POLÉMICO PROYECTO

La charla llevaba casi dos horas aquel martes 10 de mayo y el reloj en la sala de la comisión de Medio Ambiente del Senado marcaba casi las cinco de la tarde. Alrededor de la mesa estaba el ministro Adrián Peña y parte de su equipo, junto a senadores de todos los partidos. El tema central era el polémico proyecto Neptuno, una de las mayores inversiones planteadas en este período de gobierno y “el mayor proyecto de agua potable en los últimos 150 años”, al decir de Peña. Un tema que sigue bien de cerca el presidente Luis Lacalle Pou y que, del otro lado, tiene a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, a la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y al Pit-Cnt denunciando una posible privatización del agua y preparando una fuerte campaña mediática en su contra.

Se trata de una obra que costaría unos 288 millones de dólares para construir una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí, en la costa de San José, a unos 80 kilómetros de Montevideo. Allí, en esa larga playa de arenas bien blancas y grandes barrancos, se tomaría el agua del Río de la Plata y se llevaría mediante una tubería hasta el sistema de distribución de la capital, en el recalque de Melilla. En Arazatí también se prevé construir una reserva de agua dulce, que se llama pólder, para abastecer la planta cuando haya eventos de salinidad. Una reserva que, como veremos más adelante, ahora está en revisión por parte del gobierno.

El objetivo de esta inversión es que Montevideo y el área metropolitana no dependa en forma exclusiva de la histórica planta de Aguas Corrientes, que nació hace más de 150 años y está sobre el Santa Lucía. Es decir, evitar el drama que significaría que toda la capital quedara sin agua si sucediera algo grave con esa usina, lo que —dicen desde Presidencia— no es algo tan alocado (ver aparte). De paso, se abastecerá de agua potable a las localidades maragatas de Ecilda Paullier, Rafael Perazza, Radial, Puntas de Valdez, Kiyú, Ordeig, Rodríguez, Playa Pascual y Ciudad del Plata. Todos lugares que hoy tienen agua subterránea, en algunos casos con presencia de arsénico.

—Brevemente quisiera reflexionar sobre el riesgo -dijo Peña a los senadores aquella tarde.

El ministro se refería al gran tema en discusión de esta obra: el estudio de factibilidad presentado el 1º de abril por el Consorcio Aguas de Montevideo —que propone la inversión y está integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast—plantea cinco alternativas de financiamiento. En tres casos la operación y mantenimiento de la planta estaría a cargo del Estado y en otros dos esto último lo haría el privado que llevaría adelante la obra. El estudio fue aprobado por OSE tres semanas después, con el voto en contra del frenteamplista Edgardo Ortuño.

Entonces dijo Peña:

—En las tres primeras opciones el riesgo es todo del Estado, mientras que en las otras dos opciones no tenemos aumento de deuda ni riesgo. Ustedes me preguntarán: ¿qué riesgo? Hay cosas que han salido mucho más caras por haberlas hecho nosotros, y hay ejemplos muy cerca, en el puerto de Montevideo, de millones de dólares. Entonces, el riesgo para el Estado en las últimas dos opciones es cero.

Rápida, la presidenta de la comisión, la frenteamplista Amanda Della Ventura, le respondió:

—Ahí también está el riesgo de lo privado.

—¿Cuál es el riesgo? —dijo el ministro.

—Si se le da todo al privado, puede haber en algún momento un riesgo en cuanto al abastecimiento. Por más que se diga que no...

—El abastecimiento es siempre del Estado y de un recurso que es del Estado —concluyó Peña, descartando la posibilidad de que la empresa privada decida dejar de brindarle el agua a OSE.

En la interna de la empresa estatal hay opiniones divergentes acerca de si la planta debe ser operada por OSE, por otra empresa propiedad del Estado o directamente por una firma privada. Su presidente Raúl Montero se ha expresado a favor de que opere un privado, mientras que el gerente general Arturo Castagnino cree que debe hacerse cargo OSE y lo mismo sucede con el frenteamplista Ortuño. A nivel de la Torre Ejecutiva al menos hasta hace poco primaba la opción de que la empresa privada llevara las riendas de Arazatí y le brindara el agua potable a la empresa pública. Se trataría de un contrato BOT (Construir, Operar y Transferir, por sus siglas en inglés).

