Denuncias crecen 30%

Fueron dos días frenéticos, que la protagonista de esta historia vivió con la emoción atragantada que traen las noticias que llegan para sacudirlo todo. Esto es un “golpe de suerte”, pensó. Luego de 15 años de residir en Barcelona, una vieja amiga le había escrito un mensaje mediante Facebook contándole que, asustada por la pandemia, había resuelto volverse definitivamente a Uruguay. Eso sí: quería traer sus ahorros en efectivo y para hacerlo le habían dicho que pusiera los billetes en una valija y la enviara sola, en un avión distinto del que viajaría ella con el resto del equipaje. “Cosas del primer mundo”, se dijo al escuchar este curioso relato.

El asunto es que esa valiosa maleta llegaría antes a Montevideo, y únicamente confiaba ciegamente en ella para que la recibiera en su domicilio. Dentro, a modo de agradecimiento, le enviaría un “regalito especial”. Ya lo iba a ver; “te va a hacer muy feliz”, le prometió.

Entonces, del Facebook pasaron al WhatsApp con un número extranjero. “Es el de Barcelona”; nada raro. Ahí fue cuando la vieja amiga le pidió un pequeño e incómodo favor, que —por supuesto— le sería recompensado:

—Necesito 2.000 dólares para pagar el envío de la valija —le planteó.

—No hay problema, después me los devolvés —respondió confiada, y le hizo la transferencia por una empresa de mensajería internacional que esta le indicó. Esta firma permite retirar dinero únicamente revelando el número de giro; no hace falta mostrar documentos.

Como una señal de que el plan iba bien, le envió una foto genérica de un aeropuerto, con una maleta en primer plano. Pero un rato más tarde llegó otra foto: esta mostraba el peso del equipaje.

—¡No sabés lo que me pasó! Me excedí de peso y ahora me piden 1.200 dólares —le escribió la amiga desde Europa.

—Yo te ayudo, te los mando —la volvió a tranquilizar. Era viernes. Inventó una excusa, salió del trabajo e hizo otro giro.

Al día siguiente, continuaron los imprevistos.

—La valija llegó a Estados Unidos y ahora me dicen que descubrieron que había dinero adentro sin declarar. ¡Me cobran el 10% del monto total o me la retienen y pierdo todo! —la puso al tanto la amiga.

A la protagonista —una mujer de 60 años— ya no le quedaban dólares para prestar. Llamó a su hija. La mandó en un taxi a una red de cobranzas y la convenció de que solicitara un préstamo, cuyo dinero le dieron en el acto y transfirió por la misma empresa de mensajería.

—¡Ay pobre tu hija! Decile que cuando llegue le devuelvo la plata del taxi —bromeaban desde el número extranjero.

—¡No te preocupes! Qué increíble lo adelantados que están los radares para detectar que hay dinero, ¿verdad? —continuó la charla desde Montevideo.

Después le mandó una foto del código en el asa de la valija. Y otro mensaje.

—Guardate este número que te lo van a pedir de la compañía aérea. Te la van a llevar mañana a tu casa.

Pero la valija no llegó. Pasaron las horas. La mujer, preocupada por las finanzas de su amiga, llamó a la aerolínea. La telefonista escuchó la consulta. “No hay problema”, le dijo, y le pidió que le dictara el código que veía en la fotografía. A la tercera cifra la interrumpió y le advirtió que esa combinación era imposible.

El fiscal de flagrancia Leonardo Morales leía esta conversación, alzaba la vista hacia la víctima que tenía enfrente dándole su declaración y volvía a sumergirse en la novelesca secuencia. “Es increíble lo crédula que es la gente. Leyendo uno se daba cuenta de que eran personas diferentes las que la contactaban. Los mensajes empiezan con una escritura muy correcta, el estafador le hace chistes, se muestra muy amable, y a medida que pasan las horas el léxico cambia. Los últimos mensajes tenían unas faltas ortográficas tremendas, porque es muy difícil que uno pueda esconder su verdadera naturaleza en la escritura”, plantea. Todo ese tiempo le habían estado escribiendo desde un celular en Bolivia.

De acuerdo a un análisis que elaboró la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, al que accedió El País, en el primer semestre de 2020 (desde el 1° enero al 30 de junio) las estafas se incrementaron 30% con respecto al mismo período de 2019. Entre las siete modalidades más repetidas está la del “cuento de la valija”.

