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Eloísa Capurro

La realidad en algunos juzgados del país se torna desbordante. En los escritorios se apilan miles de expedientes, muchos más que el máximo permitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y las audiencias van postergándose para uno o dos meses. Los funcionarios dicen que no dan abasto y algunos magistrados opinan que hablar de un juicio que dure sólo un año es pensar en "la panacea".

La lentitud, dicen algunos, asegura las garantías necesarias en el proceso. Otros apuntan que la SCJ ha venido reduciendo los tiempos procesales. Ya no es usual que un juicio demore 10 años, como solía pasar. Pero todavía falta. "En la región, Uruguay sale bien parado en comparaciones en cuanto a la duración de los procesos. Pero es un fenómeno universal: la Justicia es lenta para las expectativas de los ciudadanos", acota la jueza civil Elena Martínez.

Al señalar las causas, algunos apuntan a las leyes y recuerdan que códigos como el Penal o el Procesal Penal datan de 1934. Pero los intentos de agilizarlos también se frustran. Este año el Parlamento aprobó una reforma que apuntaba a acortar los juicios en materia laboral. Entre otras cosas se estipulaba una audiencia única que debía llevarse en un plazo de 60 días. La reforma se aprobó con los votos del oficialismo.

En el papel quedó resuelto. Pero en los hechos no. La Asociación de Magistrados solicitó días atrás a la Suprema Corte de Justicia que se postergara la entrada en vigencia de la reforma. "El Poder Legislativo promulga leyes que tienen que ver con el trabajo del Poder Judicial pero no da los recursos necesarios. Arreglate como puedas", opinó su presidente, Eduardo Borges.

Según informó el ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak, se le solicitó al Ministerio de Trabajo una prórroga hasta marzo del año que viene para la entrada en vigencia de las reformas laborales. Para llevarlas a cabo el Poder debía crear cinco juzgados letrados que hoy, por razones presupuestales, no puede hacer. Con esta prórroga podría negociarse una partida presupuestal para abrir tres juzgados, y los otros dos serían creados por la Suprema Corte, eliminando juzgados de paz que no tengan demasiado trabajo.

Entre los actores del Poder Judicial, la queja más común es la sobrecarga de algunos juzgados. En los de familia especializados, donde se tratan casos de violencia doméstica, se pueden dar audiencias para dentro de un mes. Asociaciones vinculadas a esta problemática tienen casos de mujeres que deben esperar 20 días después de haber presentado la denuncia antes de que alguien las cite a declarar. Allí trabajan apenas nueve funcionarios para los dos turnos, insuficiente para el gremio. Y si la persona viola una orden de prohibición de acercamiento, con lo que el expediente pasa a otro juzgado, pueden pasar dos o tres meses antes de la audiencia.

Se estima, además, que en estos juzgados se estaría en un promedio de 700 u 800 expedientes anuales por turno. Con esto se estaría pisando los 1.000 expedientes que ha fijado como máximo la SCJ antes de abrir un nuevo turno. En juzgados de Salto o Paysandú se está en una media de 1.500 expedientes. "El problema es que no cualquier número que exceda un poco el número medio habilita por sí a la creación de un nuevo juzgado. Por razones materiales y presupuestales no siempre es fácil de forma inmediata crear un juzgado", explicó Chediak. Además, el ministro recordó que en lugares como la Ciudad de la Costa, la relación entre el número de habitantes por cada juez supera los promedios de Montevideo.

La política de la SCJ ha sido la de abrir más turnos y crear juzgados letrados, tanto en el interior del país como en Montevideo. Pero en algunos casos se ha hecho con poca previsión. Según los funcionarios, los nuevos turnos en el interior han sumado jueces, pero no así funcionarios.

"Si hay tarea para un magistrado, también hay tarea para el personal que hace de soporte de ese magistrado. Los especializados de penal se crearon con la dotación completa, que debería ser la política. A veces hay un solo alguacil para hacer todas las diligencias", criticó Sergio Núñez, secretario general de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. Dentro de su recorrido natural, un expediente pasa por las manos de entre ocho y 10 funcionarios. Esto sin considerar que requiera peritajes o que sea derivado a otro juzgado.