Pero esa es una de las cinco opciones. El tema aún no está definido y también está atado a una inversión de similar monto vinculada al saneamiento en el interior. Es una decisión “política y financiera” que implica “una visión de las empresas públicas” y “de cómo se hacen las inversiones”, dijo Peña en el Parlamento.

Se supone que en pocas semanas el asunto se laudará. Ha habido varias reuniones donde participó el presidente de OSE, representantes del Ministerio de Ambiente, de la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas y en alguna ocasión el propio Lacalle Pou. “Le estamos comunicando permanentemente a Lacalle, esa es la realidad”, dice Peña a El País desde Suecia, donde participa de la conferencia Estocolmo +50. Así las cosas y con los sindicatos preparados para dar pelea, todo indica que se viene la guerra del agua. Pero veamos primero los detalles del proyecto.

Arazatí tendría un caudal cercano al tercio de Aguas Corrientes. Alejandro Ruibal —director de Saceem, una de las cuatro empresas integrantes del consorcio— dice que la clave de esta megaobra es que “da más seguridad al suministro de agua a Montevideo y Canelones” y que, “si se para Aguas Corrientes”, la futura planta “al menos aporta el 30%”.

El estudio de factibilidad presentado por el consorcio como iniciativa privada y aprobado por OSE menciona cinco alternativas de financiamiento y operación. En la primera, según el texto al que accedió El País, el proyecto es implementado directamente por OSE, tanto en la construcción como en la operación y mantenimiento. Es decir, la empresa celebra un contrato de obra pública tradicional y paga al constructor un precio fijo según los avances. El informe del consorcio menciona que esta opción implica que el costo para OSE “está en el rango más bajo”, pero marca como desventaja la deuda que asumirá el ente y “será trasladable a las cuentas públicas”.

La segunda alternativa implica que OSE sea dueño total o parcial de un fideicomiso financiero o sociedad anónima que a su vez celebrará el contrato de leasing operativo con OSE y quedará a cargo de la construcción y el financiamiento de la infraestructura. Esa sociedad subcontratará en modalidad “llave en mano” la construcción con un contratista privado y tomará el financiamiento.

En la tercer opción OSE celebra un contrato de leasing operativo con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que a su vez puede subcontratar la construcción con un privado o constituir una subsidiaria especializada en materia de saneamiento y agua, algo similar a lo que ha realizado con la Corporación Vial del Uruguay. Esta alternativa implicaría crear la Corporación de Aguas y Saneamiento del Uruguay (CASU).

La última alternativa es que el consorcio promotor forme un fideicomiso financiero o sociedad anónima y allí se abren dos caminos: puede celebrar un contrato de leasing operativo (en ese caso la operación y el mantenimiento quedarían bajo la órbita de OSE) o BOT, en cuyo caso absolutamente todo estaría a cargo del privado y la cuota que debería pagar la empresa pública sería variable dado que contemplaría costos vinculados a la operación y el mantenimiento.

En este último caso no trabajarían técnicos de OSE en la planta, sino de la empresa privada. La propiedad de la infraestructura sería del privado hasta que, luego de 30 años de contrato (incluyendo los dos de la construcción), OSE ejerza la opción de compra. El informe del consorcio marca como una de las ventajas para el Estado que OSE no asume el riesgo de financiamiento ni aporta capital, mientras que las desventajas son que el costo anual para OSE está “en el rango más alto de los escenarios analizados” y que los procesos con financiación estructurada con el sector privado “suelen ser más lentos”.

Así, el Consorcio Aguas de Montevideo reconoce: “Si la prioridad de la administración es la rapidez de la implementación así como el menor costo anual posible, es dable esperar que los caminos de las alternativas A, B y C (las tres primeras) sean los más deseables”.

Pero desde el gobierno han dado señales de que prefieren las últimas alternativas, aunque aún no se ha oficializado una postura. El año pasado el director de la OPP Isaac Alfie dijo a El País: “Lo que se prevé es que sea igual que la compra de energía eléctrica que hace UTE a los privados, en un contrato take or pay por determinada cantidad de años”.

