventual apoyo político, teniendo en cuenta que se puede votar por correo desde aquí. Por su parte, Diego asegura que Shirley nunca le pidió que apoyara al PSOE, pero cree que “indirectamente ella está haciendo política de la buena” porque “ayuda cuando no tiene por qué y eso dice mucho del partido al que representa”.

En el caso del Partido Popular (PP) -el eterno rival del PSOE en España- este también tiene representación en Uruguay pero no brinda asesoramiento para quienes buscan ampararse en la Ley de Nietos debido a que el partido se manifestó en contra de su aprobación.

Desde la Embajada de España en Uruguay no quisieron hacer declaraciones a El País.

A pesar de que se la conoce como Ley de Nietos, su nombre es Ley de Memoria Democrática de España y entró en vigor en octubre del año pasado como medida reparadora para quienes emigraron de España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El propósito de la ley es reivindicar “la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido”, según explicó públicamente en su momento el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños.

Existe un antecedente de una ley similar aprobada en 2007 que permitía a hijos y nietos de españoles acceder a la nacionalidad. Estuvo vigente durante tres años y en ese período se concedió la ciudadanía española a más de 200.000 personas de diversos países, pero igualmente muchos quedaron por fuera. Esto tiene que ver con que las mujeres no podían transmitir la ciudadanía a sus hijos si el padre no era español y que además, en el caso de los nietos, solo podían acceder los menores de 18 años. Por lo tanto, hubo familias en las que los hermanos menores de edad obtuvieron la ciudadanía y los mayores no.

Con la nueva ley aprobada el año pasado son básicamente tres los grupos que pasaron a ser contemplados como españoles: los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la ley de 2007; hijos o nietos de españoles que hayan nacido fuera de España y se hayan ido por motivos político u económicos y, por último, los nietos de mujeres españolas que por casarse con extranjeros antes de 1978 habían perdido la ciudadanía.

Para Jorge Torres Cantalapiedra, representante por Uruguay en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, esta es “claramente una ley política”. “La ley busca reivindicar derechos para quienes somos y nos sentimos españoles, pero nacimos fuera de España”, sostiene Torres Cantalapiedra desde Madrid, en donde se encuentra por una reunión del consejo.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

A pesar de que inicialmente la legislación solo contemplaba a exiliados políticos, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior solicitó que también se contemplaran los motivos económicos para justificar la emigración y así “entró un gran número de personas de Uruguay”, según él.

Desde octubre del año pasado Torres Cantalapiedra -quien dice haberse criado en el Centro Gallego e integró diversas organizaciones vinculadas a España en Uruguay- recibe “unas 10 llamadas diarias” de personas interesadas en obtener la ciudadanía española.

El gran problema con la legislación son los cuellos de botella, porque no estará vigente por mucho tiempo más. La Ley de Memoria Democrática de España regirá hasta octubre de 2024 y -aunque existe la posibilidad de que tenga una prórroga de un año más, lo cual es prácticamente un hecho porque el PSOE seguirá al frente del gobierno español- luego de esa fecha no se podrán tramitar nuevas ciudadanías bajo la Ley de Nietos. El motivo tiene que ver con que se precisa una reforma del código civil español para que esté aprobada de manera permanente.

Foto: Archivo.

Debido a los plazos del trámite y el hecho de que inicialmente en un año se dejarán de recibir solicitudes es que muchos uruguayos como Laura Fagúndez -que se enteró de que podía acceder a la ciudadanía española hace poco- están apurados por presentar la documentación en el consulado. Ella se enteró por una compañera de trabajo y después una vecina la incorporó en el grupo de WhatsApp en el que el PSOE ofrece la gestoría. “Yo lo hago para irme. Tengo ganas de cambiar la pisada, probar suerte allá y también poder conocer algo más de las raíces de mi familia porque esa es la única herencia que yo tengo”, dice Laura, quien es enfermera y tiene dos hijos adolescentes. Algo similar le ocurre a Santiago Martínez: él no tiene urgencia porque no piensa ir a vivir a España, pero sí quiere obtener el pasaporte antes de que se venza el plazo. “Por las dudas”, aclara. Se recibió hace poco y “en algún momento” le gustaría hacer una maestría allá.

Todos los uruguayos que están en el trámite conocen a alguien que también lo ha hecho o que eventualmente lo podría hacer, porque se calcula que, además de los 70.000 uruguayos que ya tienen los papeles, hay otros miles que podrían acceder a la ciudadanía y ni siquiera lo saben.

Sumado a esto, buena parte de los que se interesan por el tema aspiran a emigrar y poder vivir y trabajar en algún país de Europa.

El volumen de uruguayos interesados en el trámite es tal que Torres Cantalapiedra asegura que quienes ya tienen la ciudadanía española y buscan renovar el pasaporte o hacer otro trámite en el consulado no tienen suerte consiguiendo una cita. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con otros consulados como el italiano (ver aparte), conseguir fecha para tramitar la ciudadanía española es “accesible”, según Eduardo, un gestor que trabaja de manera privada y cobra unos 600 dólares por el trámite.

Desde que entró en vigencia la normativa Eduardo ha hecho más de 100 trámites y su trabajo va desde averiguar dónde conseguir partidas de nacimiento del antepasado español hasta entrar a la página web del consulado durante la madrugada para ver si se liberan cupos. “No es un trámite complicado y es cierto que lo puede hacer cualquiera, el tema es el tiempo que tengas. Alguien que trabaja ocho horas quizá la tiene más complicada y no hay mucho tiempo para hacerlo porque tiene un plazo de vencimiento, entonces prefieren contratarme para quedarse tranquilos”, dice Eduardo. Su nombre no es real, fue modificado para esta nota: él prefiere no revelar su nombre verdadero. Según él, lo que cobra es “barato” al lado de otros gestores que por el mismo trámite están cobrando más de 1.000 dólares.

Shirley Estévez, la referente del PSOE, dice que el partido está en contra de las gestorías pagas porque “una ley que da un derecho no se debe transformar en un negocio”. Sin embargo, todo indica que muchos de quienes han obtenido la ciudadanía en el último tiempo prefieren contratar a alguien para solucionar el tema con mayor rapidez. Hay un mercado, oferta y demanda. Así las cosas, el trámite para sacar la nacionalidad española también puede ser un muy buen negocio para algunos.