"En general cuando se solicitan juzgados nuevos, se solicita toda la estructura", explica Chediak. "La realidad ha determinado que a veces sale por ley presupuestado todo un juzgado, y a veces una parte de un juzgado".

Hasta los defensores de oficio están sobrecargados. En Maldonado pueden llegar a manejar los casos de hasta 200 presos a la vez (teniendo en cuenta que muchos están procesados con prisión y el abogado sólo debe tratar temas como la libertad condicional o salidas transitorias). En Montevideo la cifra puede rondar unos 100 casos por defensor, según informó el director de la Defensoría Pública, Juan Jacobo. "Hay lugares en donde amerita la creación de más defensorías", dijo. Por ley debe haber al menos un defensor de oficio por turno.

Toda esta sobrecarga responde en parte a un aumento en la demanda de la población al Poder Judicial. De acuerdo al último anuario que está elaborando la Justicia, en 2008 se alcanzó el mismo nivel de asuntos iniciados que se registraba antes de la crisis: 216.480 asuntos. Es un incremento de 8,2% con relación a 2007.

El crecimiento no se dio de forma pareja en todas las materias. Los juicios penales, de familia especializada y de adolescentes son los que en Montevideo sufrieron un mayor incremento de juicios iniciados. Sólo casos penales hubo un 22,8% más que en 2007. Detrás de los números, letrados y funcionarios judiciales señalan un incremento en la cantidad de juicios laborales. Fuentes del ámbito estimaron que la instalación de los Consejos de Salarios y las reformas impulsadas durante este gobierno, han dado a los trabajadores más leyes dentro de las que acogerse, lo que explicaría la mayor conflictividad.

También en materia civil se ve un aumento de causas, pero vinculadas a la conflictividad poscrisis. "La crisis de 2002 provocó un número de conflictos elevado que se trasladó a las causas civiles. Los procesos provocan un aumento importante en primera instancia y en segunda instancia se ve bastante después", dijo Elena Martínez, miembro de un Tribunal de Apleaciones en lo civil.

Lo mismo pasó ya en 1982. La diferencia, según estima el ministro Chediak, está en que hoy el crecimiento ha sido más prolongado en el tiempo. "Tuvimos una inflación del número de asuntos en el `83, `84 y `85. Luego empezó a bajar hasta recuperar el nivel histórico. Ahora fue más lento. Pero son episodios atípicos".

SOBRECARGADOS. Los efectos de esta saturación comienzan a afectar la salud de los funcionarios. Según informó Núñez, la División de Recursos Humanos señaló que existen 800 trabajadores con problemas psiquiátricos. En total son 3.500 administrativos.

"La persona que va al mostrador quiere que su problema se lo solucionen ya, y no entiende que el expediente tiene un proceso que no depende sólo de los funcionarios de la baranda. Y no sabe que hay 1.000 expedientes en el juzgado. Él quiere su expediente, su asunto", explicó Núñez. El gremio, sin embargo, desconfía de la cifra oficial y estima que la cantidad de licencias psiquiátricas pedidas es menor, por lo que se encuentran realizando su propio estudio.

También están relevando la edad de los funcionarios, ya que el último dato es de 2002 y revelaba que el promedio era superior a los 45 años de edad. "Ahora seguro que está más que eso", opinó el dirigente. Con el viejo sistema de ingreso al Poder Judicial, donde los integrantes de la SCJ eran quienes tenían potestad para designar de forma directa a los funcionarios, la edad de los administrativos lejos estuvo de ser tenida en cuenta. "Acá entró gente con 59 o 60 años", acotó Núñez.

Para intentar aliviar la carga el año pasado se realizó un concurso abierto para administrativos. La SCJ había exigido que se tratara de bachilleres con promedio 8 y con opción Derecho. Pero como no todos los que se inscribían cumplían con los requisitos, el concurso se dejó abierto hasta llegar a los 4.000 postulantes. Con esa cifra fue posible obtener 300 que pudieran de hecho concursar. El sindicato calcula que se necesitarán entre tres y cuatro meses más para configurar una lista de 150 personas para ingresar al sistema, y en parte culpa al alto nivel de exigencia del concurso.