Es tan popular que Interpol lanzó una alerta internacional. En nuestro país, si bien es una de las estafas más denunciadas e investigadas por Delitos Financieros, es el engaño que menos delitos consumados logró de acuerdo al análisis mencionado: solo el 38% de las víctimas cayó en la trampa, en especial mujeres mayores de 52 años. Los artífices suelen estar en Chile, Argentina, Perú, Bolivia y México. Es que ahora más que nunca las estafas expandieron sus fronteras.

Casi nadie usa uniforme policial en la oficina de Interpol, donde la circulación de funcionarios que entran y salen es permanente. Se saludan entre sí con familiaridad. Algunos visten jean y camisa, otros llevan ropa deportiva. Así, en la calle, podrían ser cualquiera.

—¿Qué pasó, dónde estabas? —le pregunta preocupado el recepcionista a un hombre que ingresa con el rostro fruncido.

—Después te digo —le suelta con molestia, mientras marca una clave para abrir una puerta blindada. Y desaparece.

Aquí, todos parecen tener entre manos una misión importante.

Las tienen. Esta es una época agitada. En la oficina de la dirección, un investigador confirma que debido al cambio de hábitos que intensificó la pandemia, las estafas por internet aumentaron en el mundo entero. Lo pone así: las personas estamos más tiempo conectadas y los estafadores están en línea buscando a sus blancos preferidos, los detectan y “ofertan”. Dice “ofertan” porque la mayoría de las estafas se basan en “ofrecer” una oportunidad que parece única, pero no.

“Lo más importante que hay que entender es la facilidad con la que se accede a la información, por lo general por redes sociales. Los estafadores son verdaderos agentes de inteligencia. Les van socavando datos a la víctima durante las conversaciones y los usan para mantenerla atada al engaño. Hay que entender que el estafador sabe tu historia”, lanza.

Al 30 de junio de 2020, el Ministerio del Interior había recibido 4.901 denuncias (2.903 en el interior, 1.998 en Montevideo). Desde setiembre de 2019 las estafas venían creciendo: sin embargo el mayor pico se registró en abril pasado, cuando se constató un incremento del 13,4%. La buena noticia es que la persecución de este delito mejoró. Las estadísticas de la Fiscalía indican que las denuncias formalizadas con al menos un imputado por estafa pasaron de 16 en el primer semestre de 2018, a 83 en el mismo lapso de 2019, a 123 en 2020.

Esta evolución tiene distintas explicaciones. Para empezar, unos meses atrás se modificaron las competencias de las (dos) fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Complejos, asignándoles únicamente las estafas que superan los 100.000 dólares. Los eventos con montos inferiores van a parar a los escritorios de los fiscales de flagrancia. Estos magistrados están una semana de turno al mes, siendo avisados por la Policía —en ese lapso— de todos los casos detenidos in fraganti. A la par, fuera del turno, la oficina que recepciona todas las denuncias y las distribuye entre las distintas fiscalías, les hace llegar investigaciones específicas.

La fiscal Brenda Puppo es consciente de que este sistema tiene pros y contras. El diseño de gestión del nuevo Código del Proceso Penal mejoró la penetración de la investigación en los delitos especializados puesto que, en vez de que un juzgado investigue las denuncias de forma unitaria y aislada en la localidad donde ocurrió, se cruzan las estafas con característica similares a lo largo y ancho del país y se agrupan los casos, asignándole la pesquisa a una o más fiscalías que concentrarán la información. Es más efectivo.

Pero también puede suceder que algunas denuncias de estafas no sean asignadas y queden en el limbo. “De esas nos enteramos porque viene el denunciante a quejarse de que no ha tenido noticias y ahí yo digo que son las que nos autoasignamos ‘a impulso de brutal ferocidad’, es decir por el enojo de la víctima”, confiesa Puppo. Esto podría explicar —en parte— la brecha entre las denuncias registradas (4.901) y las formalizaciones (123).

Otro factor que enturbia el castigo de este delito tiene que ver con el propio uso de medios digitales. Y la situación se complejiza aún más si los autores están en el exterior. Contrariamente a lo que podría pensarse, la evidencia es más difícil de conseguir en los delitos informáticos porque no hay pruebas tangibles ni un lugar al que se puede allanar en su búsqueda.

Desde Delitos Informáticos explican que tienen conexiones directas con la mayoría de las empresas internacionales utilizadas para estafar: Facebook, Instagram, Twitter y Mercado Libre, entre otras. El proceso es el siguiente: el fiscal debe solicitarle al juez que emita una solicitud de información técnica. Con este documento, la Policía tiene dos caminos: mediante una plataforma específica que utilizan para esto o realizar un exhorto.

