Pasó más de una semana desde que el país se consternó con la muerte de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años que fue asesinada por su novio de la misma edad en una playa de Punta del Este. A medida que se fueron conociendo más detalles del caso, como la denuncia que la familia había realizado en contra del joven y la visita de ambos a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género en San Carlos hace algunos meses, todos los que integran el sistema judicial y policial hablaron de lo mismo: el sistema había fallado.

Si a él había que ponerle tobillera o no, si existía un riesgo de vida, si se evitó por tratarse de un menor de edad o si el caso quedó solamente en la órbita policial y no pasó a Fiscalía. Estos fueron algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa esta semana, hasta que finalmente el jueves se conoció que la familia demandará al Estado uruguayo porque “no puede haber más Valentinas”, según manifestó el abogado Martín Etcheverry.

Foto: Ricardo Figueredo.

Antes de entrar en los detalles alrededor de ese caso en particular, es importante dar algo de contexto. En diciembre se cumplirán seis años desde que se aprobó la ley 19.580 que busca regular la violencia basada en género en Uruguay y, más o menos desde la misma fecha hasta ahora, los colectivos feministas y las asociaciones civiles se quejan de que la ley no se cumple. ¿Es así? ¿Qué cosas se incumplen y qué cosas no? ¿Si se cumpliera todo se terminarían los femicidios? Más allá de las respuestas concretas, lo que sí es claro es que tanto abogados como fiscales y autoridades del gobierno saben que hoy la ley no se está aplicando en tu totalidad.

Según informó El País esta semana, en lo que va del año hubo 14 femicidios, siendo el de Valentina el más reciente. Incluso ayer hubo un intento de femicidio que no se concretó. Además, por lo menos tres de esas familias hoy están iniciando demandas al Estado por “falta de protección” e “incumplimiento” de la ley de violencia basada en género.

La norma da esta definición: “Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres”. Cuando se aprobó en 2017, hubo votos a favor en todos los partidos políticos aunque también divisiones porque algunos diputados blancos y colorados rechazaron la norma y votaron en contra.

Foto: Twitter, @justvalen_

Desde las asociaciones civiles sostienen que se trata de una “política de Estado” más que una ley que quiso aprobar un sector concreto y por eso debería “respetarse más”.

Una de las novedades que aparecen en la ley de 2017 es la creación de juzgados especializados en violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. Estos están determinados a tener capacidad de actuar tanto en materia civil como penal, para así poder resolver en un mismo lugar tanto un delito como puede ser una agresión física y a la vez también evaluar una situación familiar como una tenencia, tal como sucede en muchos casos. En febrero del año pasado se inauguró el primer juzgado con esas características, que se ubica en San Carlos, y hasta el momento es el único que hoy funciona en todo el país, a pesar de que pasaron cinco años y la ley preveía la instalación de 20.

Todos los abogados y también los defensores de oficio que suelen defender a víctimas de violencia de género empiezan a hablar de los problemas con la ley refiriéndose a los juzgados. Para ellos, se trata del ejemplo más claro de la poca asignación de recursos que -tanto este gobierno como el anterior- le dieron al tema. Yendo a la actualidad, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Leonardo Méndez, dijo a La Diaria que el proyecto de Rendición de Cuentas fue recibido “con sorpresa” por los jueces porque no hay dinero destinado a la creación de los juzgados de género y esperaban que sí lo hubiera.

Desde el gobierno la visión es otra. Para Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “cuando la sociedad civil dice que no se le puso plata a la ley parecería que lo único que miran es la creación de juzgados”. Bottero dice a El País que es un “error” mirar solamente la cantidad de juzgados de género que se han hecho porque “en la ley aparecen un montón de otras exigencias que sí se han financiado”, por lo tanto cree que “no es justo” decir que no se está haciendo nada por la ley, aunque aclara: “Sabemos que todavía no es suficiente”.

La directora de Inmujeres -que además es el organismo rector de la ley y responsable de velar por su cumplimiento- hace énfasis en que a pesar de que solamente se instaló un juzgado en San Carlos “se está avanzando en el tema” y adelanta que en octubre se inaugurará otro en Salto y en noviembre un tercero en Rivera, sumado a un cuarto en Paysandú previsto para abril o mayo del año que viene. “El Poder Judicial compró un edificio en La Aguada y se va a destinar a crear 17 juzgados para Montevideo. Eso ya se empezó a trabajar, el tema es que no va a dar el tiempo para verlos prontos durante esta administración”, asegura Bottero.

