FINANCIACIÓN

"Yo te voy a ser honesto. La verdad es que estaría robando para comer”, dice Milton unos 15 minutos antes de las siete de la tarde del miércoles. A diferencia del resto de las personas que están haciendo la fila y simplemente contestaron un seco “no sé”, él pensó un rato su respuesta y la dijo con un poco de vergüenza. La pregunta fue: “¿Qué estarías comiendo hoy de noche si esta olla popular no funcionara?”.

Los que guardan el primer lugar de la fila llegaron a las cuatro de la tarde. Tres horas antes de que los cucharones les sirvan el guiso calentito en sus recipientes. Se conocen de hacer cola todas las semanas. No solo de esta que funciona los lunes y miércoles, sino también de otra olla los martes y jueves y un merendero al que van los viernes y sábados. Todos están de acuerdo en dos cosas que se repiten: la generosidad de las personas que cocinan y los problemas por el orden de la fila. “Siempre aparece alguien que llegó sobre la hora y quiere estar primero, pero hambre acá tenemos todos”, dice un hombre que tiene un acolchado cubriéndole los hombros.

La olla de vecinos de la calle Ciudadela en Ciudad Vieja funciona hace dos años. Empezó en la pandemia gracias a dos mujeres, una llamada Alicia, quien asegura que cocina para “todos los que se acerquen”. Según ella, cuando comenzó a cocinar venían menos de 50 personas y ahora recibe a unas 200 por noche. Este miércoles la cifra ronda las 100 personas. Alicia prefiere no contar mucho y se la nota acelerada en la preparación. Tiene a unas seis personas ayudándola con la olla y ninguno parece tener más de 40 años. Uno de los voluntarios tiene una lista con nombres y le pregunta a todas las personas que se acercan quiénes son y la cantidad de porciones que se llevan. “Si tenés niños también te dan leche y pan”, explica una de las pocas mujeres que hace la fila. Ese registro -o el faltante de registro- en torno a las ollas populares le provocó un dolor de cabeza al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante esta semana.

Esta olla en particular pertenece a la red del sur de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), una de las organizaciones de vecinos y vecinas que se formó durante la pandemia con el fin de paliar el efecto más duro que la crisis dejó en los más vulnerables: el hambre. Sin embargo, la sensibilidad sobre un tema tan delicado ha generado cruces entre quienes reclaman por un Estado ausente y otros que aseguran que se “exagera” la situación de los más necesitados para perjudicar al gobierno.

Más allá de las percepciones, la gran duda es cuántas son las personas que verdaderamente dependen de las ollas populares para comer. Así como Milton decía que gracias a eso no salió a robar, la historia particular de cada persona y por qué asiste a una es “fundamental” para el Mides. Eso lograría descifrar cuántas personas comen gracias a la olla y cuántas “aprovechan” la presencia de estas, pero tienen otras formas de recibir un plato de comida.

Consultada al respecto, la directora departamental del ministerio, Carolina Murphy, explica lo siguiente: “Sabemos que no todas las personas que asisten a una olla dependen en un 100% de esta, incluso recorriéndolas y conversando con los usuarios nos han comentado que van para aprovechar esa cena y prefieren utilizar las prestaciones del Mides que tienen para cubrir otras cosas”. En este sentido, Murphy hace referencia a que “cada vez queda el núcleo más duro y estructural” de pobreza en las ollas populares y “dejaron de asistir aquellos que llegaron a la olla a causa de la pandemia por algo más coyuntural y quizá estaban más cerca de salir”. La lectura del Mides es diametralmente opuesta a la de la Coordinadora Popular y Solidaria, que asegura que el gobierno quiere “lanzar una bomba de humo para tapar el problema porque a pesar del crecimiento económico la magnitud del fenómeno sigue siendo importante”, según explica el vocero de la CPS, Esteban Corrales.

Hoy hay 268 iniciativas entre ollas populares y merenderos. El apoyo del Mides a estas se hace a través de una ONG llamada Uruguay Adelante. Desde hace más de un año la organización recibe una transferencia económica de la cartera todos los meses destinada a la compra de alimentos y luego tanto las ollas que funcionan de forma particular como aquellas pertenecientes a la CPS retiran determinada cantidad de alimentos para cocinar. La ONG lleva unas cinco partidas aprobadas por el Mides, cada una de unos 65 millones de pesos. En total, el Mides ha aportado unos 8.100.000 dólares a Uruguay Adelante.

El contrato del ministerio con la ONG estaba previsto que terminara este 15 de setiembre. Sin embargo, el ministerio solicitó a todas las organizaciones que trabajan con Uruguay Adelante que informaran la cantidad de personas que siguen alimentándose en sus ollas y merenderos para evaluar una extensión en ese plazo. Finalmente se determinó que el acuerdo irá hasta febrero de 2023. Pero ahí se formó el cortocircuito. La Coordinadora Popular y Solidaria no envió los datos internos sobre dónde se encuentran las ollas que siguen funcionando, qué días funciona cada una ni la cantidad de porciones de comida que se sirven allí. El motivo no está claro.
Este lunes Pedro Rodríguez, vocero de la CPS, dijo a El País que la organización prefería no entregar los datos al Mides “por definición política”, lo que provocó la respuesta del titular de la cartera, Martín Lema, quien señaló: “Si no hay datos, no hay apoyo”. Ahora, el gobierno le puso un ultimátum a la coordinadora de ollas hasta el próximo viernes 30 de setiembre, según supo El País. Si la información requerida no llega antes de esa fecha se dejará de financiar los insumos que van para la CPS desde Uruguay Adelante.

“Acá lo que hay es una falsa polémica, los datos el ministerio ya los tiene”, así lo resume Corrales, otro de los voceros de la coordinadora. Para él, “es inaceptable” que el Mides “espere de una organización de vecinos que haya datos que deben tener ellos mismos”. Y sigue: “Aceptar que en este país que exporta alimentos a todo el mundo hay decenas de miles de personas yendo a comer a ollas populares y que se sirven más de 1.200.000 porciones por mes interpela a todas las autoridades sobre la manera en la que se hacen las cosas”.

Esos datos que el Mides “ya tiene” son los que la organización emitió a través de la ONG SolidaridadUY e incluye información hasta marzo de este año. Ahora, según la CPS, es necesario que sea el propio ministerio el que se encargue de conseguir la información detallada sobre cuántas personas “pasan hambre” en Uruguay porque el informe de marzo significó “un trabajo arduo e innecesario” y “no es la organización la que debe encargarse de eso” y agrega: “Tiene que haber cierta formalidad en este asunto y no vamos a hacer tareas que le competen al Mides que no las hace porque no quiere o no puede”. Más allá de que asegure no tener los datos actualizados, Corrales cree que “juzgando por la percepción” de la organización “los insumos no alcanzan” y es “frecuente” que en más de una olla haya personas que se queden sin comer. Además, los ingredientes para cocinar no solamente vienen desde el Mides, sino que la organización también recibe alimentos de la Intendencia de Montevideo y donaciones privadas.

La CPS fue notificada este viernes por el Mides y se le informó que cuenta con una semana para dar su información interna. Sin embargo, según la organización, esos datos “no están”.

Pero antes hubo una vuelta de tuerca más: el asunto se volvió todavía más complejo a mediados de esta semana cuando Rodríguez aseguró a El País que la CPS daría una marcha atrás y finalmente accedería a brindarle la información requerida al ministerio, dejando entrever que esos datos existen. Sin embargo, luego de una reunión interna el jueves la organización resolvió “mantener su postura sobre la no existencia de esas cifras” y se desmarcó de los dichos de Rodríguez, según informan a El País.

Más allá de lo que explique la coordinadora, desde el Mides están convencidos de que las personas con hambre en Uruguay son cada vez menos. El ministerio prestó especial atención a uninforme divulgado recientemente por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en donde Uruguay es uno de los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria. Además, desde Uruguay Adelante aseguran que las porciones de comida servidas entre el mes pico de 2021 y el de 2022 pasaron de ser unas 100.000 mensuales a unas 60.000. En este sentido, el reclamo de la coordinadora “hace ruido” dentro del gobierno y, tras las declaraciones de algunos de sus integrantes, la relación de la organización con la política es lo que más molesta. “¿Qué queda en evidencia? Que se intentó fabricar un relato falso en materia de alimentación”, indicó Lema a la prensa esta semana.

A pesar de las acusaciones de los jerarcas, la CPS no reniega del “propósito político” detrás de la tarea que lleva a cabo todas las semanas. “La coordinadora sí hace política, pero no partidaria. Aparte de cocinar, tratamos de reflexionar sobre por qué hace dos años siguen las ollas populares y consideramos que es algo legítimo. Hablamos de política en un sentido amplio porque es necesario. Estamos en contra de la desigualdad y del hambre, no del gobierno”, explica el vocero de la CPS. No se trata de la primera vez que la organización social recibe acusaciones por sus vínculos políticos. En marzo se hicieron virales las imágenes registradas por un móvil de canal 12 en el que cuatro integrantes de la Olla de Palermo -que pertenece a la CPS- llevaban remeras haciendo referencia a que estaban en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Incluso los referentes de las ollas decidieron convocar a sociólogos y abogados previo al referéndum para instruir a quienes llevan a cabo las iniciativas sobre el contenido de la ley y que pudieran “votar con toda la información necesaria”. Ahora, el debate sobre la baja o la suba de la cantidad de personas que se alimentan de una olla popular es entendido por algunos integrantes del gobierno como el “siguiente capítulo” de la politización del colectivo en contra del Ejecutivo, según indicaron a El País.

A pesar de que los datos no fueron entregados al Mides, el informe de SolidaridadUY elaborado en marzo con información de la CPS daba cuenta de una baja del 7% en la cantidad de porciones servidas en las ollas populares con respecto al año pasado. De todas maneras, Corrales remarca que “la cifra real sigue siendo significativa y deja mal parado al gobierno” haciendo referencia a las más de 1.200.000 porciones que se contabilizaron en ese informe, “más allá de que pueda haber bajas”. Además, el vocero de la CPS dice que ese 7% de descenso es “similar al margen de error” que tiene el estudio, por lo tanto, “no se puede hablar de un cambio rotundo con respecto al año pasado”.

¿Y qué pasa con algunos indicadores económicos que pueden servir de referencia? Si comparamos marzo de 2020 con agosto de 2022, la inflación pasó de 9,16% a 9,53%. El desempleo, sin embargo, bajó de forma sostenida si se comparan las mismas estacionalidades: en agosto de 2020 estaba en 10,8%, en 2021 era de 9,5% y en 2022, 7,9%. Con respecto a la línea de pobreza la cifra mejoró y pasó de 11,6% en 2020 a 10,6% en 2021. Aún no se conocen los datos de 2022.

El principal cuestionamiento de las ollas al Mides tiene que ver con por qué una organización particular lleva a cabo la alimentación de los más vulnerables y no el Estado. ¿El Mides no llega a los lugares donde están las ollas?

Lo cierto es que las ollas populares no comenzaron con la pandemia y siempre han existido las organizaciones particulares que donan y reparten comida. Ahora bien, a partir de la aparición del covid-19 en Uruguay y el aumento del desempleo y las personas en seguro de paro, el gobierno decidió apoyar con insumos a las iniciativas populares que se extendieron principalmente en el área metropolitana. Para el vocero de la CPS esto se traduce en que el Mides “quiso sacarse un problema de encima y no encargarse, por eso tercerizó”.

Sostiene Corrales: “El hecho de que no tengan cifras propias en el territorio, habla del Estado ausente. El Mides no tiene forma de medir, no sabe dónde están ni quiénes son”.

El rol de Uruguay Adelante es considerado “demasiado pasivo” por los representantes de la CPS, quienes creen que la organización es “otro eslabón del ministerio”. Por su parte, el director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, afirma que “la principal diferencia” que tienen con la CPS es “el entendimiento de que la olla no puede ser un lugar de lucha política” y agrega: “Con la LUC fue muy claro lo que pasó y ahora cada vez que hay un paro se hace proselitismo desde las ollas de la coordinadora con las consignas de los paros”.

Con respecto a la negativa de la CPS a brindar datos, una fuente del Mides consultada por El País dice que “es insólito” esperar que “el ministerio sea un Gran Hermano vigilando lo que pasa en todas las esquinas” y por eso la cartera busca acceder a todas las cifras de quienes manejan la red de ollas.
Teniendo en cuenta que desde la cartera aseguran que no todos los asistentes a las ollas populares dependen “en un 100%” de la existencia de estas para comer, la idea del gobierno es no seguir renovando el contrato con Uruguay Adelante después de febrero. La medida, sin embargo, puede resultar antipática políticamente porque significa dejar de financiar alimento para los más vulnerables, porque más allá de cuál es la dependencia de cada uno de ellos con ese plato de comida, todos deciden asistir por algún motivo.

Sin embargo, desde el Mides creen que habrá un “cambio en la estrategia” y la cartera apuesta a “reforzar otros programas integrales” a través del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), principalmente los comedores. Los números del Mides indican que la cartera colaboró con 5.371 toneladas de comida para los ollas desde que inició la pandemia, pero que actualmente una de cada diez ollas que estaban abiertas durante el año pasado decidieron cerrar por baja convocatoria.

Murphy señala: “Se entendió que durante la pandemia vivíamos una situación que requería apoyo, pero siempre lo vimos como algo coyuntural a terminarse. Las coyunturas pasan y hoy en la Rendición de Cuentas hay otros proyectos porque las cuestiones más estructurales se pretenden arreglar de otra manera”.

La extensión de la financiación a las ollas a través de Uruguay Adelante también tiene que ver con que el Mides espera que a partir de enero se aprueben unos 155.000.000 de pesos para el INDA y de ese modo “se evitan agujeros entre un proyecto y otro”, entre setiembre y enero. Además, que se pida más dinero para ese organismo está relacionado con “problemas preexistentes que se arrastran de años anteriores” más allá de que, para el Mides, hoy los indicadores de alimentación tienen cifras positivas.