Incluso teniendo en cuenta que ingrese personal que haya superado todas las pruebas, el Poder Judicial no puede garantizar que sea el idóneo para el cargo que ocupará. Según el secretario general del gremio, la institución no realiza cursos de capacitación desde el año 2004. "Para violencia doméstica prácticamente no se capacitó. El sindicato es que el hace unos cuatro o cinco talleres por año", señaló Núñez.

Algunos señalan que más que un problema de falta de funcionarios, se trata de la calidad de los mismos. "Creo que hay que desmitificar el tema de que hay pocos funcionarios. Porque depende de la cantidad y la realidad de cada juzgado. Hay juzgados que tienen mucho más trabajo que otros", estimó por su parte el juez civil Edgardo Ettlin. El interior, dijo, es un ejemplo claro. "En Canelones, por ejemplo, se trabaja mucho más que cualquier juzgado de Montevideo. A veces están atendiendo problemáticas muy complicadas como las de la capital, con recursos del interior". La opinión de que "hay funcionarios y funcionarios", fue compartida por varias fuentes.

BUROCRACIA JUDICIAL. La falta de funcionarios -o su calidad sumado a una alta carga laboral, afecta también a los ciudadanos que acuden a la Justicia. Porque la respuesta será, siempre, lenta. "Somos lentos para todo. Nos lleva un año tener ascensos para que los funcionarios de grado cuatro, pasen a grado tres. La parte administrativa es un reflejo de lo que es la jurisdiccional", opinó Núñez.

Las cifras parecen darle la razón. Entre los procesos civiles que culminaron en 2007 con sentencias definitivas, hubo 131 casos que se habían iniciado antes de 2003, según datos que el departamento de Estadística que el Poder Judicial cuelga en su página web. Algunos incluso se arrastraban desde la década de 1990. En el año 2008 se registraron 130 procesos civiles con sentencia definitiva que habían sido iniciados antes del año 2004.

Es cierto que estos casos no pasan del 10% de la totalidad de causas iniciadas. Pero los tiempos promedio que insume la Justicia parecen extensos, al menos para el común de la población. Una causa civil, según estadísticas de 2008, tenía una duración promedio de 24,9 meses en caso de que sea resuelto en primera instancia. En segunda instancia, a su vez, promediaron los 6,3 meses.

En materia laboral un proceso demora unos 16,2 meses en tener sentencia definitiva en primera instancia. Los procesos penales son los que menos tardan: apenas 13 meses.

Los juicios pueden enlentecerse incluso a pesar de que esté en juego la vida de una persona. El abogado Bautista Duhagón, especializado en violencia doméstica y que trabaja junto con la organización Ceprodih, bien lo sabe. "Tengo el caso de una mujer que denunció a un hombre por haberla agredido. El hombre lo admitió. Días presos: cero. Hace cuatro meses que el juzgado penal está para decidir. Y puede ser más. A veces los juzgados están recargados. Hay jueces que procesan a una persona en cuestión de horas, pero son los menos. Tenemos casos de mujeres que presentan una denuncia y pasan 20 días y no la citan".

A veces son las propias trampas que prevé la ley las que conspiran contra el sistema. Ettlin reconoció haber asistido a muchos pedidos para postergar audiencias con la excusa legal de tener otras en otros juzgados. Los abogados, dijo, suelen apelar a la salud del cliente para obtener una prórroga. Pero Ettlin no comparte la moción de que la actitud es permitida por los jueces. "Hay un criterio cada vez más estricto", señaló.

Incluso procedimientos normales de un juicio, como lo son el pedido de pruebas a otros organismos del Estado o el ordenamiento de peritajes técnicos, pueden enlentecer el transcurso de una causa. "Cuando necesitás la prueba de un organismo público o privado demora muchísimo, sobre todo cuando proviene de organismos públicos. También demora demasiado el tema de los peritajes en primera instancia. Es común llamar a los peritos para que aclaren algunas cuestiones en audiencia", opinó la jueza civil Martínez.