Cuando se aprobó la ley “no se le dio todo el financiamiento que necesitaba”, según la responsable de Inmujeres, quien agrega: “En su momento el ministro Danilo Astori dijo que él se iba a encargar de que se financiara toda y finalmente se financió más o menos un 30%. Nosotros cuando llegamos entendimos que era un gran esfuerzo y había que priorizar algunas cosas, sumado a que empezamos con la pandemia, que no sirve de excusa pero sí que se generaron nuevas prioridades, entonces fuimos yendo de a poco”.

Bottero dice que “es fácil criticar” porque “se hacen cosas por la ley que no se ven”.

Los incumplimientos a la ley no solo tienen que ver con la falta de juzgados, sino también con los plazos judiciales previstos en el proceso. El procedimiento es así: llega una denuncia a la Policía y esta debe comunicar al juzgado y a la Fiscalía. Como todavía no hay juzgados de género, salvo en San Carlos, los casos van a juzgados de familia especializada. Es el juez de turno quien puede o no determinar las primeras medidas de protección para la víctima y también debe fijar una audiencia a las 72 horas entre las partes.

Según la ley, en la audiencia también debe existir un informe del equipo técnico -integrado por un asistente social, un psicólogo y un psiquiatra- para evaluar el nivel de riesgo de la situación. “Prácticamente ninguno de estos requisitos se cumple, entonces hablar de faltas solamente a la hora de poner una tobillera es no entender la dimensión de incumplimientos que existen porque estos empiezan mucho antes que la colocación o no de una tobillera”, explica Alicia Deus, abogada y una de las redactoras de la ley de violencia basada en género, en referencia al caso de Valentina.

Estefania Leal/Archivo El Pais

La audiencia no suele ser fijada a las 72 horas y los informes demoran entre tres y seis meses, por lo tanto, en la mayoría de los casos el juez termina tomando medidas sin contar con ese documento, según relatan a El País abogados y fiscales que trabajan en el tema. Además de los plazos, lo frecuente es que los equipos técnicos estén incompletos y no cuenten con todos los profesionales que indica la ley.

En el momento de la audiencia, además de no contar con un informe técnico, muchas veces la víctima llega sin un abogado y requiere de un defensor de oficio. Esto ocurre en nueve de cada diez casos, según Carolina Camilo, vicepresidenta de la asociación de asesores públicos. Para Camilo, esta es una norma “que se implementó a los ponchazos y recayó en un sistema judicial que está agotado y no da abasto por la cantidad de casos de este tipo”.

En el caso de Valentina, por ejemplo, el juez ni siquiera llegó a fijar una audiencia y el caso quedó en la órbita policial en donde solo se notificó a los padres para que cumplieran con sus “deberes inherentes a la patria potestad”. Pero también hay otros casos, como el de Daiana Laguna (ver recuadro aparte) en donde la víctima llega a la audiencia sin abogado y tampoco recibe la asistencia de un defensor de oficio y se queda sin una asesoría legal porque no siempre hay uno disponible.

Foto: Ricardo Figueredo

“Tenemos una ley que es de primer mundo con recursos del tercer mundo”, sostiene la defensora de oficio. En el mismo sentido, Bottero asegura que las leyes integrales, como sucede con la de violencia basada en género, “siempre presentan dificultades” en la medida de que lo que establecen son “expresiones de deseo”. “Estas leyes de alguna forma expresan una intención y generan un respaldo legal para determinados temas, pero para nada tienen un efecto mágico. Están pensadas para un escenario a diez años”, sostiene la directora de Inmujeres.

Al 30 de julio de este año, el Ministerio del Interior había recibido 24.472 denuncias por violencia doméstica y el sistema de atención de Inmujeres había atendido a 3.500 mujeres más con respecto al año pasado.

Además, el sistema telefónico del instituto suele atender cerca de 1.000 llamadas por año con un promedio de 15 minutos de duración cada una, “lo que indica que no se trata de un call center”, dice Bottero y agrega: “Yo puedo asegurar que nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos, pero la violencia de género es una consecuencia de la desigualdad de género. Y la desigualdad no se cambia de un día para el otro, es un cambio cultural”.

Más allá de cuán “aspiracional” es o no la ley, lo cierto es que los fiscales de delitos sexuales hablan de “desborde” debido a la cantidad de casos de violencia de género que atienden por día. Luis Pacheco, quien llegó a esta fiscalía de 2° turno hace 15 días, dice que las dificultades alrededor del tema están dadas a partir de que cada fiscal “tiene una bandeja de entre 600 y 800 casos en simultáneo” y aclara: “Incluso pueden llegar a ser más”.

En esa lógica, “se debe priorizar” y no siempre se da la atención necesaria a cada caso, sobre todo a aquellos en donde hace falta un análisis de posibles riesgos, como sucedió en los casos de Valentina Cancela, Natalia Lagos o Daiana Laguna, tres de los más recientes.

Por su parte, la fiscal Alba Corral, a cargo de la fiscalía de 7° turno de delitos sexuales, cree que es “frecuente” que los procedimientos “ya vengan desde la calle con falencias”, como por ejemplo cuando el juez no detiene a una persona que eventualmente puede ser peligrosa. “Francamente nosotros siempre estamos corriendo de atrás y apagando incendios. Aunque la Policía no actúa mal, uno de los grandes temas es que no existe una Policía especializada en la calle para atender esta temática”, sostiene Corral.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo tras el asesinato de Valentina Cancela que falló “todo el sistema” y agregó: “Somos todos responsables”. Heber se refirió al hecho de que al autor del crimen no se le había colocado una tobillera pese a que existieron denuncias previas. En este sentido, el ministro sostuvo: “Nosotros somos auxiliares de la Justicia. No podemos poner la tobillera porque queramos, si no es con autorización judicial, y no podemos darle custodia si no es con actuación judicial”.

Sin embargo, después de los dichos de Heber la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado en el que sostuvo que no se le podría haber puesto una tobillera al exnovio de Valentina porque existe una acordada de la Suprema Corte de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior que determina como algo “necesario” que las tobilleras se coloquen a mayores de 18 años. El presidente de AMU, Méndez, dijo esta semana en Informativo Sarandí que el Ministerio del Interior ha llegado a negar la entrega de tobilleras a algunos jueces cuando se trata de menores de edad.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Además, Méndez señaló que por estos días hay tres adolescentes con tobilleras pero al menos dos fueron colocadas durante esta semana tras la polémica por el caso de Valentina.

Para Alicia Deus, es “clarísimo” que “cualquier acordada debe ceder ante un riesgo de vida”. “Siempre pongo el mismo ejemplo y es que si una mujer denuncia que un hombre está en la puerta de su hogar amenazándola con prender fuego la casa no hay que empezar los trámites para una tobillera sino llamar a los bomberos. Es importante entender cómo leer los indicadores de riesgo en cada situación y cómo actuar rápido más allá de los procedimientos”, sostiene Deus al respecto.

Para Andrea Tuana, directora de la organización El Paso, la situación no es tan clara y hay “algunos grises” en el caso de Valentina. “No sé si está bien asegurar que la Justicia se equivocó. Creo que era muy difícil prever todo con la información que tenían. Había una denuncia diciendo que ella lo agredía a él y otra al revés. Aunque sí es cierto que nunca se dispuso de una investigación y eso está mal, creo que tampoco da como para culpar a la Justicia en un 100%”, asegura Tuana.

El lunes pasado la Suprema Corte de Justicia emitió una circular para los jueces sobre cómo es la normativa que debe cumplirse para situaciones de violencia de género, según informó El Observador. Allí hacen referencia a la acordada 7884, que sostiene que “la no convocatoria a audiencia luego de dictadas medidas que se decreten en forma telefónica, será considerada como una falta grave o error inexcusable”.

Lo cierto es que la familia de Valentina resolvió demandar al Estado, el mismo camino que tomó la familia de Natalia Lagos -la mujer que falleció en un accidente de auto después de haber sido secuestrada por su expareja, a quien había denunciado- y que la familia de Daiana Laguna (ver aparte). A pesar de que ninguno de estos juicios tiene aún una sentencia que confirme que el sistema falló, lo cierto es que la repetición de estas demandas sumado al número de casos de femicidios hacen casi evidente el hecho de que la violencia de género es un problema cada vez más difícil de abordar.

Con una ley que se incumple a diario y esfuerzos de las autoridades por terminar de financiar algo que consideran una “expresión de deseo” es que los debates alrededor del tema continúan. Seguramente se silenciarán en los próximos días y quizás vuelvan al tapete cuando otro triste caso como el de Valentina ocupe las tapas de diarios y el horario central en los informativos de la tele.