La directiva de Cruz Roja Uruguay fue removida y el MEC determinó la intervención del organismo. Denuncias por abusos de autoridad, desvíos de fondo, trato deshumanizante motivaron la actuación de la Fiscalía de Gobierno y luego del Ministerio. El panorama a resolver es complejo.

Por seis meses la Cruz Roja Uruguaya será intervenida por un consejo nombrado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que sustanció las denuncias e informes presentados por la Fiscalía de Gobierno de 2° Turno en torno a severas irregularidades en el organismo internacional. Los tres interventores designados tomarán el control de la institución y desplazarán a sus actuales autoridades. Quedarán bajo su escrutiño situaciones irregulares tales como el manejo de las donaciones para los afectados por el tornado de Dolores, fondos que se denunciaron como desviados o retenidos. En caso de que los interventores encuentren hechos de apariencia delictiva en estas maniobras lo llevarán ante la Justicia Penal, indicaron fuentes del MEC.

"La intervención está basada en irregularidades estatutarias, que fue lo que en principio encontramos, después si surgen alementos de apariencia delictiva, no quiere decir que los haya, los interventores darán o no pase a la Justicia", explicó a El País el director de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del MEC, Juan Pablo Maqueira.

En una primera instancia la denuncia formulada por varios presidentes de comités departamentales y voluntarios de Cruz Roja fue tratada por la fiscal de Gobierno Myriam Areosa, quien observó severas irregularidades e informó al Ministerio, recomendando su intervención.

"Los interventores van a tener el control de esta asociación civil por un plazo de seis meses, con la opción de prorrogarlo seis meses más si lo solicitan", explicó Maqueira.

La denuncia original reclamaba a los futuros interventores la posibilidad de "identificar desvíos, ausencia de cumplimiento de elementales reglas de buena administración, abuso de derecho y de funciones".

La disputa interna que derivó en las graves denuncias, y posteriormente en la acción del MEC, comenzó tiempo atrás cuando varios de sus miembros reclamaron por la conducta de los integrantes de la directiva. Esto llevó a la suspensión de las comunicaciones y del flujo de fondos a las filiales, como fue el caso del Comité Departamental de Soriano que en abril pasado se vio en la emergencia debido al tornado que barrió Dolores.

Pero el malestar venía ocurriendo en varios niveles de la organización. Precisamente uno de los puntos denunciados tiene que ver con el "trato deshumanizante a la casera de la institución".

La denuncia original planteaba en tal sentido que la casera de la sede de Cruz Roja Uruguay residía en una precaria casa dentro del edificio institucional. "Las condiciones de la vivienda dejan de lado la humanidad que debemos predicar en una institución que ve por los más vulnerables (estado de baño, cocina, lamentable)", señalaba el documento. "Esta familia (la casera con su hija y una nieta de tres años) es víctima de extorsión y amenazas constantes", añadía la denuncia.

Se sumaba a estas contravenciones otras que recaían sobre los voluntarios, como el hecho de impedir su acceso a cursos de capacitación. O aquellos casos en los que sí recibieron formación en el exterior, luego no encuentran cabida en las estructuras de la organización.

"El proyecto financiado por la Cruz Roja Italiana es llevado adelante por voluntarios uruguayos que se forman en dicho país, que al volver no son acompañados en los procesos de implantación, negándoles la posibilidad de trabajar en lo que fueron formados, desencadenando la renuncia de varios de ellos, volviendo al mal trato y la desconsideración".

Un antecedente de malos manejos de la ayuda humanitaria había tenido lugar ya en 2015 en ocasión de las inundaciones en Durazno, pero las situaciones más graves ocurrieron este año durante la catástrofe en Dolores.

Los denunciantes señalaron el faltante de alrededor de $ 3,4 millones de fondos donados por el banco BBVA, McDonalds y Paganza. Los necesitados de esta ciudad recibieron una primera partida proveniente del fondo de desastres de la institución (conocido como DREF, por sus siglas en inglés), pero no estas sumas mencionadas.

Un abogado, un contador y un técnico administrativo no pertenecientes a la institución y seleccionados por su perfil por el MEC se enfrentarán a este complejo panorama a partir del próximo lunes.

Los interventores tienen cuatro objetivos que cumplir. 1) Ordenar el caos administrativo y financiero de la institución. 2) Depurar el padrón de socios. 3) Analizar los estatutos y evaluar su posible reforma. 4) Promover nuevas elecciones, ya sea bajo el estatuto vigente o bajo uno nuevo redactado por la intervención.

"Les dimos este mandato y al cabo de ese plazo tendrán que elaborar un informe, si lo consideran necesario podrán pedir un plazo de prórroga", explicó el director de Asuntos Constitucionales.

Las autoridades desplazadas conservarán el carácter de socios de la institución y en la eventualidad de que se convoque a nuevas elecciones podrán postularse, siempre y cuando no pesen imputaciones sobre ellos.

"Queda en manos de los interventores examinar si estas personas incurrieron en algún tipo de irregularidad prevista en los estatutos que amerite, por ejemplo, su suspensión", señaló Maqueira.

Los profesionales serán pagados con fondos de la institución, "el MEC se limita a designarlos como profesionales independientes". El equipo deberá presentar un informe completo del estado de situación en abril próximo. Para entonces se cumplirá un año del desastre que afectó a Dolores y puso esta situación al desnudo.

"En cualquier caso los interventores tendrán un elenco de medidas bastante amplio para aplicar que van desde el apercibimiento a la cancelación de la personería jurídica", explicó Maqueira.

En este período Cruz Roja tiene por delante recuperar el prestigio de una de las organizaciones humanitarias más antiguas del mundo y reconquistar la confianza de los ciudadanos.

Dolores ha logrado reconstruirse en un 50 por ciento, según estimó su alcalde Javier Uttermark. La meta es que llegue al 80 % en materia de viviendas para este fin de año. Varias decenas de familias han logrado resarcirse de sus viviendas, pero otras aún viven en situación de emergencia. El padrón de afectados llegó a las 1.800 propiedades, de estos 1.400 recibieron canastas de materiales ofrecidos por el Estado a través de distintos canales. Pero hay un núcleo duro de 200 familias que quedaron literalmente en la calle. La intervención de distintos planes está subsanando este cuadro. De las 60 viviendas proyectadas, MEVIR entregó ya 40. La constructora Smith entregó 20 viviendas prefabricadas de un total de 30. La Intendencia de Soriano construyó otras 50 sobre terrenos municipales. En tanto mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda (Mvotma) y el de Transporte (MTOP) se intervino ya en la refacción de 60 viviendas y restan 80 de este plan. "Todavía tenemos entre ochenta y cien personas viviendo en contenedores, que son familias que están a la espera de recibir estas casas", explicó Uttermark. "Si tuviera que hacer una estimación diría que estamos alrededor del 50 por ciento de viviendas reconstruidas, esperamos llegar a fin de año con el 80 por ciento terminadas", señaló el alcalde. Docentes y estudiantes de las facultades de Ingeniería y de Agronomía trabajan en Dolores para un relevamiento topográfico y un programa de cultivo de huertas, respectivamente.

RENZO ROSSELLO

BAJO LA LUPARENZO ROSSELLO