POR UN SISTEMA ÁGIL. Algunas soluciones comienzan a vislumbrarse. Este año la Justicia apostó a la incorporación de la notificación electrónica, esperando que la tecnología ayude a reducir los "tiempos muertos" del expediente.

Se trata de un sistema informático que permite al abogado notificar una demanda a través de correo electrónico. Fuentes jurídicas señalaron que con el método anterior se podían perder meses en la elaboración del cedulón, desde que el pedido salía del juzgado y hasta que llegaba a la central de notificaciones. Y de allí había que esperar que el funcionario judicial encontrara la dirección que, muchas veces, no era la correcta. Ahora todo se realiza por e-mail. El instrumento se ha implementado de forma piloto en 80 sedes de todo el país.

El camino de la tecnificación del poder llevará en un futuro a que todo el expediente tenga formato electrónico, eliminando el soporte papel. "En vez de estar hablando de semanas, hablamos de un par de días. La aspiración final es llegar al expediente electrónico. Porque hay un ahorro. El costo de la notificación electrónica es nulo, el soporte papel tiene un costo de papel, impresión, desplazamiento, hasta custodia de los expedientes. Es un costo muy importante", opinó el ministro Chediak.

Pero la solución está todavía en etapa de evaluación y algunos consideran que las mejoras en tiempos que pueden conllevar serán mínimas. "Lo pintan como que va a ser el sumum del sistema judicial. Pero hay cosas que se van a seguir notificando de forma personal porque la ley así lo exige como la sentencia definitiva. Puede ser que algo varíe pero todavía está muy en pañales", sentenció Núñez.

También este año se presentaron las reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal, cuyas comisiones venían trabajando desde 2006 a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Humanización de Cárceles. Pero su aprobación quedará recién para la próxima legislatura y, además, deberá ser acompañada de un presupuesto que los sustenten. "Tiene que haber más jueces, locales adecuados para las audiencias, más fiscales porque tendrán otro protagonismo. Tiene que haber una política no sólo del cambio, sino de darle infraestructura. Si no, no puede funcionar", opinó la fiscal penal Mirtha Guianze.

Según informó Chediak, esto es lo que se ha dejado claro por parte del Poder Judicial en las comisiones encargadas de las reformas. De hecho, un representante del Ministerio de Economía ha acompañado la elaboración de los anteproyectos.

La voluntad política para aprobar los nuevos códigos en la próxima legislatura está. Su implementación, teniendo en cuenta que significarán una dotación económica, se hará de forma parcial comenzando en el interior.

LA JUSTICIA POR DENTRO. En mayor o menor medida, estos problema se trasladan a los juicios. Qué Pasa visitó un juzgado laboral de Montevideo: abogados, funcionarios y defendidos hacían cola para entrar al ascensor. Uno de los dos aparatos, de esos de rejas metálicas, estaba fuera de servicio. Entre esperar o subir varios pisos por escalera, la mayoría prefirió la primera opción.

Salteándose la fila, entró un hombre de unos 50 años. Estaba vestido con un saco raído, una boina vieja y calzaba zapatos que tenían las suelas despegadas. El aire se cargaba de su olor.

Al llegar al séptimo piso, el ascensor se descomprimió. El señor se bajó y se perdió entre los escritorios como un funcionario más. Una abogada detrás suyo acotó lo increíble: lo era.

La doctora en leyes, cuyo nombre se mantendrá en reserva, esperaba junto con su cliente a que comenzara la audiencia. Su demanda laboral lleva casi un año de trámites, aunque ya están en las etapas finales; no han tenido los problemas clásicos del Poder Judicial.

Hasta ahora por lo menos. Minutos antes de entrar a la sala, una funcionaria se acercó para explicar que el juez que viene siguiendo el expediente desde su inicio, se fue de licencia. En su lugar quedará una magistrada. "Esperemos que haya leído el expediente", suspiró la abogada.

