TRABAJO SIN LÍMITES

Tras el fallecimiento de la fiscal adjunta Susana Rivadavia, que había advertido varias veces al gremio la situación de emergencia por sobrecarga laboral que atravesaba su fiscalía, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay reconoció que las instancias de diálogo han sido “infructuosas”.

Un minuto antes de morir, la fiscal adjunta Susana Rivadavia le dijo a la fiscal titular, Alba Corral, que debían buscar maneras de autoprotección contra la sobrecarga laboral. Corral ahora está en su casa, con una licencia especial, y como no puede olvidar la escena que presenció quiere contar cuáles fueron las últimas palabras de su colega: “Nos tenemos que cuidar nosotros mismos, porque el sistema no nos cuida”.

Dijo eso y murió.

Estaban en su despacho en la Fiscalía de la calle Cerrito, separando las carpetas de investigaciones avanzadas, de las que están en curso, y de las causas nuevas. Ese día, la bandeja de entrada de la fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1° turno tenía unos 1.600 casos; Rivadavia trabajaba en unos 500 con vencimientos de plazos que le pisaban los talones.

Dicen que Rivadavia era extremadamente trabajadora y también combativa: era una de los fiscales que reclamaban asiduamente ante la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) cambios en la estructura laboral que se implementó con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El pasado jueves 9, cuando falleció de un paro cardio-respiratorio -aún se aguarda la conclusión de un médico legista- muchos de sus colegas le echaron la culpa al estrés que les genera cumplir con su función a lo largo de jornadas interminables -de 10 horas, 12, o más-, lidiando con los nuevos roles que el cambio trajo a la tarea del fiscal.

Durante el sepelio, algunos de sus colegas se mostraban mensajes de texto en los que Rivadavia alertaba que ya no soportaba. “Existen otros trabajos bajo presión, pero nosotros decidimos sobre la libertad de las personas”, dice Corral.

Tal y como ella lo ve, hubo otra novedad que detonó el desenlace fatal. Tres días antes, la misma jornada en que el ministerio público anunció la creación de una quinta fiscalía de Delitos Sexuales, se les había comunicado que se extendería el horario del turno que realizan una semana al mes.

La primera era una buena noticia, ya que les permitiría a las otras cuatro fiscalías ir reduciendo el volumen de trabajo de forma gradual, especialmente en las causas referidas a los delitos sexuales, que serían competencia específica de la nueva sede. La segunda noticia, en cambio, fue un golpe inesperado: a partir de ahora les correspondería cumplir un turno de siete días con jornadas de 24 horas de guardia. Hasta ese momento, se entendía que debido a la particularmente intensa carga de estas fiscalías, el turno estaba limitado al horario de 10 a 18 -a esa hora se apagaban los teléfonos, pero los fiscales continuaban activos- y no se trabajaba ni fines de semana, ni feriados; el resto del horario lo cubría flagrancia, en modalidad de subrogante.

Rivadavia criaba prácticamente sola a una hija de 10 años que creció en los pasillos de la Fiscalía. El día en que se descompuso, sabía que además de los casos en curso, de los que tenían una investigación avanzada, de los que se acumulaban a toda velocidad la semana que les tocaba estar de turno, ahora, esas jornadas serían todavía más largas, con el teléfono sonando permanentemente porque durante esa guardia serían la única fiscalía de delitos sexuales disponible para todo Montevideo. Por eso le estaba diciendo a Corral que tenían que buscar la manera de cuidarse: de autocuidarse.

-Pasar a un turno de 24 horas es… -titubea Corral buscando un adjetivo que traduzca tal magnitud, pero no lo encuentra.

La fachada del edificio de la calle Cerrito anuncia que están de luto: en una enorme pancarta sus compañeros recuerdan a Rivadavia. Dentro, las puertas de los despachos tienen la misma leyenda.

Los jerarcas de Fiscalía se negaron a hacer declaraciones para este informe, pero fuentes de la misma repasaron los intentos que se hicieron para mitigar la carga laboral. A enero de 2019, el ministerio público contaba con 341 cargos de fiscales, de los cuales 20 estaban vacantes.

En la última Rendición de Cuentas, la Fiscalía -mediante un proceso que incluyó a representantes del gremio de fiscales y de funcionarios administrativos- solicitó exclusivamente para el sistema penal acusatorio un incremento presupuestal anual de $ 440,4 millones, incluyendo la creación de 187 cargos. Sin embargo, el Poder Legislativo aprobó el 16,5% del monto solicitado ($ 72,9 millones) y el 31,5% de los cargos pedidos.