Una vez que la empresa recibe el pedido, inicia un proceso interno cuya demora depende de la gravedad del delito. “Pueden responder al día siguiente, al mes o nunca”, dice una fuente. En el mejor de los casos lo que esto permitirá determinar es en qué territorio está el rúter o el celular. Solo eso.

“Las empresas colaboran, pero el tema es que se basan en las leyes de su país de lo que es un delito grave. Primero ellas hacen su propia investigación interna de que se haya cometido una estafa en su plataforma. Pero, además, te dan la información siempre y cuando el perfil denunciado se mantenga activo... aunque se puede recurrir a picardías”, dice un investigador.

La clave está en la velocidad. En el 80% de los casos, como se actúa rápido, el perfil no fue cerrado y se obtiene la información requerida. “Pero mover una maquinaria judicial para extraditar a una persona por una estafa de 2.000 pesos no tiene sentido. Entonces hay muchas denuncias que no se persiguen por eso, aunque Interpol comparte esa información con sus pares del exterior”, dice un fiscal. Además, están los delincuentes más sofisticados que usan herramientas imposibles de rastrear. De estas en Delitos Informáticos no se habla: “No hay que avivar giles”, se excusa el investigador, parafraseando a José Mujica.

Hay estafas a mansalva, de todos los montos y para todos los gustos. Las hay burdas y elaboradas; las hay más “sádicas” que otras.

Pongamos el ejemplo de las cometidas por ventas ficticias en internet, delito que logró ser consumado en el 92% de las denuncias recibidas. En algunos casos al autor no le basta con quedarse con el giro exigido bajo la promesa de entregar un artículo que no posee, si no que algunos envían la encomienda con un packaging cuidado que está lleno de papel picado.

La pandemia trajo, además, una variante en esta modalidad que se está replicando por todo el país y tiene un foco en Colonia. La operación comienza recolectando cédulas de identidad extraviadas o robadas. Luego, tomando la identidad de alguna de estas personas, se abre un perfil falso para ofrecer algún producto de moda (celulares o Play Station, por ejemplo) a un precio ridículamente atractivo. El giro mediante red de cobranza debe hacerse a ese nombre y con ese número de documento. El estafador ingresa a buscar el depósito con la cédula que no le pertenece en la mano, usando un peinado similar al de la fotografía y se coloca un tapabocas bien amplio que le cubra el rostro. Hecho.

El COVID-19 también incentivó la imaginación de los ejecutores del famoso “cuento del tío”. Hagamos un poco de historia. Los primeros casos arrancaron por 2019 como una maniobra importada. Por ese entonces hubo formalizados de nacionalidad peruana y fundamentalmente argentina. “Allá operó durante mucho tiempo ‘la banda de los cara de nene’, apodada así porque eran jovencitos bien vestidos con un aspecto que hacía que los ancianos estafados no desconfiaran de ellos. Algunos pensamos que podría ser la misma banda la que empezó a operar aquí. Venían a Montevideo a cometer el delito y se iban. A veces, por el día. A uno lo detuvimos en el puerto a punto de subirse al buque con una mochila que contenía el dinero. Pensamos que los uruguayos primero les daban apoyo logístico y luego terminaron independizándose”, cuenta el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez.

Según relataron otros fiscales, el “cuento del tío” es una estafa que comienza con una llamada a un número fijo y se focaliza en víctimas ancianas que viven principalmente en Pocitos y en Malvín. El 61% de las veces la estafa es exitosa. La estratagema es cambiante. Ahora —otra vez en el marco del COVID-19— hay quienes simulan ser contadores de distintos bancos, sobre todo del Banco República (BROU). El embuste dice que hay billetes de 500, 1.000 y 2.000 pesos que serán sacados de circulación. El banco le ofrece a sus clientes que integran el grupo de mayor riesgo frente al contagio, enviar a un contador a su domicilio a retirar el dinero que tengan en efectivo.

Los ancianos también son las principales víctimas de los falsos secuestros de familiares. El fiscal Carlos Negro señala que en algunos casos estos delitos se cometen desde la cárcel, “cuya población se incrementa a diario y donde ocurre un tráfico de celulares importante”. También es recurrente que se relacionen a celulares argentinos. “Es una constante. Tienen un mayor nivel de elaboración y de descaro. Nosotros tenemos cierta ingenuidad delictiva y somos carne de cañón”, plantea.