Montero, el presidente de OSE, dijo hace unos días al programa Así nos va de radio Carve que están tratando de conseguir una financiación que no genere deuda pública porque esa es una “regla de juego” que “se impone” desde Economía y OPP. Y agregó: “No tenemos la plata. Por eso los privados financian, construyen y, mientras nosotros pagamos, ellos pueden operar la planta”. Consultado por El País, Montero no quiso hacer nuevas declaraciones, dado que afirmó que aún faltan definir aspectos relevantes. Según supo El País, desde Presidencia se pidió bajar el perfil al tema.

El ministro Peña dice a El País que “es real” lo que comentó Montero respecto a la operación de la planta por parte de privados y que hay que “encontrar la forma de llevar adelante las inversiones”, tanto el proyecto de agua potable de Arazatí como las obras de saneamiento en el interior. Cada una de esas dos inversiones ronda los 300 millones de dólares.

Castagnino, el gerente general de OSE, tiene una postura bien clara y no la esconde. De hecho, la ha transmitido al directorio. Dice que la empresa estatal es quien debe hacerse cargo de la operación y el mantenimiento. “Eso es lo mejor para la empresa: que todo sea propiedad de OSE, operado y mantenido por OSE”, afirma, “además se va a necesitar una mutua coordinación con Aguas Corrientes”.

Uno de los argumentos es que la alternativa más económica para OSE es la construcción y el modelo convencional de obra pública y la más cara es la BOT. En el primer caso, la empresa estatal debe desembolsar 25 millones de dólares por año y en el segundo casi 38 millones.

Pero, a juicio de Castagnino, más grave que eso es que los plazos son mucho más largos cuando la operación es del privado: en ese caso, según el informe de factibilidad, hay que esperar 22 meses antes de empezar a construir, cuando en la primera opción son solo nueve meses.

En esa línea, el frenteamplista Ortuño argumentó en un escrito presentado ante el directorio el 21 de abril que el contrato BOT “supone que OSE compra agua potabilizada a un privado”, lo que rechaza “por sus altísimos costos, por ser inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del plebiscito sobre el agua de 2004”.

Lacalle Pou anunció el 1º de marzo ante la Asamblea General que espera llamar a licitación en el segundo semestre del año. En esa línea, Ruibal de Saceem cuenta que espera el llamado a “más tardar agosto” y Peña confirma que eso será entre agosto y setiembre. “Y la idea siempre es empezar a construir antes de fin de año”, afirma el ministro.

Peña dice que en todo esto la opinión de OPP y Economía “es importante” y admite que ahora hay aspectos del proyecto en revisión. En concreto, hoy no se sabe si se construirá el pólder —esa reserva de agua dulce— para los días en que hay eventos de salinidad, teniendo en cuenta un informe de la consultora israelí Mekorot. Además, hay una revisión técnica de otros detalles del proyecto, como el material o aspectos vinculados a los caños, admite Peña. Montero, el presidente de OSE, explicó en Carve que hay preocupación del gobierno “por los costos” del proyecto “y estamos tratando de bajar”.

Mekorot tuvo varias reuniones con las autoridades de OSE. El gerente general Castagnino relata que los israelíes le dijeron que es “un milagro” que no se haya producido “una catástrofe de enormes proporciones con una sola planta, un solo sistema de aducción y bombeo y una sola cuenca, la del Santa Lucía”. Por eso, lo que recomendaron, entre otras cosas, fue la construcción de reservas de agua potable en lugar de reservas de agua bruta (antes de ser potabilizada).

Si se sigue la recomendación de la consultora israelí, las reservas de agua potable se podrían construir después. Al frenteamplista Ortuño le preocupa que la recomendación de Mekorot “no sea un planteo a medida para reducir el costo de la inversión”, ya que a su juicio no hacer el pólder “ahorra dinero” pero supone un cambio grande del proyecto y lo cuestiona porque entonces “el aporte al sistema es menor”. Y fundamenta: “Tuvimos 66 días de salinidad en niveles no admisibles (en el verano de 2022), o sea que la planta no podría potabilizar y suministrar. El pólder resuelve 44 días y va en la línea de asegurar la capacidad de producción ofrecida los 365 días al año. Sin el pólder, eso se cae y replantea todo el sistema”.

El informe del consorcio da cuenta de un evento extraordinario de salinidad en el primer trimestre del año. Es el que menciona Ortuño: duró 66 días y “tiene como factor relevante la ocurrencia de eventos de estiaje mínimos históricos de sus principales tributarios, Paraná y Uruguay, con períodos de retorno de ocurrencia mayores a 50 años”. En una simulación anterior habían ocurrido 72 eventos de salinidad en un período de 28 años.