En los 18 meses que lleva activo el CPP, se crearon 11 nuevas fiscalías financiadas exclusivamente con recursos propios. En el año corriente, ingresaron 21 profesionales a la Unidad de Víctimas y Testigos Protegidos para trabajar en el interior, y 37 abogados de los cuales 32 se distribuyeron en 22 fiscalías de todo el país y en las especializadas en Homicidios y Delitos Sexuales de Montevideo. Allí cumplen con tareas administrativas y de procuración que antes recaían sobre los fiscales. Un mes atrás fue presentada la Unidad Especializada en Litigación Estratégica, que apoya a las fiscalías penales de todo el país durante los juicios orales.

Los fiscales consultados creen que el esfuerzo es insuficiente y consideran que la mecánica de redistribuir funcionarios para las nuevas sedes es una especie de “ta-te-tí” que incrementa su sensación de inestabilidad. Dicen que abundan las licencias médicas y los retiros anticipados. Entre los fiscales que trabajan con el código viejo, están los que temen ser asignados al puesto que dejó Rivadavia.

El miércoles pasado, cuando la comisión directiva de AMFU convocó a una conferencia donde leyó un comunicado en el que reconoció que en reiteradas ocasiones Rivadavia les había hecho saber la situación “de emergencia” que estaba vivienda su fiscalía, y “la necesidad de reforzar el equipo con más fiscales”, habría apenas 25 colegas presentes.

La exjueza y actual fiscal Gabriela Fossati -que luego de presentar varias quejas fue trasladada a la Fiscalía de Montevideo de 1° turno que trabaja con el código anterior-, explica que la ausencia fue un acto de protesta hacia el gremio, porque le habían solicitado información sobre qué postura tomaría y no se obtuvo respuesta. Sin embargo, les conformó escuchar que AMFU entiende que “las instancias de diálogo con la jerarquía han sido infructuosas”, “manteniéndose en el tiempo problemas de implementación que han redundado en la situación laboral con jornadas extensas y cargas de trabajo extenuantes, a lo que se suma una total incertidumbre sobre los derechos laborales” que los amparan.

William Rosa, secretario general del gremio, adelantó para este informe que prevén hacer una encuesta para relevar cuántas licencias médicas, retiros anticipados y ánimo de renuncia hay entre sus socios. AMFU llamó a una asamblea extraordinaria el próximo 27 de mayo “para evaluar la situación y los caminos a seguir al respecto”. Ese día “irán todos”, presumen los fiscales consultados.

Sucede que mientras algunos sienten la muerte de la fiscal como la gota que derramó el vaso, otros piensan que no debería ser usada para efectuar reclamos. Este hecho también deja en evidencia las dos posturas que conviven en Fiscalía: están los que denuncian que una implementación errónea y deficitaria del CPP estaría generando una vulneración de sus derechos, y los que piensan que, si bien hay mucho desgaste y cansancio, se está atravesando un período de adaptación como sucedió en los otros países donde se llevó a cabo esta reforma. “Es un crujido esperable”, confían ellos.

Entre los fiscales que no quisieron ser identificados están los menos drásticos, que sostienen que el trabajo también fue extenuante en otras épocas; que el número de casos que se ven en las bandejas de entrada no difieren tanto de los expedientes que antes se acumulaban en los casilleros de los juzgados; que no es real que casos importantes pasen a archivo ya que cuando los mismos les son asignados están destacados los más graves; y que, incluso, habría colegas que hacen menos horas de las que luego relatan. “Alcanzaría con pararse en la puerta un día entero y anotar los horarios de entrada y de salida para terminar con las dudas”, sugirieron.

Lo cierto es que en diciembre de 2017, un mes después de entrar en vigencia el CPP, ya se denunciaba el exceso de trabajo. Como en ese momento no hubo una respuesta de la jerarquía, la presidenta de la asociación en ese entonces, Dora Domenech, cuenta que se le consultó a un abogado laboralista grado 5 acerca de los derechos laborales de los fiscales.

“Quería que nos explicara qué significaba el full time en el que se basa la Fiscalía de Corte para no poner límites en la jornada laboral. Nos dijo que significa dedicación exclusiva, pero no jornada indeterminada”. Cada día los fiscales están obligados a marcar en un reloj su presencia, pero no deben cumplir un horario de permanencia. Al igual que los trabajadores diplomáticos, consulares, militares, policiales y el resto de los magistrados, ellos están excluidos de la norma promulgada en 2013 que regula las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con los funcionarios públicos. El exfiscal Gustavo Zubía -que renunció al ministerio público “por hacer cosas y no ver resultados, no por cansancio”-, era vicepresidente de esa comisión directiva y está convencido de que los fiscales fueron “expresamente excluidos” de la ley para tener “mano de obra esclava”. “Hablamos en el Ministerio de Trabajo, en el Parlamento, presentamos recursos administrativos y nada sucedió”, cuenta. El País intentó reconstruir cómo fueron aquellas negociaciones, pero el Ministerio de Trabajo no contestó.