Mientras ellos esperaban, los funcionarios judiciales -unas seis personas, algunos jóvenes y otros de más de 40- ordenaban papeles, charlaban o ingresaban datos a las computadoras. Una de ellas, con aguja e hilo en mano, cosía uno de los tantos expedientes que se agolpaban en los escritorios. "Todo es cuestión de saber cómo hacer que el sistema funcione a tu favor", explicó la abogada cuando se le consultó si los funcionarios trabajan o hacen la plancha. La clave del asunto está en conocerlos y saber a quién pedirle qué cosa.

La audiencia se llevó a cabo en una oficina como cualquier otra. Cuatro escritorios, enfrentados dos en dos conforman los sitios del juez, taquígrafa, demandante y demandado. Salvo por el retrato de Artigas, que cuelga de una de las paredes -la única que no tiene la pintura resquebrajada-, poco hay allí de solemne.

Tras las primeras preguntas que la jueza realizó a los testigos, la abogada del demandante suspiró. Resulta obvio que leyó el expediente, un fajo de hojas y hojas que descansa en su escritorio.

Después de dos horas, la jueza sacó su agenda: era hora de fijar cuándo serán los alegatos de cierre. "¿En noviembre les queda bien?", dijo y explicó que era la primera fecha disponible, aunque sea dentro de más de un mes.

Antes de finalizar, esperaban a que los abogados de la contraparte chequearan las pruebas del expediente. "Esto lo tendrían que haber hecho el día anterior", acotó la abogada del demandante.

Dos horas después de haber comenzado, la audiencia llegó a su fin. En las próximas semanas vendrán reuniones para delinear los últimos puntos de la estrategia y es probable que todo termine a principios de 2010. Un juicio rápido, teniendo en cuenta que la abogada del demandante todavía espera que se fije la audiencia complementaria de un juicio iniciado en agosto de 2008. Sin dudas, todo podría haber sido mucho peor.

"El Poder Judicial necesita más presupuesto". Así resume el problema el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

Su presupuesto ronda los 105 millones de dólares. De esto el 81% fue destinado a sueldos, el 13% a gastos y el 6% a inversiones.

"Tenemos el triple de los titulares que el Poder Legislativo, una proporción de uno a tres en funcionarios y además funcionamos en todo el país. Sin embargo nuestro porcentaje presupuestal es similar. Dados esos números necesitaríamos una dotación presupuestal más grande", agregó.

años era el promedio de edad de los funcionarios judiciales según datos de 2002.

meses demoraron en promedio las causas civiles del año 2008, según datos oficiales.

El juzgado de Florida entiende en materia civil, familia, concursal, laboral y familia especializado (comprendiendo tanto violencia doméstica como menores en situación de riesgo). Para todo esto funciona en dos turnos y tiene nueve administrativos. "Necesitamos por lo menos dos más", dice Hilario Castro, el actuario adjunto. Allí se fijan audiencias entre 45 y 60 días, salvo en casos de violencia doméstica y menores en situación de riesgo, donde sólo se requieren 48 horas. En promedio tienen unas cinco o seis audiencias por día; algunas pueden terminar a las 22. Y esto con funcionarios que, en su mayoría, pisan los 60 años de edad. Igual no llegan a los 1.000 expedientes anuales por turno. Su esperanza es que el trabajo baje cuando en octubre se cierre el llamado a concurso que realizaron. Pero esos se incorporarán, con suerte, a mediados de 2010.

En octubre de 2008 se inauguró el Palacio de los Tribunales, el más nuevo edificio del Poder Judicial. La estructura, hecha con elementos nobles, se destaca entre los juzgados de la capital y de hecho es tomada como modelo a seguir cuando se piensa en cómo deberían ser las sedes judiciales. "Es el primer centro que se puede mostrar a visitantes extranjeros sin temor a pasar vergüenza", explicó Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero también allí se dejaron ver las fallas del sistema. El aire acondicionado no está funcionando, hay pisos de madera que no fueron plastificados y hasta hubo problemas con la calefacción. Con presupuesto, dice Chediak, todo se irá solucionando.

En el próximo gobierno los funcionarios judiciales reclamarán mejores sueldos. Quieren que las compensaciones que reciben los profesionales no estén enganchadas al salario base. "Un actuario cobra una dedicación permanente del 45% del sueldo base y puede ser full time con un 60% más", explicó Sergio Núñez, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales.