GARANTÍAS VERSUS PLAZOS

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Hay padres que quieren adoptar y hay niños que necesitan integrarse a una familia. En el medio: una lista de espera, juicios que pueden durar años, plazos institucionales absurdos, plazos psicosociales. En el tiempo que puede transcurrir desde que se vulnera el derecho de un niño en su seno familiar hasta que se toma una decisión definitiva sobre su vida, se frustran deseos de adultos, se elaboran informes para juzgados desbordados, se escriben discursos de campaña, se reparten las culpas de por qué todo es tan lento.

Mientras tanto, cientos de niños crecen institucionalizados.

El sistema de adopción fue tema de campaña y de especial preocupación del presidente Luis Lacalle Pou. La modificación del régimen de adopciones fue contemplada en el programa del Partido Nacional, y ahora ocupa varias páginas en el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ayer mismo, en el marco del Día de la Familia, Pablo Abdala y Pablo Bartol —presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y ministro de Desarrollo Social— realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron, entre otras medidas, reforzar el Programa de Acogimiento Familiar.

En concreto, se hará un “refuerzo en la inversión” y una “campaña de sensibilización” para que haya más familias que reciban de forma transitoria a niños, niñas o adolescentes hasta que se encuentre una solución definitiva, ya sea regresar a la familia de origen o integrarse a una inscripta en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA).

En el RUA figuran las familias aptas para adoptar a un niño de forma definitiva. Pero desde que le manifiestan su voluntad al INAU hasta que se les dice “sí”, pueden pasar años entre seguimiento, evaluaciones y talleres por parte del equipo técnico.

Para ilustrar este periplo burocrático, Abdala señala que hay 400 familias que manifestaron su voluntad de adoptar, pero solo hay entre 75 y 80 en el registro al día de hoy. Al mismo tiempo, 328 niños tienen condición de adoptabilidad. Es por eso que allí apunta uno de los artículos del capítulo “Mejoras al régimen de adopciones” de la LUC. En concreto, se establece un plazo de 18 meses de evaluación de los aspirantes para el ingreso al RUA, de manera que el proceso se agilice y sean más las familias que integren el registro.

Para realizar esas evaluaciones, el INAU cuenta con tres técnicos en talleres, nueve en valoración, 13 en seguimiento y dos que trabajan con las familias de origen pero que también “ayudan”, según datos del Instituto. En total, el Departamento de Adopciones apenas supera 20 funcionarios. Estos técnicos deben evaluar a cientos de familias aspirantes.

Aurora Reolón, integrante de la Asociación de Padres Adoptantes (APAU) cuestiona la exigencia del plazo de 18 meses y plantea el posible escenario de que los técnicos avalen o no la idoneidad sin haber terminado la evaluación. “La presión no sirve”, dice, y agrega que “si el técnico no lo hace en 18 meses, puede ser porque a la familia puede costarle el ciclo”.

Consultado para este informe, Abdala dijo no estar seguro de que la demora en las evaluaciones sea por la escasez de recursos humanos en el área. No obstante, reconoció que esa parte de la demora “es responsabilidad del INAU”, pero prefiere no juzgar la actuación del departamento tan tempranamente, ni tiene una definición sobre contratar o no más técnicos en caso de que se aprueben los artículos de la LUC. Sin embargo, cuenta que recibe reclamos “todos los días”. Entre ellos, el de una familia aspirante que en un año tuvo un solo taller.

Otra de las modificaciones que propone la LUC es la unificación de dos de los tres juicios que conlleva el proceso. “Podrán acumularse las pretensiones de separación definitiva y adopción plena en un mismo proceso”, señala el artículo 442.

Eduardo Cavalli, ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia, señala que la unificación de estos dos juicios ya se está haciendo. Tal como está redactado, el artículo da esa facultad al juez, es decir, no lo “obliga”. Por lo tanto, en los hechos, Cavalli señala que esa parte del proceso no cambiaría con la aprobación de la ley.

De todos modos, el juez advierte un cambio que podría introducirse. La clave está en el juicio de separación provisional, que es el primero de los tres y el más largo.

En esa instancia, para que el juez decida si el niño está en condiciones de ser adoptado, la ley prevé 45 días prorrogables por otros 45 cuando se trata de niños de hasta dos años. Si tienen más de dos, son 90 días y se le pueden sumar 40. Durante ese plazo, el niño queda bajo el cuidado transitorio de otro integrante de la familia, una familia de acogida o, en última instancia, en un hogar institucional del INAU.

Con la intención de agilizar ese proceso, la Asociación de Magistrados presentó días atrás al Parlamento una nota en la que pretende una modificación en ese juicio. “La gran dificultad está allí y no tanto en los otros dos. Hay una dificultad en el diseño del proceso que lo hace muy engorroso, cuando podría ser más ágil”, señala Cavalli.

Pero además de los plazos largos, hay otro factor de demora: ese primer juicio se tramita en los Juzgados de Familia Especializada, donde también se atienden casos de violencia de género, violencia doméstica y otras situaciones de vulneración de derechos del niño. “Están tapados de trabajo”, dice el juez, y eso “conspira contra una solución rápida”.

Sin embargo, Cavalli sostiene que la finalidad de esta instancia es que se cumpla “el deseo máximo de la ley”: que el niño sea criado por su propia madre.

El juez comenta que si el tribunal advierte que es posible que el niño vuelva con su familia de origen, agota las posibilidades de hacerlo. “Eso explica mucho la demora. Se procura que la familia se haga cargo. A una madre que tiene consumo de drogas, se trata de ayudarla, apoyarla. Capaz que ahí el juicio demora un poco más”, dice. “No es una demora que intente perjudicar al niño sino asegurarle el derecho de vivir con su familia”.
Entre apelaciones, trámites e informes, esos casos pueden llevar hasta un año de resolución. Mientras tanto, el niño permanece en la órbita del INAU.

 Otra de las modificaciones que incluye el texto le otorga flexibilidad al juez para resolver algunos casos de adopción sin tener que someterse a los informes del INAU. Al artículo 132.6 del Código de la Niñez se le agrega un nuevo literal:

“El Tribunal podrá prescindir de la selección realizada por el equipo técnico del Departamento de Adopciones del INAU, por decisión excepcional y fundada, en aquellas situaciones de hecho en las que, un niño, niña o adolescente, se encuentre plenamente integrado a un núcleo familiar”. Esto podría darse, por ejemplo, en los casos dentro de los programas de Familias de Acogida del INAU.

El punto es cuestionado fuertemente por APAU, que manifiesta que podrían suceder situaciones de hecho “que no deberían generarse”, por ejemplo, “acuerdos entre partes”, dice Reolón. Al mismo tiempo se pregunta cómo resolvería el juez este tipo de casos sin los informes de los equipos técnicos del INAU: “Si (al juez) le resulta complicado el poco tiempo para hacer las averiguaciones cuando el INAU ya le entregó un expediente, ¿cómo va a tomar resoluciones? La situación de hecho no puede dar lugar a la adopción”, sentencia.

Pero Cavalli matiza esa postura. “Creo que se trata de contemplar situaciones de hecho donde hay tenencias que se dan por algunas circunstancias”, y enfatiza que, según el texto, no se contemplarían “pactos” ni acuerdos entre partes ya que no son situaciones lícitas.

Pero por otro lado, el juez puntualiza que la tenencia “autoriza un acuerdo entre particulares si no es con fines de adopción”. Y plantea: “Yo puedo homologar ese tipo de acuerdos. Pero, ¿eso habilita una adopción? La ley que se aprobó en 2009 (Ley Nº 18.590) no lo quiso así. Pero esto, aparentemente, sí lo habilitaría. Sea a la familia de acogida o mediante una tenencia otorgada por el juez por alguna circunstancia”.

Cavalli advierte que hay situaciones de hecho que “desembocarían” en ese escenario, un escenario de “mayor amplitud”, dice. Por lo tanto, de aprobarse este artículo, a su juicio se estaría volviendo a la legislatura anterior a 2009.

Ante la puesta en duda de las garantías de este proceso por parte de APAU, Abdala responde contundente: “El juez no lo puede hacer ante cualquier situación, sino concretas situaciones de hecho de una tenencia lícita. Eso destierra comercio de niños o la trata de personas. El juez solo puede hacer eso cuando además haya una propuesta de adopción del INAU”, señala. Además, agrega que estos artículos tienen el “mérito” de no haber adoptado “el camino más largo”: el de reabrir el debate previo a la aprobación de la ley de 2009, donde la discusión era que “se le otorgaba, por decirlo vulgarmente, el monopolio al INAU en cuanto a la decisión de las adopciones”.

El modelo sigue siendo el mismo, enfatiza Abdala. “Confirmando el mismo sistema, en lugar de revolucionarlo, se introducen cuatro mejoras. Y en algunos casos, va a permitir otorgarle al juez mayores facultades para resolver situaciones de hecho que acontecen entre familias de acogida y los procesos de adopción que sugiere el INAU”, comenta.

Pero por otro lado, si se aprobara el artículo sobre las situaciones de hecho, y tras el anuncio de las medidas para fortalecer y promover el Programa de Acogimiento Familiar, ¿se abriría una especie de “atajo” al eterno periplo para integrar el RUA?

Consultado al respecto, Abdala sostiene: “Si la familia de acogida dice se generó ese vínculo… Yo creo que no es malo. Si se da esa situación de hecho lícita, donde el niño está en una situación de acogimiento familiar en lugar de estar en un centro, cierra muy bien. Se complementa muy bien”.

Para Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el artículo que refiere a las situaciones de hecho que pueden derivar en adopciones “es riesgoso y es ir hacia atrás”. En ese sentido, advierte que el Comité cuestiona a los países que habilitan las adopciones de hecho, y pide que revisen y enmienden esas medidas en un informe que publica cada cinco años.

En el último informe, publicado en 2015, el Comité reconoció la promulgación de la Ley de Adopción de 2009. Sin embargo, expresó preocupación sobre los tiempos que tardan en concretarse las adopciones en Uruguay:

“Si bien se congratula por las enmiendas legislativas introducidas en relación con el proceso de adopción, el Comité sigue preocupado por los prolongados procedimientos de adopción, en particular debido a la escasez de personal técnico para evaluar las solicitudes de adopción”.

Por otro lado, en esa ocasión, el Comité recomendó al Estado que “adopte todas las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos de adopción se lleven a cabo en el plazo más breve posible”, y además, “que se dote a todas las instituciones que intervienen en esos procedimientos de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros”.

Para Pedernera hay que sopesar: “La cuestión del tiempo es importante. Cada día de internación es pérdida de desarrollo psicosocial. Los estudios de Unicef indican que por cada tres meses en la institución, el niño pierde un año de desarrollo”, señala.

El jerarca agrega, además, que Uruguay es permanentemente observado por la cantidad de niños que viven en instituciones. “En todo el mundo el problema son las adopciones de niños de mayores de cuatro años. Esos niños ya no son ‘tentadores’ para las familias”, dice Pedernera, aunque no le guste usar esa palabra.

Por eso, dice, hay que pensar en “tramites más rápidos, pero que no debiliten las garantías de un procedimiento que tiene que ser transparente. Hay que dar las máximas garantías para el niño porque se trata de un proceso de desprendimiento de una familia biológica. Esto tiene consecuencias profundas”. Para Pedernera no se pueden perder de vista algunos controles, “porque ese vínculo del niño con la familia que lo adopta va a ser de por vida”, concluye.

María es una de las tantas madres que pasaron por el programa Familia Amiga del INAU, una de las modalidades de acogimiento familiar. Hace tres años recibió a Agustina —nombre ficticio—, una bebé de seis meses, separada de su familia de origen hasta que se resolviera su revinculación o su adoptabilidad. La primera sorpresa de María fue haber recibido una bebé tan chiquita, en pleno desarrollo.

En ese momento, dadas las condiciones del programa y la tan corta edad de Agustina, María asumió que la acogida sería por un plazo corto, de algunos meses, porque así lo establece la ley y el programa. Sin embargo, Agustina cumplió su primer año. Después el segundo, después el tercero. María cuenta que durante el primer año, la bebé no podía ver a su mamá biológica por las circunstancias en las que se encontraba, las mismas que hicieron dictaminar la separación provisoria.

“Sí veía a todos sus hermanos, estaba encantada con ellos”, asegura. Durante ese primer año, la figura materna, dice María, fue ella. Y tenerla en brazos, enseñarle a caminar, hizo que el apego fuera inevitable. También lo fue que le empezara a decir “mamá”, tras escuchar que sus compañeros del CAIF les decían así a las suyas. Por más que María le explicara, para la niña había dos madres.

“A mí me decía ‘mamá María’, y a su mamá biológica, cuando pudo empezar a verla, le decía ‘mamá de la panza’. El vínculo con su familia de origen fue maravilloso”, cuenta. Pero el que se generó después de tres años entre la niña y la familia de María no era algo de lo que se pudiera escapar. No había explicaciones para que Agustina entendiera el sistema en el que estaba inserta. No había forma de poner una barrera emocional. “Los niños no hablan el lenguaje de las leyes”, dice María. “Lo único que conocen es el lenguaje del amor”.

Después de tres años de crianza, Agustina fue reintegrada a su familia de origen y María no supo más de ella. “No hubo una transición. Un día vinieron y se la llevaron”, dice. “Se tienen que ajustar los tiempos. Un niño no es un paquete”. Aunque la desazón le pese, María espera que algún día el niño esté en el centro de todas las leyes escritas para él.