Rivadavia fue durante varios años secretaria de Zubía, por eso solía contarle del agobio que estaba viviendo en la oficina. “A mí por lo bajo son muchos los que me cuentan que sufren, pero son pocos los que hablan porque hay temor. Se han iniciado varios sumarios y se generan traslados que tienen a los funcionarios preocupados”. Entre susurros le dijeron que, la semana pasada, a otra de las fiscales de delitos sexuales se la llevó una ambulancia. Ahora está con licencia médica. En la sede donde trabaja esta funcionaria, la titularidad está vacante.

Aunque mantienen sus diferencias en los reclamos, los fiscales de los dos bandos coinciden en cuál es el origen de la intensidad de sus jornadas. Por un lado, hubo una diferencia cuando se calculó la cantidad de recursos para lidiar con el cambio de código. En abril de 2018, ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, admitió que se había hecho una estimación con un promedio de 18.000 denuncias mensuales, pero el promedio resultó ser de casi 30.000. El asunto es que se habían considerado los números del Ministerio del Interior de 2015, cuando un porcentaje ínfimo de las denuncias realizadas en sedes policiales llegaban a los juzgados, mientras que hoy todas son recibidas por la Fiscalía.

Por otro lado, los fiscales explican que cuando se les asignó el trabajo que antes hacían los jueces, no se los proveyó del mismo soporte para su ejecución. En definitiva: hay más casos para resolver con menos manos. La fiscal Fossati, que ejerció como jueza durante seis años, conoce las diferencias: “Hay un comentario que se ha extendido, de que los jueces hacían antes el trabajo sin quejarse y que los fiscales son una especie de vagos que no quieren hacerlo. Puedo asegurar que el trabajo no tiene nada que ver. Los jueces trabajan mucho, durante los turnos están las 24 horas con el teléfono dando órdenes, es absolutamente imposible; pero los fiscales, a eso, le tienen que agregar la necesidad de instrumentar administrativamente cada paso que dan, todo en forma simultánea a recoger los elementos de prueba para plantearlos dentro de un plazo en el juzgado”.

Eso, explica Fossati, el juez no lo hacía solo porque tenía un actuario, tenía receptores y tenía fiscales que se encargaban de interrogar. Ahora el fiscal titular cuenta, salvo excepciones, con un adjunto y un adscripto, y debe cumplir con este staff reducido los roles nuevos y complejos como tomar declaraciones a imputados, víctimas y testigos, y recibir a la víctima para ponerla al tanto de los avances. A esto se le suma realizar una fundamentación cada vez que pide al Instituto Técnico Forense una pericia, o le solicita a un juez una orden de detención o de allanamiento -antes, relatan varios operadores, el juez dejaba los formularios firmados para que su equipo los completara. También debe controlar el cumplimiento de las condenas, en un momento en que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida está demorando entre cuatro y cinco meses para dar inicio a las medidas sustitutivas, según relatan varios fiscales.

Además, si se establecieron medidas cautelares, debe fundamentar los pedidos de prórroga hasta presentar la acusación que, según recuerda el abogado penalista Juan Williman, en la primera redacción del código estaba prevista a los 30 días de la formalización, límite que se quitó y se estableció un año con posibilidad de extenderlo a dos. A esto se le suma la preparación del juicio oral. Y cuando toca turno se le agregan los casos que llegan de forma permanente. “Somos el jamón del medio entre los jueces, los imputados y sus defensores, las víctimas y sus abogados, y los auxiliares de la investigación”, resume una fuente.

Respirándoles en la nuca están los plazos. Si en el resto de los países con sistema penal acusatorio los márgenes para la formalización y el pronunciamiento sobre la situación del imputado es de siete días, 15 y o más, en el nuestro el límite es de 24 horas y 48 respectivamente, porque así lo indica la Constitución.

Las tareas siguen. Si una víctima se opone al archivo de un caso, puede pedir un reexamen por el fiscal subrogante, que tendrá 20 días para evaluar la decisión que tomó su colega. Si resuelve oponerse al archivo, será él quien continúe con esta investigación.

Y siguen. Si el titular de una fiscalía se ausenta, otro deberá subrogarlo. “Es un círculo vicioso”, opina Fossati: “Alguien no resiste, se enferma y se le asigna ese trabajo a otro, que además tenía el suyo propio; este se enferma y se le asigna a otro, y así, porque la subrogación implica más casos con plazos que se vencen. Es una consideración unánime que el problema está en que el sistema fue diseñado de tal manera en que es absolutamente imposible que una sola persona realice todas esas tareas. Un cirujano no puede operar a cinco pacientes al mismo tiempo, un fiscal tampoco puede llevar en forma cinco causas. La necesidad de tiempo para reflexionar es fundamental para trabajar en la persecución penal”.

Mientras el equipo que dirige Corral está con licencia especial, la doctora Darviña Viera dirige las fiscalías de delitos sexuales de los turnos 1° y 4°. Viera está engripada y sabe que desde el 9 de mayo hasta hoy ingresaron decenas de casos nuevos a la bandeja de sus colegas. No se asusta. Está acostumbrada a llevarse el trabajo a la casa desde los tiempos en que era fiscal en Atlántida y el sistema le mostraba 2.500 causas.

Todos los operadores contactados reconocen que en el interior el trabajo es aún peor. Fuera de Montevideo no existen las fiscalías especializadas, las infraestructuras de las sedes no son las adecuadas para tomar declaraciones, y los turnos se hacen semana por medio. Aunque existen varias vacantes, hay una sola fiscal suplente para los 18 departamentos. Valentina Sánchez lleva seis meses durmiendo en hoteles de los destinos que le adjudican, resoluciones que con suerte le avisan con tres días de anticipación. No le gusta quejarse, pero reconoce que realizó varios reclamos, tanto al gremio como al fiscal de Corte, cada vez que sintió que el exceso de trabajo podía jugarle una mala pasada.

De los 25 días que trabajó en Rocha, 24 fueron sin descanso. En los dos meses que lleva en Rivera -el segundo departamento con mayor índice de homicidios de acuerdo a su población-, 14 días los pasó de turno y otros tantos cubriendo los turnos de dos fiscalías a la vez. Llegó a tener ocho detenidos en una jornada.

Dice: “La verdad es que no tenía idea de lo que era este cargo cuando concursé. No me quejo tampoco, sé que la adaptación al sistema lleva años. Pero a veces se me hace difícil por el tema de la responsabilidad. A veces siento que con tan pocas horas de sueño, y comiendo apenas un refuerzo, puedo cometer un error grande sin darme cuenta. Vivo y trabajo con la sensación de que en cualquier momento me puede estallar una bomba”.

El sistema penal acusatorio les abrió las puertas a las víctimas, que ahora pueden formar parte del proceso e incluso pedir un reexamen por fiscal subrogante de una causa que fue archivada por otro fiscal. Según fuentes de la Fiscalía, hubo casos, pero son contados. Susana Rey, directora de la Defensoría Penal de Montevideo, dice que si bien hasta el momento no se han presentado solicitudes, recientemente una defensora estaría trabajando en un posible caso. En tanto, Juan Williman, encargado del consultorio jurídico de la Udelar que atiende a víctimas de delitos, dice que realizó tres veces este trámite y que en una ocasión se decidió continuar con la investigación. El camino comienza con una solicitud ante un juez de garantía, que hace lugar o no y convoca a un fiscal subrogante para que evalúe el trabajo de su colega.

Dependiendo del fiscal consultado, la respuesta será más o menos dramática. Dora Domenech trabajó un mes con el nuevo CPP antes de jubilarse, y lo agradece. “Me tocó trabajar un turno y fue terrible. Entré a las 20 horas y salí a las 10 de la mañana completamente aturdida. Fue como si me hubieran inyectado aire en la cabeza. Durante todas esas horas el teléfono no dejó de sonar”, recuerda. Por otra parte, la fiscal Gabriela Fossati trabajó cuatro meses hasta que fue trasladada, según ella, debido a las quejas continuas que les presentaba a los jerarcas. “Había que atender a la gente que llegaba a denunciar, a los citados para declarar, atender a la Policía, a los periodistas, redactar órdenes, atender pedidos de medidas cautelares de la Unidad de Víctimas cuando no había tenido tiempo de ver el caso. Al final el traslado me benefició porque aquí tengo mucho trabajo, pero el clima es armonioso, y hay tiempo para reflexionar. Una de las pocas veces que estuve con licencia médica fue en ese momento, por estrés. Todos mis colegas también estaban con licencia. Yo tenía una sensación de ahogo desde que llegaba hasta que me iba”.