La imagen que brindan las cámaras de seguridad cercanas a los domicilios de las víctimas son duras. Se ve a ancianos que fueron despertados en medio de la madrugada con la advertencia de que había sido secuestrado un ser querido y ahora deberían pagar por su vida. “Los ves salir en bata, sigilosos, con una bolsita en la mano y dejarla en la vereda o al lado de un contenedor. Es muy triste”, describe el fiscal Morales. La estafa de los falsos secuestros tiene un índice de efectividad del 100%: los abuelos siempre pagan.

La maniobra del “phishing” también es infalible. Se trata de generar versiones falsas de páginas famosas (de nuevo el BROU aparece entre las víctimas recurrentes) donde las personas ingresan sus datos financieros, o incluso compran productos usando una tarjeta de crédito en la que se descuenta la compra pero el artículo no llega. Y, encima, a veces estas tarjetas terminan clonadas.

De las falsificaciones ni los bancos se salvan. El fiscal Rodríguez cuenta que investiga el uso de recibos de sueldo apócrifos para préstamos personales y para adquirir vehículos. También es popular la estafa de autos que, entre varias maniobras, se venden con documentación “trucha” a particulares. Los peritos especializados salen a la calle cada día en busca de motos y autos robados y al menos uno o dos recuperan. Los propietarios, inocentes, terminan quedándose a pie y corren el riesgo de ser acusados de receptación.

Las redes de cobranza también han sido elegidas por los impostores. La acción consiste en hacerse pasar por una autoridad policial local y llamar a comercios solicitando datos filiatorios con la excusa de hacer un relevamiento de los negocios de la zona para —cinismo mediante— mejorar la seguridad. Con esta información, llaman a Red Pagos y a Abitab y, fingiendo ser un cliente habitual, se pide que se adelante un giro a favor de otro beneficiario bajo la promesa de que se pasaría más tarde a pagar. Hasta ahora, el 54% de las veces se salieron con la suya.

Otras veces los victimarios fingen ser inspectores gastronómicos y advierten a distintos locales que, tras recibir una denuncia de un cliente que habría consumido un alimento en mal estado, se procederá a inspeccionar el lugar y eventualmente clausurarlo. Luego, les dicen que para evitar ese proceso se pueden hacer otros trámites cuyo valor solicitan que les sean abonados por redes de cobranza. Y está el oscuro mundo de los préstamos online. Los autores son uruguayos y también extranjeros que ofrecen créditos sin garantías y rápidos pero a cambio piden determinado monto para cubrir costos administrativos. El 96% de las veces el usuario envió el dinero, incluso aunque la transferencia haya sido internacional y los contactos se hubieran realizado con números de WhatsApp de países inauditos como Benín: en África.

“Son capaces de generar argumentos tan sólidos que son difíciles de desarticular”, opina una fiscal consultada. Una persona denunció que había recibido un mail de un supuesto empresario africano que buscaba su ayuda —la de un desconocido— para escapar de un país dictatorial salvando sus millones de dólares. La propuesta era ponerlo a prueba, pidiéndole que el elegido le gire sumas de miles de dólares para confirmar que la transacción se haría de forma correcta y entonces, él le enviaría millones. La misma historia se hizo cambiando África por distintos países árabes. Miles de billetes se enviaron desde Uruguay con la ilusión de estar ante una oportunidad única.

“El que estafa una vez estafa mil veces, porque por lo general sus autores no se pasan a un delito más violento”, opina una investigadora. Y además la pena “no tiene un abanico amplio”: va de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, máxima que raramente se dicta en una sentencia por este delito.

“Yo digo que son mentes extrañas, brillantes en algunos casos, pero rebuscadas en otros”, dice Morales, y se explica:

—Hace poco tuve el caso de un hombre que fingió ser un empresario del fútbol que vivía en el exterior y que buscaba socios locales. Tras conquistarlos, les decía a las víctimas que estaba en un país y después en otro; les relataba partidos que iba a ver a estadios que en realidad estaban cerrados por la pandemia, pero él igual iba armando una crónica de las ciudades por las que supuestamente viajaba. En un momento dado les comenzó a pedir dinero con distintas excusas. Y la gente se lo enviaba. El tipo siempre estuvo en Salto. ¿Sabés qué es lo curioso? Que cuando una de las víctimas lo descubrió, él le prometió que le iba a devolver la plata. Pasó el tiempo, la víctima no lo buscó más y él mismo le volvió a escribir. “Te pido que me des 15 días”. Pasó un mes, y después lo mismo: “Mirá que no me olvidé de lo tuyo”. ¿Dónde se vio algo igual?