En busca de una vejez tranquila

A 6 meses de la implementación de la ley, la mitad de los cincuentones que se entrevistó en BPS resolvió desafiliarse de las AFAP y que el Estado maneje su jubilación. La solución costará US$ 1.300 millones o más, ya que es la primera etapa. Autoridades estiman que el desembolso podría triplicarse.

Se encargaron de hacer al menos dos manifestaciones por mes. Se reunieron frente a la Torre Ejecutiva, en la puerta del Palacio Legislativo y unieron fuerzas en Facebook. Eran más de 30.000 uruguayos que reclamaban que sus jubilaciones serían hasta un 30% más bajas que lo que les correspondía, ya que un cambio en 1996 los había afectado. Las movilizaciones de los cincuentones lograron torcer el brazo del presidente Tabaré Vázquez y, con la aprobación de la mayoría del Parlamento, consiguieron que en diciembre de 2017 se aprobara una ley para que pudieran abandonar las AFAP. Ahora, casi la mitad de ellos resolvió desafiliarse del régimen mixto de seguridad social y volcó sus ahorros al Banco de Previsión Social (BPS).

Las entrevistas personales empezaron en mayo. Decenas de personas aguardaban en la calle Mercedes a que un funcionario del BPS les hiciera los cálculos para saber qué sistema les serviría más. Después de esa reunión, los trabajadores tenían 90 días para tomar una decisión: o mantenían la mitad de sus aportes dentro del régimen privado o los llevaban al fondo común del Estado.

Unas 33.925 personas solicitaron asesoramiento durante los primeros seis meses de entrevistas. Y al menos 14.257 cambiaron de régimen, según datos recabados por BPS hasta el 15 de noviembre. Pero todavía hay 5.726 entrevistados que están en el plazo de 90 días para decidir, por lo que la cifra podría aumentar.

Ramón Ruiz estuvo del lado de los cincuentones desde el principio. El representante por los trabajadores en el directorio de BPS considera que las primeras cifras demuestran que el cambio propuesto por la ley era necesario. “Confirma el reclamo, efectivamente la gente estaba perdiendo dinero por el régimen jubilatorio mixto”, sostiene. De hecho, el 63% de las personas que abandonaron las AFAP lo hicieron el día de la primera entrevista.

Una vez que se desafilian, el sistema privado le entrega al Estado los ahorros que generó el usuario durante los años de aportes. Pero el total del capital no es utilizado en la jubilación del titular, ya que un 10% del dinero se lo queda el BPS porque la ley así lo prevé para cubrir los costos de las transferencias. Por lo tanto, las pasividades de los cincuentones que renunciaron al sistema mixto tampoco son tan buenas como si nunca hubieran formado parte de él.

Para Hoenir Sarthou, el abogado que los asesoró en el proceso, la solución igual es mejor que lo que había antes.

“La cifra de cincuentones que se desafiliaron sería mayor si les pagaran la totalidad. Pero cobran menos porque la ley les retaceó una parte y les da un 90% de la jubilación que les habría tocado si no hubieran cambiado. Así y todo, para la mitad es mejor pasarse a BPS”, afirma.

Pero, ¿quiénes son los perjudicados? Si bien 200.000 uruguayos forman parte de esta generación, el régimen mixto afectó a entre 30.000 y 40.000 personas. Entre los trabajadores que formaron parte de la reforma de la seguridad social, en 1996, había tres grupos: los que estaban cerca de la jubilación, otros que al 1° de abril de ese año tenían entre 40 y 60 años, y los que todavía no habían cumplido 40. Ellos son quienes, 20 años después, hacen fila en la puerta del BPS para calcular sus pasividades y evaluar qué les conviene más.

Sarthou reconoce que los cincuentones no estaban pensando en su retiro en ese momento. Tenían menos de 40 años y estaban en plena actividad laboral, pero con el correr del tiempo se dieron cuenta de que la afiliación a las AFAP no era lo que les habían prometido. En la década de 1990 se decía que los trabajadores iban a tener dos jubilaciones gracias a este sistema -una por BPS y otra privada- y que ambos pagos iban a ser más beneficiosos que el sueldo que cobraban.

En muchos casos la afiliación fue voluntaria, pero en otros fue obligatoria. En abril de 1996, todos los menores de 40 años que cobraban más de $ 5.000 por mes ($ 48.953 actuales) debieron asociarse a una AFAP, que administraría sus ahorros. Y como el BPS estaba casi fundido antes de la reforma, los aportes previos no se volcaron a las cuentas privadas, por lo que los cincuentones comenzaron a ahorrar tarde y desde cero.

Ellos, los que inauguraron el régimen mixto, cobrarían hasta 30% menos de pasividad que sus antecesores, que se jubilaron por BPS. La ley impulsada por el Poder Ejecutivo -y reclamada por los protagonistas- acortó la brecha, que se redujo a un 10%, que se queda el Estado.

Las instituciones privadas que perdieron afiliados “no sintieron nada”, asegura el presidente de República AFAP, Luis Costa. De hecho, durante estos seis meses se inscribieron más personas que las que abandonaron el régimen mixto, por lo que las empresas “cambiaron una cuenta por otra”. El mayor impacto se lo lleva el Estado, ya que el dinero que recibió de los ahorristas solo alcanza para pagar 10 años de pasividades, según cálculos de las AFAP.

La brecha de tiempo -que en los hombres se estima en nueve años más de vida y en las mujeres, 14- deberá ser cubierta con dinero estatal. Los 14.257 que se cambiaron significan un desembolso de las arcas públicas de US$ 1.300 millones, de acuerdo con datos de BPS. Pero el Ministerio de Economía estima que el monto puede ser aún mayor, lo que desató un debate en el Parlamento mientras se votaba la ley.

Hubo 13.942 personas que no se desafiliaron a la AFAP y ya no tienen posibilidades de hacerlo porque pasaron los 90 días permitidos. Sarthou explica que la mayoría de estos casos son cincuentones con aportes bajos, a los que no les conviene el descuento del 10% que les hace el BPS durante la transferencia. Ellos prefieren quedarse con la rentabilidad que les otorgaron las instituciones privadas, que compensa los años de aportes que no fueron contabilizados en sus cuentas.

Pero el proceso recién empieza, ya que todavía hay 2.974 personas agendadas en el BPS para calcular sus pasividades. Esta es la primera etapa -que comprende a los uruguayos de 56 años o más al 1° de abril de 2016- y les da tiempo para anotarse hasta el 31 de marzo de 2019. La segunda fase se inicia en abril y va hasta marzo de 2020, e incluye a quienes tenían entre 53 y 55 años en 2016. Los últimos son los más jóvenes, los de entre 50 y 52 años, que recibirán asesoramiento a partir de abril de 2020 hasta marzo de 2021.

BPS estima que alrededor de 30.000 personas se cambiarán de régimen. El aporte del Estado, calcula, será de US$ 2.600 millones durante el proceso. Para Economía, sin embargo, el desembolso rondará los US$ 3.700 millones.