La CND, en tanto, asesora por estos días a OSE en la elaboración del pliego. Una vez que el llamado sea público, el consorcio que promueve la obra tendrá ventaja frente a otras posibles empresas que se presenten. Esto es porque así lo establece la ley de reactivación económica del año 2002. OSE deberá definir en el pliego un porcentaje del 5 al 20% de ventaja para el consorcio promotor, que además estará habilitado a solicitar una última instancia de mejoramiento de oferta.

¿Qué dicen los que se oponen al proyecto? La Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que se creó en 2002 y llevó adelante el proceso que terminó con el plebiscito en el cual se decidió que la distribución de agua potable y saneamiento debe estar en manos del Estado, está integrada por diversas organizaciones que ya manifestaron su rechazo al proyecto Neptuno.

Representantes de la comisión y de Ffose se reunieron en asamblea el jueves pasado y acordaron una agenda de actividades para difundir “el peligro de la privatización del agua”. Además, el Pit-Cnt decidió en su Mesa Representativa tomar el tema e incorporarlo en la plataforma de cara al paro general del próximo 7 de julio. El sindicato de funcionarios de OSE, en tanto, largará una campaña publicitaria con spots contra esta inversión.

El gremio no discute la necesidad de la obra pero advierte que el proyecto Neptuno tal como está planteado hoy significa una privatización y que, si se confirma que la planta será operada por un privado que le vendería el agua a OSE, sería “un disparate”, afirma el presidente Federico Kreimerman. Eso porque a su juicio se viola el artículo 47 de la Constitución, que dice que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Kreimerman avisa: “Las autoridades tienen que saber que nos vamos a oponer de verdad a esto”. A mediados de junio, según cómo evolucione el tema, definirán paros. En tanto, OSE y el Ministerio de Ambiente manejan informes de constitucionalistas que dicen que las cinco opciones planteadas para la obra y posterior operación son constitucionales. Peña dijo en el Parlamento que “quien va a suministrar el servicio, en cualquier caso, va a ser la OSE”.

Esta férrea oposición sindical a que la operativa de la planta sea llevada adelante por un privado es considerada por el gobierno como un tema a tener en cuenta a la hora de decidir el camino a seguir.

Castagnino, el gerente de OSE, advierte que el propio consorcio indicó que los bancos de desarrollo —BID, Banco Mundial, CAF— han dicho que “una conflictividad generada por razones de oposición al proyecto y al modelo de financiamiento, seguramente podría provocar un aumento de los riesgos de los préstamos a conceder, con el incremento correlativo de sus costes”. Habrá que ver, entonces, cómo termina esta entreverada historia.

¿Un atentado?: La advertencia de Fernández Huidobro

¿Por qué se precisa una obra así? Desde OSE manejan la posibilidad de que un problema técnico grave en Aguas Corrientes o una sequía en el Santa Lucía provoque una situación dramática y deje a Montevideo sin agua. “Hemos estado cerca muchas veces”, dijo el gerente general Arturo Castagnino, el año pasado a El País.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha recordado que el frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa en el gobierno de José Mujica y parte del segundo de Tabaré Vázquez, solía alertar que era posible que en Aguas Corrientes pasara algo grave como un atentado. “Acá no estamos acostumbrados a que sucedan estos hechos, pero no quiere decir que no puedan pasar”, dijo Peña en el Senado. “La evacuación de los baños y demás sería un problema sanitario importante”. Y el Río de la Plata, en cambio, es una fuente infinita de agua, afirman en el gobierno.

Arazatí es una playa desierta, casi sin casas. Pero la gente de la localidad de Rafael Perazza (a unos 25 kilómetros) suelen ir allí. “Es una hermosa playa, divino”, dice Silvana Fernández, una vecina. Con unas decenas de vecinos formó en 2019 la agrupación Tucu Tucu cuando una empresa forestal de la zona cortó 52 árboles. El año pasado se enteraron por la prensa del proyecto Neptuno y sumaron ese tema. Fernández lamenta que “nos van a privatizar el agua, nos van a cobrar más y se la van a llevar”.